La guerra desatada por el gobierno contra Aerosur tiene un trasfondo muy oscuro relacionado con los intereses que varios funcionarios, entre ellos el vicepresidente Álvaro García Linera, tienen en la supuestamente “empresa aérea estatal”, Boliviana de Aviación (BoA).
El vicepresidente Álvaro García y la cúpula del MAS en un vuelo de BoA, el pasado mes de enero (foto La Prensa)
BoA fue creada como “empresa pública nacional estratégica”, un eufemismo que utiliza el gobierno del MAS para ocultar que como otras empresas, entre ellas EPSAS, son solventadas por el Estado pero que su manejo está a cargo de unos cuantos funcionarios de gobierno que hasta la fecha han obtenido interesantes ganancias mientras que la empresa se encuentra en los límites de la quiebra.
Álvaro García ha demostrado tener un interés muy personal en la situación de una empresa privada como Aerosur de la que dice solo dispone de “carcachas” mientras se jacta de que nadie puede competir contra el Estado que dice maneja 14 mil millones de dólares. ¿Quién contra el Estado? afirma muy orondo el vicepresidente.
Sin embargo sucede que la situación financiera de BoA no es de las mejores y no han encontrado mejor solución que la eliminación de la competencia, es decir de Aerosur. Lo están haciendo con métodos que hubiera envidiado el más brutal y taimado de los capitalistas, de esos que no dudarían en utilizar cualquier recurso, por vedado que sea, para preservar sus intereses.
Primero se encargaron de sacar del paso al Lloyd Aéreo Boliviano para allanar el camino para la formación de BoA con capitales venezolanos pero que se han ocultado bajo la apariencia de la “empresa pública”.
Una auditoría externa podría revelar la aguda crisis económica de BoA producto del manejo irresponsable de la empresa que disposiciones monopolistas no han podido solucionar. Sucede que todas las entidades del Estado están obligadas a contratar sus servicios para los viajes de ministros, viceministros y cualquier funcionario. Pero ocurre que existen otras disposiciones que necesariamente afectan la situación económica de BoA.
Entre ellas se cuentan la obligación de la empresa de proporcionar pasajes en forma gratuita a recomendados del gobierno y a dirigentes de las “organizaciones sociales” que como se ha visto ya han perdido la costumbre de viajar en flota, como cualquier ciudadano de escasos recursos, entre los que ellos ya no figuran.
Y no se trata aquí de defender a rajatabla a Aerosur que también tiene deficiencias pero ocurre que los métodos que se están utilizando para liquidarla distan mucho de ser éticos. Consideran que con la eliminación de Aerosur, BoA coparía la casi totalidad del mercado aeronáutico dejando algunas migajas para Transportes Aéreos Militares (TAM).
Como siempre, el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y su titular, Nardi Suxo, son los brazos operativos de esta arremetida. Se investiga al presidente de Aerosur, Humberto Roca, con pretextos que resultan hasta risibles. El hecho de que una persona haya estado en la cárcel por cualquier motivo no es razón suficiente para que esté permanentemente en la mira. De ser así ¿en que queda el propio vicepresidente Álvaro García y su hermanito Raúl?
Otra constatación: la llamada “ley Marcelo Quiroga Santa Cruz” será el instrumento que se utilizará para sacar del paso no solo a la oposición política sino también a algunos empresarios cuyas actividades pueden afectar los intereses muy personales de determinados funcionarios de gobierno.
Se sabe también de que en esta “guerra” contra Aerosur tiene mucho que ver la intención de comprar ocho aviones rusos Antonov 140 con capacidad de 90 pasajeros y cada uno a un costo de 40 millones de dólares, operación en la que también han demostrado un sugestivo interés varios funcionarios gubernamentales pero que podría frustrarse si es que la empresa Ilyushin Finance Corporation no verifica, antes de otorgar el crédito, que BoA tiene cierta solidez económica y mercados asegurados; lo cual si existe una auditoria eficiente e imparcial, demostrará lo contrario, pues BoA se «come» millones del Estado y su quiebra, mas temprano que tarde, la pagaremos todos los bolivianos.