El precio de la indignidad

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: El precio de la indignidad

2. Bajo el Penoco, El Día: El físico de Rimba

3. Los Tiempos: Alerta en América Latina

4. El Deber: Un periodista frente al fiscal

5. La Razón: Relaciones rotas

6. Cambio: Horror paramilitar

7. La Prensa: Imprevisiones de toda índole

8. El Diario: Mayores ingresos para menor volumen de producción

9. El Mundo: Tontamente

10. Opinión: Si lo esencial no cambia, lo demás queda igual o peor

11. Clarín, Argentina: Déficit en los controles de los actos de gobierno

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El Día: El precio de la indignidad

Hace unos días el alcalde Percy Fernández dijo que él es un “duro de tumbar” y puede que sea cierto, ya sea por su enorme liderazgo o porque tiene bien amarradas las alianzas indispensables para sobrellevar un régimen que está derrocando autoridades como fichas de dominó.

El viernes, el tiro del régimen le sopló la oreja derecha a Percy Fernández y justo atinó a la segunda persona en importancia en el Municipio, a la concejal más antigua y a la primera mujer en la historia de Santa Cruz en presidir el órgano deliberante. A través de una maniobra judicial amañada, llena de fallas de procedimiento, Desirée Bravo fue detenida, esposada y conducida a una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde tuvo que compartir el espacio con ladrones, violadores y asaltantes.

Quedó claro el mensaje. Nadie puede sentirse seguro en este país y menos en Santa Cruz. Ni el voto popular, ni los pactos o contubernios que le han permitido al MAS jugar de local en la comisión de sus fechorías pseudos jurídicas, son capaces de asegurarle a nadie la supervivencia política, el cargo o la libertad. Los que optaron por la indignidad, ahora tendrán que soportar la guerra.

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Y cuando se dice “nadie” eso incluye a los indígenas del oriente boliviano, fieles creyentes y militantes del “proceso de cambio” que acaban de ser derrotados y humillados y a quienes el presidente Morales los ha calificado como unos “buscapegas” por exigir el cumplimiento de una Constitución que usó a los originarios y a sus reivindicaciones simplemente como una bandera y un adorno retórico.

Ya no se trata simplemente del poder. Al régimen del MAS le ha sobrado el poder para perfilar el Estado Plurinacional a través de cinco leyes que le otorgan el dominio absoluto de todas las instancias republicanas, en una amplitud que ningún otro gobierno lo había conseguido en la historia de Bolivia. De lo que se trata ahora es de establecer los alcances del nuevo sistema que ha terminado de destruir el Estado de Derecho. Hoy toca ponerlo en acción y hacerles conocer a los habitantes del país cómo funcionan las cosas.

¿Y a dónde nos conduce este generoso derroche de poder que ahora goza del pleno derecho de aplastar? Pues a encarcelar a alguien por un falta menor; a sacar de su cargo a un alcalde por comprar unos autos viejos, mientras que al caudillo se le tolera el capricho de un costoso avión, adquirido directamente, sin licitación ni sujeción a ninguna norma de control de los gastos públicos. Con estas acciones, el MAS, que hizo una tortuosa marcha desde la legitimidad hacia una legalidad que ha bastardeado con leyes abusivas y antidemocráticas, no hará otra cosa más que desandar los caminos hacia una deslegitimación acelerada, y lo que es peor, podría caer en la peor decadencia moral, directamente proporcional al poder que hoy detenta. Esto podría resultar intolerable para una sociedad bajo constante amenaza.

No cabe duda que Santa Cruz se encamina a ser la principal víctima de los atropellos de este poder, que en algún momento se estrellará contra sus límites. No es bueno, entonces que el liderazgo regional asuma un papel contemplativo y menos complaciente, cuando debería ser el abanderado de la intolerancia frente al abuso. De cualquier forma, nadie quedará al margen.

 

Encarcelar a la presidenta del Concejo de Santa Cruz ha sido el mensaje más claro de que nadie está a salvo en el régimen actual.

