La preocupación por el narcotráfico

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Indice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Un modelo a imitar

  2. Bajo el Penoco, El Día: Chile habla más claro

  3. Los Tiempos: LA LUCHA ENTRE LA TEORÍA Y LA REALIDAD

  4. El Deber: Indígenas discriminados

  5. La Razón: Régimen electoral

  6. Cambio: La marcha indígena

  7. La Prensa: La preocupación por el narcotráfico

  8. El Diario: Inversiones y no ayudas para combatir la pobreza

  9. El Mundo: Falta de acción

  10. Opinión: La marcha indígena y Derechos Humanos

  11. Clarín, Argentina: Los riesgos de la política comercial


El Día: Un modelo a imitar

“Ni expropiaciones ni impuestos altos durante mi gobierno”. Así empezó su mandato el presidente de un país sudamericano que comienza a convertirse en un fenómeno político que promete poner a su nación en una nueva dimensión social y económica, como viene sucediendo ya con otros países de la región como Chile, Brasil, Perú y Costa Rica.



“En mi gobierno habrá reglas claras para que los empresarios apuesten por el país. Queremos un país tranquilo, donde hasta el ministro pueda caminar por la calle sin problema. Las inversiones son necesarias para dar más y mejor trabajo, solucionar problemas sociales y hacer de las nuevas generaciones gente más preparada”.

"Hay que cuidar el clima de inversión porque la riqueza es hija del trabajo y el trabajo necesita estabilidad. No se puede generar riqueza con decisiones legislativas. Se necesitan inversores, emprendedores, gente que se juegue. Invertir no es un bingo, pero quien lo hace sabe que corre ciertos riesgos. La tarea del gobierno es aminorar ese riesgo y ofrecer estabilidad. Esto lo tenemos que decir nosotros los políticos, no los economistas”.

“El país tiene muchos problemas sociales y por eso necesita inversión. Necesita trabajo, cada vez más y mejor trabajo, mejor remunerado, además leyes claras y tangibles. Necesitamos un clima que propicie la inversión. Históricamente hemos sido un desastre, preferimos sacarla para afuera, meterla en un banco, no invertirla acá. Hoy tenemos que convocar a todo lo nacional. Jugar acá, que no te la van a expropiar, ni te van a doblar el lomo de impuestos”.

“Cuanto más inversión más crece la economía, más aumenta la     recaudación que necesitamos para fenomenales inversiones sociales. Pero si queremos recaudar aumentando los impuestos sobre la misma masa de riqueza, estamos fritos”.

Las palabras que se reproducen arriba pertenecen al ex guerrillero tupamaro, José Mujica, profundamente izquierdista y presidente de Uruguay desde hace cuatro meses. Accedió al poder por medio del Frente Amplio, una coalición política integrada, entre otros, por el Partido Socialista, el Partido Comunista y una amplia red de facciones que aglutina a socialdemócratas, trotskistas y marxistas leninistas.

Lo de Mujica no ha quedado en el discurso. Actualmente impulsa cambios a la Ley de Inversiones en la búsqueda de nuevos mecanismos de promoción, que contemple exenciones fiscales y beneficios a empresas que contribuyan a alcanzar los beneficios de la política económica. Se busca otorgar ventajas impositivas en función de la generación de puestos de trabajo, de valor agregado, de la incorporación de tecnologías limpias y de la localización en áreas del país de menor desarrollo relativo. La nueva ley pretende ser la herramienta ideal para atraer inversiones, ya no sólo a nivel nacional, sino regional, favoreciendo la radicación de empresas en Uruguay.

Mujica es el sucesor de Tabaré Vásquez, también del Frente Amplio. Él está dispuesto a mejorar lo bueno, que no es poco, ya que Vásquez consiguió aumentar las inversiones en Uruguay en un 228 por ciento en el 2009, respecto del promedio de los ocho años anteriores. Mujica ya dio señales de lo que puede lograr. En los primeros cinco meses del 2010 se ha visto un aumento del 25 por ciento de los emprendimientos con relación al mismo periodo del 2009. Y si hablamos de los montos de inversión, la cifra en dólares se ha triplicado.

 

El ex guerrillero de tendencia marxista que conduce Uruguay se ha vuelto el paladín de la promoción de las inversiones en su país.

