Imagen que exige una aclaración

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Las banderas de Bolivia

2. Bajo el Penoco, El Día: Ama llulla, Fidel Surco

3. Los Tiempos: EL DESAFÍO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

4. El Deber: Imagen que exige una aclaración

5. La Razón: Gremialistas

6. Cambio: Privilegiar la ley y la democracia

7. La Prensa: La borrachera del poder

8. El Diario: Potosí y Oruro en un conflicto absurdo

9. El Mundo: Alto precio

10. Opinión: Vocales electorales y ?afinidades políticas?

11. Clarín, Argentina: Medidas contra salideras bancarias

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El Día: Las banderas de Bolivia

La celebración de un nuevo aniversario de la fundación de Bolivia nos encuentra peleando por dos banderas, una que representa a una región, que identifica un sentimiento, una visión y un proyecto político particular, frente a otra aún más sectaria, absolutamente artificial y excluyente, pero que aún así, pretenden imponerla como un símbolo de “lo nacional”, una categoría que no existe en este país fragmentado al extremo, disperso y con una crisis política que se ha mantenido a lo largo de 185 años. La gran perdedora en esta lucha de banderas es justamente la rojo, amarillo y verde, que surge como un comodín, que será izada a regañadientes por dos sectores que hubieran preferido enarbolar otros colores.

El vicepresidente Álvaro García Linera asegura que tarde o temprano, la wiphala será izada en la Plaza Principal de Santa Cruz, región a la que considera derrotada y con ella, aplastadas todas las aspiraciones autonomistas. Pese a que hay fragmentos cruceños que piensan que es fácil esconder una bandera, pactar a su nombre y postergar las ambiciones históricas de su gente, será imposible detener un proceso ineludible para Bolivia, porque está inmerso en la conciencia colectiva.

García Linera cree haber terminado con el famoso “empate catastrófico” porque ha obtenido una victoria política y militar sobre una parte del país, pero eso es mucho decir de una situación coyuntural que esconde una larga carrera de disgregación social, pero que parece, por fin, haber encontrado su orientación política orgánica para insertarse en un Estado, a diferencia de la tribalización, hacia donde se dirige el MAS. La autonomía democrática y republicana es justamente el antídoto para las otras “autonomías” que están proliferando como hongos: la de los ayllus de Uncía, las “narcocomunidades” de los valles altos de Cochabamba, la del Chapare, la de los nacionalismos a ultranza de comunidades indígenas del Altiplano y la “autonomía” de la justicia comunitaria que lincha, mata y tortura.

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La prueba de que el proceso que mencionábamos no se puede detener la ofrece Potosí, donde se han comenzado a escuchar estridentes gritos que exigen federalismo. Y suenan fundamentalmente porque el Estado boliviano, por más adornos que le pongan y lo quieran llamar “integral”, “plurinacional”, “todopoderoso”, sigue siendo incapaz de resolver los problemas básicos de los bolivianos. A Potosí ni siquiera le ha bastado la inmensa fidelidad al régimen para obtener respuestas a sus demandas y en todo caso, al igual que los “enemigos”, los potosinos también son víctimas de los atropellos cometidos contra sus autoridades absolutamente legítimas y elegidas legalmente, sólo para satisfacer las ansias de poder total de un Gobierno que se emborracha, que se corrompe, que dilapida el dinero en un costoso avión y que sigue dándole la espalda a los eternos desafíos de la población.

El Gobierno también está convencido que la violencia es la mejor respuesta para aplastar a los sectores que van surgiendo en contra de la ultraconcentración del poder. Si pretende mantener el mismo ritmo de acumulación y centralización de poder, tendrá que apelar a dosis más fuertes de represión y mientras eso suceda, el proceso autonómico, federalista o como se llame, seguirá avanzando pese a quien le pese.

Una pelea de banderas  trata de esconder un proceso que subyace y que es ineludible. El Estado Plurinacional no podrá contenerlo.

