La aprobación del proyecto de Ley de Transición de Autonomías avanza en la Comisión de Autonomías del Senado y despierta el rechazo en tres regiones.
La Razón. Álvaro Arias
La Comisión de Autonomías de la Cámara de Senadores aprobó anoche en su etapa en grande el proyecto oficialista de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales. La oposición comenzó a articular la resistencia.
A la aprobación en grande siguió la etapa de aprobación en detalle, que avanzó hasta el artículo 4 de los 17 que incluye el proyecto, entre ellos los polémicos 8, 9 y 10, que definen un mecanismo de suspensión de los gobernadores electos en caso de que sobre ellos pesen acusaciones formales en materia penal.
La presidenta de la comisión, Gabriela Montaño (MAS), explicó que se tomó la decisión de aprobar un cuarto intermedio hasta las 7.30 de hoy con el objetivo de buscar consensos con la oposición, que rechaza los tres artículos antes mencionados y que ayer presentó un proyecto alternativo que al final no fue considerado en el debate.
"Nos detuvimos en el análisis en detalle del artículo quinto porque la oposición pidió un cuarto intermedio y mañana retomamos el análisis a las siete y media de la mañana", confirmó la senadora Centa Rek (PPB).
Los artículos aprobados ayer en detalle se refieren a la fecha de la última sesión de los consejos departamentales (21 de mayo del 2010) y a la entrega del despacho e informe de gestión de los actuales prefectos.
Ante las críticas de la oposición, la senadora Montaño justificó la sustitución de una autoridad electa que confronte un proceso judicial arguyendo que la misma se aplica “inclusive” al Presidente del Estado.
Además, dijo que esta disposición llena un vacío legal que, por ejemplo, también se aplica en el caso de las autoridades municipales.
No obstante, el senador opositor y jefe de bancada de Convergencia (PPB-CN), Germán Antelo, aseguró que la mencionada norma es una provocación del oficialismo y luego denunció que el MAS busca acceder a las gobernaciones de los departamentos en los que perdió en las elecciones del 4 de abril.
“Es un abuso, una prepotencia y una provocación a la confrontación. Se busca generar problemas. Si no ganaron democráticamente por el voto popular, ¿por qué provocar este tipo de enfrentamiento?”, cuestionó.
La oposición en la Asamblea Legislativa y a nivel de Santa Cruz, Beni y Tarija considera que esta ley pretende “descabezar” a los gobernadores electos por estos departamentos: Rubén Costas, Mario Cossío y Ernesto Suárez.
Según el oficialismo, al menos los dos primeros reunirían las condiciones para ser suspendidos.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aclaró ayer que sobre Cossío pesan 25 denuncias que se están procesando, mientras que Costas registra nueve. Ambos tienen imputaciones formales presentadas en su contra, en tanto que sobre Suárez pesan dos denuncias.
De aprobarse la ley transitoria, Costas y Cossío no podrán ejercer sus funciones, pero el proyecto del MAS no especifica un impedimento para la posesión en el cargo, sino para la suspensión.
El mandatario Evo Morales presentó el miércoles 12 a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías, el cual abre la posibilidad de que las asambleas departamentales puedan sustituir a un gobernador que tenga acusación penal formal y reemplazarlo por otra autoridad con carácter interino y posteriormente revocarlo.
Norma se aprobaría esta semana
El senador Marcelo Antezana dijo que el oficialismo tiene planificado aprobar la norma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa durante esta semana, pues el 21 de este mes se registrará la “última reunión de los consejos departamentales para dar paso a las sesiones preparatorias de las asambleas departamentales. Luego algún fiscal presentará acusación formal”.
Oposición presenta otra propuesta
La oposición presentó ayer un proyecto alternativo a la Ley Transitoria de Autonomías que elimina los artículos 8, 9 y 10 que posibilitan la suspensión de gobernadores electos y en un plazo de 90 días la respectiva sustitución.
El senador opositor Germán Antelo dijo que este proyecto motivó el fin de semana reuniones institucionales y cívicas en Tarija, Santa Cruz y Beni, las cuales reflejaron el rechazo a la norma que el oficialismo pretende aprobar esta semana en la Asamblea Legislativa.
