Bienvenidos a Sucupira

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: A nombre de los indígenas

2. Bajo el Penoco, El Día: Bienvenidos a Sucupira

3. Los Tiempos: UN DUDOSO ‘TRABAJO PRÁCTICO’ DE INTELIGENCIA

4. El Deber: El fracaso del estatismo

5. La Razón: Tres ex presidentes

6. Cambio: El Perú de Alan García

7. La Prensa: El periodismo y el poder

8. El Diario: La libertad de expresión es vital para la democracia

9. El Mundo: "Todo vale"

10. Opinión: Los grandes proyectos para Cochabamba

11. Clarín, Argentina: Falta de política sobre seguridad

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El Día: A nombre de los indígenas

En lugar de revalorizar "lo indígena", este Gobierno que se hace llamar “indigenista” está buscando el efecto contrario. El presidente Morales siempre se ha sentido discriminado cuando lo critican y por eso su régimen ha ideado una ley, cuya finalidad principal no es eliminar el racismo en Bolivia, sino mantener callados a los medios de comunicación.

Desde un principio se habló de aquella estúpida idea llamada “discriminación positiva” consistente en poner a los indígenas –por siglos marginados y excluidos- por encima de los mestizos, con derechos especiales y representación política sobredimensionada, en lugar de haberlos colocado en la dimensión de ciudadanos plenamente reconocidos por las leyes y con situación de igualdad respecto a los demás.

Con ese criterio fue que, por ejemplo, nombraron un indígena como presidente de YPFB por el solo hecho de su condición racial y el pobre sujeto, anduvo durante toda su gestión colgado de los camiones repartiendo garrafas porque no sabía hacer otra cosa en el campo de los hidrocarburos. En esa misma línea asumió un profesor rural en la petrolera y ya todos conocemos el triste desenlace que tuvo. Pero según el Gobierno, criticar a esos funcionarios, a esos ciudadanos, es discriminar.

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El propio Gobierno ha podido constatar las consecuencias de elaborar leyes racistas, tal como sucedió con la Constitución que les otorgaba a los indígenas plenos poderes para decidir sobre los recursos naturales, constituir gobiernos autónomos de un plumazo y aplicar sus propias leyes. En primer lugar, el mismo régimen se sintió ahogado por las limitaciones de algunos grupos sobre las inversiones petroleras y en segundo lugar, ahí están los ayllus potosinos, defendiendo el contrabando, corriendo de sus tierras a policías y fiscales para evitar que se investigue un grave delito.

Los indígenas constituyen un grave problema social para el país. Es el sector con menos acceso a la educación, a la salud y los servicios básicos. Son los que más mueren por enfermedades prevenibles, los que sufren desnutrición y a pesar de que el Gobierno del MAS se llena la boca a su nombre, los originarios siguen siendo discriminados y su situación social no ha cambiado en lo más mínimo.

A nombre de los indígenas ahora se pretende dotar al régimen de la herramienta perfecta para judicializar a los periodistas y llevarlos a la cárcel, cosa que ha ocurrido con dirigentes opositores, jueces, autoridades elegidas por voto popular y también legisladores. Todos los derechos que supuestamente el Gobierno pretende garantizar con la nueva ley están contemplados en la estructura jurídica vigente y la nueva norma es simplemente un instrumento para perfeccionar la persecución política y acabar con la libertad de expresión en Bolivia.

Los indígenas bolivianos no necesitan más leyes para “vivir bien”. El racismo no se va a acabar estableciendo estratos privilegiados, que lógicamente van a generar insatisfacción es otros sectores. En cambio, eliminar la libertad de prensa y expresión, será sin duda alguna, el peor error que pueda cometer este régimen, que de esa manera se encaminará indefectiblemente hacia una dictadura.

 

A nombre de los indígenas se pretende dotar al régimen del material perfecto para judicializar a los periodistas y llevarlos a la cárcel.

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Bajo el Penoco, El Día: Bienvenidos a Sucupira

El gobernador Costas nos hacía pensar el domingo que estamos viviendo en Suiza, pero los ilustres parlamentarios cruceños nos han recordado que estamos nomás en Sucupira. “Luego de continuas reuniones” –así dice el boletín de la Brigada Parlamentaría-, los legisladores locales han seleccionado un paquete de 13 leyes que serán propuestas con motivo del Bicentenario de la gesta libertaria de Santa Cruz. Qué lucidez, qué profundidad, qué visión la que tienen nuestros representantes como para colocar en primer lugar una ley para declarar al Carnaval cruceño, patrimonio cultural y en segundo lugar, a los bailes típicos. También han exigido reconocer a la Expocruz como la principal ventana comercial de Bolivia al mundo y en cuarto lugar, un reconocimiento a las cabañas del Río Piraí. Menos mal que la discusión fue ardua, porque a estas alturas estaríamos sugiriendo declarar patrimonio al pan de arroz. Con estas discusiones quién va a creer que en Santa Cruz algunos sectores están viviendo en zozobra por el autoritarismo reinante.

