Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: De carne y hueso
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Bajo el Penoco, El Día: Ganar por un ‘Bigotón’
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Los Tiempos: El narcotráfico y la experiencia mexicana
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El Deber: Las ‘pluritareas’ pendientes
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La Razón: La hermandad
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Cambio: Recuperación de la vicuña
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La Prensa: Las tareas que no se hacen
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El Diario: La Paz, departamento sin obras
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El Mundo: Sin recursos
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Opinión: Bandas delictivas de loteadores e impunidad
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Clarín, Argentina: La ex SIDE, bajo control opositor
El Día: De carne y hueso
La noticia más comentada a nivel internacional sobre el presidente Evo Morales la semana pasada, fue la grave dolencia estomacal que lo obligó a alejarse de sus obligaciones durante cuatro días. Algunas agencias informativas observaron que ningún médico hizo precisiones sobre la enfermedad del Mandatario y que el único que se refirió al caso fue el vocero del Palacio. El hecho es que el sábado pasado retomó sus actividades normales y este lunes dijo que se encontraba “cero kilómetro”. De todas formas ha resultado extraña la proactividad del Gobierno a hablar sobre el padecimiento presidencial.
Desde que Evo Morales lloró el día de su primera posesión, en enero del 2006, nadie había tenido la oportunidad de constatar un gesto público de debilidad del Presidente. Siempre lo han mostrado como un hombre de hierro, capaz de trabajar 18 horas al día, iniciar sus jornadas a las cuatro de la madrugada, viajar a varios lugares del país en el mismo día, asistir a reuniones y terminar la noche discurseando en algún acto público.
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Un Ministro de Salud fue echado del cargo sólo por sugerir que el jefe de Estado boliviano podría haber contraído la gripe A después que asistió a una reunión en la que estuvo su colega Álvaro Uribe, quien cayó víctima de la enfermedad. Esa vez quedó claro el mensaje. El caudillo es invulnerable, no se enferma ni se inmuta ante el dolor. Nunca se mostró acongojado con los muertos de Huanuni, los de Caranavi y ni siquiera les transmitió sus condolencias a las viudas de los policías que fueron asesinados en Uncía.
El Presidente tampoco ha sido de hacer demostraciones públicas de afecto familiar. Una vez su hija se quejó por la relación lejana y fría que mantiene con su padre y Evo Morales nunca ha ocultado el desdén que siente por las mujeres, pese a que él mismo se hace fama de conquistador y amante ardiente. Una vez dijo que le gusta hacer llorar a las damas y continuamente hace bromas que las desvalorizan, actitud que se repite con los homosexuales. El famoso discurso de los pollos en Tiquipaya lo pinta de cuerpo entero sobre estos aspectos.
Evo Morales se ha preocupado estos años por mostrarse agresivo, confrontador, vengativo. Todo lo que han vivido los sucrenses en los últimos años es por culpa de la primera silbatina que tuvo que enfrentar el Presidente desde que asumió su cargo. Hay que recordar el trato que le dio al periodista Raphael Ramírez en el Palacio Quemado para darse cuenta hasta dónde puede llegar la ira presidencial. En Venezuela, no tuvo reparos en mostrarse implacable, cuando informó que él personalmente había dado la orden de ingresar al hotel Las Américas, donde fueron ejecutados tres ciudadanos europeos.
El último gesto agresivo que hizo Evo Morales fue cuando llamó separatistas a los gobernadores de la oposición justo cuando los posesionaba. Días después anunciaba un periodo de diálogo con Rubén Costas, aunque es cierto también que el proceso de copamiento del poder a través de sendos golpes contra alcaldes de la oposición no ha cesado ni un minuto. Mientras el Presidente hace el papel de bueno y hasta se enferma para dejar la constatación que es de carne y hueso como todo ser humano, los malos de la película arrasan, amenazan con golpear a los indígenas del oriente y también recurren a la tortura, además de cometer otros atropellos.
El Presidente se enferma, se muestra dialogador y hasta reconoce errores, mientras los “malos” siguen la marcha de copamiento.