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Bajo el Penoco, El Día: Ama llulla, Fidel Surco

“Mula”, “cóndor”, insulso, “uva”. Así estaba el otro día el senador Fidel Surco cuando chocó su vehículo en la Ciudad de El Alto. En esas condiciones un borracho es capaz de vomitar, pelear, babear, llorar o dormir y de hecho, el legislador se regaló una siesta de más de seis horas en una oficina policial, donde fue fotografiado al lado de compañero de farra, también ebrio. Lo que resulta poco convincente es que en la condición en la que estaban ambos hombres, uno de ellos hubiera “razonado” para ir en busca de ayuda después de la colisión y que Surco, al no poder abrir la compuerta derecha, hubiera “discurrido” para buscar el extremo izquierdo. Así trata de persuadir de que no era él quien conducía el auto sino su chofer. Los vecinos que detuvieron a ambos borrachines, cuentan que después del accidente Surco trató de agredir y luego intentó huir en un taxi. Las explicaciones que sólo han convencido a un fiscal las dio al día siguiente cuando ya le había pasado la resaca. ¿Seguirá con ganas don Héctor Arce de hablar de ética parlamentaria en la Asamblea Plurinacional?

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Los Tiempos: EL DESAFÍO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

La demanda de las organizaciones periodísticas pone a prueba la independencia y el valor del Defensor del Pueblo para cumplir con su deber

Las cuatro más importantes organizaciones independientes del periodismo nacional -la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)- pidieron al Defensor del Pueblo interponer ante el Tribunal Constitucional "un recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Régimen Electoral" porque varios de sus artículos conculcan la libertad de expresión y aplican la censura previa a los medios de comunicación.

Las razones pare este pedido son por demás atendibles y, corresponde aclarar, se las hizo conocer, en pleno proceso de aprobación de la norma, a los presidentes de la Cámaras de Senadores y Diputados. Sin embargo, más pudo, una vez más, la soberbia de quienes circunstancialmente ejercen el poder de la nación, y no modificaron aquellos artículos que sin duda vulneran principios básicos para informar en forma correcta y libre.

Se trata, fundamentalmente, de las restricciones que impusieron a la labor informativa en el tema de la elección de los candidatos a ser miembros del Órgano Judicial. A guisa de ejemplo, los medios no podrán difundir "documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral", tampoco "referirse específicamente a uno o una postulante, en forma negativa o positiva" ni realizar entrevistas a esos candidatos.

No corresponde ahora desglosar los artículos de la Ley de Régimen Electoral que un Tribunal Constitucional que se precie debería abrogar, sino mencionar que el Defensor del Pueblo tiene ahora la oportunidad de actuar conforme a lo que le manda la Constitución y no quienes lo han elegido. Más aún si hay un par de precedentes, cuando el original Defensor del Pueblo asumió la defensa de la libertad de expresión en lo que se refiere a la vigencia del Tribunal de Imprenta para el juzgamiento de delitos y fallas de imprenta.

Desde otro enfoque también esta demanda de las organizaciones periodísticas que puede servir para demostrar que hay un aprendizaje en la difícil tarea de ejercer el poder, que consiste en reconocer errores y proceder a corregirlos. No es el caso de "una interpretación" de la norma, en la que los factores subjetivos exigen una hermenéutica rigurosa; se trata de una vulneración explícita de dos derechos fundamentales: el del ciudadano que postula a un puesto público a dar a conocer sus propuestas y el de los medios de comunicación a informar a la población sobre los postulantes a puestos tan importantes como son los del Órgano Judicial.

Lo anterior,  salvo que, precisamente, el gobierno y el MAS no quieran que la población conozca los antecedentes de quienes pretende seleccionar como candaditos al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura o que mantengan un resquicio para que, en función de la variante correlación de fuerzas a futuro, se reglamente los siguientes comicios generarles y regionales.

Ésa es la importancia que tiene la demanda de las organizaciones periodísticas al Defensor del Pueblo y ése es el valor que éste debe tener para canalizarla. Habrá, pues, que estar atentos a cómo procede esta autoridad.

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El Deber: Imagen que exige una aclaración

Tocada de casco de guerra la cholita de rasgos altiplánicos, con un fusil en las manos y en medio de una escuadra de 60 personas, entre las que figuran mujeres como ella.   Esta imagen es real  y no de historieta histriónica alguna.  La publicó hace poco el matutino El Norte de  Montero y constituye testimonio gráfico de un emprendimiento gubernamental que  desde luego no puede ser pasado por alto, porque de proseguir adelante podría ennegrecer aún más el horizonte  político y social de Santa Cruz.

