Chito Valle internado en una prisión peruana; Gobierno boliviano espera su deportación

El canciller García Belaúnde, afirmó que el caso del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle, está en manos de la justicia de Perú.

«Lo que corresponde  jurídicamente es una deportación, no extradición, porque ‘Chito’ (Valle) no tiene estadía legal en el Perú», dice el gobernador de La Paz, César Cocarico.



image

El ex prefecto de La Paz, Alberto «Chito» Valle cercado por policías – Abi Agencia

Chito Valle internado en una prisión peruana

LIMA | EFE. El canciller de Perú, José García Belaúnde, afirmó hoy que el caso del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle, detenido por la Interpol el viernes pasado en Lima, le corresponde al Poder Judicial de su país.

«Este es un tema del Poder Judicial, ha sido detenido el señor y ahora tiene que procederse de acuerdo a ley», comentó García Belaúnde a Efe momentos antes de partir a Ecuador.

El Gobierno boliviano anunció el fin de semana que planea enviar una misión a Perú para tramitar la deportación de Valle, acusado de diversos delitos de corrupción en su país.

Valle, apodado «Chito», fue prefecto de La Paz entre 1997 y 1999, durante la segunda gestión del general Hugo Banzer, quien fue dictador de 1971 a 1978, y presidente constitucional de 1997 a 2001.

El ex prefecto está acusado de cometer varios delitos de corrupción por un valor de 17 millones de dólares, por lo que en abril de 2009 la justicia boliviana ordenó su captura.

El detenido solicitó el año pasado asilo político en Perú pero ese pedido le fue negado por considerarse que su situación era distinta a la de tres ex ministros bolivianos que sí recibieron el beneficio del Gobierno de Lima tras argumentar que eran perseguidos políticos, lo que causó la molestia del Gobierno de Evo Morales.

El embajador boliviano en Perú, Franz Solano, afirmó el viernes pasado a Efe que el Ejecutivo de La Paz está a la espera de que las autoridades peruanas autoricen la entrega de «Chito» Valle en calidad de deportado.

Según el embajador, tras la detención se constató que Valle «está ilegalmente en Perú y no cuenta ni con el beneficio de asilo ni refugio».

«Él es prófugo de la Justicia boliviana dado que el Ministerio Público y autoridades judiciales le tienen un caso abierto» por diversos delitos de corrupción, precisó el diplomático. Los Tiempos digital

Esperan la deportación de Valle y su reclusión en Chonchocoro

    La Paz 23 ago (ABI).- Las autoridades bolivianas esperaban  la deportación, entre lunes y martes, del prófugo ex prefecto (gobernador) de La Paz, Luis Alberto Valle, detenido el fin de semana último por la Policía Internacional (Interpol) en Lima, como también, tras su juzgamiento, en la Corte Suprema, en Sucre, su reclusión en una penal de máxima seguridad en altiplano de Bolivia.

    «Lo que corresponde  jurídicamente es una deportación, no ex tradición, porque ‘Chito’ (Valle) no tiene estadía legal en el Perú, (por lo tanto) no se necesita ningún trámite legal. Lo que debería hacer el gobierno peruano, inmediatamente, es llevarlo a la frontera con Bolivia. Esperamos nos señalen en qué lugar de la frontera que tenemos con Perú nos va a ser entregado», explicó el gobernador de La Paz, César Cocarico.

    Lo mismo que su antecesor Pablo Ramos, Cocarico se ha constituido en parte querellante por un daño económico del orden de 17 millones de dólares perpetrado entre 1997 y 1999, cuando Valle ejerció en la Prefectura de La Paz.

    «El señor Valle una vez que se dicte la sentencia, debe cumplir, la sentencia, en el penal de Chonchocoro», insistió el Gobernador que coincidió con la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo en lo que la legislación boliviana reserva para el ex prefecto de La Paz.