Bajo el Penoco, El Día: Ganar por un ‘Bigotón’
Xabier Azkargorta, uno de los artífices de la clasificación boliviana al Mundial USA 1994, llegará este martes al país para presentar un proyecto futbolístico con la mira puesta en repetir la hazaña el 2014. La contratación del “Bigotón” es un plan del presidente Morales y la idea es imponérsela “de a buenas” a la Federación Boliviana de Fútbol, cosa que está descontada. El 2014, Evo Morales estará a un año de cumplir su mandato y está cantado que intentará buscar la segunda reelección. Estará casi en las mismas condiciones en las que se encuentra hoy los esposos Kirchner en Argentina, que se metieron con todo en el fútbol para que les ayude a mantener la perinola presidencial. Tanto Cristina como Néstor han depositado toda su fe en Maradona, lo que hace sospechar que no tienen otra cosa qué ofrecerle a la población. Hasta ahora, todo ese circo no ha funcionado, aunque bien lo dicen muchos argentinos, “al Diego se le perdona todo” y tal vez la parejita de la Casa Rosa busca que algo de eso se le pegue. Y bueno, Argentina no es Bolivia y es Azkargorta no es Maradona.
Los Tiempos: El narcotráfico y la experiencia mexicana
El riesgo de que el Estado se diluya vencido por el poder de organizaciones criminales es algo que nos debe unir por sobre cualquier discrepancia
Hace un par de semanas, en el marco de la III Reunión del Comité México-Bolivia de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, representantes de ambos países se reunieron, como lo vienen haciendo desde 1990, para coordinar actividades de cooperación mutua.
El encuentro, que si bien respondió a un convenio que fue suscrito por ambas naciones hace ya 20 años, fue sin duda especialmente motivado por las espeluznantes características que durante los recientes años ha adquirido en México el problema del narcotráfico y por la evidente relación entre aquella tragedia y cuanto ocurre en Bolivia, uno de los mayores productores de la materia prima de la droga.
El asunto tiene especial relevancia para México, pero no debiera ser menor el interés por aprender de su experiencia, pues bien puede servirnos como una advertencia sobre lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país en un futuro no lejano si, antes de que sea demasiado tarde, no se hace algo para evitarlo. Para ello, habrá que incorporar en un lugar privilegiado de la agenda nacional la necesidad de elaborar un plan de acción que, por encima de las diferencias que con motivo de otros temas nos separan a los bolivianos, siente las bases de una política integral dirigida a un solo objetivo: conjurar el peligro de que las actividades delictivas que giran alrededor de la economía de la droga terminen apoderándose del país.
Al respecto, y atendiendo lo que enseñan experiencias ajenas, como la mexicana, habrá que empezar por reconocer que el problema nunca podrá ser resuelto si se lo aborda sólo con métodos represivos. Es que como ya les consta a los mexicanos, la sola represión policial, o incluso si ésta es reforzada por la militar, sólo conduce a agravar el problema al multiplicar exponencialmente la violencia sin que se reduzca como contrapartida ni en una mínima porción el poder de las mafias que controlan el negocio.
Cabe recordar al respecto que desde 2006, cuando el Estado mexicano decidió poner el énfasis en las actividades represivas, sólo logró que la cantidad de asesinatos ligados a la “guerra de las drogas” se incremente hasta alcanzar la pavorosa cantidad de 23 mil personas muertas. Desde entonces, lejos de consolidarse o reforzarse, la presencia estatal en gran parte del territorio ha ido reduciéndose hasta llegar al punto actual, cuando ya ni las fuerzas policiales ni militares pueden recuperar el control de vastas regiones que han quedado bajo control absoluto de bandas, clanes y cárteles de narcotraficantes. Tanto es así, que son cada vez más los analistas que consideran altamente probable que en el transcurso de los próximos años México se convierta en el primer “narcoestado” del continente
Estamos pues ante un desafío que no puede ser visto bajo las estrechas miradas inspiradas en nuestras mezquinas pugnas políticas internas. Se trata de algo ante lo que hace falta generar una voluntad colectiva que las trascienda, pues a nadie, de un extremo a otro del espectro político e ideológico, le puede parecer desdeñable la posibilidad de que el Estado boliviano se diluya vencido por el poder de organizaciones criminales.
El Deber: Las ‘pluritareas’ pendientes
Como ya lo expresáramos en un anterior comentario, mientras el Gobierno intenta batir todos los récords de velocidad para aprobar -a como dé lugar- el conjunto de paquetes que le permitan hacer viable el nuevo y confuso ‘Estado Plurinacional’, he aquí que al mismo tiempo existe una pluralidad inmensa de tareas pendientes, cosas por hacer o asuntos que ya debieron hacerse hace tiempo pero siguen postergados. Es muy grande la falta de tantas cosas en nuestro desventurado país. Por eso asombra que el Gobierno no se percate o no quiera, peor, ver lo que tiene frente a sus ojos.
