Mariano Grondona
La historia de nuestra Corte Suprema se divide en dos grandes etapas. Entre 1853 y 1930 tuvimos una Corte “independiente” al frente de un Poder Judicial que limitaba verdaderamente al Poder Ejecutivo. De 1930 hasta hoy, hemos tenido en cambio una sucesión de tribunales supremos hasta cierto punto “dependientes” del Poder Ejecutivo.
Los gobiernos militares sustituyeron a los miembros de la Corte en más de una oportunidad. Cuando los gobiernos militares cesaban, el condicionamiento se repetía porque, no teniendo los jueces supremos que provenían de los regímenes de facto el acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo civil nombraba a otros jueces con el consiguiente acuerdo senatorial. Por un camino o por el otro el Poder Ejecutivo, ya fuera militar o civil, ha determinado durante ochenta años la composición de la Corte.
En 1989, Menem se encontró con la Corte equilibrada que le dejaba Alfonsín, pero aumentó el número de sus miembros de cinco a nueve para volver a controlarla. Cuando Kirchner llegó al poder en 2003 su primer ministro del Interior, Gustavo Béliz, permitió el nombramiento de una nueva Corte aunque mejoró al menos su nivel profesional. Antes de caer en desgracia y partir rumbo al exilio, Béliz le dejó a Kirchner una Corte con mayor prestigio. Esta Corte que subsistió hasta hoy, ¿es verdaderamente independiente? Al aprobar en principio la nueva ley de medios, ¿no ha desmentido su supuesta independencia?
Si hablamos de la “dependencia” de la Corte de 1930 en adelante, por otra parte, hay que aclarar que ella nunca fue “totalmente” dependiente porque no lo era en los temas “menores” en tanto sólo dependía del Ejecutivo en los temas “mayores”, cuando éste en verdad la necesitaba. También la Corte actual ha demostrado ser independiente del kirchnerismo en temas no centrales como el drama de los jubilados, el escándalo del Riachuelo y la situación del procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa, a quien ella ha querido reponer en su cargo aunque sin conseguirlo. En el tema de la ley de medios, que para los Kirchner es mayor y no menor, la Corte acaba de dar una primera señal favorable al Gobierno. Esta señal, ¿bastará para considerarla, de ahora en adelante, como una Corte “kirchnerista”?
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La plena independencia de la Corte se ha concretado cada vez que el Poder Ejecutivo aceptó sin cambios la Corte que heredaba de su antecesor. Este no ha sido el caso ni con Menem ni con Kirchner. Los argentinos nos hemos acostumbrado por ochenta años a la subordinación de la Corte al Poder Ejecutivo en los casos “mayores”. Para derrotar esta malsana costumbre, necesitaríamos que la Corte le dijera que “no” al Ejecutivo ante algún tema “mayor”. La ley de medios lo es. El fallo de los jueces supremos a favor de Kirchner no ha producido, al menos hasta ahora, la demostración de independencia que los argentinos estamos esperando.
La Nación – Buenos Aires