Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Historia repetida
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Bajo el Penoco, El Día: Mensajes cifrados
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Los Tiempos: EL PRESIDENTE DEL ESTADO DEBE UNA EXPLICACIÓN
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El Deber: Imprevisiones de toda índole
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La Razón: Hacia las autonomías
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Cambio: Cimientos del nuevo Estado
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La Prensa: Cuidado con la economía
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El Diario: Significado de la disputa sobre actos cívicos
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El Mundo: Optimismo
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Opinión: La crítica del Ministro de Gobierno contra la Policía
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Clarín, Argentina: El fracaso de la política energética
El Día: Historia repetida
Cuando a Evo Morales le exigieron una opinión sobre la invasión de los campesinos de Ucureña a Santa Cruz a finales de los años ‘50, el Presidente se excusó diciendo que él no había nacido cuando ocurrió ese oprobio de detenciones, persecución y muerte con la que el poder central del MNR aplastó las luchas cívicas, que fueron tildadas de separatistas, por exigir el pago de las regalías petroleras.
Pese a que no fue testigo de esa barbarie, el Presidente ha dado muestras suficientes de que conoce perfectamente lo que sucedió porque ha vuelto a aplicar el mismo libreto y esta vez no puede alegar inocencia. Encima se burla de los cruceños, poniéndole el nombre de Andrés Ibáñez a la Ley Marco de Autonomías, una antítesis de la descentralización. El líder federalista igualitario fue asesinado en 1877 en una anterior incursión armada sobre Santa Cruz, por el mismo centralismo que envió a los ucureños en 1957 y 1959 y que provocaron la masacre de Terebinto.
Hoy, 52 años después de ese triste episodio también hay muertos qué llorar, hay perseguidos y ucureños con uniforme que metieron bala para desprestigiar a toda una región, destruir a sus líderes y conseguir una nueva humillación consistente en truncar sus aspiraciones autonómicas.
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Lo que resulta curioso es que Evo Morales se niegue a compararse con los líderes del MNR, cuyos bustos y retratos han sido retirados del Palacio Legislativo. Él ha preferido mostrar mayores consideraciones con los dictadores de los años ‘70, a quienes ha liberado de toda responsabilidad por las barbaridades cometidas, para achacárselas a los políticos que tocaron las puertas de los cuarteles y a la influencia de Estados Unidos en los procesos militares del continente.
Evo Morales vuelve a alegar inocencia. Dice que él jamás fue víctima de los dictadores, aunque recuerda que en 1978, cuando cumplía con su servicio militar, pudo ser testigo de las atrocidades que se cometían en los cuarteles contra los opositores. No se puede entender que el portador de un férreo espíritu rebelde y revolucionario no haya reaccionado en esa ocasión y peor aún que hoy esté justificando ese tipo de actos.
Justificar al dictador Luis García Meza no sólo es avalar sus atropellos en contra de la democracia y los derechos humanos sino apoyar la instauración de una “narcodictadura” que llevó al país a un período de oscurantismo, con la penetración de mafias extranjeras y la entronización de verdaderos reinos y principados de la cocaína.
Se entiende perfectamente que el Presidente se haga el desentendido con la historia de sometimiento de Santa Cruz frente al andinocentrismo, acentuado hoy por medio por un régimen absolutista que usa la “aymarización” del país como herramienta de dominación ideológica. Lo que resulta desconcertante es que exprese unas generosas consideraciones hacia jefes militares que jamás podrían alegar inocencia u obediencia debida para encubrir asesinatos, desapariciones y peor todavía, conducir al país hacia el sendero de las drogas. Es posible que el Presidente haya cometido un lapsus al hablar el otro día en un acto que debía ser de condena al golpe de García Meza. De otra forma habría que entender que Evo Morales está comenzando a establecer una empatía con procesos políticos que guardan ciertas similitudes con el actual.
El MAS ha truncado las aspiraciones autonómicas de Santa Cruz con las mismas armas usadas contra la región en los años ‘50.