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Bajo el Penoco, El Día: Chile habla más claro

El vicepresidente García Linera hizo gala de su gran espíritu comprensivo el otro día en Chile durante una reunión con Sebastián Piñera. Dijo que el tema marítimo no era un obstáculo para seguir construyendo una relación con el vecino país y que Bolivia debería ser muy comprensivo, después de la tremenda catástrofe que le ha tocado vivir a los chilenos. Digamos que esa declaración no llamó tanto la atención porque va en la línea sedosa con la que ha enfrentado el conflicto el Gobierno del MAS, que hasta llegó a callar a Fidel Castro cuando éste le golpeó la solapa a doña Bachelet pidiéndole que dejen de dar tantas vueltas con el mar boliviano. Si no fuera por el canciller chileno, Alfredo Moreno, no nos enteraríamos de que Piñera no se portó tan suave como García Linera. El mandatario chileno le dijo que del mar y de los famosos 13 puntos pueden hablar todo lo que quieran pero que ni se atrevan a mencionar la palabra “soberanía”. Esto también deja el off-side al canciller Choquehuanca, quien por poco se disloca tratando de defender a Chile en la Asamblea Plurinacional.

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Los Tiempos: LA LUCHA ENTRE LA TEORÍA Y LA REALIDAD

Los notables giros que el Gobierno ha dado durante los últimos tiempos parecen responder a la necesidad de adecuar la teoría a la realidad, y no a la inversa

Las últimas semanas, que son muy pocas si se las compara con los ya más de cuatro años de gobierno del Movimiento Al Socialismo, han estado plenas de señales que hacen pensar que en Bolivia algo muy importante está sucediendo y que podría desembocar en un cambio que tendría, sin duda, hondas repercusiones en el futuro no sólo del gobierno actual, sino del país.

Las maneras como ese cambio comienza a manifestarse son muchas, pero la más elocuente es la que se expresa a través del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, quien en varios de sus más recientes discursos dirigidos a su seguidores –pero sobre todo a los que están a punto de dejar de serlo– exhorta a acomodarse al radical viraje que se está dando en el rumbo hacia el que se encamina el “proceso de cambio”.

Se trata de sus alocuciones dirigidas a las “naciones indígenas” de las tierras bajas del país que durante los últimos días iniciaron una marcha exigiendo que se cumplan los mandatos de la Constitución Política del Estado que los favorecen.

Al referirse a su demanda de más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, sostuvo: “Está bien que las minorías tengan representación. Pero esta forma de obtener la representación parlamentaria, solamente con 500 ó 1.000 votos, frente a 120.000, también es otra forma de discriminación". Se trata de una novísima interpretación, si se considera que ése precisamente fue el principal argumento con que durante los últimos años se cuestionó todo el conjunto de mandatos constitucionales (más de 20 artículos), que, además de dar rango de “nación” a los pueblos indígenas, les otorgó una serie de derechos que, en los hechos, constituyen –como dice el presidente Morales– “otra forma de discriminación”.

Lo mismo puede decirse del radical cambio de actitud gubernamental en relación a los derechos de los indígenas para decidir sobre los recursos naturales de “sus” respectivos territorios. Tal atribución –que en el texto constitucional es un mandato tan taxativo que no admite interpretaciones ambiguas– ha ocasionado tantos perjuicios al plan de desarrollo económico gubernamental, que ahora ha pasado de ser todo un símbolo del “proceso de cambio” a una actitud desestabilizadora que el Estado central no está dispuesto a tolerar.

Se trata de importantes giros que el gobierno central ha dado sobre éstos y otros temas que no son posibles de atribuir sólo a la necesidad de encontrar salidas circunstanciales. Al contrario, todo parece indicar que responden a un aprendizaje arduamente adquirido durante los últimos años, en el afán de conciliar los buenos deseos, o las teorías, con la siempre terca realidad.

Se podría suponer, por eso, que estamos asistiendo a las primeras manifestaciones de una reconciliación con la realidad. Por lo que cabe esperar que pronto haya más modificaciones en la manera como hasta ahora se han encarado algunos de los principales problemas del país. Esto indica, además, que probablemente se seguirá privilegiando la acción política antes que la gestión estatal, por un lado, y el ingreso a un nuevo lapso de intensos debates que, pese a algunas ambiguas declaraciones vicepresidenciales, conduzcan a modificar la actual Constitución, por el otro.

