Protestas.Detrás de varios de los grandes proyectos de desarrollo que impulsa el Gobierno de Evo Morales, con recursos propios y de inversionistas externos, hay conflictos relacionados con el medio ambiente, que tienen como protagonistas a pueblos indígenas.
Lidema: Los problemas socio- ambientales han proliferado. Para el Gobierno, la gestión ambiental es burocrática. Conflictos ponen en duda respeto a norma ambiental
LOS TIEMPOS
Obras preliminares de la carretera a Beni efectuadas por la constructora brasileña OAS en Isinuta. Los indígenas se oponen a que la ruta pase por su territorio. – Rodolfo Goitia Los Tiempos
En los últimos meses el Gobierno de Evo Morales se ha visto en aprietos por las constantes protestas relacionadas con conflictos ambientales por la ejecución de grandes proyectos de desarrollo.
Debido a que no se trata de un solo caso sino de varios, la vocación ambientalista y protectora de la Madre Tierra que propugna el Presidente ha sido puesta en duda dentro y fuera del país, así como hay cuestionamientos sobre si el órgano Ejecutivo está respetando y haciendo respetar las normas ambientales establecidas en la Ley de Medio Ambiente y la propia Constitución Política del Estado (CPE).
Para los ambientalistas y los directos afectados, pueblos indígenas y comunarios, el Gobierno está dejando de lado la normativa para agilizar sus planes y los de inversionistas foráneos en proyectos tan grandes como la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, la exploración y explotación de hidrocarburos en el norte paceño, la generación de hidroelectricidad y de actividad minera como la hidrometalurgia de Corocoro.
Las instancias gubernamentales responsables del área medioambiental aseguran que no se descuidan y aprueban las licencias ambientales al verificar el cumplimiento de todos los requisitos.
Efectivamente, aunque los proyectos, al menos los mencionados, cuentan con licencias ambientales, las protestas tienen que ver con el incumplimiento de los procedimientos, la falta de información y procesos de consulta incompletos.
Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), de La Paz y del oriente han denunciado las irregularidades, siendo objeto de críticas de parte del Gobierno.
Los casos
Uno de los proyectos con más denuncias es el de la exploración de petróleo en Lliquimuni por una sociedad entre YPFB y la venezolana Pdvsa (Petroandina), en el norte de La Paz. La Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) entabló un juicio al Ministerio de Hidrocarburos después de haber constatado que la consulta indígena para proceder a la exploración de petróleo fue hecha de manera irregular vulnerando los derechos del pueblo mosetén.
El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) denunció incluso que los técnicos hicieron firmar la consulta a los niños en sus escuelas.
En el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos hubo consulta parcial con colonos para los tramos I y III fuera del Tipnis y las licencias fueron aprobadas.
“Pero existe un rechazo indígena innegociable a la construcción del tramo II que pasa por su territorio, además que no existe diseño y proyecto de factibilidad de la carretera”, dice el presidente del Foro Cochabambino de Medio Ambiente y Desarrollo (Focomade), Jhon Zambrana.
La puesta en marcha de la planta de hidrometalurgia de cobre en Corocoro, La Paz, este año fue y es motivo de conflicto. La metalurgia entró en operación sin licencia ambiental que fue aprobada después. Los comunarios, que denunciaron que el proceso de consulta no fue efectuado tal como fue acordado con el Gobierno, han amenazado varias veces con cortar la provisión del agua a esta industria minera.
Finalmente, respecto a la construcción de hidroeléctricas en la frontera con Brasil, las consultas no han comenzado, pero ya existe oposición.
Modelo extractivista intacto
A pesar de los avances en las políticas de inclusión social, el Gobierno no ha logrado superar el modelo extractivista, primario y exportador, advierten los ambientalistas.
Esto significa que la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo tienen que ver con explotación de recursos naturales.
Focomade agrega que también existe una visión en el Ejecutivo de que cumplir con los procesos de consulta y de estudios ambientales es un escollo para el desarrollo de los proyectos y la inversión.
