Opositores piden que Evo cumpla su deber y no actúe por capricho; Gobierno rechaza coordinar con tarijeño Cossío

Los representantes de las gobernaciones opositoras piden que se respete el voto del pueblo que los eligió como autoridades. El gobernador electo de Tarija, Mario Cossío envió una carta pidiendo coordinación para trabajar al presidente Morales; fue rechazado.

image Foto del portal del gobernador electo por Tarija, Mario Cossio.

La Prensa



Gobierno formaliza negativa a coordinar con Mario Cossío

Negativa: La nota es la respuesta a una carta que el gobernador electo de Tarija, Mario Cossío Cortez, envió al Primer Mandatario tras su elección.

Tarija / El Nuevo Sur.- El presidente de los bolivianos, Evo Morales Ayma, se niega trabajar con las autoridades recientemente electas de Tarija, como Mario Cossío. La Prefectura está preocupada, aunque espera que esta actitud sea producto de la “calentura electoral” que todavía se percibe en el país.

El prefecto Mauricio Lea Plaza confirmó la llegada de una nota formal del Ministro de la Presidencia en la que admiten que el Gobierno no está en disposición de encarar un trabajo coordinado con las autoridades de la gobernación.

“Estamos muy preocupados por este hecho y esta actitud, sin embargo, vamos a estar siempre insistiendo desde la gestión institucional como lo hemos hecho hoy con la ABC, con acciones concretas que ayuden al entendimiento”.

Según Lea Plaza, una manifestación como la expresada en la carta y que se haga oficial, además, “es preocupante”, peor si se hace en vísperas de la renovación de las principales autoridades del departamento y de su efeméride, motivo por el que la tildó de poco atinada y se aguarda que sea producto de la “calentura electoral” y que en el futuro surjan posiciones institucionales mucho más democráticas y más serias. En la carta se argumenta asuntos como el separatismo y la corrupción.

El electo Gobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, tras conocer su triunfo en las elecciones del 4 de abril envió una carta al presidente Evo Morales en la que le hace conocer su predisposición de iniciar una etapa marcada por la concertación y el diálogo y le expresa su voluntad de iniciar un nuevo relacionamiento con el Gobierno nacional.

Según el Prefecto, el separatismo y la corrupción mencionados por el oficialismo inviabilizarían la relación, sin embargo consideró que los tarijeños siempre apostaron por la unidad del país con autonomías, lo que no es separatismo, además la autonomía está plasmada en la nueva Constitución. “No puede hablarse de separatismo cuando el propio Estado nacional ha asumido la autonomía como una realidad, en el marco institucional”.

Dijo que se habla además de corrupción cuando no hay ninguna sentencia ni fallo judicial que pruebe ese extremo, “en consecuencia, el Gobierno tendría que cambiar de actitud, lo que podría ayudar a encontrar nuevos escenarios para la coordinación institucional”.

El Gobierno respondió con una negativa a la carta de Mario Cossío.

Opositores piden que Evo cumpla su deber y no actúe por capricho

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Gestión: el Presidente expone en un seminario en Cochabamba, fue el domingo

La Prensa

Respeto: Los representantes de las gobernaciones opositoras piden que se respete el voto del pueblo que eligió como autoridades a los opositores. Representantes del Gobierno dicen que no hay variación en la forma de trabajo.

R epresentantes de las gobernaciones de Beni, Tarija y Santa Cruz pidieron ayer, por separado, al presidente Evo Morales que cumpla su deber constitucional de trabajar con todas las autoridades electas en las elecciones del 4 de abril y no se deje llevar por su “capricho” de negarse a coordinar con representantes de la oposición.

Las réplicas llegaron al día siguiente de que el Mandatario admitiera en una entrevista con medios estatales: “No sé qué me pasa, pero no tengo ganas de trabajar con alcaldes o gobernadores corruptos y menos con gente comprometida con separatismo, con quienes están ligados al separatismo”. Ayer, tres ministros del Órgano Ejecutivo explicaron lo dicho por Morales.

Para los expertos constitucionalistas Carlos Alarcón y Edwin Rojas, consultados por este diario, Morales no estaría respetando la voluntad popular de los electores que decidieron elegir a sus autoridades en un evento democrático. Además, como Jefe de Estado incumple las funciones atribuidas por la Carta Magna al Presidente del Estado, como dirigir la administración estatal en coordinación con los gobiernos autónomos.

Para Rojas, el Mandatario tiene la obligación de trabajar con todas las autoridades legalmente elegidas sin hacer prevalecer criterios personales.

“Una declaración de esta naturaleza muestra un desconocimiento de las funciones del Estado y del Gobierno para manejar el Estado. El Presidente tiene la obligación de no discriminar”.

El artículo 172 de la Constitución indica en sus parágrafos 1, 2, 3 y 4 que son atribuciones del Presidente “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; mantener y preservar la unidad del Estado boliviano; proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado; y dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros”.