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Los Tiempos: UN DUDOSO ‘TRABAJO PRÁCTICO’ DE INTELIGENCIA

El uso abusivo que se hace de la institución castrense confirma que se están traspasando las fronteras que nos separan del autoritarismo

El acoso de las autoridades de gobierno al Alcalde Municipal de La Paz supera toda imaginación. A la injustificada acción incoada por la Contraloría General en contra de ese alcalde por el uso de "gastos de representación" que son confundidos por el vicepresidente del Estado, el ministro de Economía y el propio Contralor con "viáticos" o una especie de "plus" salarial, se ha sumado una curiosa acción de espionaje que conviene reseñar.

El pasado martes 7, tres personas, haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía Municipal, fueron sorprendidas extorsionando a algunos comerciantes. Detenidos, se descubrió que se trataba de un mayor y dos tenientes de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército (EMIE). La Alcaldía presentó la denuncia en la Policía, en cuyas instalaciones se hicieron presentes jefes militares que explicaron que los detenidos "estaban desarrollando un ejercicio". Pese a la presión, la fiscal dispuso su detención.

Sin embargo, desapareció el mayor y quedaron los dos tenientes que una vez imputados, fueron liberados.

El director de Gobernabilidad del gobierno municipal denunció este hecho como parte de "un plan político, una conspiración en marcha para desestabilizar al gobierno municipal", denuncia que fue respondida por el Ministerio de Defensa mediante un comunicado de cinco puntos en el que se reconoce que esos oficiales "realizaban una práctica de Inteligencia, caracterizando a gendarmes municipales, con el objetivo de conocer las generalidades de la Caracterización y su manera de aplicarlo a través de un ejercicio simulado" (sic) y que fueron liberados por un juez de turno, por lo que se rechaza que se "hubiera efectuado presiones para conseguir" su libertad.

Luego, se sostiene que las declaraciones de la autoridad edil "responden a una equivocada estrategia para desviar la atención de la ciudadanía" sobre las acusaciones del Gobierno en contra del alcalde de La Paz "buscando que los hechos punibles que se investigan no tengan las dimensiones públicas que corresponden". Agregan además que es "evidente" la intención de "echar una cortina de humo a los graves problemas que tiene en la ejecución de obras municipales como los puentes Trillizos" y que en "resguardo de la seriedad institucional, el Ministerio de Defensa está disponiendo una investigación interna para determinar si hubo infracciones a normas y reglamento de la EMIE en el caso de los oficiales detenidos y posteriormente liberados que ejecutaron el citado ejercicio de Inteligencia, independientemente de las acciones que llevan adelante las autoridades".

Es obvio que los oficiales se han aplazado en el ejercicio, como lo es que el Gobierno y el MAS utilizan toda arma, por más inescrupulosa que sea, para desestabilizar a los municipios y gobernaciones donde han perdido. Así, acciones como las que se comenta pasarían a engrosar un libro de anécdotas de las tonterías de la política si no fuera que ponen en peligro a la democracia y muestran el uso abusivo e inconstitucional que se hace de la institución castrense, muy similar al que se hacía durante las dictaduras.

Parece, pues, necesario entender que se están traspasando las fronteras que nos separan del autoritarismo.

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El Deber: El fracaso del estatismo

El comandante Fidel Castro Ruiz sorprendió al mundo entero al afirmar que el modelo económico estatista cubano, que él mismo implantó desde 1960 en ese país, no sirve ni siquiera para los cubanos y menos podría ser exportado.

Semejante expresión de autocrítica es digna de un marxista, como se reconoce el líder latinoamericano más conocido en el planeta en el siglo XX, junto a su compañero Che Guevara.

A los dos días, Castro dijo que los periodistas no le entendieron y que él había querido decir que lo que no servía era el capitalismo para los Estados Unidos. Una “profunda ironía” difícil de entender.