    «Vamos a solicitar que sea remitido a Choncocoro  toda vez que hay el peligro que (Valle) pueda volver a fugar, porque es una persona habilísima en ese tema», afirmó Suxo.

    La Ministra boliviana dijo haber cursado a la Procuraduría de Perú una solicitud para que el ex prefecto, que en medio de un proceso instaurado por la Suprema Corte se evadió de Bolivia en abril de 2009, «sea expulsado».

    A su turno Cocarico explicó que la situación de ilegalidad de Valle en Perú, a cuyas autoridades pidió sin éxito asilo y refugio, sumado al hecho que la solicitud de deportación se enmarca en el relacionamiento de «Estado a Estado», apunta con muy pequeño margen de error a su expulsión.

    Por su parte Suxo, que también consideró en alto grado allanado el camino de la expulsión de Valle de Perú, planteó su convicción de que Lima obrará en consecuencia a la normativa internacional.

    «Bolivia y Perú forman parte del Organismo de Control del Cumplimiento de la Convención Internacional de Lucha Contra la Corrupción y, en ese plano, también esperamos recibir el apoyo», afirmó.

    La Ministra dijo que el piso de la demanda, por peculado y daño económico extendido de 17 millones de dólares contra Valle, es susceptible de ampliarse, pues «hay mucho otros temas que tienen  que ser tomados en cuenta» en el proceso al yerno del ex dictador (1971-78)y ex presidente constitucional Hugo Banzer (1997-2001).

    Luego de insistir en que Perú expulse sin miramientos a Valle, conocido por el remoquete de ‘Chito’, corresponde «que venga (a Bolivia) y asuma la responsabilidad ante los bolivianos».

    Suxo enunció la ley anticorrupción, de reciente promulgación y bajo cuyo imperio será juzgado el ex prefecto que ni bien vio perdidas las triquiñuelas que montó para dilatar el proceso que en determinado momento lo librara de culpa, se evadió a Perú en abril de 2009.

    La Ministra insistió que existe jurisprudencia para juzgar a ‘Chito’Valle.

     «Tenemos sentenciadas a otras tres personas que han estado en el equipo de Valle», afirmó.

    Por su parte Cocarico dijo que «hemos estado pidiendo la continuidad del proceso bajo la perspectiva de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz», primera norma para juzgar la corrupción pública en Bolivia.

    El Gobernador de La Paz apuntó que Valle debe volver a enfrentar un trámite de medidas cautelares personales, en la jurisdicción de Sucre.

    «Necesariamente llegará a Sucre y se celebrará medidas cautelares y ahí se determinara en qué penal va a ser recluido el señor Valle», hasta que se lea la sentencia por parte de la Corte Suprema y sea remitido a Chonchocoro, recalcó.

    Suxo y Cocarico aseguraron que el proceso se ampliará «a los cómplices» que ayudaron  a Valle, a esconder las propiedades que éste se procuró con dineros públicos.

    El proceso alcanzará, entonces, a un ciudadano alemán que aparece como propietario del hotel en San Buenaventura, un emplazamiento hotelero de vocación ecológica, en el límite de los departamentos de La Paz y Beni, «aparte de que tiene una irregular forma de adquisición de derecho propietario», aseveró el Gobernador.

    «Si los familiares han cometido delitos encubriendo las acciones del señor Valle evidentemente van a ser investigados», insistió el Gobernador.

    «Y hay muchos que aparecen como propietarios de los  bienes que eran del señor Valle», afirmó Cocarico que invocó el principio jurídico de la «acción pauliana», que permite al Estado resarcirse del daño económico inferido.

    «El hecho también es reponer el daño civil que se le ha ocasionado al departamento de La Paz, de unos 17 millones de dólares», machacó.

    De acuerdo con el resultado de investigaciones oficiales, Valle adquirió bienes en las poblaciones de San Buenaventura e Ixiamas, en La Paz, y también en el departamento de Santa Cruz.