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El Deber: Indígenas discriminados

Los bolivianos están siguiendo las noticias de la marcha de los pueblos originarios de las tierras bajas hacia La Paz con un creciente sentimiento de solidaridad.

Se trata de una marcha humilde, de gente humilde, que, sin embargo, avanza con mucha dignidad a pesar de todos los insultos que ha recibido desde que partió de Trinidad, hace dos semanas.

Todo un poderoso aparato de propaganda ha sido lanzado contra esos humildes ciudadanos bolivianos. Se ha aplicado contra ellos, de parte de ese aparato, desde la indiferencia hasta la ofensa, pasando incluso por la burla y el desprecio. Pero la humilde marcha sigue su camino.

El propio Gobierno ha acusado a los líderes de la marcha de ser pagados por una potencia extranjera. Una huelga de hambre que comenzaron diputados indígenas en el Palacio Legislativo de La Paz en apoyo a los marchistas fue suspendida con la promesa de que los pedidos de la marcha serían atendidos. Cuando se levantó la huelga, la promesa no se cumplió.

Pero la marcha siguió adelante. Algunos de los diputados que estuvieron en la huelga de hambre se sumaron a la marcha, cuando comprobaron que no podían seguir expresando su solidaridad desde el Palacio Legislativo. No podían permanecer allí.

Desde Chapare, las federaciones de cocaleros han hecho llegar a los marchistas severas amenazas para que no se atrevan a acercarse, porque de allí no pasarán. Una supuesta organización de colonizadores también ha lanzado amenazas a los marchistas, a quienes acusan de creerse los dueños de las tierras.

Es decir que los indígenas del oriente son rechazados y odiados por cocaleros y colonizadores, en nombre de quienes ocupan sus tierras y las explotan.

Esta marcha es mucho más antigua que dos semanas. Son los pueblos indígenas que marchan desde hace siglos, siempre de manera pacífica, contra diferentes invasores. Algunas veces se les permite marchar y también, otras veces, se los usa para hacer cambios políticos que, al final, no benefician a los que se habían sacrificado.

Lo que piden los marchistas de ahora no es gran cosa. Sólo quieren que se cumpla la Constitución que fue redactada por quienes usaron el impulso de anteriores marchas para elaborar un proyecto diferente.

Incluso el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, hasta hace poco celoso y riguroso funcionario del Gobierno, ha dicho que estamos ante una traición. Algo similar ha dicho el sacerdote jesuita Xavier Albó, muy próximo a los planteamientos del Gobierno, desde las banderas de la defensa de los pueblos indígenas.

El tratamiento que está dando el Órgano Ejecutivo a la marcha de los pueblos de tierras bajas es discriminador, porque les niega derechos que, en cambio, reconoce y respeta a los pueblos originarios de otras regiones del país.

Hay una duda sobre el motivo por el que estos indígenas son discriminados. Se pregunta si se los desprecia porque son pocos y sus votos no cuentan tanto como los de otros indígenas del país. Si fuera así, el país estaría ante un caso de cálculo político que desprestigia a quienes lo hacen.

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La Razón: Régimen electoral

La ley es especialmente dura con las empresas periodísticas y con las encuestadoras

Cuando el presidente Evo Morales destaca de esta ley que profundiza la democracia al ofrecer la posibilidad de que el pueblo se manifieste y desempeñe un rol importante para la definición de políticas económicas y sociales, entre otras, tiene razón. Ojalá esta prescripción no se quede en el papel y que pronto estemos ponderando la aplicación de políticas decididas directamente por el pueblo a través del mecanismo del referéndum.

El Presidente no se ha referido a otros aspectos positivos de la nueva norma; tampoco a los que, hoy por hoy, son tema de análisis y críticas de entendidos en la materia y de políticos no siempre opositores. Entre los aciertos está el capítulo tercero, que prevé diversas formas de democracia: la intercultural; la directa y participativa; la representativa; la comunitaria, además de la allí denominada “equivalencia de condiciones”, es decir, la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Suele ser menos apetecible para los medios de comunicación una nota fundamentada en lo bien hecho. Lo usual es buscar el error, y esto tampoco está mal; el Gobierno debe saber —y aceptar— que ésa es una parte de la labor social del periodismo. Por eso mismo, ahora se está cuestionando la redacción de varios artículos de la mencionada ley.