Bajo el Penoco, El Día: Mensajes cifrados
El 23 de junio, el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, mostró en Sucre una gran cantidad de explosivos que supuestamente iban a usarse en las manifestaciones contrarias al derrocamiento del alcalde Jaime Barrón. Era la antesala para encasillar a los opositores sucrenses como “terroristas”, treta que olieron los capitalinos y decidieron replegarse, aunque todo era parte de una patraña, que la propia Policía se ha encargado de develar justo ayer. Ocurre que las 23 cajas con unos 2.300 cartuchos de dinamita y otros artefactos para manipular explosivos, pertenecen a una empresa legalmente establecida que distribuye ese material a las minas. Nadie está diciendo que la Policía hace quedar en ridículo al Ministro. Lo único cierto es que se ha reportado cierto malestar en las filas policiales luego de las declaraciones de Llorentty, quien afirmó la semana pasada que la institución verde olivo se está convirtiendo en una amenaza pública. Es posible que ante la claridad del mensaje del Ministro sobre la Policía, ésta haya decidido responder con la misma contundencia.
Los Tiempos: EL PRESIDENTE DEL ESTADO DEBE UNA EXPLICACIÓN
Por sobre cualquier tipo de divergencia de orden político-ideológico, hay valores que en un Estado que se reclama democrático se debe respetar
Este 17 de julio, el Presidente del Estado, en el acto de homenaje a las víctimas de las dictaduras, particularmente la que en 1980 asoló al país, dijo que se ha dado cuenta "de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas".
Proviniendo del primer mandatario, se trata de una exculpación a los mandos militares que ese 17 de julio, como a lo largo de nuestra historia, irrumpieron en la vida política instalando dictaduras castrenses que provocaron un daño profundo a la nación. Y, además, esta espontánea declaración explica, en el fondo, las razones por las que los actuales mandos militares se sienten libres de no acatar la instrucción judicial de proceder a desclasificar los documentos reservados que están en su poder y que permitirían, por un lado, conocer a cabalidad la operación del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y, por el otro lado, el destino de los desaparecidos entre ese cruento episodio -entre ellos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega, Carlos Flores- y la derrota de la dictadura en octubre de 1982.
Por tanto, bien hacen en reclamar los representantes de las organizaciones de familiares de los detenidos-desaparecidos y de defensa de los derechos humanos no alineadas con el oficialismo para que el Órgano Ejecutivo instruya a su mando militar entregar la documentación requerida. Más aún si, de acuerdo al criterio del primer mandatario, los comandantes de las Fuerzas Armadas son simples ejecutores de instrucciones provenientes del el ámbito político o el imperio, y a éstos para convencer a la ciudadanía de que sí fueron sólo dóciles instrumentos de fuerzas externas a ellas.
Sin embargo, cabe la esperanza de que el primer mandatario no haya sabido explicar con mayor precisión su pensamiento y su intención no haya sido la de exculpar a los comandantes en funciones que ejecutaron los golpes de Estado, sino que, más bien, pretendiera decir que no eran ellos, por sí, los únicos que estaban detrás de ellos.
Si este es el caso, bien haría el propio mandatario o sus colaboradores, por un lado, si explica mejor su posición y, por el otro y como condición sine que non, deja de tolerar la resistencia de los mandos militares a levantar la reserva sobre los "archivos de la dictadura". En ese campo, es necesario que se den cuenta de que se trata de una obligación no sólo de sensibilidad humana, sino porque la desaparición es un delito de lesa humanidad.
En este sentido, corresponde reiterar que por sobre cualquier tipo de divergencia de orden político-ideológico, hay valores que en un Estado que se reclama democrático se debe respetar. Y así como la justicia defendió los derechos del entonces ciudadano Evo Morales cuando fue desaforado ilegalmente del Parlamento y le devolvió su curul con la correspondiente compensación, el primer mandatario debe extremar esfuerzos para que las leyes sirvan para la defensa de los derechos humanos de ayer, hoy y mañana. Si no, se puede predecir que los cambios que desde el poder se busca ejecutar habrán sido en vano.
El Deber: Imprevisiones de toda índole
En el marco de una conducta gubernamental que lidia con la arrogancia constante y que promete mucho más de lo que se puede cumplir, choca ante la opinión pública una recurrente repetición de imprevisiones estacionales o de coyuntura y que a esta altura ya ocurrieron, como también sabemos que ocurrirán pero -como siempre- sin hacer nada, sin tomar las necesarias precauciones.
Si se trata del controvertido nuevo avión presidencial, he aquí que al margen de su compra sin cumplir regulaciones establecidas, no se tomó en cuenta la sofisticación de la aeronave en materia de conducción y de mantenimiento. Resultado: hasta el momento la flamante adquisición permanece en un hangar y sin poder ser usada. De este insólito caso pasemos a otros más usuales que afectan con dureza a gran parte del pueblo boliviano.
