El Gobierno no ofrece seguridad sobre sus intenciones en la lucha contra el narcotráfico. Perdió mucho tiempo y cometió errores.
Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: ¿Habrá lucha antidrogas?
-
Bajo el Penoco, El Día: Manga de flojos
-
Los Tiempos: ENTRE EL CIVISMO Y LOS GRUPOS PARAMILITARES
-
El Deber: Condiciones para invertir
-
La Razón: Entrenando civiles
-
Cambio: Una apuesta por la paz
-
La Prensa: Manos a la obra
-
El Diario: Escenarios de confrontación suman y siguen
-
El Mundo: Sin perspectivas
-
Opinión: La nueva Ley de Aduanas, el empleo y la producción
-
Clarín, Argentina: Un triunfo del comercio ilegal
El Día: ¿Habrá lucha antidrogas?
Hace años que se viene denunciando el desborde del narcotráfico en Bolivia. Organismos internacionales como la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Iglesia Católica, gobiernos de países vecinos y hasta la Policía Boliviana, en algunos arranques de desesperación, tal vez, han lanzado gritos de alerta sobre el incremento de la producción de cocaína, el acelerado crecimiento de los cultivos de coca y la presencia de cárteles internacionales de México, Colombia y también de Brasil.
El Gobierno boliviano ha ensayado varias estrategias para tratar de disimular el problema, hasta que el candidato a presidente de Brasil, José Serra, no tuvo más remedio que llamar “complicidad” al intento de minimizar lo que para los brasileños significa 6,5 toneladas de cocaína por año, para hablar sólo de la droga que cae en manos de la Policía Federal, que calcula que casi el 60 por ciento de la cocaína que llega a Brasil es producida en Bolivia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde hace algunas semanas el Presidente viene hablando del tema con cierta candidez: “No sabía que los narcotraficantes eran tan poderosos”, “son más fuertes que la Policía” y lo más contundente lo dijo el pasado 6 de agosto cuando reconoció que la lucha contra el narcotráfico ha sido una de las principales debilidades del Gobierno.
Reconocer un error es un buen avance, pero lamentablemente se ha perdido tiempo valioso y se han cometido demasiadas equivocaciones que han hecho pensar en ciertas actitudes conniventes del actual régimen con los narcotraficantes. Echar del país a la DEA sin tener una estrategia alternativa para combatir a una fuerza que dispone de recursos ilimitados, fue sin duda alguna, el mejor impulso para la producción y el tráfico de cocaína. Los cocaleros, un ejército cercano a los 100 mil productores, se vieron empoderados por el Gobierno y eso ha significado no sólo un aumento exponencial de cultivos de coca, sino también la propagación de las áreas de siembra en numerosas regiones apartadas de las áreas tradicionales del Chapare y los Yungas. ¿Podrá el presidente Morales contener el avance de su propio sindicato? Lo que se sabe es que los dirigentes del trópico cochabambino quieren más y no están dispuestos a ceder.
Durante años también, se pretendió negar la presencia de los principales cárteles de la droga de México y Colombia en el país. Balaceras, avionetas que caen aquí y allá, grandes factorías, toneladas de cocaína, matones serbios, policías implicados. Todos esos son elementos que ofrecen un panorama sombrío sobre el tamaño del negocio que se ha montado en Bolivia. Lo peor de todo es que el narcotráfico parece haber logrado reposicionarse en la sociedad boliviana, tal como lo había conseguido en los años ‘80, aunque esta vez, y de acuerdo al contexto político imperante, las mafias son bien acogidas en el ámbito comunitario. Los ayllus, las narcocomunidades cochabambinas, El Alto, el amauta Mejillones, etc. ¿Se enfrentará el Estado Plurinacional a ese entramado social donde se arriesga a sufrir un alto costo político?
En primer lugar habrá que evaluar si existe la voluntad de encarar una guerra. También hay que ver los medios para ese duro combate. Y sobre todo hay que evitar más errores. Meter a las FFAA en la lucha antidrogas es algo que se debe meditar con cuidado. La Policía ya está corrompida y lo mismo podría pasar con los militares.
El Gobierno no ofrece seguridad sobre sus intenciones en la lucha contra el narcotráfico. Perdió mucho tiempo y cometió errores.