En este último tren han surgido recelos por las prohibiciones señaladas en esta norma y que, como todas, coartan libertades. Organizaciones de la prensa rechazan algunos artículos referidos al accionar de los periodistas y de los medios antes, durante y después de los periodos electorales. La ley es especialmente dura con las empresas periodísticas y también con las encuestadoras.

Nuevamente los asambleístas legislativos juegan con fuego al reconocer, desde el artículo 2 de esta ley, entre los ‘Principios de la democracia intercultural’, que: “…Cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a la información, salvo caso de reserva expresamente fundada en Ley que defina con precisión sus alcances y límites”. Y más adelante, fijan restricciones a la labor de la prensa y de las encuestadoras en tiempos de elecciones.

El derecho de la población a ser informada no puede ser coartado. Lamentablemente, esta ley ha sido aprobada con la premura que impone el plazo del 22 de julio y no se ha tomado en cuenta las observaciones presentadas por las organizaciones de la prensa.

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Cambio: La marcha indígena

Dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) convocaron la marcha que desde hace un par de semanas recorre la carretera Trinidad-Santa Cruz en demanda de un mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, autonomía plena para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la titulación a su favor “de todas las tierras fiscales” identificadas por las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre otras.

Si bien en principio esas demandas pueden ser interpretadas como parte de las reivindicaciones históricas de pueblos secularmente marginados, tropiezan con la legalidad y la institucionalidad de la democracia boliviana, ya que si el Gobierno nacional las atendiera favorablemente vulneraría la proporcionalidad de la representación parlamentaria, violaría los preceptos de la Constitución Política del Estado y fragmentaría la unidad del movimiento popular, uno de los cimientos fundamentales del proceso de cambios estructurales que hoy recorre los caminos de la patria.

El 22 de junio, y con la participación de decenas de mujeres, hombres, niños y ancianos, la Cidob inició lo que denominó VII Marcha en Defensa del Territorio, las Autonomías Indígenas y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“No se puede obviar algo que está escrito y nuestras demandas son legítimas y, por lo tanto, consideramos que el Gobierno debe plantear un sistema de solución a nuestras demandas. Vemos que para los pueblos indígenas de tierras bajas no existe el Estado Plurinacional y las atenciones son diferentes”, dijo al inicio de esa marcha el dirigente del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, Pedro Moye.

La Cidob exige que se eleven de siete a 18 los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional para los pueblos de tierras bajas del oriente, nuevas jurisdicciones, competencias y autonomías plenas, autonomías indígenas, al margen de otras autonomías y por encima de los límites departamentales y municipales, además de recursos económicos de forma directa del Tesoro General de la Nación (TGN), así como los generados por los hidrocarburos, y que el resultado de las consultas a las TCO para la exploración petrolera sea vinculante, entre otras demandas.

Es decir, si se atendieran todas las demandas de la Cidob se vulneraría la Constitución Política del Estado, que fija las jurisdicciones, normas, procedimientos, atribuciones y competencias para su ejercicio legal en armonía con la propia Carta Magna. No obstante, cuando se plantea romper los límites departamentales, la aprobación de los estatutos autonómicos por usos y costumbres —no mediante un referendo como manda la ley—, lo que se pretende es violentar la ley suprema de todos los bolivianos, porque se presiona para transgredir el ordenamiento jurídico de la democracia boliviana.

Y cuando la Cidob exige que la consulta sobre la exploración petrolera sea vinculante, desconoce que la Constitución Política del Estado no admite esa vinculación que reclama. Según las autoridades de gobierno, aceptar esta exigencia no sólo impediría la ejecución de proyectos petroleros, sino que entregaría un poder de veto a las comunidades indígenas asentadas en esos territorios sobre el interés y voluntad de la mayoría de los bolivianos.

La Cidob plantea que sus representantes por circunscripción indígena se elijan por usos y costumbres sin participación de los partidos políticos, pero desconoce que el artículo 146 de la Carta Magna establece que los diputados se eligen por voto universal y que cualquier candidato puede ser postulado por pueblos indígenas, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.

Ese mismo artículo, en su inciso VII, señala que “las circunscripciones especiales indígena originario campesinas se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional”.

