El memorial será presentado en Washington. Experto advierte que desconocimiento a Tribunal del CIADI crea inseguridad jurídica y ahuyentará las inversiones.
Arbitrajes. La ministra Elizabeth Arismendi y el director Danny López ofrecieron ayer una conferencia de prensa.
Jannett Oporto – La Paz, La Razón
Gobierno acudirá a un tribunal federal de EEUU por el caso ETI
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Petición. El memorial será presentado en la ciudad de Washington
Bolivia acudirá a un tribunal federal de Estados Unidos para anular los acuerdos suscritos entre una ex autoridad del Ministerio de Defensa Legal del Estado y la italiana ETI, lo que posibilitó la “migración del arbitraje” que radicaba en el CIADI a un tribunal Ad hoc.
Así lo hizo conocer ayer la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, quien hizo mención a los acuerdos suscritos por su antecesora, Cecilia Rocabado, con Euro Telecom International (ETI), ex socia mayoritaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Según la autoridad, la migración del arbitraje que se tramitaba en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a un tribunal Ad hoc, atenta contra los intereses del Estado boliviano.
En octubre del 2009, tras suscribir un acuerdo con la ex ministra Rocabado, ETI interpuso un nuevo arbitraje internacional contra Bolivia ante un tribunal Ad hoc por la nacionalización de sus acciones en Entel. En la oportunidad, la ex autoridad consideró el hecho como favorable para Bolivia, porque era un reconocimiento de ETI sobre la falta de competencia del CIADI, pues Bolivia se había retirado de ese tribunal.
El 3 de noviembre del 2009, el CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por ETI contra Bolivia, tal como se refleja en su sitio web (www.icsid.worldbank.org).
Tras la suscripción de un nuevo acuerdo, el holding europeo pidió una compensación de 700 millones de euros, además del pago de un “interés compuesto” de 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral (fallo). El 21 de enero de este año, Rocabado confirmó a La Razón que en la Notificación de Arbitraje y Declaración de la
Demanda presentada por ETI, la compañía pidió esa cantidad de dinero, pero que se trataba de una demanda “al fósforo”, debido a que la transnacional provocó más daños económicos a la empresa y al Estado. “Los acuerdos (firmados por Rocabado) son atentatorios para el Estado, porque ha permitido que el mismo tribunal del CIADI pueda migrar a un tribunal Ad hoc, que no haya permitido nombrar a otro árbitro y además ha renunciado a todos los medios de defensa”, dijo la ministra Arismendi.
El director de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Danny López, explicó a La Razón que el tribunal federal al que se presentará el recurso se encuentra en la ciudad de Washington DC. “El lugar donde se han suscrito los acuerdos de arbitraje es la ciudad de Washington DC, en Estados Unidos, entonces ése es lugar donde hay jurisdicción para que un tribunal del lugar determine la invalidez de los acuerdos”, puntualizó.
La autoridad explicó que “el memorial ya fue elaborado y está en proceso de revisión”, considerando que es altamente técnico.
Arismendi agregó que la decisión del CIADI, de postergar la decisión sobre la nulidad de los acuerdos firmados por Rocabado, tiene el propósito de que “Bolivia se someta al tribunal Ad hoc”.
Hay riesgo de embargo de bienes
Juicio
Elizabeth Arismendi admitió que, siendo que el arbitraje continuará, es probable que se dicten laudos arbitrales y que ello implique el embargo de algunos bienes del Estado. Dijo que se están tomando todas las previsiones del caso para evitar esta situación.
Tratarán caso Quiborax con vicecanciller chileno
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, confirmó que el caso Quiborax, que involucra a una empresa y a un ciudadano chileno, será planteado este lunes al vicecanciller de ese país, que estará de visita en el país. “Vamos a plantear este tema no sólo al vicecanciller chileno, nuestra denuncia será a nivel internacional sobre la agresión de la que está siendo objeto Bolivia por parte del CIADI”.