Las imágenes referidas corresponden a un momento del proceso de ‘adoctrinamiento’ a la sociedad civil (en realidad, ‘movimientos sociales afines al MAS’) para que en una ‘situación de guerra’ respalde plenamente las acciones de las Fuerzas Armadas.  Tales los presuntos alcances de una ‘instructiva’ del Comando General del Ejército sobre el tema.

‘Adoctrinar’ consuena con ‘militarizar’ en semejante iniciativa.  Los masistas del norte cruceño serán familiarizados con el manejo de armas y tácticas de ataque. Desde luego  que es fundada la presunción de que se hará lo mismo en otras zonas de la región.

¿Qué se persigue?  Antes de aventurar una respuesta a esta pregunta, recordemos  que con un vago denominativo,  hoy ejerce importantes funciones en Santa Cruz una destacada ex autoridad del gobierno central de La Paz. Se ocupará del control de las fronteras regionales del oriente boliviano para fines de afirmación  de la soberanía territorial.

Bien que se lo haga y que para ello se aumente la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, en las respectivas líneas fronterizas.  Al cabo, corresponde a la institución militar, constitucionalmente hablando, la función de defensa y preservación de la soberanía territorial de  Bolivia.

En tan cruciales labores no tienen  nada que ver los sectores  de la colectividad nacional.  Si las asumiesen, aun cuando fuese bajo dirección gubernamental, incurrirían en el delito de usurpación de funciones e infracción a las normas de la Carta Magna.

La interrogante,  en consecuencia, apunta a respuestas de jaez alarmante.  ¿Es que el gobierno organiza militarmente a ‘grupos de choque’ contra el movimiento regional cruceño? Si  así fuese, estaría incurriendo en una serie de delitos, como  el de organizar grupos  armados irregulares para que por medio de la violencia le afirmen su poder en la región  y le abrevien el proceso de liquidación de personajes y sectores que le hacen oposición en Santa Cruz, tramo en el que hoy aparecen solo fiscales y jueces encargados de la represión política por la vía procesal. 

Conviene que el Gobierno establezca en forma minuciosa el asunto, aclarando los objetivos reales inherentes a tal ‘adoctrinamiento’.

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La Razón: Gremialistas

El Gobierno anuncia firmeza; pero hace falta información que desarme a los movilizados

El comercio es esencial, por supuesto. Alguien tiene que mediar entre el productor y el consumidor. Qué haríamos los ciudadanos sin tales mediadores. La dulcera de la esquina o el propio puesto de periódicos, son necesarios y, algunos, hasta parte del paisaje urbano cuya presencia se agradece.

Sin embargo, hay que admitir que tal función se ha distorsionado monstruosamente en ciudades como La Paz y El Alto. Así, la venta de verduras y hasta de carnes y de cualquier tipo de alimentos sale del ámbito de los mercados y restaurantes para instalarse en la vía pública. Y no sólo eso: música, videos, celulares, prendas de vestir, bisutería… todo está tendido en las aceras y, en ciertos lugares, aun en parte de las calzadas. Insufrible.

Tal es el poder que han acumulado los comerciantes gremialistas, por su cantidad y capacidad de movilización, que ningún alcalde paceño o alteño se animó a tocarlos en serio, a frenar su avance. Hay que decir que una excepción ha sido Juan del Granado, tras de no pocos conflictos: los retiró de El Prado, por ejemplo. Y ahora de la Pérez Velasco (aunque a cambio se haya tenido que sacrificar el paisaje de ese lugar de La Paz, con la antiestética estructura que resulta ser el nuevo mercado Lanza). En todo caso, lo que parece haber funcionado es aplicar medidas con mucha firmeza, pero con la dosis de diálogo que finalmente ha permitido romper lo que parecía un bloque monolítico.

Quien ahora enfrenta el problema, no por asentamientos sino por el proyecto de Ley General de Aduanas que endurece las sanciones a los contrabandistas, es el Gobierno central. Por ahora, los comerciantes de La Paz y Oruro están movilizados, han cercado la plaza Murillo con violencia, pues no sólo cierran el paso a los vehículos, también a los peatones, a quienes han llegado a golpear. Sus similares de Santa Cruz y Cochabamba anuncian que se    sumarán a las protestas.

El vicepresidente Álvaro García Linera ha dicho: “No podemos rendirnos frente al contrabando; la ley tiene que ir”.