Además, agrega que “el Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones especiales forman parte del número total de diputados”. Dicho de otro modo: no es posible subir el número de escaños parlamentarios de siete a 18 sin antes cumplir los mecanismos que la misma ley señala.

Por eso, no es atendible la demanda de sobrerrepresentación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ley electoral ampara siete escaños para las circunscripciones especiales indígenas sobre un total de 130 en la Cámara de Diputados. Es decir, 5,3% del total de representantes, pero si se aprobaran los 18 escaños que reclama la Cidob, ese porcentaje subiría al 13,8%, lo que afectaría a la representación departamental.

Respecto a las tierras fiscales, la Cidob exige que se las entregue a los indígenas del lugar. Sin embargo, si se atendiera esta demanda, ningún indígena de otras regiones del país ni particulares tendría acceso a un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado, ya que serían víctimas de un proceso de discriminación por el lugar de origen.

Nadie que sea parte del proceso de cambio que vive hoy Bolivia y que ha estudiado la historia reciente de los movimientos sociales puede negar que la Cidob ha liderado luchas fundamentales por la tierra y el territorio, y por la misma Asamblea Constituyente, pero también es necesario que sus dirigentes de hoy comprendan que este proceso político no es propiedad de ningún sector social sino del pueblo en su conjunto. Por lo tanto, no sólo requiere de la unidad, sino de la solidaridad entre los marginados de siempre y, en este contexto, deben asumir que no es hora del enfrentamiento entre hermanos, sino de los acuerdos por la edificación de la nueva patria.

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La Prensa: La preocupación por el narcotráfico

Bolivia es un país pobre y, por lo tanto, empieza a ser presa relativamente fácil de narcotraficantes que siembran pánico y muerte en sus luchas?

El Gobierno debe estar consciente de la necesidad de evitar que sus preferencias políticas puedan resultar peligrosas para el país. Está claramente demostrado que el Presidente del Estado Plurinacional y su Gobierno tienen marcadas preferencias por los cocaleros del Chapare.

Es cierto que el Mandatario se hizo dirigente sindical, primero; político, después, y más tarde Presidente del país, con el apoyo incondicional de los cocaleros del Chapare. Con ellos luchó brazo a brazo, compartió los buenos y los malos momentos que le tocaron en su trayectoria hasta el Palacio Presidencial y a los que entregó la mayor parte de su vida.

Una vez en el poder, parece que no le interesó mucho qué pasaría con la coca que se cultiva en el Chapare y en los Yungas, y buscó recompensar a sus compañeros de lucha beneficiándolos con una política de adjudicación de la producción de coca pasando de un cato por familia a un cato por afiliado a cada una de las federaciones cocaleras en el trópico. Esa situación hizo que aumentara la coca. Esa podría ser una de las causas del incremento de la producción de droga, que movió a otros países del continente a buscar acuerdos que permitan una más eficiente lucha contra el narcotráfico. Esa preocupación llegó hasta México, de donde vino una numerosa delegación para hablar con nuestro Gobierno sobre el problema del narcotráfico.

Habrá que tomar en cuenta que hace algunos años, Bolivia había disminuido su influencia como productor de pasta base o de sulfato de cocaína, pero desde hace pocos años, por los descubrimientos de fábricas en operativos policiales de los últimos tiempos, se constató que ha ingresado en la fase de elaboración de cocaína pura o clorhidrato.

El Gobierno debe comprender que es de todos los bolivianos y que una acción más decidida en materia de lucha contra el narcotráfico será bien vista, aplaudida y agradecida, no solamente por la sociedad boliviana, que ve casi impotente cómo avanza el consumo de drogas en nuestro país, sino también por la comunidad internacional, principalmente los vecinos.

El nuestro es un país pobre y, por lo tanto, empieza a ser presa relativamente fácil de narcotraficantes que siembran pánico y muerte en sus luchas, por ahora, entre bandas, con el aparente propósito de empoderarse de esa ilícita actividad. Después podrían ser las autoridades, los policías, los periodistas o todos los que les hagan frente, los que caigan en manos del crimen organizado, como sucede en México, donde el narcotráfico inclemente está segando la vida de decenas de personas.