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Bajo el Penoco, El Día: El físico de Rimba

Ayer tratábamos de hablar en términos figurativos en relación a la crisis del fútbol boliviano y la torpeza con la que pretende intervenir el Estado Plurinacional de Bolivia, que seguramente tiene ya disponible algún fiscal del taco de Marcelo Soza, para hacer y deshacer en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Decíamos que la FIFA es uno de los más grandes sindicatos del mundo y que el presidente Evo Morales debería ser el primero en entender cómo funciona ese grupo, pues él comanda al gremio más importante del país que también tiene ramificaciones en el exterior y que lo convierten en la subsidiaria de una gran multinacional. Por eso es que el Gobierno ha mandado al viceministro de Deportes, el pobrecito de Miguel Ángel Rimba, a dar en el clavo; es decir, a que diga que la FIFA es una mafia, así de claro y contundente. ¡Chocolate por la noticia, querido Correcaminos! Bien por la intrepidez del ex seleccionado, ojalá que tenga más espaldas que Maradona para afrontar lo que se le viene por tirarse contra semejante… sindicato.

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Los Tiempos: Alerta en América Latina

Si hay dos adversarios diferentes en sus actitudes pero muy parecidos en su ambición de poder éstos son el mandatario venezolano Hugo Chávez y su colega colombiano Álvaro Uribe, y ambos -más allá de las simpatías y antipatías que puedan generar– han puesto a la región en alerta.

Intentando clarificar posiciones, se puede sostener que el mandatario colombiano, a escasas dos semanas de dejar el mando, ha aprovechado la abierta simpatía que Chávez tiene por los grupos irregulares FARC y ELN de Colombia para presentar ante la OEA supuestas pruebas de que en Venezuela se brinda pleno apoyo a integrantes de esos grupos.

En la propia Colombia se ha interpretado esta actitud como un mensaje interno a su sucesor: más allá de la veracidad o no de las denuncias, lo que correspondería es que se deje este asunto en manos del sucesor. Pero, para Uribe parecería que lo importante es que éste asuma que es imposible cambiar la política secante en contra de esos grupos y de quienes se consideren sus aliados (implícitos o explícitos), más aún si el presidente electo lanzó señales de acercamiento a su futuro colega Chávez.

El mandatario venezolano, a su vez, intenta aprovechar esta denuncia para respaldar su afán reeleccionista en el que está interesado, pero en condiciones sociales, económicas y sociales internas que distan lejos de ser las mejores. De imprevisto aparece un "enemigo" externo real (porque sus denuncias sobre permanentes agresiones del "imperialismo" en su contra ya no son creíbles) que le sirve para reorganizar apoyos internos, particularmente el del estamento militar. Por tanto, en una de sus histriónicas intervenciones públicas y mientras recibía al director técnico del fútbol argentino, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia y dispuso declarar un estado de alerta en esa frontera.

La reacción del mandatario Colombiano ha sido muy parca, similar a la que ha adoptado a lo largo de los últimos años luego de provocar la ira de su colega venezolano, actitud pública que ha consolidado una imagen de estadista que le ha permitido, en este caso, fortalecer aún más su fuerza política en el ámbito interno y, en el externo, reintroducir el tema del apoyo del gobierno  venezolano a grupos terroristas, ligados con el narcotráfico. Incluso, si no hubiera algunos síntomas de que la situación tiende a agravarse, se podría sostener que el presidente Chávez cayó, una vez más y por su carácter poco reflexivo, en una nueva trampa que aquél le ha tendido (además, ayuda a Uribe no haber postulado a su segura tercera reelección, pese a contar con más del 70 por ciento de aprobación, acatando una resolución de la Corte Suprema de Justicia, mientras que Chávez va hacia una tercera reelección destrozando toda institucionalidad en su país).

En este contexto, la mayoría de los países de la región ha pedido prudencia a ambos mandatarios, ofreciendo su mediación para evitar cualquier escalada que pueda derivar en actos de violencia (no es el caso del Primer Mandatario de Bolivia, que ha dado prioridad a sus sentimientos de amistad e ideológicos antes que a los intereses del país, se ha pronunciado oficiosamente al agredir verbalmente al mandatario colombiano), objetivo que debe primar por sobre cualquier otra consideración. En todo caso, hay que seguir atentamente la evolución de los acontecimientos y esperar que la agresión verbal no se transforme en agresión militar.

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El Deber: Un periodista frente al fiscal

Parece que el inefable fiscal Marcelo Soza nunca leyó ni por el forro el vigente Código de Procedimiento Penal. Unas simples y vagas sospechas sobre supuesta participación en las acciones ‘terroristas’ imputadas a la ‘banda’ del boliviano-húngaro Rózsa le sirven de fundamento para obligar a ciertos ciudadanos cruceños, bajo la conminatoria de mandamiento de apremio, a comparecer ante su autoridad para definir su situación procesal penal, tras las declaraciones que formulen.