El CIADI rechazó la recusación que presentó Bolivia contra tres miembros del tribunal que atienden la demanda de la chilena Quiborax por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni (Potosí).
Desconocimiento a Tribunal del CIADI crea inseguridad jurídica
Según ex Presidente de BCB
El Diario
Ministra Arismendi considera que fallos de esta instancia son considerados como “una agresión” al Estado boliviano.
Bolivia podría ahuyentar inversiones privadas al desconocer a tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ya que refleja mayor inseguridad jurídica.
Este criterio fue expresado por el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, quien sostuvo que las empresas internacionales que tenían inversiones en Bolivia, no están dispuestas a perder, siendo esa la razón por la que denunciaron ante el CIADI.
Sostuvo que nadie desea invertir en Bolivia cuando sus recursos dependen del Estado (Gobierno) y no puede llegar a un laudo arbitral por sus derechos.
Por su parte, la ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, anunció que el Gobierno realizará una campaña contra CIADI por haber fallado a favor de las empresas Quiborax y la EuroTelecom International (ETI), lo que es considerado como “una agresión” al Estado boliviano.
Asimismo, dijo que el país no reconocerá los laudos arbitrales que emitan los tribunales de esta instancia del Banco Mundial (BM) porque son considerados nulos de todo derecho al no haber tomado en cuenta las pruebas que el Estado presentó en los dos casos.
Explicó que en el caso de Quiborax, el Gobierno interpuso una recusación en contra del Tribunal por existir dudas razonables sobre su imparcialidad, debido a que esta instancia emitió una opinión contraria al Estado solicitando a Bolivia la suspensión del proceso penal en contra de David Moscoso y otros.
Bolivia ahuyentará las inversiones al desconocer tribunales internacionales
Para el Gobierno el CIADI estaría favoreciendo a las transnacionales que manejaron algunas empresas como Entel.
La Ministra de Defensa Legal anunció una campaña en contra del CIADI por haber fallado a favor de las empresas Quiborax y la ETI.
EL DIARIO y ANF.- El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando Méndez, afirmó que Bolivia ahuyentará las inversiones privadas en el país al desconocer los tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“El discurso no es nuevo, ya que el presidente Morales hizo conocer hace varios años atrás; lo que preocupa es que se reitere constantemente que no reconoce ningún tipo de tribunal que no esté con los intereses del Gobierno”, dijo Méndez.
Para el ex Presidente del BCB las empresas internacionales que tenían inversiones en Bolivia, no están dispuestas a perder, siendo esa la razón por la que denunciaron ante el CIADI.
Asimismo, explicó que ya está rayada la cancha y esto por supuesto no podrá beneficiar directamente a los empresarios de afuera, ya que nadie pretende invertir en Bolivia cuando su inversión depende del Estado (Gobierno) y no puede llegar a un laudo arbitral por sus derechos.
Los empresarios demandaron al Gobierno respeto del marco jurídico para el sector privado nacional e internacional.
CAMPAÑA
La ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, anunció que el Gobierno realizará una campaña en contra del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por haber fallado a favor de las empresas Quiborax y la EuroTelecom International (ETI). Según Arismendi, estos fallos son “una agresión” al Estado boliviano.
La autoridad aseguró que el país no reconocerá los laudos arbitrales que emitan los tribunales de esta instancia del Banco Mundial (BM) porque son considerados nulos de todo derecho al no haber tomado en cuenta las pruebas que el Estado presentó en los dos casos.
“Nuestra estrategia consiste en que vamos a manifestarlo de forma escrita y que vamos ha comenzar nuestra campaña para denunciar este maltrato que Bolivia recibe por parte del CIADI”, manifestó.
En el caso de Quiborax, el Gobierno interpuso una recusación en contra del Tribunal por existir dudas razonables sobre su imparcialidad, debido a que esta instancia emitió una opinión contraria al Estado solicitando a Bolivia la suspensión del proceso penal en contra de David Moscoso y otros, lo cual es considerado como una injerencia y una violación a la soberanía del Estado boliviano, según destaca la ministra Arismendi.