La lucha contra el narcotráfico debe convertirse en una férrea política de Estado, y si para ello es necesario ?estamos convencidos de que lo es? reducir las superficies cultivadas de coca de manera más radical, habrá que hacerlo dejando de lado esos sentimientos ?nobles, es cierto? de agradecimiento y simpatía, para alcanzar a un bien mayor. A los cocaleros habría que darles otras alternativas importantes de producción para compensar sus ingresos económicos, y a la Policía antidrogas, a la FELCN, habrá que proveerle de mejor equipamiento, mejor tecnología y más policías profesionales.

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El Diario: Inversiones y no ayudas para combatir la pobreza

En el transcurrir en pobreza de los pueblos del Tercer Mundo, lo común es que se gasta más de lo que se gana y no siempre de lo que se tiene – esta última tenencia radica, generalmente, en tomar en cuenta los donativos, las ayudas y otros ingresos extras que aportan muchas instituciones tanto porque nos consideran pobres o porque tienen que cumplir con sus propias políticas de cooperación y disposición de excedentes-.

Pero la verdad es que la racionalidad enseña que no se debe gastar más de lo que se gana e, inclusive, lograr algún remanente, por mínimo que sea, destinado al ahorro. Lamentablemente, en los mundos cuarto y tercero, en que la pobreza es lacerante hasta en un 65% de la población, el ahorro se hace difícil y hasta imposible. Lo grave de esta situación es que normalmente los regímenes de esos países se atienen a la voluntad de los limosneros que son los países ricos y desarrollados y las instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial y otros que conforme “aprieta el cinturón de la pobreza”, acuden en ayuda de los pueblos.

Lo grave de esta situación es que ni esos países ni las instituciones financieras ni las organizaciones no gubernamentales quieren entender que los países pobres precisan ganar su propio sustento, crear riqueza y generar empleo con su propio esfuerzo; para cumplir esos objetivos, lo importante es aplicar el axioma chino: “Hay que enseñar a pescar y no entregar los peces para combatir el hambre”. Hasta ahora, que se sepa, pocos son los países tercermundistas que han aplicado esta realidad en sus economías y han superado altos índices de pobreza y dependencia.

Para los países ricos resulta fácil “ayudar” a los pobres, puesto que los fondos que destinan “a combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo” (como eufemísticamente califican a los pobres) son remanentes de impuestos que deberían cancelar y que resultan descontados de las utilidades; de otro modo esos montos irían a parar a las arcas estatales. En realidad, lo que significa ayuda efectiva es aquella que no implica rentar al Estado lo que le corresponde y destinar, efectivamente, dinero o tecnología comprada como aporte a esos países.

En cualquier caso, lo efectivo y honesto que guarde las consideraciones del caso, sería que todo excedente financiero extranjero llegue a los países pobres en condición de inversión; en otras palabras crear riqueza en el Cuarto y Tercer Mundo con miras a que se combata efectivamente la pobreza y, además, sea como medio de lograr utilidades que retornen al país del que salieron las inversiones, antes llamadas “ayudas”.

Es de lamentar que quienes poseen dinero y tecnología -sea por celos por la competencia que crearían o por cualquier otra razón que lastime sus intereses- no aceptan invertir y buscan los caminos de la “ayuda” que, en el sentir de los pobres, lacera y lastima la dignidad de los pueblos que, en muchos casos, viven pendientes de estos apoyos que en realidad no resuelven los problemas generados por la pobreza y los hace más dependientes.

En cualquier caso, es preciso que la comunidad internacional comprenda la urgencia de invertir capitales, tecnología y valores humanos en los países del Tercer Mundo con la finalidad de lograr utilidades a su favor y cooperar en condiciones de respeto y dignidad a superar la pobreza porque esas inversiones crearían riqueza, la diversificarían y generarían empleo que redunde en mejores condiciones de vida de los pueblos hasta con la creación consiguiente de infraestructura para el desarrollo.

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El Mundo: Falta de acción

Los distritos orientales fueron los gestores del proceso autonómico y dentro de ese pensamiento organizaron y llevaron adelante una seria de actividades, entre las que destacan por su magnitud cuatro eventos de especial importancia: el primero, un cabildo pidiendo la aplicación de ese sistema de administración en nuestro país; luego una campaña de firmas pidiendo la aplicación de la medida; después un segundo cabildo, famoso por haber congregado alrededor de monumento al Cristo Redentor, en Santa Cruz, a un millón de personas y a continuación la realización del referéndum que puso en marcha el Estatuto, con características particulares en cada uno de los distritos peticionarios.