Bajo el Penoco, El Día: Manga de flojos
Esta vez se equivocó de cabo a rabo. El candidato a presidente de Brasil, José Serra, ha dicho que los gobernantes bolivianos son una manga de flojos y por eso es que no controlan la producción y el tráfico de cocaína. El líder político dice odiar la cocaína “porque es una desgracia para la humanidad. Yo creo que el gobierno boliviano es flojo en materia de control de la droga”, ha manifestado. Serra debería saber que nuestros queridos plurinacionales suelen levantarse a las cinco de la mañana y que a partir de esa hora no paran las reuniones, los viajes, los actos y los mitines. Tendría que ver a un ministro boliviano organizando cercos, tomas, coordinando con alemanes, venezolanos y cubanos, subiéndose a aviones, helicópteros y asumiendo un sinfín de riesgos y dificultades. Decirles flojos es faltar a la verdad. Esta vez no hay más remedio que contradecir a Serra, quien hace algunas semanas afirmó que el término correcto era “complicidad”. Aquella vez nadie salió a contradecirlo, salvo, por supuesto, los que hoy llama “flojos”.
Los Tiempos: ENTRE EL CIVISMO Y LOS GRUPOS PARAMILITARES
Es evidente que entre "formación cívica" y "formación paramilitar" hay una enorme distancia que no puede ni debe ser soslayada
Hace unos días, opacada por los ajetreos que suelen rodear las conmemoraciones patrias y las muchas controversias que con ese motivo se desataron en nuestro país, se conoció una información según la cual el lunes 5 de agosto se puso en marcha el plan "Entrenamiento de Patriotas" en los nueve departamentos de nuestro país.
El plan, según la muy escasa, confusa y con frecuencia contradictoria información que acompañó su lanzamiento, consistiría en impartir "instrucción militar de orden cerrado" a personas civiles de ambos sexos ligadas a "movimientos sociales". En Cochabamba, por ejemplo, según el Comandante de la VII División Militar acantonada en este departamento, la ejecución del plan se habría iniciado en dos regimientos con el entrenamiento de más de 300 personas "de diversas clases sociales (…) para incentivar el civismo y patriotismo (…) y asumir la defensa del país ante posibles eventualidades".
Seguramente previendo el efecto que tendría el plan de formación de milicias populares, la principal autoridad militar cochabambina advirtió que "estas prácticas serán de forma permanente a partir de este año, por lo que no deben causar susceptibilidad, malestar ni críticas". El vicepresidente Álvaro García Linera, por su parte, tras sostener que no se trata más que de un programa de "formación cívica", dijo que el hecho no debe ser interpretado "de ninguna otra manera".
De nada sirvieron tales exhortaciones pues pese a ellas la noticia sí causó susceptibilidad, malestar, críticas y abundaron los motivos para interpretarla "de otra manera". No podía ser de otro modo, pues no puede ser vista con naturalidad la decisión de organizar grupos paramilitares y peor aún, si la tarea de formarlos, adoctrinarlos y entrenarlos es asignada a nada menos que a las Fuerzas Armadas, institución que, con muy pocas excepciones, como en Venezuela e Irán, suele tener el monopolio del uso de las armas.
De nada valen, por todo lo anterior, los afanes compartidos entre autoridades gubernamentales y castrenses para minimizar tan grave asunto y hacerlo pasar como si de los preparativos para una inofensiva hora cívica escolar o de unas simples clases de civismo se tratara. No pueden valer tales argumentos, pues lejos de un ejemplo de "comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública", que es como se define el término "civismo", ante lo que estamos es ante la formación de grupos paramilitares, que es como en nuestro idioma se denomina a cualquier "organización civil con estructura y disciplina de tipo militar".
Es evidente que entre "formación cívica" y "formación paramilitar" hay una enorme distancia que no puede ni debe ser soslayada.
Y más evidente aún que, pese a los alegatos oficialistas y de los altos mandos castrenses, el entrenamiento en el manejo de armas a dirigentes de "movimientos sociales" no condice con lo que manda el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, según el que "Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz".
El Deber: Condiciones para invertir
El presidente Evo Morales ha pedido a los empresarios privados que inviertan sus recursos en el país, para evitar a su Gobierno la molestia de seguir pidiendo préstamos a los organismos internacionales.