Sin agotar de ninguna manera el repertorio, vemos caminos pésimos que se cobran por centenares las vidas de inocentes y humildes que viajan en las ahora temibles flotas sin saber si el chofer está embriagado o al vehículo le hicieron mantenimiento. La falta de control del Estado es casi total. Pasemos de ahí a la nutrición y mortalidad infantil, la primera una de las más bajas de América luego de Haití y la segunda una de las más altas. Así lo reconocen organismos de intachable objetividad como las Naciones Unidas, cuyo último índice de desarrollo humano vuelve a ponernos en la cola del continente por el atraso en esa vital materia. No cuidamos la vital alimentación de la niñez y encima se deja morir a infantes por falta de recursos para atender sus necesidades. Recuérdese que se ha comprobado científicamente que un niño sin consumo de proteínas adecuadas desde su nacimiento hasta por lo menos los cinco años de edad tendrá de ahí en adelante un déficit cerebral irreversible que le impedirá tener una vida normal una vez adolescente y adulto. Doble tragedia y oscuro futuro para un ‘Estado Plurinacional’ que ostensiblemente no cuida a su niñez mientras pomposamente alardea demagógicamente lo contrario.
De estos dramas que se suceden cotidianamente en toda la extensión patria pasemos a la calamidad de hospitales públicos y al desastre de las escuelas fiscales. Sigamos con una Policía teñida de fuertes sospechas de corrupción y de complicidad en varios delitos y que tanto por ello, como por su convulsión interna, prácticamente no cumple su deber de cuidar y proteger. Podemos seguir sumando, pero bien sabe el lector que con esta contundente breve muestra basta y sobra.
Mientras este patético pluralismo de perentorias y urgentes necesidades aflora por doquier como herida abierta, he aquí que las autoridades del ‘Estado Plurinacional’ compran aviones de lujo por cifras millonarias y se empeñan en un estatismo que los está llevando inclusive a que el Estado –más allá del actual cúmulo de empresas en su poder- pretenda ser ahora dueño hasta de lecherías y fábricas de cartones. Total, parece ser que para estas extravagancias sobra el dinero, aunque éste falta angustiosamente para las necesidades reales de una Bolivia sumida en la miseria mientras con petulancia se habla de ‘cambio profundo’.
Sí, la realidad aflora y está a la vista: la pluralidad de necesidades y de carencias básicas insatisfechas que tristemente ostenta Bolivia es mucho mayor que las pretensiones arrogantes de un Gobierno empeñado en cambiar rótulos pero que, por inercia e inacción, mantiene viva una realidad lacerante de atraso y subdesarrollo que nos lastima a todos.
La Razón: La hermandad
Esta fraternidad, ¿podrán alguna vez lograrla los hombres por sí solos?
Aunque la Carta Magna se haya abierto a todas las cosmovisiones posibles, sin discriminación alguna, esto no significa que vivamos en un Estado ateo, como a veces se interpreta erróneamente. Al margen de la oficialidad de lo escrito, entre las religiones, la que tiene más seguidores continúa siendo la Iglesia Católica, que por estas horas se encuentra de fiesta al recordar la labor social del Cardenal Maurer.
La historia dice que hace medio siglo José Clemente Maurer, siendo arzobispo de Sucre, se contactó con monseñor Wehr, obispo de Tréveris, para iniciar una colaboración mutua que se materializaría luego con la llegada de los tres primeros sacerdotes de aquella ciudad alemana a la capital de Bolivia. Ese momento se halla registrado como el comienzo del hermanamiento entre ambas diócesis.
Los incondicionales de esta misión conjunta hablan de algo más profundo que la mera colaboración económica, de una comunión de jurisdicciones eclesiásticas pertenecientes a distintos países que está basada en la fe y es capaz, sí, de traducirse en ayuda concreta. Por eso, allí donde el Estado sigue estando ausente, hay un internado, un centro de capacitación, una escuela… la obra del cardenal Maurer.