Además, la Carta Magna asigna competencias concurrentes o compartidas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos en los servicios de luz, agua, telefonía y otros.

Los niveles de coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos departamentales serán definidos en la Ley de Autonomías y Descentralización que está en elaboración y que deberá aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde la ciudad de Trinidad, el alcalde opositor Moisés Shriqui afirmó que todas las autoridades electas tienen la responsabilidad obedecer el mandato del voto. “El (Presidente) está obligado a actuar de esa manera, si no lo hace, obliga al enfrentamiento, a la reacción de los ciudadanos de hacer respetar su derechos”.

Óscar Urenda, portavoz del gobernador electo Rubén Costas, manifestó a La Prensa que el Presidente continúa en campaña electoral, pero no puede negarse a trabajar con una gobernación porque sería ilegal. “Creemos que, una vez terminada la etapa electoral, el Jefe de Estado, reconociendo el triunfo de Costas, tendrá que trabajar”.

Las autoridades opositoras electas de las gobernaciones de Beni, Santa Cruz y Tarija tienen el respaldo de 617.999 votos, según el cómputo oficial de resultados, es decir, más de medio millón de bolivianos.

En Beni, el candidato opositor a la Gobernación de Primero Beni, Ernesto Suárez Satori, ganó con el apoyo de 64.051 ciudadanos, es decir, el 42,5 por ciento. Su similar Rubén Costas, de Verdes, lleva ventaja de Santa Cruz con 456.222, el 52,8 por ciento, y finalmente el candidato para la Gobernación de Tarija por Camino al Cambio obtuvo el apoyo de 97.726 votos, lo que representa el 48,9 por ciento. Sumados todos éstos se llega a 91.999 ciudadanos que en las urnas dieron su apoyo a los opositores.

Para el analista Carlos Cordero y el constitucionalista Carlos Alarcón, el hecho de que el Presidente se resista a trabajar con las autoridades opositoras perjudicará la ejecución de proyectos concurrentes, es decir, financiados con recursos del Gobierno central y con contraparte de los gobiernos locales y más aún si se trata de cooperación internacional, porque los gobiernos departamentales no pueden entablar convenios sino mediante el Gobierno central.

Para el secretario de Autonomías de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, Morales no puede decidir con quién va a trabajar, pues el pueblo ha elegido a sus autoridades departamentales y el Gobierno debe respetar esa voluntad. En Tarija, el prefecto interino Mauricio Lea Plaza sostuvo que es importante que Morales entienda que Bolivia cambió su configuración institucional y que está compuesta por cinco niveles de gobierno, que no siempre comulgan pero deben trabajar en los marcos legales y la coordinación.

Por su parte, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, indicó ayer a La Prensa que las expresiones de Morales hablan de una “desmotivación con quienes quieren dividir al país o han incurrido en corrupción, pero ¿quiénes son esas personas? Eso debe ser definido mediante los mecanismos de justicia”.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, sostuvo que el Gobierno cumplirá con las competencias establecidas en la Constitución, “pero en vista de que estas autoridades antes han sido renuentes al llamado de diálogo es difícil un paso de conversación con estas personas”.

Según la agencia ABI, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, aclaró que el Ejecutivo tiene alternativas para trabajar con las regiones opositoras, como los movimientos sociales.

Los ministros salen a explicar lo dicho por el Jefe de Estado.

Las funciones del Presidente

El artículo172 de la Constitución Política del Estado establece que el Jefe de Estado dirige la administración pública estatal.

Además, la CPE indica que el Mandatario debe dirigir las políticas del Estado y coordinar con gobiernos autónomos.

La relación entre el Gobierno central y los regionales estará definida en la Ley de Autonomías y Descentralización.

Expertos indican que el Presidente no sólo rehúsa trabajar con sus opositores, sino que va en contra del voto popular.

Opiniones

“Es una mala señal que emite el Presidente y se confirma que actúa emocionalmente. El más perjudicado es él, porque pierde la confianza del ciudadano, pues los que han elegido a los opositores son los que escuchan estas declaraciones y pueden verlo como una sanción. Así se amplía la brecha entre el Gobierno y la sociedad. Lo óptimo es trabajar de manera coordinada, los ciudadanos han emitido su expresión con el voto y merecen el respeto de su decisión”.

Carlos Cordero / Analista Político

“Si uno de los niveles de gobierno, sea nacional, departamental o municipal define no trabajar con los otros niveles se estaría afectando la estructura del Estado en su conjunto, y esto pondría en riesgo el normal funcionamiento de la propia maquinaria Estatal. Si una persona es elegida, independientemente de los lineamientos políticos, mientras cumpla las funciones sobre la base de la soberanía, esa autoridad merece toda la consideración como una autoridad democrática”.

Carlos Alarcón / Constitucionalista