Tanta importancia tenía la aplicación del sistema autonómico en el país que fue el Gobierno el que decidió adoptarlo como su propia decisión, con la diferencia de que en él, al igual que en todas las demás disposiciones, incluyendo la Constitución Política del Estado, el control total estaría en el Palacio quemado y más propiamente en el Presidente Morales.

La primera diferencia entre el estatuto aprobado por las regiones y el del Gobierno, en lo concerniente a los grupos involucrados, fue la creación de las Autonomías Indígenas con vigencia en las Tierras Comunitarias de Origen, en especial en los distritos orientales del país que antes no habían sido tomados en cuenta.

No obstante haberse cercenado una gran parte de las competencias qué otorgaba el Estatuto a las regiones, con la aplicación de la Constitución Política del Estado, la reacción, si existió, fue realmente tibia, a diferencia de los pueblos originarios del oriente que viendo sus derechos limitados, iniciaron una marcha con dirección a la sede de gobierno .

Planteadas las cosas de esa manera, el Gobierno no ha tenido alternativa y estará sentado con los dirigentes de las naciones indígenas, para ver la manera de adoptar las normas que puedan corregir el texto legal que da vida al sistema autonómico en el país, en la parte que ellos consideran vulnerados sus derechos.

Vale la pena recordar que esos grupos originarios fueron en algún momento grupos afines al gobierno y en esas condiciones, participaron en las elecciones, son co gestores de la presencia del presidente Morales en el Palacio, pero que hoy han decidido levantar la voz, para mostrar su disconformidad y en algún momento sus dirigentes tendrán que reunirse con autoridades del Gobierno Central y en ese entendido podrán negociar la parte de la Constitución que según consideran , afecta a sus decisiones y tiene que ser corregida.

El hecho de que un grupo de gentes del oriente, afectadas por la medida se lanzaran a las calles para expresar su protesta y exigir las modificación de la nueva ley, difiere de la actitud asumida por los dirigentes cívicos y autoridades de la región oriental que al no haber actuado con la firmeza necesaria, tendrán que seguir expresando su tibia disconformidad, sin que por esa falta de fuerza, pudieran obtener que las decisiones gubernamentales sean modificadas, dando paso a modificaciones sustanciales.

Vale la pena ver con seriedad la forma en que se procede en estas circunstancias, ya que no es sino el reflejo de la forma en que se ha ido actuando desde que el MAS tomó las riendas del Gobierno, ya que a pesar de manifestar en forma persistente que no se está de acuerdo con las normas que dan vigencia a la Constitución Política del Estado; la falta de actitudes firmes, para conseguir que el Gobierno pueda abrirse a la negociación, obliga a acatar una Constitución que ni el mismo gobierno respeta.

No presentar propuestas para ser discutidas y mantener silencio, por el temor a ser considerados traidores, obligará a aceptar sin vuelta y resignarse a recibir nuevas arremetidas que con seguridad darán resultados parecidos.

Entretanto, las regiones autonómicas seguirán trabajando con un Estatuto impuesto por el Gobierno, reemplazando al que fue aprobado por el referéndum, con el riesgo de quedar cada día más debilitados.

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Opinión: La marcha indígena y Derechos Humanos

La caminata de 675 marchistas de los pueblos indígenas que exigen al Gobierno la aplicación de su autonomía plena y que ha recorrido hasta el momento 220 kilómetros en su intento de llegar a la ciudad de La Paz, ya tiene tres bajas por efecto del esfuerzo que demanda un periplo de esta naturaleza, las inclemencias del tiempo, la deshidratación, falta de medicamentos y la escasa provisión de alimentos.

Entre los marchistas hay 250 mujeres, dos de ellas embarazadas y 150 niños, y la posición de los indígenas que comenzaron su marcha desde Trinidad, para defender lo que consideran sus derechos y una lucha que empezaron desde hace muchos años para el reconocimiento pleno de las autonomías, que según arguyen, tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado en vigencia.

Los marchistas insisten en que el texto constitucional les otorga a los pueblos indígenas la potestad de definir por usos y costumbres sus estatutos autonómicos y más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero más allá de estas peticiones, que hasta el momento no encuentran el escenario para un diálogo con el Gobierno que ponga punto final al sacrificio de los marchistas, no se puede obviar un hecho que parece inédito en esta clase de manifestaciones y que guarda relación con la poca o ninguna solidaridad con los hombres, mujeres y niños que recorren el camino en medio de visibles penurias.

