La cacería de los perseguidos políticos es ordenada por el Ministerio de Gobierno y ejecutada por operadores que se dicen fiscales.
El más diligente operador judicial del MAS, el fiscal Marcelo Sosa (centro) se desplaza rodeado de agentes de seguridad.
Una de las características de los Estados autoritarios es que en cierto momento logran reunir algún consenso y aprobación hacia sus medidas arbitrarias. Esto se logra activando una reacción muy natural en el ser humano como es el miedo. En este tipo de Estados el ciudadano, incluidos los propios miembros del gobierno, pueden sentirse seguros o a salvo de que por alguna circunstancia puedan ser víctimas de la persecución.
Este Estado autoritario está comenzando a manifestarse con plenitud bajo el denominativo de “Estado Plurinacional”. Tenemos un ejemplo muy claro. Al presidente de la Cainco, Eduardo Paz, no le permitieron viajar y estuvo "retenido" por 14 horas sin que exista una orden de detención, un arraigo o siquiera una convocatoria a declarar sobre el supuesto caso de terrorismo.
Lo que ocurre es que existe una especie de “lista negra” elaborada en el Ministerio de Gobierno y los que están incluidos en ella deberán resignarse a ver sus derechos constitucionales, entre ellos el de la libre circulación, severamente restringidos. Esto significa que los arraigos ya no son dispuestos por una autoridad judicial competente sino por el Ministerio de Gobierno que los aplica mediante la Dirección de Migración.
El fiscal Marcelo Sosa dijo no saber nada de un supuesto arraigo; el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo que la detención de Paz fue legal; el director de la Felcc, Cnl. Miguel Gonzales se sacó quien sabe de donde la figura de la “retención” y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, simplemente pretendió eludir el tema afirmando que “la lucha contra el terrorismo continuará” y es claro que continuará sobre todo en etapas electorales.
Las argumentaciones de estas "autoridades" son contradictorias, evasivas y llevan a una sola conclusión: los derechos constitucionales de todos los bolivianos están gravemente amenazados y el Ejecutivo está obrando con total discrecionalidad y las palabras jamás podrán ocultar por completo esta realidad.
Los pretextos son variopintos. En alguna ocasión puede ser el supuesto “terrorismo”; en otros el separatismo o enarbolar un poco creíble y convincente empeño de luchar contra la corrupción apelando al uso de los “gastos reservados” o supuestos malos manejos en alguna gestión prefectural . Sin embargo el objetivo es uno solo: maniatar a la oposición mediante la acción directa y al resto, empresarios, periodistas o ciudadanos que discrepan con el gobierno, amedrentarlos con el "escarmiento" de la cárcel o el autoexilio que hoy sufren muchos bolivianos.
Eduardo Paz declara tras su detención ilegal en Santa Cruz
Y es evidente que Eduardo Paz tiene miedo. Lo demostró cuando después de brindar sus declaraciones ante el fiscal Sosa indicó que había acudido a la Felcc y permaneció en ella de forma "voluntaria" durante catorce horas. Es fácil suponer qué le advirtió el más diligente operador judicial del MAS, fiscal Sosa, para que aceptara su “retención” en forma tan sumisa, olvidándose del abuso y perjuicio inferido a su persona cuando se aprestaba a realizar un viaje a México.
Miedo tiene también el ex prefecto y candidato Rubén Costas, cuando retira todos los denuestos que lanzó en el pasado contra el presidente Evo Morales al que calificó de “dictador” y “macaco menor” y no se trata de la actitud de una persona arrepentida de haberse referido en esos términos a un primer mandatario. Se trata de la actitud de una persona investigada y procesada (con o sin razón) que esta temerosa de ser víctima del engranaje masista y prefiere tomar sus recaudos, antes que salir a defender los derechos constitucionales de los cruceños y bolivianos, hoy tan groseramente violentados.
Ciertamente la combinación de Estados autoritarios y ciudadanos temerosos no es buena; es el suicidio de la democracia. La historia lo demuestra.