Firmeza. Bien. Y de inmediato ha argumentado en torno a los falsos temores de los comerciantes y a los beneficios que sentirá la ciudadanía en general si se frena la importación ilegal de productos. Información, sí, pero que al parecer no está llegando a la gente precisa, como sí llegan, también lo dijo García, las insidias de los contrabandistas.

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Cambio: Privilegiar la ley y la democracia

El presidente Evo Morales Ayma convocó hace un par de días a las dirigencias cívicas de Oruro y Potosí para que acudan a una mesa del diálogo a fin de salvar las diferencias que reavivaron un antiguo conflicto de límites, encendieron reclamos y algunos dirigentes potosinos enarbolaron la causa federal como una supuesta respuesta a los problemas que enfrenta esa región.

"El Gobierno del Estado Plurinacional hace conocer al pueblo boliviano y al departamento de Potosí, en especial, que en la situación que hoy vive la región reitera su predisposición al diálogo entre los departamentos de Potosí y Oruro", señala el comunicado oficial de convocatoria a una mesa de diálogo.

No obstante, producto de la presión de grupos radicalizados, particularmente de Potosí, esa reunión para analizar las salidas legales al conflicto en desarrollo no se había instalado anoche en la ciudad de Sucre.

Pero ¿cuáles son las demandas de la dirigencia cívica potosina que precipitaron el paro indefinido en ese departamento? Estas se centran en seis puntos: la definición de límites interdepartamentales con Oruro en el sector de Coroma, infraestructura vial, un aeropuerto internacional, la conservación del Cerro Rico, un polimetalúrgico y la instalación de una fábrica de cemento en la región en disputa.

En este contexto, el camino de la presión para encontrar la solución a un problema que data de hace al menos 80 años no es el correcto porque solamente profundiza el conflicto, alimenta intereses políticos ajenos a la gran mayoría de los potosinos y, fundamentalmente, incuba posiciones inconstitucionales —por decir lo menos— cuando los radicales confunden al pueblo y enarbolan las banderas del separatismo disfrazado de federalismo.

En abril de 2009, un comando antiterrorista de la Policía Boliviana desarticuló a un grupo de mercenarios que planeaba atentar contra la integridad de la patria y, para alcanzar su objetivo, preveía ejecutar un tenebroso plan terrorista para ensangrentar y dividir Bolivia.

Por supuesto que éste no es el caso del conflicto desatado por los dirigentes cívicos de Potosí, pero las dudas sobre sus reales alcances crecen cuando los radicales intentan convencer al pueblo potosino de que la única salida para satisfacer las legítimas demandas regionales es el federalismo. Además, es curioso que el paro indefinido, declarado hace una semana, coincida cuando la justicia presiona al reelecto alcalde potosino, René Joaquino, denunciado por la comisión de delitos como la compra irregular de un lote de vehículos a medio uso.

En las últimas horas, diversas organizaciones sociales, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), denunciaron que detrás de los dirigentes que eluden el llamado del presidente Morales para buscar en una mesa de diálogo la solución al conflicto se encuentran los mismos intereses políticos que nunca aceptaron la Asamblea Constituyente, que rechazan la Constitución Política del Estado y no admiten el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria.

En este sentido, el privilegiar las medidas de presión y despreciar el diálogo desvela y corrobora que el movimiento cívico potosino tiene objetivos claramente políticos, porque, si no fuera así, lo mínimo que harían para defender los legítimos intereses regionales sería asumir el diálogo y en una mesa exponer los argumentos que precipitaron un paro indefinido que no sólo perjudica a los propios potosinos  y a cientos de inocentes pasajeros varados en los caminos bloqueados, sino que representa un atentado contra la industria minera regional, que ya ha reportado daños millonarios.

No obstante, es necesario puntualizar que por las características del conflicto, particularmente por la demanda de delimitación departamental de la región de Coroma —rica en yacimientos de piedra caliza, materia prima para la fabricación de cemento—, una solución integral no será alcanzada en un día o una semana, menos mediante medidas de presión, sino que requiere de un proceso integral de negociación que preserve los intereses comunes de potosinos y orureños.

Además, el Gobierno no se olvidó de Potosí, tal como aseguran algunos dirigentes cívicos. Los datos oficiales señalan que ese departamento recibió en 2006, 27 millones de dólares del TGN, y en 2009 esa cifra aumentó a 90 millones de dólares.