En su discurso del 6 de agosto, el Jefe de Estado nombró, una por una, a todas las organizaciones empresariales de Santa Cruz y las alentó a avanzar en sus proyectos de expansión de sus actividades, concretando la etapa de la ‘reconciliación’ nacional.
El gesto presidencial podría ser la luz al final del oscuro túnel que estaban atravesando las inversiones debido a las condiciones adversas creadas por la tensión política de casi toda la década.
Lo que corresponde ahora es que el Gobierno traduzca los ofrecimientos de su discurso en leyes y normas que sean capaces de crear la confianza que hace falta para que el ahorro interno y el externo se convierta en inversiones en el país.
La tasa actual de inversión en Bolivia es la más baja de América Latina, al situarse en solamente un 16% del PIB frente al 26% del promedio regional.
Esa realidad ha llegado a conocimiento del presidente Morales, pues definió la baja inversión como una de las fallas de su gestión, junto con el descontrol del narcotráfico y del contrabando.
Cada vez que se hace alusión al elevado ahorro interno que se presenta en el país surge la pregunta de por qué los bolivianos no invierten esos recursos en actividades productivas y dejan de pensar solamente en la compra y construcción de viviendas.
Para que la invitación del Presidente llegue al corazón –y a los bolsillos- de los ahorristas nacionales e inversionistas extranjeros, están haciendo falta señales más precisas.
Se ha revelado, de parte de un embajador extranjero, que el Gobierno boliviano prepara una nueva ley de inversiones. Esa será la oportunidad para dibujar el nuevo rostro de Bolivia, un rostro que sea capaz de seducir a los inversionistas.
Por el momento, lo que ha hecho el Gobierno es dar a las empresas petroleras la garantía de que los pueblos originarios de las tierras bajas no van a ser un obstáculo para sus operaciones. Ahora está haciendo falta un mensaje similar para las empresas que quisieran invertir en actividades mineras en el occidente del país, donde los pueblos originarios han creado un clima de inseguridad, mediante la toma violenta de explotaciones mineras.
Del mismo modo habrá que dar señales de confianza a quienes quisieran invertir en la agricultura, después de los temores creados por las amenazas a la propiedad de la tierra.
Por último, será preciso que el Gobierno cambie radicalmente su actitud en relación con la apertura de mercados extranjeros para la producción industrial boliviana, después de haberse negado a llegar a acuerdos en ese sentido con Estados Unidos y la Unión Europea.
Por el momento, la invitación hecha por el Primer Mandatario es una señal positiva. Sus colaboradores en el gabinete de ministros y en el Parlamento deberían ser capaces de convertir esa buena voluntad en leyes y normas que la viabilicen.
La Razón: Entrenando civiles
El tema es delicado; no caben respuestas hormonales ni críticas oportunistas
¿Se justifica la preparación de tipo castrense a grupos de civiles, justo cuando un enrarecido clima de beligerancia diplomática recorre el continente? La administración de Evo Morales debe saber que, sobre todo en estos tiempos, la susceptibilidad está a la orden del día.
Dos aspectos a tomar en cuenta, para ubicarnos en el contexto mundial. Por un lado, esta polémica, de ninguna manera, se circunscribe a Bolivia: a lo largo de la historia, diferentes países se han planteado la posibilidad de incorporar a no militares en los programas de defensa de la soberanía nacional. Por el otro, la tendencia pacifista de los gobiernos ha quedado patentada con el fin de la guerra en Irak, una muestra de la nueva imagen de EEUU a partir de la llegada al poder de Barack Obama.
El vicepresidente Álvaro García, a la hora de las explicaciones y saliendo al paso de las especulaciones, dijo que todo respondía a una necesidad de las Fuerzas Armadas de ampliar la base de formación cívica. Pero, una fuente militar aseguró que el sorpresivo entrenamiento de civiles tendría por objetivo que las comunidades pudiesen reaccionar y organizarse ante la eventualidad de un ataque armado a Bolivia.
En una primera etapa de la instrucción, se prevé que los militares solamente impartan conocimientos teóricos, pero luego se incluirá el uso de armamento. Estos datos llevan a plantearse una pregunta: Para la formación cívica a la que hizo referencia el Vicepresidente, ¿será necesario el manejo de armas? Y, con relación a lo dicho por la fuente castrense, ¿cuán cerca (o lejos) estamos de participar en una guerra?
