Carlos Tórtora
La tenacidad de los Kirchner en estatizar en todo lo posible los medios de comunicación está íntimamente vinculada con ley de reforma política 26.571 y el objetivo de ganar -a cualquier precio- las elecciones del 2011. El proceso de estatización, como está hoy, tiene los siguientes capítulos:
* Ley de Medios: La aplicación de uno sus artículos claves, el 161, está suspendida por un amparo pero a punto de que la Corte Suprema falle a favor del gobierno.
* Multimedios oficialistas: Siguen creciendo, sobre todo el que encabeza Sergio Szpolski, que controla El Argentino, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Radio del Plata y Veintitrés, entre otros medios.
* TV Digital. El Estado es el único autorizado a instalar y operar la TV Satelital a nivel nacional. Las Empresas de TVCable quedan fuera de competencia con la TV Móvil y gratis del Estado. Se están instalando 47 plantas transmisoras y antenas, una por provincia y el resto en grandes ciudades del país y la provincia de Buenos Aires y complementada con aproximadamente 700 antenas repetidoras. El 80% del territorio nacional tendrá televisión satelital gratuita a fines de abril de 2011, justo para el inicio de la campaña electoral para las primarias de agosto.
* Fútbol para Todos: El Estado monopoliza la emisión de publicidad del Fútbol para Todos, produciendo en su primer año 950 millones de pérdida.
* Papel Prensa: Pasado mañana, el gobierno promete poner en marcha la estatización de la empresa. En marzo pasado, la Secretaría de Comercio asumió la facultad de otorgar a su arbitrio cupos de papel, medida que, por otro lado, complementa con la eliminación de la importación de papel de diario. La presión sobre la prensa gráfica aumentará considerablemente.
* Cablevisión: La arbitraria caducidad de la licencia, de efectivizarse, apunta a transferir el 25% del mercado de Internet a las telefónicas, que están estrechamente ligadas al gobierno.
* Desmantelamiento de la competencia: Por el Decreto 1053 de este año, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual le retiró a La Capital de Rosario (empresa integrante de Grupo Uno) la licencia de LT8 de Rosario. Simultáneamente, los conflictos gremiales impulsados por el gobierno paralizaron por semanas a La Capital.
* Guerrilla comunicacional: Dependiendo de Aníbal Fernández, estaría operando una central paraestatal que se dedica a hacer propaganda kirchnerista en la Web, saboteando además los medios opositores. Este ejército de blogueros y hackers contaría con el asesoramiento de la agencia española La Eñe e incluiría además los servicios de call centers con capacidad de bloquear las líneas de oyentes de radios y canales de televisión.
Tres artículos que pueden cambiar el resultado electoral
La expansión oficial sobre el mercado de la comunicación se complementa a la perfección con tres artículos de la ley 26571, que los senadores y diputados votaron sin discutir. El artículo 34 sostiene en relación a las primarias: “Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada publicidad en emisoras de radiodifusión sonora abierta o por suscripción” (…). Y el artículo 35 complementa lo anterior disponiendo: “La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público, con citación a las agrupaciones políticas que participan en las elecciones primarias, los espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión sonoras, televisivas abiertas y por suscripción según lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos” (…).
Pero el broche de oro es el nuevo artículo 43 de la Ley de Financiamiento, que dice: “Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña. Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o televisión para promoción con fines electorales. Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva, abierta o por suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior”.
Cómo cierra la operación
Así las cosas, la oposición tendrá vedado el acceso a la publicidad electoral, excepto en los espacios que le asigne el Ministerio del Interior a través de sorteos que serán, no cabe duda, un modelo de transparencia.
Mientras la oposición quedará limitada al máximo, el gigantesco espectro de medios oficiales y semioficiales actuará probablemente sin respetar ninguna regla de juego a través de campañas de saturación disfrazadas de publicidad institucional.
Este escenario, de concretarse, reduciría a la oposición a tener que hacer campaña en el reducido mercado de los medios gráficos.
La mordaza que la ley les colocará a los opositores se ve todavía más clara en la sinuosa redacción del artículo 43 de la Ley de Financiamiento. Al hablar del sorteo de los espacios, la norma dice que la publicidad se emitirá en el horario de 7 am a 1 am y que “se deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que oficialicen listas de candidatos la rotación en todos los horarios menos dos veces por semana en el horario central en los servicios de comunicación audiovisual”. Este “al menos dos veces” significa que a algunos podrá tocarles dos veces y a otros 10 ó 20 veces el horario central.
El Informador Público – Buenos Aires