“Esto no es cierto porque se puede aprovechar e industrializar los recursos cumpliendo la normativa precautelando los impactos negativos sobre los factores ambientales y sociales. Esto asegura que los beneficios para los pueblos y la nación sean sostenibles en el tiempo”, explica el presidente de Focomade, Jhon Zambrana.
Zambrana también apunta a la falta de personal público capacitado, sensible a los problemas ambientales y sociales, y una estructura jurídica especializada en temas ambientales.
Lidema: Los problemas socio- ambientales han proliferado
DICEN QUE EL GOBIERNO VE EN LA GESTIÓN AMBIENTAL UN OBSTÁCULO
Inauguración de las tareas de exploración en el norte de La Paz, en 2008. (foto Abi)
Para la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) la mayoría de las problemáticas socio-ambientales han proliferado, se han profundizado y en el mejor de los casos permanecen invariables, debido al marginamiento de la gestión ambiental en el actual Gobierno.
Marco Octavio Ribera, investigador de Lidema, dice que esta situación tiene su raíz en el modelo de desarrollo vigente, extractivista y primario exportador (gas, minerales, energía, suelos-soya), que se ha exacerbado en los sectores de hidrocarburos, minería y energía.
Agrega que este modelo ve un obstáculo en la gestión ambiental y de autoridades ambientales fuertes, por lo que la tendencia ha sido marginar y debilitar aún más este aspecto.
En el caso de la minería, dice Ribera, se ha aprovechado la recuperación de la demanda y de los precios, y los ritmos de explotación y procesamiento no han sufrido grandes variaciones.
El oro ha alcanzado precios de record histórico, por tanto las presiones de explotación se han intensificado como nunca generando enormes impactos ecológicos, incluso al interior de áreas protegidas como es el caso del ANMI Apolobamba.
En el tema hidrocarburífero, indica, en 2009 se han generado grandes amenazas, en función a la multiplicidad de operaciones previstas de exploración sísmica y de perforación de pozos exploratorios tanto en la zona tradicional como en las zonas no tradicionales.
“Debido al deficiente manejo de los instrumentos de consulta pública y de prevención y control ambiental por parte de YPFB-Petroandina (y del ministerio sectorial) se dieron, en el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni, fuertes impactos socio-ambientales que afectaron la estructura organizacional indígena y los ecosistemas de alta fragilidad de la zona. La amenaza de la exploración petrolera se dirige ahora al corazón del Parque Nacional Madidi y la Reserva-TCO Pilón Lajas (bloques río Hondo y Tuichi)”, agrega Lidema.
En el tema energético, el riesgo socio-ambiental de los megaproyectos El Bala (que afectaría el Parque Nacional Madidi y la Reserva-TCO Pilón Lajas) y Cachuela Esperanza es grande, señala.
Lidema alerta también sobre las debilidades de los estudios de impacto ambiental en el proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“La proliferación y agudización de problemáticas ambientales, sea por omisión o por promoción de proyectos con alto costo ambiental, ha dado lugar a una crítica generalizada al Gobierno de crear una imagen internacional que no coincide con lo que se está viviendo en el país”, concluye Rivera.
PLANTA DE COBRE GENERA CONFLICTOS
Este año, la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) empezó a operar la planta hidrometalúrgica de cobre en una alianza con la coreana Kores.
Actualmente hay ya 300 toneladas de lámina de cobre producidas, las que serán exportadas a la empresa Tranfigura de Inglaterra por un valor de 2,3 millones de dólares.
El proyecto de Kores consiste en la explotación a cielo abierto de cobre, objetivo que recién será logrado en 2011, pues aún se halla en la etapa de exploración.
La inversión comprometida es de 2.100 millones de dólares hasta 2014. La semana pasada, el Gobierno informó que la empresa halló vetas de hasta cinco metros de ancho.