Mientras el mundo critica el excesivo armamentismo de determinados países, Bolivia se promueve a nivel internacional armando a grupos sociales. Porque además, fuera de la discusión de si es o no pertinente esta actividad, llama la atención que se haya decidido mandar a los regimientos a movimientos sociales, especialmente de comunidades rurales y ayllus, discriminando al resto de los sectores. Dicen que se trata de una primera fase y que después serán más inclusivos.
Éste es un asunto delicado y exige, ante todo, responsabilidad. Ésta parece ser una formación militar innecesaria y peligrosa, y ni el oficialismo debe responder hormonalmente a las críticas ni la oposición aprovecharse de esto para ganar protagonismo o sacar tajada política.
Cambio: Una apuesta por la paz
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Colombia, Juan Manuel Santos, evocaron ayer el legado de unidad latinoamericana del Libertador y tras una reunión en la ciudad de Santa Marta, donde el 17 de diciembre de 1830 —en la Quinta San Pedro Alejandrino— dejaba de existir el genio de la libertad, el hombre más grande de América: Simón Bolívar, ambos mandatarios decidieron volcar la página más negra de ambos países para restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Caracas el pasado 22 de julio.
Es que ese mismo día el ex presidente colombiano Álvaro Uribe había acusado a Venezuela, ante la OEA, de que el gobierno de Hugo Chávez no sólo conocía de la presencia de guerrilleros colombianos de las FARC y del ELN en territorio venezolano, sino que los protegía. Para ‘fundamentar’ esa temeraria denuncia incluso entregó supuestas pruebas de videos y fotografías, las que no fueron certificadas, menos probadas.
La respuesta de Chávez fue la ruptura de las relaciones diplomáticas, mientras acusó a Estados Unidos de estar detrás de esa sindicación orientada a desestabilizar al gobierno de la revolución bolivariana y preparar el terreno para una eventual agresión militar a Venezuela, posibilidad que movilizó a todas las naciones suramericanas, las que, a través del secretario general de la Unasur, jugaron un trascendental papel para la recomposición de los vínculos oficiales entre Venezuela y Colombia.
"Los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron en la ciudad de Santa Marta relanzar la relación bilateral restableciendo las relaciones diplomáticas entre los países con base en un diálogo transparente, directo, respetuoso y privilegiando la vía diplomática", asegura la parte más trascendente del acuerdo que ayer suscribieron Santos y Chávez, y que puso fin a 19 días de incertidumbre alimentada por la política guerrerista de Álvaro Uribe.
"Este diálogo se llevará a cabo buscando garantizar la permanencia y estabilidad de la relación bilateral dando estricto cumplimiento al derecho internacional y aplicando los principios de no injerencia en los asuntos internos y de respeto a la soberanía, integridad territorial de los Estados", señala el documento, que destaca el desarrollo de dos pueblos hermanos, particularmente en las zonas y comunidades fronterizas, donde impulsarán programas conjuntos en materia social y económica.
En ese contexto, Santos y Chávez también acordaron crear cinco comisiones de trabajo: una para el pago de la deuda y el reimpulso de las relaciones comerciales, otra para trabajar un acuerdo de complementación económica, la tercera para desarrollar un plan de trabajo de inversión social en la frontera, la cuarta para el desarrollo conjunto de obras de infraestructura y una quinta comisión de seguridad.
Es que la figura de Bolívar pareció iluminar a ambos presidentes y cuyo final legado —antes de morir hace 180 años— se trasunta en su testamento dictado siete días antes, el 10 de diciembre, en el que pide y ruega por la unión de los países que había liberado del yugo colonialista. Un escueto comunicado oficial, conocido ese 17 de diciembre de 1830, señalaba: "Murió el Sol de Colombia".
Bolívar vivió 47 años, 4 meses y 23 días, fue sepultado en la iglesia mayor de Santa Marta y allí quedó su corazón en una urna, cuando sus restos fueron llevados a Caracas 12 años después, en 1842. Por eso y antes de la reunión en la que se restablecieron las relaciones colombo-venezolanas, Santos y Chávez evocaron el pensamiento del Libertador y expresaron su firme intención de recomponer los vínculos bilaterales, cuya crisis puso a ambos países al borde de un conflicto de alcances insospechados.
