El Fiscal del Estado debería asumir el papel que le corresponde en este caso: defender al Estado y la sociedad. Rectificar el cuestionable papel político del Ministerio Público.
Desde hace poco más de un año, el Ministerio Público se ha convertido en un factor desequilibrante de la estrategia gubernamental para expandir su poder y aniquilar políticamente a quienes aparezcan como opositores al régimen del proceso de cambio. La punta de lanza de esta maquinaria es el caso Rózsa y su articulador el fiscal Marcelo Soza.
La determinación del Gobierno para impulsar su proyecto político en todo el territorio nacional ha hecho que la Fiscalía de La Paz sea el núcleo de las investigaciones de numerosos casos que involucran a prefectos, dirigentes cívicos, ex parlamentarios y otras autoridades.
Qué estremecedor, indignante y doloroso. Los integrantes y las intenciones de la banda de mercenarios de Eduardo Rózsa Flores como el operativo realizado la madrugada del 16 de abril repusieron la tesis de la extrema violencia como el camino a desestabilizar el sistema político.
Las revelaciones posteriores a la muerte de Eduardo Rózsa Flores, junto con otros dos extranjeros, demuestran que el croata-boliviano no llegó al país para divertirse en la tierra de sus padres ni para realizar trabajos periodísticos, como hizo en otras latitudes, ocultando sus verdaderas facetas. Por las llamativas pistas que fue dejando, Rózsa vino al país para misiones atentatorias contra la unidad, paz y seguridad del Estado, pero hasta ahora es un misterio quiénes son los verdaderos cabecillas de esta intentona que fue abandonada, según las investigaciones, antes de que tome cuerpo.
Al parecer, Rózsa se puso al servicio de poderosos intereses, pero enfrentados entre sí. El cuaderno de investigaciones muestra los oscuros y contradictorios movimientos que tuvieron él y sus hombres, desde su llegada hasta el operativo del 16 de abril. Pero está claro que estas cuestiones no serán investigadas por Marcelo Soza, quien, por ejemplo, no indaga al capitán Wálter Andrade, hombre que se infiltró en el grupo de Rózsa y dirigió el operativo del Hotel Las Américas.
No olvidemos que este caso se hizo público tras el intento de atentado contra la casa del cardenal Julio Terrazas en Santa Cruz de la Sierra. Pero aquello quedó como un hecho aislado, y resta saber si ha sido esclarecido. Como no hay una investigación imparcial, hasta ahora es un misterio el procedimiento y las circunstancias del operativo en uno de los pisos del Hotel Las Américas y un stand del campo ferial.
Desde el Gobierno, la instrucción es precisa y sin lugar a dudas: el fiscal y la justicia deben escarmentar a quienes estuvieron vinculados con las tareas de Rózsa. Y en esa tarea, el Ministerio Público ha iniciado una cacería parcializada a partir de fotografías, llamadas telefónicas, como facturas de servicios. Parcializada, porque ciertos personajes con muchísima información fueron marginados del caso, merced a los acuerdos o instrucciones.
Los intereses en este caso son muchísimos y poderosos y el fiscal del Estado, Mario Uribe, debería asumir el papel que le corresponde: defender al Estado y la sociedad, en el marco de las leyes, de todos sus enemigos. Ojalá tome la decisión de rectificar el cuestionable papel político que tiene el Ministerio Público, para lo que debería preguntarse si los fiscales asignados al caso hacen lo correcto y debido.
Editorial – La Prensa