“La ley transitoria propuesta por el Gobierno es violatoria a la Constitución porque pretende legislar más allá de lo que significa el proceso transitorio de conversión de las prefecturas a gobernaciones autonómicas”, dijo Antelo al leer una de las conclusiones a las que se llegó en las regiones.
El proyecto de ley alternativo de la oposición se restringe sólo a aspectos administrativos de transición de las prefecturas a las gobernaciones. Sin embargo, la Comisión de Autonomías, con mayoría oficialista, aprobó la ley en grande sin considerar el proyecto alternativo de la oposición.
Dos posiciones
El oficialismo
Entre los varios argumentos que esgrime el oficialismo en defensa de los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de ley transitoria, menciona la necesidad de llenar un vacío legal para que los gobernadores electos también puedan ser suspendidos si existen denuncias formales en materia penal en su contra, tal como establece la Ley de Municipalidades para el caso de los concejales. La diputada Betty Tejada dijo además que, en su contexto general, “la ley busca llenar vacíos jurídicos, como es el traspaso de prefecturas a gobernaciones y sus disposiciones correspondientes”. El oficialismo está decidido a aprobar los artículos sobre la suspensión de mandato.
La oposición
La oposición considera que el proyecto de ley vulnera los derechos políticos y ciudadanos que están garantizados en la Constitución Política del Estado, como la presunción de inocencia. Además, observa que en el proyecto no se hubieran incorporado a los asambleístas departamentales electos y que se utilice una figura que no está clara, como la acusación formal. El Movimiento Sin Miedo observó además que estos temas no corresponden a una ley transitoria, por lo que propuso su debate durante la aprobación de la futura Ley Marco de Autonomías, que por mandato constitucional debe estar avalada hasta el próximo 22 de julio.
La oposición resiste aprobación de ley corta y alista protestas
Aprobación: La Comisión de Autonomías aprobó en grande la Ley Transitoria sin ninguna modificación. Arrancó el debate en detalle y el MAS quiere aprobarlo hasta el 25.
Sesión: la Comisión de Autonomías inició el tratamiento de la ley, ayer
La Prensa. La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional resiste la aprobación del proyecto de Ley de Transición de Autonomías que pretende evitar la posesión de los gobernadores opositores electos el 4 de abril, mientras los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija alistan movilizaciones.
El Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) planteó ayer en la Comisión de Autonomías del Senado la derogatoria de los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de Ley de Transición, que establecen la suspensión temporal de autoridades electas que tengan acusaciones formales en el ámbito penal.
En tanto, las representaciones cívicas y políticas de Santa Cruz y Tarija se declararon en estado de emergencia en rechazo al proyecto de ley planteado por el Ministerio de Autonomías.
Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Comisión de Autonomías del Senado, haciendo uso de su mayoría, aprobaron ayer el proyecto de ley en grande y comenzaron a aprobar los primeros cuatro artículos; la sesión se reanudará hoy a las 07.30.
Para el senador de PPB-CN Marcelo Antezana, los plazos para la transición de prefecturas a gobernaciones son cortos (30 de mayo) por lo que el oficialismo buscará aprobar su proyecto hasta el jueves haciendo uso de su mayoría, ante lo cual anunció posibles medidas. “Nosotros nos reservamos (el derecho), así nos tilden de separatistas como nos tiene acostumbrados, a tomar las medidas que sean necesarias y que vengan desde mi región (Tarija), porque estos tres artículos van a traer problemas”.
Por su parte, el senador cruceño German Antelo (PPB-CN) reiteró que la norma propuesta por el Gobierno vulnera la Constitución Política del Estado, que señala que una autoridad puede ser suspendida de su cargo cuando tiene una sentencia ejecutoriada y no por una acusación formal o simple denuncia.
Por ello, junto a las representaciones parlamentarias de Tarija y Beni presentó una propuesta para que la norma elaborada por el Ministerio de Autonomías sea aprobada sin los artículos 8, 9 y 10. “Hay mucho descontento y rechazo en las regiones. Es una provocación a la confrontación, se debe tratar el tema con mucha cautela”.
El domingo, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseveró que los gobernadores electos de Tarija, Mario Cossío, y de Santa Cruz, Rubén Costas, tienen cuatro y dos imputaciones formales, respectivamente, por lo que si se aprueba la norma tal como está redactada, éstos no podrán ser posesionados el 30 de mayo.