"Colombia, vengo a ratificarte mi amor, el amor de un bolivariano; venimos a reconstruir lo que ha sido desmoronado", aseguró Chávez poco antes de reunirse con Santos. "Llegamos a tierra sagrada para nosotros, Santa Marta, creo que ha sido la primera y extraordinaria decisión que hemos tomado ambos presidentes, venir a Santa Marta para encontrarnos con Bolívar".
Momentos antes, el Presidente colombiano había señalado que esperaba que de la reunión salieran acuerdos duraderos. "Estamos aquí en esta histórica ciudad y vamos a un sitio igualmente histórico para buscar el restablecimiento de las relaciones entre los dos países hermanos, esperamos que se logre un avance y se restablezca sobre bases firmes y duraderas", dijo Santos. "Le pido a Dios y al Libertador que nos inspire para que en esta reunión se produzcan efectos positivos", puntualizó el Presidente colombiano.
Pero no sólo fueron palabras las que permitieron la recomposición de las relaciones diplomáticas entre dos pueblos hermanos, sino acuerdos concretos como el compromiso de Caracas de no permitir el ingreso de guerrilleros colombianos a su territorio, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el respeto mutuo de la soberanía e integridad de sus países, el fortalecimiento de la Unasur, que los acuerdos con terceros países no se constituyan en amenazas para sus vecinos y la reactivación del comercio entre Colombia y Venezuela.
Es decir, asumieron el destino común de América Latina por el que el Libertador Simón Bolívar libró 427 combates, dirigió 37 campañas, en las que obtuvo 27 victorias y 8 fracasos, y nos señaló el camino para nuestros pueblos.
"Los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron en la ciudad de Santa Marta restablecer las relaciones diplomáticas entre los países sobre la base de un diálogo transparente, directo, respetuoso y privilegiando la vía diplomática".
La Prensa: Manos a la obra
La pelota está ahora en el campo del Presidente, que debe dar muestras de que lo que dijo no fue otro de los muchos discursos demagógicos?
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, durante su discurso?informe en el 185 aniversario de la fundación del país, admitió algunas de las debilidades que afectan a su Gobierno y reconoció, entre ellas, el crecimiento del narcotráfico, la caída de las inversiones, la ambición de sus correligionarios políticos y el incremento del contrabando.
El reconocimiento de esas debilidades, al que sumó sus expresiones conciliadoras que la sociedad boliviana habría querido escuchar siempre, conformaron un mensaje que podría ser elogiable de no ser por las dudas generadas porque entre lo dicho y lo hecho existen profundas contradicciones.
Bolivia quisiera vivir en paz y en democracia total y absoluta. Sin enfrentamientos, sin persecuciones ni venganzas políticas que han caracterizado estos años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El país quisiera que los gobernantes mirasen a los disidentes y opositores como adversarios y no como enemigos a los que hay que destruir a toda costa. Que se tome en cuenta también a aquellos que piensan diferente. Que se respeten sus derechos a disentir y a no estar de acuerdo con lo que quieren las principales autoridades del país. Ni la Cuba de los Castro ha podido, en sus más de 50 años de Revolución, uniformar totalmente el pensamiento de los habitantes de esa hermosa isla caribeña. Tampoco nunca podrá hacerlo. Siempre y cada vez habrá más y más disidentes. Ahí están las damas de blanco, ahí está Fariñas, para sembrar la semilla de la democracia.
Desde que asumió el poder, el Gobierno de nuestro país está tratando de seguir los pasos de los Castro y de Hugo Chávez y la estrategia elegida parece haber sido la de empezar por la confrontación, primero regional y racial, después cultural, étnica, económica y social.
Pero nuestro país no quiere eso. Quiere democracia, respeto a la Constitución y a las leyes. Quiere que a sus libertades no se las mutile, que se le deje vivir en paz y sin temores ni miedos.
Después del mensaje del presidente Morales, en medio de un alto grado de dudas, surge una tenue esperanza y un deseo de decir: Ojalá que lo dicho se cumpla.