Se sabe con anticipación que habrá sequía en el Chaco y en otras regiones del país. Así lo determina el calendario anual de pronósticos del tiempo. Sin embargo, al no tomar las previsiones necesarias, todos los años se repite el triste espectáculo de ganado muerto y de cosechas perdidas. Se sabía casi matemáticamente cuál sería la época más fría del año, pero se persistió en adelantar las vacaciones escolares de invierno. Otra imprevisión que pone en riesgo la salud de la niñez. Se sabe que en poco tiempo más comenzará la nefasta época de ‘chaqueos’ y desde ahora, podemos afirmar con certeza que nada se está haciendo sobre el particular. Agreguemos el periodo de las inundaciones que viene con las lluvias veraniegas y que también es de fácil pronóstico por su regularidad anual. Que sepamos, nada se hace ni se hará. En pocos meses más volveremos a reeditar los titulares de prensa de cada año, de cada uno de estos momentos que se repiten y repiten, siempre sin que se haga nada.
Los accidentes de tránsito suman y suman, llegando a cifras totales de horror. Sigue sin ordenarse este conflictivo tema que afecta a la mayoría de la ciudadanía usuaria del transporte terrestre. Los cultivos de hoja de coca crecen desmesuradamente destruyendo el medio ambiente y creando situaciones potencialmente explosivas por el auge del narcotráfico delincuencial. Tampoco se hace nada en este delicado campo, aunque ya arrecian las críticas internacionales, pero eso sí, se habla hasta por los codos de “preservar la Madre Tierra” mientras se la daña implacablemente.
Si se insiste tanto en la necesidad de una planificación estatal, es obvio que todas estas anomalías podrían superarse en parte -o por lo menos atenuarse en su intensidad- mediante programas de acción establecidos a priori por las respectivas oficinas responsables del Gobierno. Pero no, pareciera ser que la administración se preocupa más por llevar adelante sus procesos hegemónicos que por superar una cadena de problemas que –con la natural aleatoriedad imprevista que podría presentarse más allá de la voluntad humana- sí son superables o mitigables, al menos de forma parcial.
La improvisación no es nueva ni es de ahora. Ha sido siempre una característica boliviana el dejar que las cosas sucedan y luego “ver qué se puede hacer”. Pensamos todos que con el mentado “cambio profundo” vendría algo diferente, pero evidentemente no ha sido así. Todo sigue igual, excepto la creciente verborrea del oficialismo. La sumatoria de imprevisiones se agiganta y conste que lo expresado acá es simple muestra. Lamentable en verdad.
La Razón: Hacia las autonomías
Los estatutos requieren de dos tercios de votos en las asambleas departamentales
A los asambleístas les ha bastado cuatro meses para despachar las leyes de los órganos Electoral y Judicial, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y de Autonomías. Un trabajo que se anticipaba complicado pero que, siendo prácticos, tampoco implicaba mayor trámite porque el MAS contaba de antemano con los dos tercios de votos necesarios para tal fin.
La delicadeza de la Ley de Autonomías le imprimió a esta tarea, no obstante, una tónica diferente. Aquí estaba en juego el futuro de la administración geopolítica del país, la carta definitiva antes de la consolidación de lo que será el nuevo ámbito público nacional. A partir de este momento, la responsabilidad de completar el ciclo pasa a las regiones.
Es cierto, resta la elaboración de los reglamentos, con debates —ojalá técnicos— no menos engorrosos, pero el siguiente paso fundamental será la discusión interna, en cada departamento, acerca de los famosos estatutos autonómicos. Hay que readecuarlos a la Constitución Política del Estado.
Nunca se pensó que este proceso fuera fácil. Y sería de ilusos creer que la de ayer fue una victoria definitiva del Gobierno. Las autonomías llevan años en la agenda de conflictos y, pese a todo lo que se ha avanzado, podrían tomarse varios meses, o quién sabe más tiempo, hasta que la Bolivia de los cambios profundos comience a dar sus primeros pasos efectivos.
Nunca fue fácil, menos ahora que sigue en pie una protesta de los indígenas del oriente. Ellos prosiguen con su marcha en una actitud que puede ser legítima, pero, al mismo tiempo, exponen a sus niños a resfríos y otras enfermedades respiratorias.
