La regular concurrencia de la ciudadanía a depositar su voto para elegir a sus autoridades es un componente más del sistema democrático. Uno de los objetivos básicos de la democracia es el desarrollo de instituciones sólidas que impidan que prevalezca la voluntad del eventual gobernante sobre los derechos de los ciudadanos.
Cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron posesionados el pasado 15 de agosto. Uno de ellos el indígena, jura con el puño en alto, el símbolo político del MAS (foto Abi)
A través de la historia nos encontramos con múltiples ejemplos de dictadores que llegaron al poder por el voto popular y que utilizaron este mismo mecanismo para quedarse en él hasta que fueron desalojados, por lo general, por la fuerza.
Revisando esa historia nos encontramos con tres ejemplos emblemáticos: En Nicaragua, la dinastía somocista se mantuvo en el poder desde 1937 hasta 1980. El primero fue Anastasio Somoza Garcia y le siguieron sus hijos Luis y Anastasio. En la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo gobernó directamente o por medio de interpósita persona desde 1930 hasta 1961. En el Paraguay, Alfredo Stroessner se encaramó en el poder desde 1954 hasta 1989.
Entre estas dictaduras encontramos una curiosa similitud: Todos ellos convocaban religiosamente a elecciones para ser ratificados y es seguro que a nadie se le ocurriría decir que por ello eran demócratas.
Lo que ocurre es que antes se habían encargado de borrar todo vestigio de institucionalidad democrática y el voto popular solo servía para dotarles de una apariencia de legalidad y legitimidad. Tenían a su disposición todos los mecanismos para dirigir esa votación y hacer que esta, invariablemente, los favorezca.
El Congreso les era totalmente incondicional, sus miembros colocados prácticamente a dedo de la misma forma que los del Poder Judicial y, por supuesto, controlaban también el sistema electoral. Con este control absoluto naturalmente nadie podría dudar cuales serían los resultados.
En Bolivia estamos siendo testigos de esa acumulación de poder que no puede tener otro objetivo que no sea la reproducción de ese mismo poder. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura ahora con el aditamento de “plurinacional”, han quedado reducidos a un simple papel decorativo. En realidad las decisiones en materia judicial se toman en el palacio de Gobierno.
Pero ese control de los órganos legislativo y judicial no podía estar completo si es que no se controla esa instancia que en definitiva es la que debiera interpretar la voluntad popular como es el ahora llamado “Tribunal Supremo Electoral”.
Durante la posesión de los nuevos miembros de este organismo, Evo Morales ya dio una muestra clara de lo que pretende. Dijo que debían evitar que se cometan fraudes y que se “quiten diputados al MAS”. Por supuesto no mencionó la inscripción de alrededor de 400 mil votantes truchos con cédulas de identidad falsas otorgadas mediante la “cooperación venezolana” para favorecer a los candidatos del oficialismo.
El mensaje del presidente es inequívoco: el órgano electoral estará ahí solo para favorecer al partido gobernante y para remachar esta situación nombra como presidente del Tribunal a un conocido masista.
Ahora bien, si aún así las cosas no funcionaran se tiene a la mano a un Órgano Judicial que se encargará de seguir proceso por cualquier motivo a los opositores que resulten elegidos como está ocurriendo actualmente con los gobernadores y alcaldes de la oposición, para que el Tribunal Electoral arme nuevas “elecciones” garantizando, esta vez sí, que el triunfador sea un oficialista. Alguien podrá alegar que no estamos en una dictadura pero hay suficientes evidencias que Bolivia marcha hacia ese destino.