Las decisiones del gobierno cubano revelaron que la primera declaración de Castro era la que valía: serán despedidos 500.000 trabajadores del sistema estatista cubano que, de veras, no sirve ni siquiera para los cubanos. Un ciudadano de ese país dijo, evitando dar su nombre, que durante 50 años le habían estado diciendo que el pleno empleo era la mayor conquista de la revolución y ahora le salen con que las planillas del Estado están infladas.

Las palabras de Castro se dan cuando su país está viviendo la peor cosecha de caña de azúcar de los últimos 106 años, lo que podría ser tomado como el caso extremo del fracaso del modelo estatista.

Lo único que faltaba para definir el modelo cubano como un fracaso eran las palabras del comandante Castro, que ahora adquieren el sentido de un certificado de defunción para ese modelo, certificado que ha sido refrendado por los anuncios de un millón de despidos, en dos etapas.

Castro dijo que el modelo cubano no sirve ni siquiera para los cubanos cuando el periodista le había consultado sobre la posibilidad de exportarlo, de aplicarlo en otros países. Su respuesta fue tajante y sacudió a millones de personas en todo el mundo que consideran todavía la economía estatizada como una opción.

Expertos norteamericanos que han analizado el tema dicen que quizá no sea bueno entender que Cuba ahora adoptará el capitalismo, pero ellos también se sorprenden con las medidas que toma Raúl Castro. La propia organización sindical cubana, que forma parte del Partido Comunista, ha hecho saber que aprueba las reformas. Estos sindicalistas no tienen mucho margen para contradecir lo que decida el gobierno y el partido.

Toda esta conmoción política internacional se da cuando en Bolivia el Gobierno del presidente Evo Morales estaba en medio de un nuevo arrebato nacionalizador y estatista.

A raíz de la reversión de las acciones de la fábrica de cemento de Sucre se aludió, de parte de medios de comunicación afines al Gobierno, a la posibilidad de que las reversiones sigan adelante y comprendan a todas las empresas que alguna vez fueron del Estado boliviano.

Esto se da también cuando los proyectos de reformas urbanas siguen preocupando a los bolivianos, conforme circulan las versiones de anteproyectos cada vez más duros, que reducirían el derecho a la propiedad.

Como dando la razón a Castro, la escasez de gas para el mercado interno, que ha provocado un desabastecimiento de cemento, es la primera luz roja que revela las deficiencias del estatismo en la economía boliviana.

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La Razón: Tres ex presidentes

Si acaso hubieren cometido delito alguno, que se les demuestre con procesos justos

Cada uno de ellos tiene diferentes perfiles profesionales; se desempeñó y sobresalió en distintas especialidades. Cada uno marcó una huella a su modo. Quiroga, Mesa y Rodríguez pasaron por el Palacio de Gobierno no hace mucho tiempo y los tres, en mayor o menor grado, tuvieron que armarse de sabiduría y valor para sobrellevar momentos difíciles.

Tuto Quiroga es el más político de los tres. Heredó el liderazgo de ADN tras la muerte de Hugo Banzer y, salvo breves intervalos, nunca dejó de participar activamente en política. Fue el más joven Vicepresidente de la historia, en 1997. Con la agrupación Podemos, ha debido conformarse con quedar al margen ante el crecimiento del MAS y el apoyo mayoritario de la ciudadanía hacia la opción de Evo Morales.

Carlos Mesa es un prestigioso periodista sin filiación política. Acompañó a Gonzalo Sánchez de Lozada en su caótica segunda gestión de gobierno, pero se alejó de él en cuanto entendió que Goni cometía gruesos errores en el manejo de los trágicos acontecimientos de Octubre Negro. A Mesa le tocó asumir el mando en un tiempo de crisis política y social profunda, hasta que no pudo soportar la presión de la nueva izquierda, robustecida por sindicatos y organizaciones sociales —sin olvidar la que surgió en el oriente del país— y acabó renunciando antes de la conclusión de su mandato. Como es evidente, de todo ese momento difícil, él salió sin que haya un muerto.

Eduardo Rodríguez desempeñó un papel importante para la democracia el 2005, cuando, presionado por las circunstancias de inviabilidad política, asumió la que seguramente fue una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar la Presidencia de la Corte Suprema y tomar las riendas del país. Tras un breve periodo de transición, entregó el mando al ganador de las elecciones generales, Evo Morales, el 22 de enero del 2006.