Entre las críticas, hay quienes apuntan a la concentración del poder que, pese a la ley promulgada ayer, no termina de rondar la plaza Murillo. La distribución de los recursos económicos continúa siendo una deuda con la sociedad en estos tiempos de profundización de la descentralización administrativa del país.
En esta materia, la última de las batallas entre el oficialismo y la oposición se anuncia todavía más fragosa: los estatutos requieren, también, de dos tercios de votos en las asambleas departamentales.
El Gobierno debe escuchar a las regiones, que son las que impulsaron las autonomías. Y los departamentos opositores tienen que velar por las necesidades de sus poblaciones. La ciudadanía sabrá advertir si priman los intereses mezquinos de uno u otro lado.
Cambio: Cimientos del nuevo Estado
Con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, el presidente Evo Morales Ayma selló ayer los cimientos del Estado Plurinacional, ya que la nueva norma —junto a leyes ya puestas en vigencia como la del Régimen Electoral, del Órgano Electoral, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional— allanó la construcción del nuevo Estado, aquel por el que millones de bolivianos apostaron en las urnas en cuanto proceso electoral al que fueron convocados por la Corte Nacional Electoral (CNE) en los últimos cinco años.
La nueva ley, que contiene 149 artículos y regula los cuatro niveles de autonomía previstos por la Constitución Política del Estado —departamental, municipal, regional e indígena originaria-campesina—, es fruto de un fecundo e intenso trabajo legislativo, ya que en menos de seis meses de prolífica labor de concertación y apertura la Asamblea Legislativa cumplió con el mandato de la segunda disposición transitoria de la Carta Magna.
En ese contexto, la ley marco promulgada por el Órgano Ejecutivo constituye el instrumento legal más trascendente —después de la Constitución Política del Estado—, ya que no sólo posibilita el reordenamiento territorial y la recomposición del poder político, sino que reasigna los recursos económicos y materializa la histórica demanda de las regiones para elegir en las urnas a sus autoridades y administrar sus recursos.
Es que la ley marco se sustenta en tres principios: autonomía, solidaridad y unidad. El principio de autonomía determina el ámbito del poder político, es decir, la esfera de competencias de cada una de las entidades territoriales autónomas; el principio de solidaridad encuentra su fundamento en el Estado como comunidad de intereses comunes que están por encima de las partes que lo componen, es decir, de los gobiernos territoriales; y el principio de unidad es uno de los aspectos estructurales que configura el modelo de Estado boliviano y que constituye el correlato lógico indispensable del propio principio de autonomía. Dicho de otro modo, no hay autonomía posible sin unidad.
También racionaliza el proceso autonómico, posibilitando un funcionamiento ordenado y estable del Estado, y satisface las aspiraciones de las entidades territoriales autónomas de asumir sus nuevas competencias y responde al principal problema histórico que enfrenta el país: la articulación de Bolivia como una unidad política.
Por eso, la conversión del Estado centralizado en un Estado Plurinacional con autonomías transcurre, ante todo, por una distribución del poder político entre los diversos niveles territoriales, y ésta es una tarea que se instrumenta mediante el reparto de la titularidad de las diversas funciones públicas, cuyas líneas fundamentales están previstas por la ley marco.
Además, establece las nuevas modalidades de transferencias intergubernamentales y a las entidades territoriales autónomas que sistemáticamente han constituido la base para la sostenibilidad del financiamiento de sus competencias generales; regula mecanismos para evitar la inequidad en la distribución interdepartamental, desarrolla mecanismos para el fomento del desarrollo productivo, y fortalece la coordinación entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos y entre éstos.
Mientras tanto, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional norma su estructura, organización y funcionamiento, y establece los procedimientos a los que se sujetarán los asuntos sometidos a su competencia y las acciones que serán de conocimiento de los jueces y tribunales llamados a precautelar el respeto y vigencia de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política del Estado.
La Ley del Régimen Electoral regula el ejercicio de la democracia intercultural, lo que fortalece la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria; como base de la formación, del ejercicio y del control del poder público para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la gestión pública, autogobernarse y para revocar autoridades y representantes del Estado Plurinacional.
A su vez, la Ley del Órgano Electoral regula el ejercicio de la función electoral, jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, servicios y su régimen de responsabilidades para garantizar la democracia intercultural, ya que el Órgano Electoral Plurinacional es un órgano del poder público del Estado Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional que la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se relaciona con éstos sobre la base de la independencia, separación, coordinación y cooperación entre los poderes del Estado, al igual que la Ley del Órgano Judicial, que regula la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial, que se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que el Legislativo, Ejecutivo y Electoral, y se relaciona sobre la base de los mismos preceptos.