En el caso del periodista José Pomacusi, de una vasta y reconocida trayectoria en el campo de la comunicación social, semejante ligereza asume características patéticas. El fiscal de marras quiere involucrarlo a toda costa en un caso cuyo origen y verdadera naturaleza permanece aún en el misterio, sólo porque su nombre aparece en una lista de direcciones de Rózsa y por un ocasional contacto suyo con otros imputados. O porque, como otros tantos periodistas, acudió a determinado lugar, una casa de campaña, en Santa Cruz de la Sierra, a cumplir con lo suyo e inherente a su oficio. Nada más que eso.

En los tiempos de hoy que obligan a una necesaria e inevitable vinculación con personas e instituciones, resulta totalmente imposible permanecer aislado, como un anacoreta. Sobre todo, si se es periodista, como José Pomacusi, que dirige una prestigiosa publicación y un espacio televisivo que lo obliga a múltiples y variados contactos diarios, a fin de hacerse de fuentes de temas con los cuales nutrir sus agendas temáticas. En consecuencia, es lógico y natural que su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico conste en libretas y registros de computadoras de moros y cristianos.

Conforme a las normas de procedimiento penal, tales registros carecen totalmente de valor indiciario para fines de una imputación. Si realmente fuese cierto que en esta ciudad había ‘terrorismo’ que apuntaba a un ‘magnicidio’ (asesinato del Jefe del Estado), contra Pomacusi, a fin de citarlo a La Paz y finalmente decidir si vuelve libre o va preso a la cárcel de San Pedro, eran indispensables datos adicionales de tipo testifical o factual en tal dirección, que no existen. Así que el asunto se queda en una simple e injustificada sospecha, a pesar de lo cual Pomacusi tendrá que ir por segunda vez a la ciudad sede de Gobierno a declarar ante el fiscal Soza, puesto que éste, en la primera, por razones que no explicó, lo dejó plantado, sin considerar el perjuicio que le significa ello a su nueva ‘víctima’, obligada a gastar en pasajes aéreos por doble partida para costear el viaje que lo coloque frente a su implacable ‘juzgador’.

Algo más que conviene hacer notar. Si se hace un análisis de contenido de la revista y del programa televisivo que dirige Pomacusi, se colige enseguida su apertura a todas las tendencias. En sus páginas y espacios tienen cabida las voces del Gobierno y de la oposición, sin excepción alguna. También está incorporada, naturalmente, la crítica, casi siempre justificada, al régimen actual. Y esto último es lo que no se admite desde Palacio Quemado, por lo cual se instruye al represor procesal penal que encarna el fiscal Soza caer sin piedad sobre el prestigioso comunicador a fin de silenciarlo. No solamente esto: como para que vayan tomando nota otros periodistas independientes, la finalidad es intimidarlo para que nunca más vuelva a cuestionar a los soberbios e intolerantes empoderados del régimen actual, en lo que constituye un franco atentado contra la libertad de prensa y expresión en el país.

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La Razón: Relaciones rotas

Otra vez la “dignidad” es utilizada como justificativo para adoptar una política internacional que lesiona los vínculos de paz entre naciones hermanas, de cara a una renovada pugna de tipo bilateral. En la discordia se admite todo menos la provocación a la violencia, especialmente si ésta involucra a países y conlleva un riesgo de conflicto bélico.

El presidente Chávez dijo el jueves: “Yo alerto a la comunidad internacional que nosotros no aceptaremos ningún tipo de agresión ni de violaciones a nuestra soberanía (…) a una guerra con Colombia habría que ir llorando pero habría que ir”. La primera parte de esa alocución es, a todas luces, racional: ningún gobierno debería permitir agresiones por parte de otro, sobre todo si la provocación acarreara el atrevimiento de rozar la soberanía de su país. En cambio, la alusión a una guerra no corresponde a un mandatario elegido democráticamente y cuya responsabilidad principal es la de mantener la paz.

Caracas nunca aceptó el acuerdo que Bogotá firmó con Washington para que el Ejército de Estados Unidos utilice bases militares colombianas. Esa fue la mecha que encendió este fuego.

Bolivia, con su habitual posición de hacer espíritu de cuerpo junto con los países del Socialismo del Siglo XXI, tomó el mismo camino que Chávez desde que Evo Morales llegó al poder. En esta oportunidad, el Presidente boliviano culpó a Colombia de la tensión con Venezuela; es decir que no siguió la línea prudente adoptada, por ejemplo, por el Gobierno peruano, al apoyar una eventual mediación de Brasil y la Unasur.

