La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue un referente obligado en las luchas por la recuperación de la democracia y muchos de sus miembros tuvieron que sufrir la cárcel, las torturas y el exilio durante las dictaduras militares. El padre Julio Tumiri fue el paradigma de una época en la que quienes eran parte de esta organización debían, en muchos casos, compartir la suerte de sus defendidos.
Policías reducen a los manifestantes luego de tomar Caranavi, tras un bloqueo de varios días. Los hechos violentos se registraron entre el 7 y 8 de mayo pasados (foto La Razón)
Sin embargo algo pasó cuando se recuperó la democracia en Bolivia. En la Asamblea se enquistaron muchos individuos cuyo objetivo no era precisamente la defensa de los derechos humanos sino que tenían intereses mucho más personales. En democracia ya no corrían mayores peligros y la defensa de los derechos humanos pasó de ser una actividad muy peligrosa a muy lucrativa. El desplazamiento de la Iglesia por parte de algunas ONG´s acabó prostituyendo una actividad encomiable.
Los miembros de la Asamblea ya no desempeñaban su labor ad honorem sino que comenzaron a percibir jugosos “estipendios” lo que ocasionó que muchos mediocres vieran en ella a su refugio.
El actual ministro de Gobierno, Sacha Llorenti fue uno de ellos. Se cobijó bajo la sombra de Waldo Albarracín pero, como sucede frecuentemente con este tipo de personas, acabó volviéndose contra su protector.
Pero no es el único. Víctor Vacaflor, actual director Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia Y Desarrollo vio también a la Asamblea como la palanca para conseguir financiamiento de alguna ONG europea. De la misma especie es Sonia Brito, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.
Resulta que ambos fueron miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prtb), una versión reciclada del antiguo Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esa organización Vacaflor era conocido como “Vaco” un apelativo que sigue utilizando hasta ahora en tanto que Brito utilizaba el “nombre de guerra” de “Negra”.
Sonia Brito ha sido muy cuestionada por la posición asumida respecto a los sucesos de Caranavi en los que se produjeron dos muertos y, de acuerdo a un informe emitido por miembros de la Asamblea de Derechos Humanos, también hubieron otros vejámenes, incluso sexuales supuestamente cometidos por los policías que actuaron por orden del ministro Llorenti.
Este informe fue elaborado por miembros conocidos como de “base” de la Asamblea; es decir que no se trata de funcionarios pagados y realizan su actividad por puro compromiso y convicción. Brito confirmando el cordón umbilical que la une a Sacha Llorenti se apresuró a descalificar el informe, aunque no pudo refutar su contenido. Se limitó a indicar que la Asamblea no podía realizar investigación alguna ya que ello, según su criterio, correspondía única y exclusivamente, a las autoridades policiales y judiciales.
Tenemos entonces que la Asamblea ya no tiene la función de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que se ven avasallados por el poder; ya no tiene la función de levantar la voz por los débiles sino que se ha dedicado a defender a quienes se han incrustado en el poder olvidando los principios que decían tener, aunque es dudoso que alguna vez los tuvieran.
El giro que ha tomado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos al influjo de los amigos de Sacha Llorenti no hubiera gustado a los fundadores de esta organización aunque hay que reconocer que algunas personas como Claudia Lecoña han respetado el legado del padre Tumiri y se han mostrado dispuestas a enfrentarse al poder, lo que seguramente les acarreará en el futuro algún tipo de represalia.
En el caso de Caranavi, al menos algunos miembros de la APDHB no han permitido que se arme todo un entramado para ocultar la verdad como sucedió en Porvenir (Pando) lo que genera un saludable optimismo respecto a que al gobierno no siempre le resultará tan fácil imponer sus designios y criterios. Todavía hay personas de algunas instituciones que no están dispuestas a dejarse avasallar o amedrentar y mantienen su compromiso con la verdad y la justicia.