Pero la pelota está ahora en el campo del propio Presidente y del Gobierno, que debe dar sólidas y contundentes muestras de que lo que se dijo el pasado 6 de agosto no fue otro de los muchos discursos demagógicos a los que ya estamos acostumbrados, sino que fue un mea culpa verdadero que debe estar acompañado de un profundo arrepentimiento y de una intensa convicción de enmienda.
Por eso, si el mensaje fue sincero, ¡manos a la obra! A corregir los errores, a combatir el narcotráfico y el contrabando con la fuerza y decisión que aquellas tareas requieren; a dar la seguridad jurídica necesaria para atraer las inversiones; a no rodearse de los buscapegas y, sobre todo, a eliminar el odio, la venganza, la maldad y la injusticia en busca de una reconciliación honesta, sólida y verdadera. A solucionar los problemas que amenazan destruir al país, dejando de lado la soberbia y sometiéndose a un baño de humildad y de servicio a la sociedad, que para eso los ha elegido el pueblo.
El Diario: Escenarios de confrontación suman y siguen
La Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que el Congreso, o actual Asamblea, inaugurará sus sesiones el 6 de agosto en la Capital de la República, Sucre, pero aunque el Gobierno hasta ahora había sido fiel a este mandato, inclusive antes de que viera la luz la nueva Constitución, al presente, de improviso, cambió el acto a la ciudad de Santa Cruz, incumpliendo la norma suprema. Se hace difícil acertar si el origen de dicho cambio se inscribe en un afán confrontacional del que se viene dando muestras o para evitar la rechifla que el año pasado recayó sobre el Primer Mandatario, en idéntica fecha en la Capital del Estado, posibilidad que en esta ciudad fue identificada ahora como una represalia. Si se trata de lo primero, no faltan quienes lo ven como acto dirigido a crear un clima de enemistad entre Sucre y Santa Cruz, distritos que se habían acercado más que nunca por el tema de la capitalidad, surgido efervescentemente en la Asamblea Constituyente. En esta perspectiva encajaría bien la hipótesis de la confrontación.
Los manuales de extrema estrategia política consignan la confrontación como sistema de permanente perturbación a fin de habituar o “acostumbrar” a la población a convivir con dicha situación, de manera que cuando los frentes confrontados choquen o colisionen con mayor violencia, ésta sea tenida como un desenlace natural con todas las consecuencias trágicas que serían de esperar. En este contexto, las fuerzas que detentan el poder imponen “el monopolio de la fuerza” sobre sus adversarios reales o presumibles, con la ventaja adicional de demostrar su hegemonía y desalentar así todo intento de respuesta, logrando el buscado efecto resignación y sometimiento.
La Capital de la República se quedó con todos sus preparativos frustrados y hasta con las invitaciones repartidas para la lectura del informe presidencial en la Casa de la Libertad. Sin embargo el Gobernador de Chuquisaca minimizó el desaire, sosteniendo que la nueva fecha de recordación nacional se había desplazado del 6 de Agosto al 22 de enero, día desde el cual rige la nueva Constitución, aseveración impropia de una primera autoridad departamental y que puede originar severas críticas por su carácter negador de la historia.
La wiphala en el aniversario nacional fue ocasión de otra confrontación o pugna en Santa Cruz, nada menos que en la ciudad elegida para conmemorar el 6 de Agosto. Todo indica que otro de los objetivos del Gobierno era consolidar ese símbolo en el distrito que más resiste ante el nuevo emblema, al que con buenas razones considera exclusivamente aymara, resistencia que, por lo mismo, era previsible. La disputa se centró en que si la wiphala debía ser izada en el lugar de colocación de las diferentes ofrendas florales y edificios públicos, o si era excluida de los mismos. Por contrapartida el oficialismo cuestionaba la iza de la enseña cruceña verde y blanco, tratando de que ambas banderas sean excluidas o, en otras palabras, “una por otra”.
Cuando los sectores cívicos y juveniles mostraron su decisión contra el emblema andino, parece haberse atemperado de momento el condicionamiento oficial, pero no se pudo evitar que una wiphala de enormes dimensiones fuera visible en la Feria cruceña, recinto en el que la Asamblea Plurinacional inauguró sus sesiones, pero donde no se escuchó un informe de gestión presidencial, sino un discurso de contornos conciliadores, según se informa. De todos modos, la estrategia de la confrontación surtió nuevos efectos, cuando el Comité Cívico de Santa Cruz censuró al gobernador, Rubén Costas, por un supuesto arreglo al que habría llegado para posponer la verde y blanco de todos los actos oficiales, situación que a la postre no fue tal y la tricolor nacional y la bicolor departamental se lucieron donde debían estar, en los edificios públicos. En otros términos, como se acaba de ver, si el oficialismo no gana, al menos “empata”.