Este proyecto creará 500 empleos directos y 2.500 indirectos.
Sin embargo, el funcionamiento de la planta ha provocado protestas por el impacto socio ambiental en la región.
El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) se quejó de que el proyecto desvía el agua potable de la comunidad a la planta.
El superintendente de la metalúrgica, Renato Casón, admitió que hubo este problema, pero que fue superado porque ahora se recicla el líquido de la planta.
Indígenas exigen consulta previa e imparcialidad en los procesos
DENUNCIAN QUE INTENTAN DIVIDIRLOS PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES AMBIENTALES
Protestas de representantes de pueblos indígenas, comunidades y ambientalistas, durante la Conferencia del Clima en Cochabamba, en abril pasado. – Daniel James Los Tiempos
Los indígenas en cuyos territorios son o serán ejecutados proyectos de gran impacto ambiental piden al Gobierno cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), respetar el derecho a la consulta previa y participación de todos y ser imparcial en los procesos de gestión del medio ambiente.
El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Sergio Hinojosa, dice que aunque el cumplimiento obligatorio de la consulta está en la ley, en los hechos el Gobierno no respeta este requisito indispensable.
“Lamentablemente, los ministros y el Gobierno no están respetando, por eso el Conamaq está demandado la aplicación de la consulta, para dar curso a los proyectos dentro nuestros territorios, como está en la constitución, en el convenio 169 y de las Naciones Unidas”, indica.
Agrega que los indígenas no están en contra de los proyectos, “pero vamos a exigir el respeto al derecho a la consulta, luchamos por el desarrollo de las comunidades, pero no podemos quedarnos con la contaminación, sino ¿de qué proyectos y de qué desarrollo hablaríamos?”.
El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Remberto Justiniano, dice que es preocupante el intento de dividir a las organizaciones para que sólo algunos aprueben los proyectos y de esta manera se agilice la entrega de las licencias ambientales.
“Preocupa cuando empiezan a dividir las organizaciones para entregar las licencias, para que personas individuales puedan ser beneficiadas con los recursos. Bajo una resolución ministerial se están entregando las licencias a las entidades que hacen el aprovechamiento, pero ahí está la división, hay doble directorio de las organizaciones indígenas”, señala.
Proyectos
Justiniano dice que el Ejecutivo debe hacer la consulta a los indígenas y comunarios en territorios en los que estén los planes de ejecución no sólo grandes proyectos de desarrollo sino de todo tipo.
“Temas como las carreteras, el aprovechamiento de la madera, de los lagartos que corresponden más a planes de manejo integral que tienen que ver con el manejo sostenible del medio ambiente, para todo eso el Gobierno tiene que hacer las consultas”, indica.
El dirigente añade que las licencias ambientales deben ser entregadas sólo después de que las instancias gubernamentales han comprobado que los proyectos no generarán daños en los bosques, los animales y el agua.
Esperan proyecto de ley
El principal dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, dice que el Gobierno se comprometió a elaborar una propuesta que eleve a rango de ley el derecho a la consulta no sólo en el tema hidrocarburífero sino también en el caminero, conexión eléctrica y por regiones distintas.
“Hay que trabajar en la norma, en eso estamos desde esta semana que se terminó una primera etapa”, indica.
Chávez recuerda que la marcha protagoniza por la Cidob hace pocas semanas tenía como demanda que el Gobierno respete el derecho a la consulta.
“Si el Gobierno va querer imponer proyectos sin la consulta previa, tendría que actuar como actuó el Gobierno de Perú, con violencia… murieron los hermanos amazónicos porque no les consultaron, no se respetaron sus derechos”, dice.
Para el principal dirigente de la Cidob hay varios megaproyectos que deben tener la participación de los pueblos como el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“El procedimiento establece que debe existir un proyecto a diseño final, tener la consulta previa y otorgar la licencia ambiental. La carretera a Beni no tiene el proyecto acabado como para que se haga la ficha ambiental”, cuestiona.