Nadie sabe dónde están los representantes de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, que en situaciones similares, anteriormente, en las marchas de reivindicación por la tierra y territorio, las acompañaron.

Hoy cuando el conflicto plantea un serio problema para el Gobierno y para sus estrategias con los movimientos indígenas, aquellas organizaciones que deben ser las primeras en preocuparse por la situación de los marchistas, más allá de cualquier consideración política, ideológica o de legalidad que pueda tener el movimiento indígena sobre sus pedidos, no pueden estar ausentes o contentarse simplemente con buenas intenciones, que en realidad no ayudan nada en solidarizarse con la salud y la vida de los marchistas.

Esta marcha de los indígenas, como nunca antes, se desarrolla en un ambiente de indiferencia de instituciones cuya labor está precisamente en la solidaridad con los seres humanos, que por diferentes circunstancias, realizan sacrificios a costa de su vida, junto con sus familias. Qué gran despliegue en anteriores oportunidades de los organismos de Derechos Humanos, del Defensor del Pueblo e incluso de los medios de comunicación social, en seguir las peripecias de las marchas y de expresiones reinvidicativas de pueblos y sectores que se han visto sistemáticamente marginados en sus derechos.

Y lo peor en la presente situación es que ni la Iglesia Católica puede mediar en el esperado diálogo entre los representantes de los marchistas y el Gobierno, porque esta institución religiosa ha sido a su vez separada en ese papel conciliador que en otras épocas cumplía con resultados satisfactorios.

Las marchas se debilitan en el camino no sólo por las enfermedades, también por las estrategias gubernamentales conocidas desde siempre y que buscan precisamente su debilidad a costa del cansancio de los marchistas. Es una especie de método para apagar las protestas, para que languidezcan por el dolor y el extremo sacrificio

Sería lógico pensar que cualquiera puede ser el lugar para entablar el diálogo en búsqueda de acuerdos o soluciones, pero es conocido también que las marchas y los marchistas prefieren hacerlo en el camino como una forma de hacer conocer a las autoridades una parte de sus carencias y angustias.

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Clarín, Argentina: Los riesgos de la política comercial

El Gobierno emprendió una política de comercio exterior que ya está teniendo consecuencias negativas sobre sectores productivos y que, de no modificarse, tendrá costos crecientes.

Un primer capítulo de esta política lo integran las restricciones a importaciones brasileñas de productos industriales, que se agregan a la serie de disputas comerciales que se mantienen desde hace años con el socio del Mercosur y que han creado un explícito malestar en Brasil y contribuyen al deterioro de la asociación. Otro frente de conflicto se abrió recientemente con las restricciones a las importaciones de China, lo cual fue respondido por el país asiático con una interrupción de las compras de aceite de soja. Si bien el Gobierno afirma que el intercambio está regularizado, fuentes de la industria exponen un cuadro diferente.

Finalmente, se tomó la decisión de restringir extraoficialmente importaciones de productos alimenticios de la Unión Europea, lo cual ha provocado crecientes quejas y amenazas de reclamos en la Organización Mundial de Comercio.

El hecho de que la Unión Europea practique el proteccionismo contra productos argentinos no altera el cuadro, ya que la negociación sobre ese tema se desarrolla en canales bilaterales y en el marco de la Ronda de Doha.

La restricción a productos europeos es, además, particularmente inexplicable porque los bienes en cuestión son una porción muy reducida de las compras a la Unión y porque, por su monto y características, tienen poca o ninguna posibilidad de afectar a la industria local o de influir sobre el costo de la canasta alimentaria.

El Gobierno ha tomado las medidas que se comentan siguiendo su línea de desconocer normas y derechos, y sin tener en cuenta que en el comercio internacional hay pautas de conducta cuya violación no es impune, y compromisos adquiridos en el Mercosur y en la Organización Mundial de Comercio, cuya transgresión da lugar a represalias y sanciones.

Las medidas proteccionistas tomadas por el Gobierno desconocen acuerdos y compromisos, tienen poco efecto benéfico y causan represalias que afectan a sectores productivos.

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