El Mundo: Sin perspectivas
La tradición de quienes se encuentran actualmente en el gobierno del país, se caracterizó por una permanente confrontación con las autoridades, al que finalmente consiguieron doblegar y luego asumir en mando con el apoyo popular en las urnas.
Las esperanzas de las personas que depositaron su voto a favor de esa postulación, lo hicieron con seguridad pensando en que una vez en el poder, sus representantes se esforzarían por ejecutar todas aquellas obras que vinieron demandando en favor de la sociedad.
Llegado el caso del ascenso al poder, nos encontramos que la forma de actuar ha variado muy poco y que, con los resultados conseguidos con la confrontación, han decidido enfrentarse a la ciudadanía y en especial a las personas que les dieron su respaldo.
Al pasar los días, se advierte un deterioro que se ha venido produciendo desde adentro, contra esa imagen que se había creado en la ciudadanía que esperaba obras; lamentablemente, cuando estaban en la posición pedían mucho más de lo humanamente posible y hoy se deben enfrentar a reclamos en la misma dimensión.
Llegado el momento, el Gobierno decide buscar el diálogo y las respuestas le vienen en la forma en que ellos siempre utilizaron y al parecer, cuando actuaban como opositores, no conocían el remedio para resolver esos problemas ya que no se trataba de resolver problemas sino únicamente de plantearlos.
Resulta que desarrollada la situación llegamos a una confrontación entre dos fuerzas de las mismas características, con las mismas preocupaciones y con la misma línea ideológica y ambos dominan el camino de la intransigencia en el que siempre se desenvolvieron.
Nuevamente, el afectado por estas situaciones resulta el ciudadano común que ve sus aspiraciones postergadas, y debe soportar sacrificios extras por la falta de alimentos, carencia de medios de transporte para movilizarse hacia el lugar de sus actividades y sin posibilidades de hacer escuchar su voz porque sencillamente prefiere encontrarse al margen de las posiciones en pugna.
La opinión pública se encuentra a la expectativa, los problemas se han polarizado entre dos sectores de la misma tendencia; si tradicionalmente vimos que en el país se presentaba una pugna entre dos extremos, hoy podemos ver con sorpresa en que los problemas están radicalizados entre dos sectores del mismo extremo y así parece que tendrán dificultades para encontrar soluciones, porque ambos creen defender lo mismo.
Si antes se pugnaba por encontrar soluciones contra la ilegalidad, hoy vemos con extrañeza que los movimientos político-sociales se manifiestan por defender las actividades del contrabando, por buscar la desaparición de las pequeñas empresas, para reemplazarlas por la informalidad, importando ropa usada o vehículos desechados en otros mercados e inclusive el narcotráfico que siendo una actividad que se desarrolla al margen de la ley, ha permitido minimizar los efectos negativos que la irregularidad podría haber causado en la economía nacional.
Mientras las soluciones a esta problemática se ven distantes, aparecen otras señales de situaciones que podrían agravar la realidad como aquella de entrenar fuerzas irregulares para prepararlas en el manejo de armas de guerra y otras acciones que muestran con claridad que no se busca resolver la situación por un camino de paz.
Opinión: La nueva Ley de Aduanas, el empleo y la producción
Cualquier cambio que se realice en la legislación nacional y en leyes que implican efectos sociales y económicos tiene necesariamente que estar adecuado a una determinada realidad nacional y prever, en ese sentido, las reacciones sociales y económicas que sobrevienen.
Un precepto aceptado universalmente es aquél que las leyes deben partir de realidades concretas para que tengan los efectos esperados por el legislador, o sea, que sean aplicadas en el tiempo, porque una ley que no tiene vigencia concreta corre el riesgo de deteriorarse y finalmente caducar por falta de aplicación.