Cincuenta años de hermandad o, lo que en este caso es lo mismo, de beneficio directo para los sectores empobrecidos de Bolivia, se dicen fácilmente. Los lazos de amistad tendidos con Alemania redundaron en beneficios incalculables en lo económico y, más aún, en lo inmaterial. A propósito de la hermandad, el papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas In Veritate, señala que “…El subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la falta de pensamiento: es ‘la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos’. Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez los hombres por sí solos? La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos”. Volviendo a la historia, sólo monseñor Julio Terrazas mereció el nombramiento de “cardenal” después del alemán naturalizado boliviano que fue arzobispo de Sucre, Clemente Maurer.
Bolivia, Tréveris y Hildesheim celebran este aniversario de vínculo con distintas actividades. Prolongan la huella de Maurer, que 50 años después continúa enseñando cómo la hermandad debe cotizar siempre al alza en la bolsa de valores espirituales, rumbo al progreso de las naciones menos favorecidas.
Cambio: Recuperación de la vicuña
Un reciente informe del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal asegura que en Bolivia existen 112.249 vicuñas, lo que representa un crecimiento de 3,31 veces respecto de la población de este camélido andino contabilizada en 1996 en 33 mil ejemplares.
Los camélidos están distribuidos en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Cochabamba. La mayor población se encuentra en el departamento de Potosí, que tiene 44.202 vicuñas (39,%); le sigue La Paz, con 36.969; Oruro cuenta con 28.830, Cochabamba con 867 y Tarija tiene 1.381 vicuñas.
El 42,9% de las vicuñas se encuentra en áreas que no son protegidas, el 15% en las áreas protegidas y el 41,1% en áreas de manejo integrado nacional. Es decir, la política de conservación y aprovechamiento de la lana de vicuña abre favorables perspectivas que, sin duda, redundarán en beneficio de las comunidades campesinas involucradas en ella.
Sin embargo, pese a las medidas asumidas por los cinco países andinos que mantienen poblaciones importantes del camélido —Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina—, la vicuña aún permanece como una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y sistemática y a un elevado índice de mortalidad, incluso prenatal. Su lana es la más fina de todas las fibras animales y altamente apreciada. Por eso, la caza con armas de fuego de estos animales para obtenerla llevó a su sobreexplotación y a una gran disminución de ejemplares, particularmente en los años sesenta del siglo pasado.
En este contexto, es destacable que Bolivia haya triplicado su población de vicuñas. Las cifras proporcionadas por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal señalan que entre 1999 y 2009 las provincias paceñas de José Manuel Pando y Loayza tuvieron un incremento de 15 y 11 veces, respectivamente; mientras que las provincias orureñas de Sur Carangas y Ladislao Cabrera 12 y 10 veces.
Además, las tres provincias con más de 10 mil vicuñas son Sud Lípez y Antonio Quijarro, ambas de Potosí; y Pacajes de La Paz, en tanto que el municipio con mayor número de vicuñas es San Pablo de Lípez, Potosí, que cuenta con 15.617; Pelechuco, La Paz, con 9.024; y Tomave, Potosí, con 8.513.
En 1965 se la consideraba en peligro de extinción, pues la población boliviana de vicuñas apenas alcanzaba a cuatro mil ejemplares, y ese año los gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron un convenio internacional para la conservación y manejo del camélido. Además, el primer censo nacional de la vicuña de 1996 determinó que en Bolivia vivían alrededor de 33 mil vicuñas.
Esa política de aprovechamiento sostenible de este animal en el país se inició en 1997 con la instalación de tres centros pilotos a través de la captura y la esquila de la vicuña: en Apolobamba (La Paz), Mauri, Lípez (Potosí) y Sajama (Oruro), cuyos pobladores, desde entonces, capturan y esquilan a los animales.
Este proceso fue en ascenso con el paso del tiempo. El primer año se obtuvieron 12,5 kilogramos de fibra, después de nueve años la esquila se incrementó a 950 kilogramos, y en 2007 la exportación de lana de vicuña superó los 443 mil dólares —según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)—. Esos recursos fueron distribuidos entre las comunidades campesinas. Los principales mercados internacionales para la lana de vicuña boliviana —peinada y sin peinar—, de acuerdo con ese reporte recogido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), son Italia y Perú.