Por eso, esas cinco leyes constituyen el cimiento del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico que sepulta definitivamente al viejo Estado colonial, racista, prebendal y elitista que intereses ajenos a la patria habían administrado a través de sus paniaguados locales. No obstante, el camino que aún falta por recorrer es largo y el desafío es enorme, pero Bolivia —a la luz de los hechos— va por el camino correcto.
Las cinco leyes constituyen el cimiento del Estado Plurinacional que sepulta definitivamente al viejo Estado colonial, racista y prebendal que intereses ajenos a la patria habían administrado a través de sus paniaguados locales.
La Prensa: Cuidado con la economía
La perspectiva de que las leyes de minería e hidrocarburos sean cambiadas nuevamente, como lo anuncia el Gobierno, agrava más la situación.
Las empresas que estaban interesadas en el litio boliviano se fueron y, al parecer, no tienen la intención de regresar. La empresa Jindal Steel & Power está buscando la forma de abandonar Bolivia después de haber intentado, durante tres años, explotar el hierro de Mutún. Y la empresa Atlas Precious Metals se va después de haber intentado poner en funcionamiento el ingenio de Karachipampa, instalado hace 30 años en Potosí.
Con éstos y otros casos, la imagen exterior de Bolivia ha empeorado de manera preocupante. El país está ahuyentando inversionistas mediante un procedimiento que consiste en actitudes de inoperancia, como el caso Mutún, o exigencias excesivas, como en los casos del litio y de Karachipampa.
Los inversionistas que llegaron a Bolivia a buscar posibilidades de invertir en el litio terminaron en Argentina, con acuerdos para la explotación de pequeños salares, que son capaces de cubrir la demanda actual.
En efecto, las explotaciones de litio que existen en este momento podrían cubrir cien años de la demanda actual, según dicen los expertos internacionales. Y las reservas descubiertas hasta este momento podrían atender la demanda durante 1.500 años.
Respecto del hierro, la perspectiva es preocupante porque la empresa que llegó a Bolivia representa a uno de los países con mayor demanda de hierro en el planeta, que es la India. Ese país acaba de anunciar que suspenderá sus exportaciones de mineral de hierro, porque quiere asegurar el abastecimiento de la demanda interna.
Y el caso de Karachipampa tiene que ver con la seriedad con que Bolivia cumple sus compromisos. Un contrato firmado por el Estado boliviano fue desconocido por las autoridades.
Todo esto tiene que ver con la imagen externa de Bolivia. Los inversionistas forman parte de una especie de mancomunidad internacional. Todos se pasan la voz acerca de cuán conveniente es invertir en tal o cual país.
Al momento, una empresa que cotice en las bolsas de valores de los países más desarrollados tiene que tener cuidado antes de decir que está operando en Bolivia. Lamentablemente, el país no es un referente conveniente para ninguna empresa.
Es decir que este tipo de comportamiento frente a las empresas extranjeras no daña solamente la imagen presente del país, sino el futuro. Es una mancha negra en la reputación del país que otras empresas tomarán en cuenta antes de pensar en llegar a Bolivia para cualquier operación.
La perspectiva de que las leyes de minería y de hidrocarburos sean cambiadas nuevamente, como ya lo anunció el Gobierno, agrava aún más esta situación. Se ha comunicado a las empresas mineras que cuando se haya aprobado un nuevo régimen tributario para el sector, todos los contratos deberán acomodarse a las nuevas condiciones.
Si el propósito fuera ahuyentar inversiones, estas actitudes estarían correctas. Pero si estuviéramos ante la necesidad de recibir inversiones, estaríamos cometiendo un grave error con el actual comportamiento.
Si existe, como parece que es el caso, el convencimiento de que es preciso atraer inversiones para lograr el crecimiento económico, estamos haciendo exactamente lo que más perjudica a ese propósito.
El Diario: Significado de la disputa sobre actos cívicos
El conflicto de la doble realización de actos por la Revolución del 16 de Julio de 1809, una a cargo de la Gobernación y otra por la Alcaldía de La Paz, quedó al final resuelto con actos conjuntos, pero no se puede dejar de mirar hacia la finalidad ideológica del hecho, que no se limita a cuál de estos organismos era el llamado a organizarlos, sino que la actitud del Gobierno Central y de la Gobernación expresan en el fondo desconocer un legado histórico de carácter netamente local y de anular su liderazgo patriótico con fines de erradicarlo del imaginario público y sustituirlo en último término.