Ambas autoridades y su colega beniano Ernesto Suárez son investigados por la supuesta malversación de fondos y otros delitos cometidos durante la organización de referendos que no fueron autorizados por el Congreso ni la Corte Nacional Electoral (CNE) como indica la Ley del Referéndum.
Según el senador Adolfo Mendoza (MAS), esta ley debe ser aprobada hasta el 25 de mayo, cuando comenzará oficialmente la transición de las prefecturas a las gobernaciones en todo el país.
Ante esta situación, el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Baldomar Peralta, anunció que coordinará con los demás entes cívicos departamentales afectados las medidas de presión que asumirán en contra de la norma.
“Tarija no va a permitir que se secuestre la Gobernación. Le pido al Gobierno que reconsidere su posición si no quiere enfrentamientos”. Asimismo, la senadora María Elena Méndez (CN) admitió que los parlamentarios opositores están dispuestos a iniciar una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa en apoyo a Mario Cossío.
Por su parte, el prefecto interino Mauricio Lea Plaza convocó ayer a todas las instituciones civiles y sindicales a una asamblea para el miércoles con el propósito de definir las acciones de resistencia contra la norma oficialista.
Desde Santa Cruz, el Comité Cívico cruceño rechazó “todo proyecto de ley corta propuesto por el oficialismo que tienda a desvirtuar el proceso autonómico consagrado por el voto ciudadano”.
El gobernador electo, Rubén Costas (Verdes), enfatizó en “que (la Ley Transitoria de Autonomías) es un tema delicado y la región está firme”.
No obstante, desde el Ministerio de Autonomías, el ministro Carlos Romero explicó que la suspensión temporal de las autoridades departamentales no vulnera ningún principio constitucional, sino que es una analogía de la Ley de Municipalidades que plantea una licencia temporal para autoridades denunciadas.
El diputado Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM), propuso ayer que las suspensiones para autoridades departamentales sean incluidas en la Ley Marco de Autonomías y consideró que no deben ser materia de debate en la Ley de Transición porque ésta apenas tendrá vigencia hasta el 22 de julio.
Advierten con una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea.
La ley afectará también a alcaldes
La oposición política y los municipios del país sostienen que el proyecto de Ley Transitoria para el funcionamiento de los gobiernos departamentales autónomos no sólo afectará a los nuevos gobernadores de Santa Cruz y de Tarija, sino también a cualquier alcalde electo del país sobre quien pese una acusación formal en su contra.
Según la agencia ANF, el proyecto que busca dar paso al proceso autonómico en el país ante la falta de aprobación de la Ley Marco de Autonomías afecta directamente, por el momento, a los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cossío, quienes fueron imputados por haber realizado entre mayo y junio de 2008 referendos ilegales para aprobar sus estatutos autonómicos.
La senadora cruceña por PPB-CN Centa Rek afirmó ayer que si bien por el momento la norma afecta directamente a Costas y a Cossío, el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, tampoco quedará exento de ser imputado formalmente porque alentó el referendo autonómico en su departamento. Por su lado, el alcalde reelecto de Tarija, Óscar Montes, dijo que la propuesta causó preocupación entre las autoridades municipales.
Los artículos en cuestión
Éstos son los artículos cuestionados por los parlamentarios de la oposición.
Artículo 8
(SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL).
La Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio del mandato.
Artículo 9
(PROCEDIMIENTO)
I. La acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente será comunicada por el fiscal a la Asamblea Departamental a efectos de que tome conocimiento de aquélla y designe sin mayor trámite a la Máxima Autoridad Ejecutiva interina.
II. Si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional pronuncia sentencia condenatoria y la misma es ejecutoriada, se procederá a una nueva elección para completar el respectivo periodo constitucional.
Artículo 10
(AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA)
I. En caso de ausencia temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental, la suplencia será designada por la Asamblea Departamental por el tiempo de duración de la misma. Esta designación se realizará por mayoría absoluta de votos.
II. En caso de ausencia definitiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva producida por la prolongación de la ausencia temporal por más de noventa (90) días, la Asamblea Departamental, o si fuere por renuncia, muerte, inhabilidad permanente, se procederá a efectuar una nueva elección para completar el periodo constitucional.