El país está frente a un cambio radical con la anunciada nueva Ley de Aduanas que pretende establecer normas y sanciones que endurecerán las penas para funcionarios aduaneros, para comerciantes que ingresen mercaderías por cualquier medio de transporte y para los transportistas. Las penas de cárcel serán hasta de quince años y los bienes de los contrabandistas serán decomisados en un procedimiento sumario. Se compara esta futura ley con la vigente para el narcotráfico, conocida como la Ley 1008, donde primero se apresa al sindicado del presunto delito y se le decomisan sus bienes para luego procesarlo, pasando por alto el principio de la presunción de inocencia.
En materia aduanera no se puede desconocer que miles de personas son parte de la informalidad, desde los que lucran con cantidades enormes de mercadería de contrabando, hasta los vendedores callejeros que comercian cantidades pequeñas. Las calles de la mayoría de las ciudades del país están llenas de vendedores que sobreviven con lo que ganan al día de la venta de toda clase de objetos que provienen casi todos del contrabando.
Por un lado el Estado a través del Gobierno tiene la obligación de poner freno a la actividad del contrabando que le cuesta al país una sangría millonaria por concepto de evasión de impuestos y a la industria nacional centenares de puestos de trabajo y su debilitamiento paulatino. Todos saben que el contrabando es una actividad ilícita que ha generando enormes fortunas particulares y de grupos delictivos organizados y que es una fuente de corrupción en el aparato de la administración aduanera. Es en Bolivia o cualquier otro país una distorsión en la administración gubernamental y fiscal. Pero por otro lado, en un país como el nuestro de estructuras productivas tan débiles, tiene connotaciones sociales muy delicadas.
Por ello mismo, el Gobierno que impulsa la nueva ley aduanera, tiene que tener un plan para contrarrestar los efectos sociales que con toda seguridad ocasionará la nueva ley en el empleo informal de miles de personas, y en ese sentido, dar facilidades para la reactivación del aparato productivo nacional.
No se trata únicamente de planes coyunturales como la entrega de bonos gubernamentales mensuales o anuales a las personas afectadas, pues los bonos no resuelven el desempleo ni otorgan seguridad laboral, ni beneficios sociales y de seguridad social a las personas. Los bonos tienen la dudosa categoría de estar en el plano paternalista y de convertirse en mecanismos de presión política.
La aplicación de una ley de los alcances que pretende el Gobierno, tiene que resolver los aspectos señalados, porque a la gente que se le reste o anule su pequeño puesto de venta, ilegal cierto, hay que darle oportunidades de vida. Del mismo modo, la ley tiene que estar acompañada de acciones que garanticen una reestructuración absoluta del sistema de administración aduanera. De lo contrario funcionará un tiempo, con un alto costo social, y luego, ingresará al círculo de siempre.
Clarín, Argentina: Un triunfo del comercio ilegal
Finalmente, los manteros de la calle Florida triunfaron en su puja con el Gobierno de la Ciudad y lograron un acuerdo informal por el cual podrán seguir vendiendo, en perjuicio del comercio del lugar, de los transeúntes y de la estética urbana en una calle tradicional y paseo habitual del turismo. Cabe recordar, por otra parte, que muchos de los improvisados puestos, venden productos industriales, incluidos importados y falsificaciones de marcas.
Durante semanas tuvo lugar una negociación entre el Gobierno y los vendedores que incluyó intervenciones de la Policía Federal y que concluyó con el citado permiso informal. El hecho de que el Gobierno no haya logrado imponer el cumplimiento de las normas comunales vigentes a un grupo relativamente reducido de vendedores, ni proteger el interés de los comerciantes legalmente instalados, es un preocupante signo de debilidad en la aplicación de las leyes. El caso no es llamativo si se observa el difundido incumplimiento de normas comunales en otros aspectos, como los vinculados al cuidado o la ocupación del espacio público, las normas viales o los ruidos molestos.
Los comerciantes de Florida reclaman, razonablemente, una erradicación de un comercio que compite ilegalmente y que absorbe un porcentaje significativo de sus ventas. Lo mismo podrían hacer los peatones que, especialmente en las horas de salida del trabajo, encuentran un tercio de la calle ocupada por los manteros.
El permiso informal para los manteros de la calle Florida es un caso de evidente fracaso del Gobierno en la imposición del cumplimiento de las normas y afecta a comerciantes y transeúntes.