Lo anterior también se vincula a las finalidades de confrontación que guían las orientaciones estratégicas del actual Gobierno, una de cuyas manifestaciones fue la advertencia del presidente Evo Morales de “no trabajar” con los gobernadores y alcaldes que no gozaran de su confianza, según un pronunciamiento conocido luego de la elección de dichas autoridades en diciembre pasado. Como parte de ese enfoque estratégico salió a relucir un Decreto Supremo del mes de enero, por el cual las celebraciones de índole departamental se atribuyen a las gobernaciones, pero intentar aplicarlo a fechas cívicas citadinas como la del 16 de Julio no era otra cosa que un pretexto demasiado forzado por donde se lo mire, en contradicción con el sentido común, con el orden lógico de las cosas y con una práctica republicana antigua, por lo que las alcaldías municipales organizan y presiden tales actos.
Aunque resulta obvio, es necesario recordar que la Revolución Emancipadora del 16 de Julio de 1809 es un hecho propio de la ciudad de La Paz, sin carácter departamental alguno de acuerdo con datos históricos y lo propio sucede con respecto al 20 de octubre, fecha de la fundación de la ciudad y no de una circunscripción departamental entonces inexistente. La creación de este departamento, junto a otros cinco, se debe a un Decreto de 23 de enero de 1826 suscrito por el Mcal. Antonio José de Sucre. Por otra parte, en las celebraciones del 16 de Julio no participa el Poder Ejecutivo sino como invitado, y si lo hace -que será siempre bienvenido- sólo es en tal carácter. Es distinto que contemplemos la práctica del Primer Mandatario de asistir cotidianamente a cualquier acto por mínimo que sea y, por supuesto, para un destaque político personal. En la presente situación, como en otras, se insinúa claramente la incomodidad de compartir con autoridades carentes de su “confianza”, en sintonía con la advertencia señalada más arriba.
En este impasse, el papel más deslucido recayó en el gobernador César Cocarico, quien obediente a instrucciones del Ejecutivo manifestó que el programa alusivo lo desarrollaría su Despacho, sin embargo, cediendo a reiteradas insinuaciones del alcalde Luis Revilla aceptó compartir la agenda y así fue anunciado. Horas más tarde, después de una presumible llamada de atención superior volvió al ataque para opacar a la Alcaldía Municipal y persistir en su postura anterior. Sólo la presión pública y los lamentos de los paceños en sentido de que el Gobierno buscaba su división y enfrentamiento, obligaron a volver sobre una organización y ejecución unificada, previa mediación fingida a la que se prestaron algunos ministros. De este modo el presidente Morales asistió a la inauguración del desfile cívico del 15 en la noche y al encendido de la tea simbólica en la Plaza Murillo, pero no a la Sesión de Honor del Concejo Municipal, aunque lo hace cumplidamente con los departamentos del interior en sus fechas cívicas.
Ni al propio Alcalde de La Paz debe llamarle la atención lo sucedido, pues su antecesor, Juan del Granado, en ocasión de la celebración del Bicentenario relegó la figura de Pedro Domingo Murillo y la de los Protomártires y las sustituyó por la del líder indígena Julián Apaza o Túpac Katari, con una intención de halago inoportuno a los sectores indígenas, una de cuyas materializaciones asumió esta vez la Gobernación. Dicha actuación del Bicentenario tuvo otra de sus expresiones en la publicación de un libro (por su volumen) alusivo, en el cual Murillo apenas es mencionado, mientras se exalta reiteradamente a Túpac Katari, restando importancia al hecho revolucionario juliano. Ahora el Alcalde paceño resultó víctima de la misma tendencia divisionista y de adulteración histórica.
El Mundo: Optimismo
Se asegura que cuando uno quiere encontrar problemas, los ha de conseguir en cualquier parte y ha de procurar que éstos tengan una apariencia mayor, para causar sensación. Menos mal que junto a las personas mencionadas se encuentran otras que están ubicadas en el otro extremo.
Una de esas personas que ven todo resuelto y que se extraña cuando alguien encuentra que las cosas no son como las pinta es el ministro de Autonomías que desde el día en que fue designado en esas funciones, ha visto el proceso como una taza de leche.