Bolivia, como país, dijo a través de su Cancillería que la ruptura de relaciones se produjo por “hechos inoportunos y de provocación innecesaria”.

El conflicto desató en paralelo una serie de cuestionamientos contra la OEA, principalmente contra el secretario general José Miguel Insulza, quien de esta manera recolecta críticas como lo hizo en su primera gestión. El organismo americano y su máxima autoridad vuelven a estar en el ojo de la tormenta.

Los pueblos sudamericanos no se merecen romper siglos de hermanamiento por disputas circunstanciales de mandatarios.
El polémico presidente de Venezuela, quien cuenta con el mayor éxito en Twitter —cosechó 85 mil seguidores el día que abrió su cuenta en esa red social— podría aprovechar mejor su popularidad para regar por el mundo un mensaje de paz.

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Cambio: Horror paramilitar

Los ultraderechistas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesaron que en las zonas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario y Puerto Santander —en Colombia— se construyeron hornos crematorios para incinerar los cuerpos de sus víctimas, señala un informe difundido ayer por la cadena latinoamericana de televisión TeleSur, que cita como fuente al sito web Verdad Abierta que tuvo acceso a testimonios de un ex paramilitar que colabora con la justicia y se evidencia la dimensión a la que llegaron los grupos armados.

Iván Laverde Zapata —quien fuera miembro de las AUC— decidió colaborar y narró a los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que "la idea del horno la dio Mauricio García, alias Doblecero y la materializó Daniel Mejía’’. Reveló que, además de la instalación de hornos crematorios, muchas víctimas fueron arrojadas al río Cauca, en el sur del departamento de Antioquia. Por vez primera, un ex paramilitar hace referencia al uso de este tipo de mecanismos —de desaparición forzada— ahora la Fiscalía realiza las investigaciones y espera que otros desmovilizados aporten con más información.

A finales de la década de los años 90, la orden impartida por los comandantes paramilitares fue desaparecer a sus enemigos de cualquier manera, con tal de no dejar evidencia de sus ejecuciones y evitar que las cifras de asesinatos ascendieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas.

Otra de la técnicas para acabar con el llamado enemigo, es desmembrar a las víctimas, tirarlos en fosas comunes, lanzarlos a los ríos.

Es decir, como indican investigadores de la Universidad de Antioquia, la existencia de crematorios demuestran que ese tipo de criminalidad demanda un carácter sistemático y selectivo. Lo que quiere decir que fue planificado, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían "en máquinas de guerra", aclararon, citados por TeleSur. El tema de los hornos, no dejaba de ser un rumor en Medellín, porque a pesar de las denuncias no se ofrecía información sobre el caso que afirmara o negara el hecho. Actualmente, un grupo de investigadores hace seguimiento al tema desde hace varios meses y ya posee datos concretos que trata de constatar.

"Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", confesó el ex paramilitar a los investigadores. Entre 1995 y 1997, los paramilitares secuestraban personas, las asesinaban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, señaló el desmovilizado.

"Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las AUC cayeron presos", narró.

Tras la orden de desaparecer a las víctimas, surgió la idea de construir un horno crematorio por parte de Mauricio García, alias Doblecero; quien comandaba el Bloque Metro; mientras que Daniel Alberto Mejía, alias Danielito; de los bloques Cacique Nutibara, concretó el proyecto. "El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana", continuó.

Según el testimonio del ex paramilitar, entre 10 y 20 personas eran llevadas a los hornos en la semana, y se tenía un procedimiento para la acción. "Cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían: ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre".

Además, un informe presentado por la Fiscalía de Colombia ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), revela que 2.133 menores de 18 años fueron víctimas de las AUC, el grupo de extrema derecha paramilitar más grande y sanguinario de ese país suramericano.

Según Radio Caracol, el documento fue remitido por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al representante en Colombia de la Unicef, Paul Martin, con el fin de facilitar a la ONU, las cifras exactas sobre los delitos cometidos contra los niños por parte de las autodefensas, antes de desmovilizarse, como asegura el Gobierno que ocurrió.

También se denuncia que 653 menores de edad fueron reclutados por las AUC para hacer parte de sus filas, la mayoría de ellos varones, que sumaron un total de 540 casos. En cuanto a asesinatos, las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta de 111 niños muertos y 1.320 desplazados por el conflicto bélico colombiano. Además, se han encontrado 104 cadáveres de infantes en fosas comunes, la mayoría de ellos en los departamentos de Meta (centro sur) y Magdalena (norte).