Ése es, en resumen, el pasado público de los tres acusados por el Gobierno. Si acaso hubieran cometido delito alguno, que se les demuestre en la justicia y en el marco de procesos justos, al amparo del respeto al Estado de derecho, como corresponde.

Se estarían violentando principios básicos de la democracia si se desplegase contra ellos una estrategia de persecución como la que se denomina ‘judicialización de la política’. Fuera de toda consideración que debe ser resuelta por jueces probos e independientes, el país espera que no se trate de una represalia.

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Cambio: El Perú de Alan García

Que Perú es una democracia representativa está fuera de discusión, pero las acciones que asume el gobierno del presidente Alan García ponen en duda que el sistema de derecho esté plenamente garantizado en la hermana República. No otra cosa significa que más de veinte miembros del escuadrón de la muerte Colina, juzgados por secuestros y asesinatos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), podrían quedar libres, beneficiados por una norma legal que acaba de promulgar el mandatario peruano.

Es que gracias a una ley dictada por García —al amparo de las facultades legislativas que le dio el Congreso controlado por el oficialismo y el fujimorismo—, los integrantes del grupo Colina, por cuyos crímenes Fujimori ha sido condenado a 25 años como autor intelectual, han pedido que el proceso en su contra, que está cerca de culminar, sea archivado, con lo cual quedarían libres. Y Fujimori puede ser beneficiado por esa norma.

Un reporte del diario argentino Página/12 señala que la cuestionada ley de Alan García —invocada por los agentes de Colina para salir libres— señala que los delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos antes de noviembre de 2003 no son considerados crímenes de lesa humanidad y tienen el beneficio de la prescripción.

Además establece que si el proceso de investigación judicial por estos delitos excede el plazo de 36 meses, el caso queda archivado y los inculpados libres de responsabilidad. El abogado de Fujimori, que también patrocina a militares juzgados por violaciones a los derechos humanos, pudo haber tenido un papel clave en la redacción de esa ley.

Es decir, si la matanza de 15 personas en Barrios Altos, una zona tradicional y popular de Lima, perpetrada la noche del 3 de noviembre de 1991 no fue un crimen de lesa humanidad —tal como considera la norma a la que hacemos referencia—, entonces ¿qué fue?

Esta masacre fue vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Fujimori y uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en 2003. Las investigaciones posteriores comprobaron que la masacre de Barrios Altos fue por instrucciones de Vladimiro Montesinos, siniestro personaje del fujimorismo.

Aquella luctuosa noche se llevaba a cabo una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840 para conseguir fondos para reparar ese edificio. Aproximadamente a las 23.30, seis individuos armados y encapuchados bajaron de dos vehículos y entraron al edificio. Los atacantes cubrieron sus rostros con pasamontañas y ordenaron a los asistentes de la reunión tenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos. Así mataron a 15 de ellos, incluido un niño de 8 años de edad, e hirieron seriamente a otras cuatro personas, una de las cuales quedó paralítica.

Durante la investigación, la Policía halló 111 casquillos y 33 balas del mismo calibre en la escena del crimen. Una prueba irrefutable de la ferocidad con la que actuaron los asesinos.

En este contexto, no es posible que un gobierno que se dice democrático aliente la impunidad para los esbirros del fujimorismo que, bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo —que debe ser condenado por todos quienes defendemos el derecho a la vida—, cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual su mentor, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de cárcel.

Es por eso que, como acertadamente señala Página/12, la ley dictada por el Presidente peruano colisiona con la legislación internacional en materia de derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de violaciones a los derechos humanos, sin importar en qué fecha se cometieron, y contradice la jurisprudencia de los últimos años en ese país en el mismo sentido.

Pero eso no ha detenido al gobierno de García para sacar adelante esa ley, calificada por los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, como una amnistía encubierta para los violadores de los derechos humanos, que ahora podrán acogerse a la prescripción de sus crímenes o alegar que la investigación judicial ha excedido el plazo límite de 36 meses.

Además, el primer fallo judicial amparado en la llamada ley de amnistía encubierta ha beneficiado a un ex ministro de Alan García: Agustín Mantilla, quien fuera ministro del Interior en su primer gobierno (1985-1990) y que estaba siendo juzgado como organizador y jefe del Comando Rodrigo Franco, el escuadrón de la muerte que operó durante la primera presidencia de García. Desde Lima se reportó que un juez resolvió archivar el juicio en su contra citando la ley de Alan García, aunque la Fiscalía ha apelado esa decisión.