En este sentido, las comunidades manejadoras de vicuña exportaron entre 2007 y 2010 tres toneladas de fibra, que tiene una alta demanda en el mercado internacional, cuyos réditos fueron distribuidos entre las poblaciones que participan de la esquila. Esta historia de éxito en la conservación y aprovechamiento de la lana de vicuña nos enseña que los planes de conservación de la naturaleza deben incluir los aspectos sociales y económicos, con una interpretación amplia del respeto que fecunda una relación armoniosa con la naturaleza.
Una segunda lección es la urgente necesidad de preservar el patrimonio de las culturas indígenas, sociedades que han desarrollado formas de vida completamente en equilibrio con el medioambiente. Por eso es necesario proteger y utilizar toda esa sabiduría acumulada por nuestros pueblos ancestrales.
Entonces, para la exitosa recuperación y aprovechamiento de la lana de vicuña y consolidar en el tiempo su aprovechamiento sostenible para las comunidades campesinas, es menester fortalecer la capacitación en el cuidado y la protección de la vicuña, esto permitirá enfrentar con éxito la caza furtiva.
Ese proceso de capacitación permanente posibilitará la creación de más puestos de trabajo, de mano de obra especializada en el cuidado de las vicuñas, lo que redundará en la conservación del medio ambiente natural, evitando el sobrepastoreo o la erosión de suelos.
Según el IBCE, en esa actividad están involucradas 64 comunidades distribuidas en 12 municipios y cerca de 3.000 familias campesinas que participan directamente en el Programa de Conservación y Manejo de la Vicuña.
En un contexto en el que el Estado boliviano es dueño de las vicuñas, las comunidades tienen su custodia en áreas de su jurisdicción comunal, tienen el derecho exclusivo de su aprovechamiento y el sistema de manejo se realiza en su estado salvaje, es necesario profundizar las políticas estatales para cualificar el aprovechamiento de ese recurso natural renovable y beneficiar a los principales actores de la recuperación de la vicuña: los campesinos.
La Prensa: Las tareas que no se hacen
Parece ser que para algunas extravagancias sobra el dinero, aunque éste falta para las necesidades reales de una Bolivia sumida en la miseria…
Como ya lo expresáramos en un anterior comentario, mientras el Gobierno intenta batir todos los récords de velocidad para aprobar —a como dé lugar— el conjunto de paquetes que le permitan viabilizar al nuevo y confuso “Estado Plurinacional”, he aquí que al mismo tiempo existe una pluralidad inmensa de tareas pendientes, cosas por hacer o asuntos que ya debieron hacerse hace tiempo, pero siguen postergados. Es muy grande la falta de tantas cosas en nuestro desventurado país. Por eso asombra que el Gobierno no se percate o no quiera, peor, ver lo que tiene frente a sus ojos.
Sin agotar de ninguna manera el repertorio, vemos caminos pésimos que se cobran por centenares las vidas de inocentes y humildes que viajan en las ahora temibles flotas sin saber si el chofer está ebrio o si al vehículo le hicieron mantenimiento. La falta de control del Estado es casi total. Pasemos de ahí a la nutrición y mortalidad infantil, la primera, una de las más bajas de América luego de Haití y la segunda, una de las más altas. Así lo reconocen organismos de intachable objetividad como las Naciones Unidas, cuyo último índice de desarrollo humano vuelve a ponernos en la cola del continente por el atraso en esa vital materia. No cuidamos la vital alimentación de la niñez y encima se deja morir a infantes por falta de recursos para atender sus necesidades. Recuérdese que se ha comprobado científicamente que un niño sin proteínas adecuadas desde su nacimiento hasta por lo menos los cinco años de edad, tendrá de ahí en adelante un déficit cerebral irreversible que le impedirá tener una vida normal una vez adolescente y adulto. Doble tragedia y oscuro futuro para un “Estado Plurinacional” que ostensiblemente no cuida a su niñez mientras pomposamente alardea demagógicamente de lo contrario.
De estos dramas que se suceden cotidianamente en toda la extensión patria, pasemos a la calamidad de hospitales públicos y al desastre de las escuelas fiscales. Sigamos con una Policía teñida de fuertes sospechas de corrupción y de complicidad en varios delitos y que tanto por ello, como por su convulsión interna, prácticamente no cumple su deber de cuidar y proteger. Podemos seguir sumando, pero bien sabe el lector que con esta contundente breve muestra basta y sobra.
