Roque A. Camacho*
El error de contexto de la actual Reforma Agraria es que para su ejecución precisa de un Estado con suficientes recursos económicos (públicos y privados) dirigidos al área rural y recursos humanos calificados que absorban y apliquen los avances tecnológicos, además de conseguir mercados para sus productos.
En realidad, la idea de redistribuir la tierra agraria ociosa no es nueva y menos revolucionaria, sino simplemente es el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 1715, del 18 de octubre de 1996, que los gobiernos posteriores a la promulgación de dicha norma fueron incapaces de ejecutar. Lo mismo debe decirse con relación a la dotación de tierras a los indígenas.
Con la entrega de esas tierras a quienes no tienen o la tienen insuficientemente, en realidad el Estado cumple con su función de entregar un instrumento básico –realmente básico– a las personas para que se ocupen de actividades primarias y traten de salir de la pobreza, pero la tierra y el trabajo no producen riqueza si no están acompañados de tecnología, y he aquí la gran falencia del esquema actual, porque tecnificar la agricultura no es algo que suceda por la visionaria actitud de un presidente o un partido político, sino que se precisa de excedentes económicos abundantes y adecuadamente dirigidos a esas subvenciones a mediano o largo plazo, aspecto éste que el Estado no se puede dar el lujo de realizar por mucho tiempo.
En lo relativo al medio ambiente se observan las más grandes incongruencias en la Reforma Agraria actual, pues se incrementa la siembra de coca, y la deforestación por parte de miles de pequeños productores es ignorada y a veces alentada desde el oficialismo. De tal manera la redistribución de la tierra ociosa lleva automáticamente a la deforestación sin cumplir ninguna normativa medioambiental.
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La infraestructura para la agricultura es otra de las falencias del actual esquema, puesto que los caminos son un desastre y eso encarece los costos de transporte, además que tampoco existen incentivos a la investigación y transferencia tecnológica, de tal modo que producir en Bolivia es de alto costo, porque el Estado no cumple con sus funciones mencionadas y se pierde la oportunidad de hacerlo con rentabilidad.
Además, el Estado, al incentivar a los pequeños productores que sólo pueden llegar a saturar el mercado interno, ha descuidado a los medianos productores y empresas agropecuarias que sobreviven merced a sus propios esfuerzos o agonizan, lo que ha ocasionado la baja en las exportaciones agropecuarias de 600 millones de dólares en 2005 a 200 millones de dólares en 2009.
De seguir la tendencia decreciente, en poco tiempo más –unos tres años– se producirá apenas para el consumo interno y luego seremos deficitarios de alimentos igual que países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
* Juez agrario.
El Deber – Santa Cruz