Con la ley Transitoria, aprobada por una Asamblea de genuflexos, el MAS está consiguiendo lo que no pudo lograr en las urnas.
Los «levantamanos» del MAS en sesión maratónica aprobaron su Ley Transitoria (foto ANF)
La adhesión del MAS al régimen autonómico fue siempre muy dudosa y los hechos lo están demostrando. Recordemos que en el referéndum autonómico el partido gobernante hizo abiertamente campaña a favor del NO y no hay nada que indique que ha cambiado en esa posición.
Si bien un momento, por motivos políticos dijo estar a favor de las autonomías ha abandonado muy rápidamente esa posición y, en los hechos, ha retomado su criterio inicial, El MAS ha sido y será siempre un partido centralista, eso forma parte de sus más íntimas convicciones.
La llamada “ley corta” o Ley Transitoria de Autonomías, aprobada por el rodillo oficialista, delata la impostura del MAS ya que en los hechos está vulnerando el régimen autonómico estableciendo un centralismo más secante aun que el imperante hasta hoy. El partido gobernante se ha otorgado la potestad de decidir que gobernantes pueden asumir el cargo y quienes no, camuflados con la máscara de la lucha contra la corrupción.
Estamos confrontando una de las primeras consecuencias del control absoluto que tiene de la ahora llamada “asamblea legislativa plurinacional” y que se ha reflejado también en el Órgano Judicial. El MAS tiene ahora la posibilidad de acomodar todo el ordenamiento legal a sus deseos y conveniencias.
Cuando vio que los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, habían escapado a su control y elegido a gobernadores opositores recurrió el expediente de aprobar una ley que les impedirá ejercer el cargo para el cual fueron elegidos democráticamente.
El artículo 8 de la “ley corta” es abiertamente conculcador de las autonomías y puede ser considerado hasta intervencionista. Ahora el gobierno tiene en sus manos un instrumento que le permitirá sacar del cargo a cualquier gobernador (y también toca a los Alcaldes) que no sea de su agrado o no se someta a sus designios.
Bastará con que haga una acusación y que uno de los jueces masistas rapidamente la formalice para que un gobernador quede automáticamente fuera del cargo. Es evidente que se presumirá la culpabilidad y no la inocencia como se establece en todo ordenamiento legal y la Constitución Política de Estado.
Nada de lo que hace Evo y el MAS es inocente y esto no significa pecar de prejuiciosos; se trata simplemente de una constatación. Su camino hacia esa hegemonía que tanto anhela está sembrado de “leyes cortas” o de “leyes transitorias” que son absolutamente funcionales a sus propósitos.
En este caso la víctima es la autonomía. El MAS está consiguiendo por la vía de una norma aprobada por una Asamblea genuflexa lo que no pudo conseguir en las urnas. Se trata de una señal de los tiempos que se avecinan. Está claro que el gobierno no tolerará ninguna expresión opositora sea de los partidos o de otras organizaciones sociales y sindicales, cuyos dirigentes en su mayoría responden al silbato de Evo.
Morales ha sepultado la institucionalidad democrática y gobierna con decretos de «excepción», remedos de normas aprobadas por los levantamanos del MAS, interinatos en todas las entidades y empresas del Estado y ante cualquier atisbo opositor tiene a la mano una “ley corta” para aplicarla de manera expeditiva.