Mientras este patético pluralismo de perentorias y urgentes necesidades aflora por doquier como herida abierta, he aquí que las autoridades del Estado Plurinacional compran aviones de lujo por cifras millonarias y se empeñan en un estatismo que los está llevando inclusive a que el Estado —más allá del actual cúmulo de empresas en su poder— pretenda ser ahora dueño hasta de lecherías y fábricas de cartones. Total, parece ser que para estas extravagancias sobra el dinero, aunque éste falta angustiosamente para las necesidades reales de una Bolivia sumida en la miseria, mientras con petulancia se habla de “cambio profundo”.
Si, la realidad aflora y está a la vista: la pluralidad de necesidades y de carencias básicas insatisfechas que tristemente ostenta Bolivia es mucho mayor que las pretensiones arrogantes de un Gobierno empeñado en cambiar rótulos, pero que, por inercia e inacción, mantiene viva una realidad lacerante de atraso y subdesarrollo que nos lastima a todos.
El Diario: La Paz, departamento sin obras
A las puertas de la efeméride de La Paz no hay atisbos no sólo de leyes que la favorezcan, sino de alguna obra para el desarrollo de esta postergada región, después que por décadas los sucesivos gobiernos, incluido el actual, no realizaron y ni siquiera plantearon algún emprendimiento fiscal para dicho efecto. Para empezar el TGN adeuda al departamento por el IDH, por regalías mineras y en el rubro de compensaciones originadas en cambios climáticos, correspondientes a la gestión de 2009, deuda que abarca inclusive gestiones anteriores.
Gestionar el pago de dicha morosidad es deber de la supuesta brigada parlamentaria paceña con prioridad a leyes declarativas inocuas, si bien en esta legislatura, como en las precedentes se hace clara la falta de inquietud de la representación parlamentaria departamental. Ni en ocasión del Bicentenario de la Revolución del 16 de Julio de 1809, La Paz obtuvo ley alguna, de modo que menos aún se puede esperar al presente. Lograr un presupuesto anual más justo y el pago de la deuda devengada deben ser tareas conjuntas, empeñosas y decididas de parlamentarios y autoridades de la gobernación.
Al margen de dicha omisión legislativa, un aspecto impostergable es el vial, correspondiendo a diputados y asambleístas departamentales gestionarlo e impulsarlo. Oficialmente se anunció que la doble vía La Paz-Oruro se iniciaría precisamente este 16 de julio, promesa descartada ya que más bien se anuncia una postergación desde sus inicios, pese al financiamiento de 250 millones de dólares a cargo de la CAF. Similar es el caso del proyecto Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, contratos firmados en enero pasado, pero sin mayores noticias sobre su ejecución, obra dependiente de financiamiento venezolano, fuente que no sería raro que enfrente contratiempos al igual que en otros casos. Tampoco existen estudios de factibilidad sobre el tramo Caranavi-Quiquibey.
Otro tanto cabe decir sobre los quiméricos emprendimientos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Norte paceño, a cargo de Petroandina (PDVESA-YPFB). Desde enero pasado se desconoce su evolución, cuando se informó acerca de tareas de exploración sísmica en Liquimuni, región situada en Yungas y explorada hace décadas. La nebulosa creada invita a suponer que en esta materia el Norte del departamento (provincias Franz Tamayo-Iturralde) está condenado a las calendas griegas. Entre otras cosas, interfieren las disputas de los caciques de la región con respecto a la habilitación de las sendas necesarias, actitud amparada por la nueva CPE al imponer el consentimiento de los originarios, mientras el Gobierno observa de lejos.
Estos son los asuntos más urgentes que deben actualizar los señores diputados y debutantes asambleístas departamentales, a la cabeza del primer Gobernador de La Paz, superando su absorbente preocupación por temas políticos insustanciales o por el monto de sus dietas, respectivamente. Por otra parte, más importante para “paceños y no paceños” es que el Gobernador y el Alcalde contiendan por la realización de obras y no por quién organiza y preside el programa del 16 de Julio, como acaba de ocurrir.
El Mundo: Sin recursos
Parece que se hubiera puesto de moda, cada día recibimos información sobre accidentes que se producen en las carreteras, en la mayor parte de los casos por irresponsabilidad de los conductores, antes que por desperfectos mecánicos u otras causas que podrían considerarse menos previsibles.
En uno de los últimos casos, las autoridades decidieron suspender el servicio de dos empresas de transporte, por haber tenido accidentes repetidos y se consideró que hubo falta de previsión para evitar que esos hechos puedan repetirse.