La hoy gobernación potosina recibió 25 millones de dólares en 2005, mientras que en 2009 percibió 79,5 millones de dólares del TGN, aparte de beneficiarse con obras del FPS, del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple; y de caminos proyectados por la ABC. Entre 2006 y 2010 el Gobierno invierte más 3.895 millones de bolivianos (550 millones de dólares) en proyectos de telecomunicaciones, transportes y vivienda que lleva adelante.

Además, la inversión pública fue de 48 millones de dólares en 2005 y de 216 millones de dólares en 2009, y mientras en 2005 las regalías mineras alcanzaron a 33 millones de dólares, hoy son 136 millones de dólares. Por eso, urge que la dirigencia cívica asuma plenamente su representación regional, y privilegie la ley y la democracia sobre los intereses subalternos que parecen asomar detrás del paro indefinido que perjudica, principalmente, a los propios potosinos.

Urge que la dirigencia cívica de Potosí asuma con seriedad su representación regional y privilegie la ley y la democracia sobre los intereses subalternos que parecen asomar detrás del paro indefinido que perjudica, principalmente, a los propios potosinos.

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La Prensa: La borrachera del poder

La versión de Surco, 24 horas después, se contrapone a la que dio al fiscal en primera instancia, en la que sí admitió que era él quien manejaba…

Cuando aún no se había agotado el caso del amauta Valentín Mejillones sorprendido en una organización de narcotraficantes, cuya noticia ha circulado por el mundo entero y ha hecho que millones de personas se rían de las jerarquías de ?sacerdotes? de los pueblos originarios del altiplano, surgió el caso del senador masista Fidel Surco, quien iba en estado de ebriedad, a las 10.30, en un 4×4 que terminó impactando a otro vehículo.

El prodigioso sistema de los ?reporteros ciudadanos?, efecto de la tecnología moderna, captó testimonios del momento de la colisión, la salida del senador del asiento del conductor y su intento de darse a la fuga, aunque en sus declaraciones asegura que quien manejaba era su ayudante, quien habría salido apresurado ?en busca de ayuda?.

Es cuando el senador Surco y otro acompañante son conducidos a la Policía, donde comienzan las irregularidades. Es alojado en las oficinas de la Dirección, para que duerma la borrachera en el cómodo sofá del Comandante, quien no ordenó que se le haga el test de alcoholemia ?por respeto a sus derechos humanos?.

En este caso, como debería saberlo cualquier autoridad, los derechos humanos que deben ser protegidos son los de la gente que podía ser dañada por la irresponsabilidad del senador oficialista. La autoridad policial tiene que actuar en defensa de la colectividad, sancionando a quienes la pongan en riesgo.

De todos modos, después de algo más de seis horas de espera, cuando se habían respetado los ?derechos humanos? del conductor ebrio, se le tomó la prueba para medir el contenido de alcohol en la sangre. Y el test dio como resultado que Surco tenía todavía 1,5 de alcohol, cuando lo máximo permitido es de 0,7.

Se vio a los policías actuar con temor ante el personaje. Algunos oficiales tuvieron que ayudar en el operativo por el cual Surco fue transportado de un lugar a otro de la Policía en la ciudad de El Alto, con todas las precauciones para que nadie le vea el rostro.

Luego, las autoridades del Gobierno y del MAS, partido del presidente Evo Morales, dijeron que no protegerían a Surco. De todos modos, ya se estaba armando el escenario para sacarlo del aprieto, diciendo que él no iba al volante. Aquí deberían servir los registros electrónicos hechos por los ciudadanos que presenciaron el hecho.

Unas horas antes de este lamentable hecho, los vecinos de Caranavi habían decidido expulsar a Surco y a su familia de esa población paceña. Los acontecimientos que provocaron muertos y heridos en aquella población habrían sido atribuidos a Surco.

Nada está claro. Es más, la versión de Surco, 24 horas después, se contrapone a la que dio al fiscal en primera instancia, en la que sí admitió que era él quien manejaba personalmente. Además, el vehículo particular en el que iba llevaba un destellador y vidrios polarizados, de uso exclusivo para motorizados oficiales.

Sintetizando, existen dos versiones que, pese a tener el mismo origen, se contradicen totalmente. Para que los bolivianos tengan confianza, o por lo menos se disipe el temor a lo que resulte de este proceso de cambio, quienes manejan el Gobierno deberían proponerse actuar con responsabilidad.