Lo grave de la situación es que tiene tal influencia en las esferas del Gobierno que todas las autoridades aceptan como verdaderas sus teorías y las repiten con toda la seguridad de que lo que escucharon es una razón que no se puede discutir.
Mientras el consejero mencionado tiene convencidas a todas las personas de la cúpula masista y que ve las soluciones con una claridad meridiana, todos los demás ciudadanos parecen estar desubicados, encontrando problemas donde éstos no existen.
Para el ministro las reducciones del IDH, la estatización de los dineros de los fondos de pensiones y otras fuentes de ingresos en las que el Gobierno tiene puestos los ojos, son pura fantasía ya que la plata no está donde los demás creen, sino donde él dice.
Con esa forma de ver la realidad, el ministro convocó en varias oportunidades a los representantes de la oposición y los que se animaron a escucharlo terminaron más despistados que nunca, porque se esfuerzan en buscar en el lugar donde el ministro dice que están los recursos y nadie los encuentra.
Según el consejero, los vicios de la Ley Marco de Autonomías que acaba de ser aprobada, no son sino fantasías de los opositores, para hacer creer que el MAS gobierna lejos de la realidad, cuando el país está en franco desarrollo y esa visión da lugar a que los gobernantes se animen a invertir en un avión para el Presidente, en equipamiento para las Fuerzas Armadas y otros gastos suntuosos que nada tiene que ver con la realidad que vive el país que perdido en la pugna por el poder, ha dejado de lado lo que podría ser una política económica que nos lleve a lugares espectables por las características de la situación económica a nivel internacional. Lo grave de la situación es que las oportunidades están pasando sin haber sido aprovechadas y cuando se pongan a pensar en las mismas será tarde.
Mientras tanto, los pueblos originarios de las tierras bajas, por más que hacen esfuerzos, no pueden encontrar la manera en que esas normas los benefician, ya que carecen de representación parlamentaria para hacer escuchar su voz y cuando se los convoca a dialogar se los obliga a realizar viajes hasta lugares donde los negociadores del Gobierno no aparecen, el juego de la tuja sigue adelante y las soluciones no parecen lo que hace que las marchas tengan que ser reanudadas en busca de ser escuchados.
Pero eso no sucede sólo con los pueblos originarios del oriente, también pasa con los distritos de la oposición que durante una largo tiempo han estado estudiando y profundizando los conceptos de la autonomía y no se parecen en nada a la autonomía que intenta implantar el Gobierno apoyado por su consejero.
De nada sirve que se puntualicen las razones por las cuales la bancada de la oposición hubiera manifestado su resistencia a la Ley recién aprobada, en el mejor de los casos, los representantes del Gobierno se dedicaron a jugar con las matemáticas, indicando que de ciento y tantos artículos, sólo unos cuantos eran observados y en tales circunstancias no valía la pena distraer la atención en pequeñeces, para poner en marcha una Ley que servirá de base para un proceso autonómico con sello masista.
Sin embargo es importante recordar que la Autonomía es un proceso y que no vale la pena desalentarse por haber perdido una jugada, contra quien tiene el control y lo que hace es poner en práctica los consejos de los asesores.
Ojalá que las pugnas internas no distraigan la atención y se pueda profundizar la tarea tocando los puntos neurálgicos y encontrándoles las mejores soluciones. Vale la pena recordar que naciones con tradición de autonomía también tropiezan con los mismos problemas y sin embargo, no desmayan en el empeño.
Opinión: La crítica del Ministro de Gobierno contra la Policía
Hace pocos días el ministro de Gobierno Sacha Llorenti expresó una de las críticas más duras contra la Policía nacional. Dijo que la Policía se convertirá en una amenaza para la sociedad. Estas declaraciones las realizó en el contexto de explicar la necesidad de reorganizar la institución.
Nadie puede dudar sobre las deficiencias que tiene el trabajo de la Policía en su labor de brindar seguridad ciudadana a las personas, en su organización interna donde la corrupción ha corroído niveles al igual que círculos de poder económico y políticos que se han convertido en grupos que tienen decisión frente a otros policías que guardan permanente silencio. La Policía es una de las instituciones que periódicamente es calificada como una de las más corruptas en ese listado que algunas empresas publican en relación al grado de confianza ciudadana.
Como en todo acto humano que tiene que ver con el servicio público a la comunidad, las generalizaciones hacen daño a la gente que se esfuerza por cumplir con su deber, de tal modo que en el seno de la Policía existen con seguridad policías que son honestos y que trabajan con voluntad por cumplir su misión.
