Con una gorra que lleva las siglas de la Policía de Nueva York (NYPD) —popularizadas por varias series de televisión—, el fiscal de La Paz Marcelo Soza, encargado de investigar el caso Rózsa y, ahora, el presunto contrabando de armas desde Estados Unidos (descubierto, investigado y en proceso en esa nación), se ha trasladado a Santa Cruz para allanar viviendas y tiendas de quienes considera personas sospechosas e, incluso, invadió un domicilio cuyos propietarios nada tenían que ver con los hechos que investiga.
Ya se ha dicho, en este y otros medios, que el Gobierno ha convertido al Ministerio Público en una especie de Departamento de Orden Político al estilo de las dictaduras que se sucedieron en el país y que creímos enterradas en 1982. El fiscal Soza —con el militante apoyo del Ministro de Gobierno, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos— instruye, además, el traslado de sus víctimas a la ciudad de La Paz, violentando todo principio jurídico, según han denunciado abogados penalistas.
Por ello, pareciera que el objeto de las acciones del fiscal Soza no es tanto investigar el caso Rózsa como tal —sobre el que hay una serie de hipótesis, muchas de ellas que involucran a los aparatos del gobierno y de dos países extranjeros—, sino atemorizar al pueblo cruceño en una especie de vendetta por su repetido rechazo a las propuesta del partido de gobierno.
Es tiempo de terminar con estas actitudes que sólo profundizan las heridas y los enconos, y buscar, más bien, una pacífica convivencia en el marco democrático y plural que el pueblo boliviano ha exigido en las elecciones del pasado domingo.
Subeditorial – Los Tiempos