Y el propio García sería uno de los beneficiados con la ley que él mismo ha dictado. En los tribunales está abierto un proceso por la ejecución de más de cien presos de Sendero Luminoso en la isla penal El Frontón, en 1986. García ha sido sindicado como autor intelectual de la matanza. Los marinos procesados por las ejecuciones de El Frontón han pedido que se aplique esta ley para archivar el juicio.

No obstante, la ‘Ley García’ ha merecido un amplio rechazo por parte de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, la Conferencia Episcopal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y partidos políticos que han expresado su condena y han exigido su derogatoria. Incluso el ministro de Justicia, Víctor García Toma, se sumó a las críticas a la ley, pero a pesar de eso se mantiene en el gobierno.

Según la Comisión de la Verdad, la guerra interna peruana entre los años 80 y 90 dejó 69 mil muertos. Cerca de la mitad de esas muertes fue causada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los condenados por violaciones a los derechos humanos no llegan a veinte. Y aunque el futuro de la norma quedó en manos del Legislativo, refleja el Perú de Alan García.

El propio presidente peruano sería uno de los beneficiados con la ley que él mismo ha dictado. En los tribunales de justicia está abierto un proceso por la ejecución de más de cien presos de Sendero Luminoso en la isla penal El Frontón, en 1986.

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La Prensa: El periodismo y el poder

Porque es un sector de alta credibilidad que, además, cumple su función fiscalizadora, es que se piensa en la necesidad de sacarlo del medio?

Las buenas noticias en nuestro país se entremezclan con aquellas que podemos considerar malas y que afligen a la sociedad. Una, que no puede dejar de alegrar a los bolivianos, es el descubrimiento en nuestro país de la existencia de uranio en más de 38 lugares del extenso territorio nacional, aunque como otros recursos mineros, como el del Mutún, considerado la mayor reserva de hierro y manganeso del mundo.

Mientras esto sucede en nuestro rico territorio, donde abundan las riquezas naturales o inexplotadas y, por lo tanto, desaprovechadas, los políticos en el poder no pierden la oportunidad para seguir allanando su camino hacia su perpetuación. No importa qué y cómo se haga. Lo importante para el Movimiento Al Socialismo (MAS) es tomar el control del poder absoluto.

Si para ello hay que acabar con todo vestigio opositor, sin interesar que hubiera ganado elecciones limpiamente, hay que hacerlo. Hay que destituir a alcaldes y gobernadores, hay que perseguir a cuanto político de la vieja o de nueva era aparezca, meterlo en la cárcel con una ilegal complicidad de un batallón de fiscales sumisos y comprometidos ideológicamente con el poder político. Si hay que evitar el obstáculo que el periodismo significa en este afán desmedido de poder, también hay que hacerlo.

Es así como desde el Órgano Legislativo Plurinacional, de enorme mayoría oficialista, salen leyes o proyectos de ley, a veces de noble intención, como aquélla contra el racismo y la discriminación, pero con artículos destinados a coartar la libertad de expresión y de prensa.

El presidente Morales ya lo dijo no una, sino varias veces, que la prensa ?los medios de comunicación? es su principal enemiga, que los periodistas son sucios y que había que ?erradicar? a los propietarios de los medios de comunicación por ser ?racistas?.

Según últimas encuestas, los medios de comunicación, a pesar de todos los esfuerzos realizados a través de las acusaciones que se les hace desde el poder político, gozan de enorme confianza y credibilidad de la población, incluso en la ciudad de El Alto, que siempre se ha considerado el bastión del partido gobernante.

Quizás porque es un sector de alta credibilidad que, además, cumple su función fiscalizadora, es que ahora se piensa en la necesidad de sacarlo del medio para tener allanado el camino.

El periodismo, además de fiscalizar, está cumpliendo con su tarea de señalar al Gobierno las cosas que hace mal, aquellas que le afectan a su imagen interna y externa, aquellas que lo hacen ver con intenciones poco democráticas. Le señala los rumbos que debía tomar para hacer una buena gestión que se enmarque en el respeto a las leyes y a los derechos humanos. Pero parece que eso no les gusta o no les conviene a algunos sectores y hombres poderosos del Gobierno que creen que nadie tiene por qué decirles qué hacer y, en lugar de mostrarse agradecidos, quieren acallarlo.

Y para ello el Gobierno está dispuesto a recurrir a muchos medios, desde la creación de nuevas leyes que de alguna manera le permitan impedir su tránsito natural, sin dejar de lado ?si éstas no fueran suficientes? al uso llano de la fuerza.