Al presentarse el problema, el reclamo fue dirigido a las autoridades de Tránsito que con razón, pueden considerarse las responsables de no controlar el tráfico de vehículos del servicio público de transporte interdepartamental y de vigilar para que éste se cumpla en condiciones satisfactorias.
Las autoridades de Tránsito, en un principio, manifestaron su intención de ejercer un mayor control; sin embargo, luego indicaron que la poca cantidad de efectivos con que cuenta el servicio, hace que el control se realice en forma precaria.
En algunos casos, las autoridades departamentales han anunciado la posibilidad de crear organismos de control que puedan cumplir esa labor, no obstante, las autoridades de Gobierno han manifestado su oposición a que en los distritos puedan crearse instituciones de seguridad y control, expresando que esa función es privativa del Gobierno central.
En el caso presente, no se trata de la falta de recursos con que podrían tropezar las autoridades regionales, al momento de crear esos organismos, ya que se ha previsto también la obtención de recursos.
Recordemos que los fondos son retenidos en forma sistemática por el Gobierno central que si bien vuelven en parte a la ciudadanía, como bonos por distintas razones, la magnitud de los mismos no justifica la inversión y por otra parte, hay otros factores más importantes, como es preservar la seguridad de la ciudadanía.
Mientras los comerciantes callejeros que se dan el lujo de obstruir el libre transito de vehículos y peatones, tiene la posibilidad de crear organismos de vigilancia, para preservar sus intereses, las limitaciones llegan para las autoridades que pretenden poner orden en la situación. Nos parece ilógico que por ser militantes del partido de gobierno, esos sectores de la ciudadanía puedan actuar en perjuicio de los intereses de los demás.
Las irregularidades aparecen día a día, mientras el Gobierno se encuentra empeñado en situaciones de menor importancia, con el propósito de garantizar su permanencia en el poder, aunque las condiciones en que vive la ciudadanía no sean las mejores.
Si sólo pensamos en el tema de transporte de pasajeros podemos advertir cómo el peligro del transporte por vía terrestre se ha convertido en una amenaza permanente, mientras el Gobierno tiene apuntada su artillería contra la única empresa que cumple con regularidad servicios de transporte aéreo en la red troncal.
El objetivo del la operación está a la vista, las autoridades quieren, por todos los medios, evitar la competencia para una empresa aérea creada en la presente gestión, para reemplazar al LAB que intentaron rehabilitar sin lograrlo, por el grave estado en que dejaron a esa empresa los socios encargados de la capitalización.
Mientras la BoA ofrece un servicio precario, AeroSur ha incorporado en el servicio varias naves y ante la imposibilidad de acusarla por faltas como el mantenimiento de las naves, se ha puesto como excusa la omisión del pago de impuestos; sin embargo, está de por medio la deuda del Estado por el uso de servicios de la empresa y se ve con claridad que la idea es hacerla desparecer, para evitar el pago y justificar la medida con el tema impositivo.
Opinión: Bandas delictivas de loteadores e impunidad
Lo que ha ocurrido hace algunos días en la zona de Takoloma, a pocos kilómetros de la ciudad en cercanías de la carretera antigua a Santa Cruz, es el reflejo de impunidad con la que siguen operando las bandas de loteadores.
El problema tiene que ver con grupos de personas inescrupulosas que trafican con lotes, la mayoría de las veces, sin documentación o con papeles fraguados. Se desenvuelven en redes delictivas cuyo principal negocio es incautar a personas que no tienen vivienda y que ven en el ofrecimiento de un lote a bajo precio, sin servicios ni urbanización alguna, una oportunidad para tener en poco tiempo el techo propio. Lamentablemente sus sueños y esperanzas se desvanecen cuando se dan cuenta que fueron estafados porque los delincuentes les vendieron lotes en áreas fiscales, en tierras privadas o que están en litigio.
Si bien el problema tiene connotaciones sociales por la falta de planes habitacionales, el incremento de corrientes migratorias del campo a la ciudad, lo que aumenta la demanda de vivienda, el mismo se inscribe en el delito común, porque los grupos de loteadores han visto que el tráfico de tierras ajenas es un buen negocio que les reporta réditos. Son gente que no les importa los efectos posteriores, lo principal son sus ganancias.