Durante el gobierno de Carlos Mesa en el año 2004, se revocó 11 concesiones en el Salar e Uyuni donde Quiborax explotaba ulexita, pero en octubre del 2005, esta empresa presentó una demanda de arbitraje ante la CIADI por anulación de su licencia y pidió una indemnización de 40 millones de dólares.
La autoridad de Estado, afirmó que la recusación interpuesta por el Estado ante el Tribunal de la CIADI constó de 10 puntos, los cuales no han sido considerados por esta instancia. Agregó que la respuesta, en su resolución en cuatro párrafos no contiene ninguna argumentación y explicación jurídica valedera, puntualizó.
“El Tribunal del CIADI prácticamente atenta contra Bolivia, una vez más el país se siente agredida por el Tribunal y esa es la denuncia que quiero poner en forma pública”, subrayó.
La autoridad aseguró que el Gobierno no se someterá a ningún laudo que emita este Tribunal porque no escuchó los fundamentos y argumentos del Estado, pues lo único que hace “es hacer lo que dicen las empresas sin tomar en cuenta nuestra opinión como Estado”.
Arismendí dijo que la agresión perpetrada por el CIADI debe ser de conocimiento de derechos humanos, razón por el cual expondrán este caso ante la misión gubernamental de Chile la próxima semana porque hasta el momento el ciudadano chileno Alán Fox no puede ser ubicado en dicha región para ser citado con la finalidad de que se defienda en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público.
“Todas las autoridades (chilenas) no han permitido que este señor (Alan Fox) asuma su defensa pero el Ministerio Público está haciendo todos los esfuerzos para que continúe el proceso penal”, aseguró.
ETI
En el caso de la ETI, Arismendi detalló que la ex titular de dicha cartera Cecilia Rocabado firmó dos acuerdos con la firma italiana, lo que causó que el proceso migre a un tribunal ad hoc, no se permita a Bolivia nombrar a un arbitro, dejó al país sin capacidad de defensa porque aceptó acortar los plazos procesales y renunciar a interponer demandas durante el proceso que se siga en esta instancia internacional.
En este caso, la semana pasada el Tribunal del CIADI respondió que está demanda con el argumento de que se procesará de manera paralela al arbitraje que se sigue, ante lo cual la entrevistada, prometió que su despacho acudirá a costes federales para demandar la nulidad de estos documentos que no contaron con el consentimiento del Estado que es representado por el presidente Evo Morales.
“Haga lo que haga el Tribunal (el CIADI) siempre va ha estar viciado de nulidad, por lo tanto, ¿cómo podemos cumplir un laudo que está viciado de nulidad?”, se preguntó.
En abril de la gestión 2007, el gobierno de Morales decidió “nacionalizar” las acciones de la ETI que estuvieron en ENTEL después de 13 años de haberla operado. Pero la firma italiana, en octubre del mismo año, interpuso un proceso de arbitraje ante la CIADI y demandó unos 640 millones de dólares por concepto de indemnización.
El Ejecutivo realizará las acciones pertinentes ante la posibilidad de que los laudos que emitan estos tribunales estén relacionados al embargo al que pueda ser sometido el país. Pues, sería “un verdadero desastre, si nosotros (los bolivianos) permitimos que los laudos nulos con pleno derecho tengamos que cumplir como si fuéramos ovejas que no sabemos defendernos”.
CAMPAÑA
La ministra de Defensa Legal Elizabeth Arismendi, informó que los juicios que enfrenta Bolivia en los tribunales Internacionales demandarán una erogación entre tres y cuatro millones de dólares, cuyo presupuesto saldrá del Tesoro General del Estado (TGE).
“Tenemos más o menos calculados por los procesos arbitrales de tres a cuatro millones de dólares, así de costosos son los procesos arbitrales “, manifestó la Ministra.