Estas son las cifras del horror que vive Colombia, azotada por la desenfrenada violencia que generan grupos irregulares alzados en armas y las Fuerzas Armadas, en el marco de la solución militar a la guerra interna, opción que impulsa el gobierno del saliente presidente Uribe, quien, además, precipitó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

En la Alemania nazi el odio racial envió a millones de seres humanos a los hornos de cremación, de exterminio en masa de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es urgente que las autoridades colombianas no sólo esclarezcan esos crímenes paramilitares sino que identifiquen a los cómplices y encubridores, y los sancionen en defensa de la ley, la vida y la democracia.

A finales de la década de los 90, la orden impartida por los comandantes paramilitares fue desaparecer a sus enemigos, con tal de no dejar evidencia de sus ejecuciones y evitar que las cifras de asesinatos ascendieran de manera desproporcionada.

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La Prensa: Imprevisiones de toda índole

La improvisación no es nueva. Ha sido siempre una característica boliviana el dejar que las cosas sucedan y luego ?ver qué se puede hacer".

En el marco de una conducta gubernamental que lidia con la arrogancia y que promete mucho más de lo que se puede cumplir, choca ante la opinión pública una recurrente repetición de imprevisiones estacionales o de coyuntura y que a esta altura ya ocurrieron, como también sabemos que ocurrirán pero ?como siempre? sin hacer nada, sin tomar precauciones.

Si se trata del controvertido nuevo avión presidencial, he aquí que al margen de su compra sin cumplir regulaciones establecidas, no se tomó en cuenta la sofisticación de la aeronave en materia de conducción y mantenimiento. Resultado: hasta el momento la flamante adquisición permanece en un hangar y sin poder ser usada. De este insólito caso pasemos a otros más usuales que afectan con dureza a gran parte del pueblo boliviano.

Se sabe con anticipación que habrá sequía en el Chaco y en otras regiones del país. Así lo determina el calendario anual de pronósticos del tiempo. Sin embargo, al no tomar las previsiones necesarias, todos los años se repite el triste espectáculo de ganado muerto y de cosechas perdidas. Se sabía casi matemáticamente cuál sería la época más fría del año, pero se persistió en adelantar las vacaciones escolares de invierno. Otra imprevisión que pone en riesgo la salud de la niñez. Se sabe que en poco tiempo más comenzará la nefasta época de ?chaqueos? y desde ahora podemos afirmar con certeza que nada se está haciendo sobre el particular. Agreguemos el periodo de las inundaciones que viene con las lluvias veraniegas y que también es de fácil pronóstico por su regularidad anual. Que sepamos, nada se hace ni se hará. En pocos meses más volveremos a reeditar los titulares de prensa de cada año, de cada uno de estos momentos que se repiten y repiten, siempre sin que se haga nada.

Los accidentes de tránsito suman y suman, llegando a cifras totales de horror. Sigue sin ordenarse este conflictivo tema que afecta a la mayoría de la ciudadanía usuaria del transporte terrestre. Los cultivos de hoja de coca crecen desmesuradamente destruyendo el medio ambiente y creando situaciones potencialmente explosivas por el auge del narcotráfico. Tampoco se hace nada en este delicado campo, aunque ya arrecian las críticas internacionales, pero eso sí, se habla hasta por los codos de ?preservar la Madre Tierra? mientras se la daña implacablemente.

Si se insiste tanto en la necesidad de una planificación estatal, es obvio que todas estas anomalías podrían superarse en parte ?o por lo menos atenuarse en su intensidad? mediante programas de acción establecidos a priori por las oficinas responsables del Gobierno. Pero no, pareciera ser que la administración se preocupa más por llevar adelante sus procesos hegemónicos que por superar una cadena de problemas que ?con la natural aleatoriedad imprevista que podría presentarse más allá de la voluntad humana? sí son superables o mitigables, al menos en forma parcial.

La improvisación no es nueva ni es de ahora. Ha sido siempre una característica boliviana el dejar que las cosas sucedan y luego ?ver qué se puede hacer?. Pensamos que con el mentado ?cambio profundo? sería diferente, pero no ha sido así. Todo sigue igual, excepto la creciente verborrea del oficialismo. La sumatoria de imprevisiones se agiganta. Lamentable en verdad.