Lo peor de toda esta situación es que los loteadores que trafican con extensiones de tierra diferenciada, desde las más modestas hasta predios enormes, tienen una especie de impunidad, porque no se conoce de casos en que los estafadores hubiesen entrado a la cárcel por sus delitos. Se esconden precisamente en la maraña de papeles y expedientes que ellos mismos crean, muchas veces en procesos ficticios y otras en falsificaciones.
Los loteadores tienen influencia en determinados niveles de la misma Alcaldía municipal porque mantienen ciertas relaciones con algunos funcionarios que tienen que ver con la aprobación de planes, poseen redes de abogados y gente que de un modo u otro está vinculada con el negocio.
Además de estos grupos organizados, existen aquellos que a nombre de organizaciones sindicales, del partido oficialista y de otras supuestas organizaciones y ?cooperativas? organizan a personas de escasos recursos económicos para ofrecerles planes de vivienda, en una acción que no difiere en mucho a las bandas de loteadores que describimos líneas arriba, por el contrario, son casi complementarias.
La acción policial es decisiva en situaciones en las que los loteadores y las personas han ocupado predios, porque un asentamiento de estas características puede continuar sentando precedentes negativos en la pacífica posesión de la propiedad privada y fiscal. Hace algunos días la Policía tuvo que intervenir en Takoloma desalojando a la fuerza a los asentados y posteriormente se instruyó la demolición de las precarias construcciones.
En realidad no queda otro recurso que usar la fuerza. Sin embargo, lo que extraña, como dijimos, es que los culpables de esta situaciones, es decir los traficantes de terrenos, desaparecen y despreocupados del problema obtienen el dinero de la estafa. Igual cosa ocurre con los dirigentes en una acción que desde hace mucho tiempo deja en la impunidad este tipo de delito, y en medio, a centenares de familias que al final no tienen vivienda y han perdido dinero.
Si por un lado se justifica la acción coercitiva para el desalojo de los ocupantes y la destrucción de pequeñas construcciones ilegales, del mismo modo, es urgente que las autoridades y el Ministerio Público investiguen y procesen a los culpables de esta situación social que se ha extendido con caracteres de preocupación ante la indiferencia de las autoridades y de la sociedad civil.
Clarín, Argentina: La ex SIDE, bajo control opositor
La experiencia de la tradición democrática iniciada en 1983 ha puesto en evidencia la necesidad de que la actuación del Servicio de Inteligencia (ex SIDE) quede bajo un contralor no oficialista, de modo de sancionar y prevenir abusos y actuaciones ilegales que se han hecho recurrentes en la política argentina. Por este motivo, resulta muy importante el hecho de que la oposición por primera vez cuente con la mayoría en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, pasando también a presidir la misma.
Hasta ahora ha fallado el autocontrol de las fuerzas gobernantes, las cuales han sido, de diferentes modos, permeables a los hábitos autoritarios e irrespetuosos de la legalidad de los servicios de inteligencia, una de las tantas gravosas herencias del pasado dictatorial. De ese modo, los legisladores oficialistas han consentido que el titular del Ejecutivo de su mismo partido actuara sin ninguna limitación en el terreno de la inteligencia estatal y el uso de los fondos reservados, permitiendo que se extendiera una cultura incompatible con la democracia y el Estado de Derecho. No solo, entonces, no se ha logrado construir un dispositivo de inteligencia conforme al un orden republicano de gobierno y a los requerimientos de la defensa nacional, sino que se utilizaron los recursos públicos para incidir en disputas internas de diferente entidad.
Ha sido lamentable la utilización arbitraria de fondos reservados y la comisión de actos tan graves como escuchas ilegales, una práctica que ha mostrado la persistencia del modelo autoritario de vigilancia y disuasión de distintas formas de disidencia.
Ahora se ha dado un paso que puede revertir o por lo menos moderar dichos abusos. Así, la Comisión Bicameral ya ha señalado su interés en investigar el uso de los fondos reservados y controlar la práctica de escuchas telefónicas, las cuales sólo son legítimas si están ordenadas por la Justicia. Un control efectivo sobre la SIDE y los restantes organismos de inteligencia es necesario para fortalecer el Estado de Derecho.
Es importante que los organismos de inteligencia sean sometidos a un control no oficialista. La decisión de la Comisión Bicameral de investigar fondos reservados es un avance.