DILEMA
Los indígenas se encuentran en la disyuntiva de rechazar por completo los proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios o permitirlos con el riesgo del impacto sobre su medio ambiente.
Algunos analistas indican que esta disyuntiva no fue percibida en el pasado por falta de información sobre los impactos ambientales.
Hoy, dicen es diferente, porque todos los habitantes de una región tienen acceso a datos, estudios y análisis para ver lo más conveniente a sus intereses y del medio ambiente.
Para el Gobierno, la gestión ambiental es burocrática
BUSCAN MECANISMOS PARA “SIMPLIFICAR” LOS TRÁMITES
El Gobierno dice que no hay proyectos que inicien sin licencia ambiental, pero acepta que la gestión es un proceso que le parece burocrático y quiere simplificarlo.
Infraestructura para generar electricidad a orillas del río Madera en oriente. (foto El Deber)
El miércoles pasado, durante la inauguración del Congreso Bolivia Energía & Gas 2010, el ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, dijo que el proceso de consulta y participación con las comunidades indígenas y campesinas, establecido en la Constitución Política del Estado, ha ocasionado una serie de dificultades, contratiempos y percances a las empresas del sector para llevar adelante proyectos y programas particularmente en el ámbito de la exploración, el desarrollo de campos y la implementación de la infraestructura.
Señaló que es necesario “destrabar” los procesos de consulta con los pueblos indígenas para la exploración y explotación petrolera.
Si bien reconoció que la concertación fue compleja, Vincenti refirió que se ha logrado establecer mecanismos de concertación que permitirán “simplificar” la extensión de licencias ambientales.
Adelantó que el Ministerio de Hidrocarburos asumirá la competencia “exclusiva” de extender esos permisos ambientales.
Licencias
El viceministerio de Medio Ambiente no contestó a las preguntas de Los Tiempos sobre los procesos de consulta y la entrega de licencias ambientales en varios de los proyectos que impulsa el Ejecutivo. Fuentes de esa repartición indicaron que las autoridades estaban muy ocupadas.
Sin embargo, en un comunicado reciente, la viceministra Cinthia Silva manifestó la disposición del Gobierno de efectuar las consultas y desarrollar propuestas integrales con los pueblos afectados, especialmente en el caso de la construcción de la carretera a Beni.
Procedimiento obligatorio
El Decreto Supremo 29033 establece la obligación de la Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas para emprender cualquier actividad hidrocarburífera en sus tierras.
La norma establece varios requisitos que la empresa debe cumplir para acceder a la licencia ambiental que le dará vía libre para desarrollar la actividad hidrocarburífera.
La primera fase del procedimiento es la elaboración de la ficha técnica, en la que la compañía explica en qué va a consistir el proyecto.
Después viene la elaboración de un documento de información pública, también elaborado por la empresa, con información extensa y detallada sobre posibles impactos ambientales para entregarlo a las comunidades.
La consulta y participación es la instancia en la que se evalúa la documentación y se escuchan las inquietudes y preocupaciones de los indígenas y campesinos.
Medio ambiente y consulta en la CPE
La Constitución Política del Estado (CPE), sobre la consulta a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, indica que “tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
El artículo 343 señala que: “La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.
El artículo 352 dice que: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
Sobre la gestión ambiental, la Carta Magna indica en el artículo 345 que las políticas de gestión ambiental se basarán en “la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente”.
En el artículo 124 se define que comete delito de traición a la patria la persona que incurra en una vulneración del régimen constitucional de recursos naturales. Ese delito se condena con 30 años de prisión, sin derecho a indulto.
Agrega además que los recursos naturales “son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y al mismo tiempo determina que la explotación estará sujeta un proceso de consulta a la población afectada.
La temática de medio ambiente, además, es incluida con un enfoque de sostenibilidad y de protección de los recursos naturales.
El artículo 342 dice que “es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad”.
El artículo 358 señala: “Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento”.