Sin embargo el ministro, posiblemente en su intención de explicar la fundamentación sobre la necesidad de reorganizar la institución, ha señalado algo que ha dolido al extremo a la institución o más propiamente a los policías, porque decirles que su institución se convertirá en una amenaza para la sociedad si no cambia, es afirmar de una u otra forma que la Policía ahora mismo ha entrado a un profundo abismo, donde si no hay cambio desaparece. Para el ministro si no cambia la Policía es una amenaza porque continuará conviviendo con delincuentes.
Desde luego que las afirmaciones del ministro han motivado protesta y malestar en la institución, que mediante algunas voces que guardan el anonimato, han señalado que el ministro Llorenti no debe olvidar que es parte de la estructura de la Policía y que está encargado de la seguridad interna.
Por encima de las reacciones y el clima de malestar que han originado las palabras del ministro en la institución policial, lo importante sería que las autoridades, en este caso el Ministro de Gobierno, establezcan un plan muy claro sobre la reorganización policial, el proceso institucional que esto importa en la perspectiva de renovar cuadros policiales y lo que demanda una reestructuración en términos de costos económicos y sociales. Una renovación del personal policial quiere decir una inversión millonaria para sustituir los cuadros policiales. Hace poco el comandante general de la Policía Óscar Nina hablaba sobre la necesidad de crear una Policía revolucionaria, aunque tampoco explicaba qué significaba ello y en qué medida podía evitar los males que soporta la institución. Si se refería a una Policía con acento en el discurso del cambio, ideologizada, que postula el Gobierno, dejaría muchas más dudas sobre su independencia y profesionalismo por encima de postulados políticos.
Si una declaración como la expresada por el ministro Llorenti no va acompañada de explicaciones y se queda únicamente en el anuncio, lo que causa, con toda seguridad, son interpretaciones diversas, malestar y resentimientos que pueden generar mayores problemas institucionales y la desesperanza en sectores policiales que buscan una mejor institución a través de sus propios actos y conductas en la honestidad y el respeto.
La población tiene un criterio formado sobre la Policía, por ello mismo que autoridades que tienen responsabilidades sobre la institución expliciten diagnósticos tan severos, parecería inútil, cuando lo importante es encontrar soluciones y llevar adelante planes serios para mejorar el trabajo de la Policía y de sus miembros en beneficio de la sociedad.
Clarín, Argentina: El fracaso de la política energética
Los cortes de gas a la industria, apenas iniciada una ola de frío, reflejan el fracaso de la política energética del Gobierno y generan problemas en la producción.
Según las proyecciones realizadas por el ?comité operativo de emergencia? formado por empresas del sector gasífero y Enargas, el ente regulador estatal, se avecina un período crítico para el suministro de gas que afectará tanto a la industria como al consumo domiciliario.
Cuando este diario publicó esa estimación, el ministro de Planificación Julio De Vido afirmó que no hay problemas de abastecimiento y el Enargas calificó la información como ?infundada y maliciosa?, pero poco días después comenzaron a producirse cortes significativos, que en algunas empresas llegaron a la totalidad del suministro.
La emergencia fue destacada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que solicitó que el racionamiento se extienda también al GNC, ya que los automotores pueden reemplazarlo por combustible líquido y una de las empresas más castigadas es la planta de fertilizantes del polo petroquímico de Bahía Blanca.
Al mismo tiempo, muchas familias tienen dificultades para conseguir garrafas de gas licuado o deben pagarlas más caras que antes. El Estado, por su parte, deberá compensar la caída de la producción de gas con importaciones que insumirán unos 2.300 millones de dólares.
Más alla de los problemas de la coyuntura, la recurrencia de cortes de gas en los picos de bajas temperatura, así como las dificultades que suelen plantearse con el abastecimiento eléctrico en los períodos de calor, ponen de manifiesto deficiencias de la política energética que se arrastran desde hace años y que contrastan con el habitual discurso negacionista del Gobierno.
Ante este cuadro, la última alternativa es aumentar la inversión pública y fomentar la inversión privada en el sector, tanto para aumentar la extracción de gas y petróleo como para ampliar las instalaciones de almacenamiento para hacer frente a los períodos de escasez.
La falta de gas, pone de manifiesto el fracaso de la política energética. Es necesaria una política de fomento a la inversión privada para aumentar la producción energética.