Detenciones arbitrarias, sistema judicial corrupto, medios de comunicación ‘parcialmente libres’, corrupción y falta de transparencia en el Gobierno.
Flagelación. El dirigente indígena Marcial Fabricano fue flagelado por originarios benianos. Sucedió en mayo de 2009
El Deber
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Pablo Ortiz
EEUU ve que se vulneran los derechos
Molestia. El MAS considera que es un acto de injerencia política
El informe mundial sobre los derechos humanos del Gobierno de Estados Unidos observa que en Bolivia hubo problemas de abusos en las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos, detenciones arbitrarias, un sistema judicial corrupto, ineficaz y sobrecargado de trabajo, medios de comunicación ‘parcialmente libres’, corrupción y falta de transparencia en el Gobierno.
La jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, consideró que EEUU no tiene ningún derecho a evaluar a Bolivia y considera estas sindicaciones como una injerencia política en asuntos internos del país, ya que sus conclusiones están cargadas de tinte político.
La evaluación de EEUU es un documento de 53 páginas que se encuentra en la página web de su embajada en Bolivia. El documento refleja las muertes del 16 de abril en el hotel Las Américas, en la que fueron muertos Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi. Refleja las versiones del oficialismo y de la oposición sobre el hecho y la negativa del Gobierno a una investigación internacional. También cuestiona los 53 intentos de linchamiento del año pasado a nombre de la justicia comunitaria, la falta de investigación de la muerte de dos mineros en Caihuasi en 2008 y las agresiones sufridas por Jhenieffer Wissemberg, cuando su esposo, el general César López, denunciaba supuestos hechos de corrupción del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
También denuncia el recrudecimiento de violencia política contra los opositores, que bajo la excusa de justicia comunitaria, sufrieron palizas. Ése fue el caso de Marcial Fabricano, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la ex diputada disidente del MAS Marlene Paredes.
También fustiga las condiciones de detención en Bolivia. Señala que las cárceles están atestadas y en malas condiciones, que el Estado sólo puede controlar la seguridad externa y que los reclusos pueden controlar a sus pandillas desde la reclusión.
El informe elaborado por el Departamento de Estado criticó duramente el hecho de que más del 70% de los detenidos no cuente con sentencias y que la reclusión preventiva se extienda más allá de los 18 meses que indica la ley.
También observa que los niños entre los 12 y 16 años, sospechosos de haber cometido algún delito, pueden ser recluidos en centros de menores a sólo informe de una trabajadora social y que en el país no se clasifica a los reos que están entre los 16 y 21 años.
Para la diputada Delgado, ex representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, este tipo de informes vulnera la soberanía de los países y contradice las cartas de la Organización de las Naciones Unidas. Explicó que no conoce el informe completo, pero señala que el resumen está cargado de intereses políticos.
Detalles
– Justicia. El Poder Judicial fue ampliamente considerado corrupto, sobrecargado y debilitado por las vacancias existentes en sus niveles más altos. La Corte Suprema funcionó todo el año con alrededor de siete miembros. Su presidente, Eddy Fernández, fue enjuiciado por retardación de justicia por el Congreso. También suspendió a la ministra Rosario Canedo. La Corte tiene 5.000 casos atrasados, algunos desde 2003.
– Abuso. El 18 de noviembre, la Policía arrestó a Betty Aponte Justiniano, acusada de haber cometido desacato a la autoridad y enfrentar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La policía detuvo a Aponte por 21 horas con sus tres hijas antes de que un juez la liberara.
– Detenidos políticos. Jorge Melgar, comentarista televisivo de Riberalta, y Reynaldo Bayard, estuvieron detenidos más de un año esperando un juicio.
– Auxilio. Más del 70% de las personas que son arrestadas no tienen fondos para pagarse un abogado. El servicio de defensa pública sólo está presente en un 3% de los municipios del país.
– Prensa. El Gobierno mantuvo una relación antagónica con la prensa. Grupos progubernamentales y antigubernamentales se criticaron y atacaron mutuamente. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó el 9 de noviembre de que ocurrieron 112 ataques a periodistas desde el 1 de mayo. También el Gobierno enjuició al La Prensa por supuesta calumnia contra el Presidente.