La titular del Concejo es acusada de falsificar notas del colegio. En La Paz, el alcalde Luis Revilla inició una cruzada nacional en defensa del voto ante los ataques del Gobierno central.
Defensa. Para Desirée Bravo, existe una persecución política en su contra. Ayer presidió la sesión de honor del Concejo
El Deber. Freddy Lacio
Arresto domiciliario sin escolta dictó ayer la Sala Penal Segunda de la Corte de Distrito de Santa Cruz en contra de la presidenta del Concejo Municipal de la capital cruceña, Desirée Bravo, que es acusada de falsificar una libreta de notas para obtener su título de bachiller. La decisión de los magistrados fue celebrada como una victoria por los seguidores de la edil, que se aglomeraron en los alrededores del Palacio de Justicia, porque no fue enviada a la cárcel.
Las medidas dictadas por la Sala Penal Segunda se suman al arraigo, la presentación una vez por semana ante un juez y a la prohibición de acudir al Servicio Departamental de Educación (Seduca) que había dictado una juez del Plan Tres Mil en contra de Bravo, que el 20 de agosto estuvo detenida en las celdas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen.
Los abogados de la concejala, Roberto Capobianco y Angélica Zapata, aseguraron que la decisión judicial no afecta el trabajo que ejecuta su defendida en el Concejo Municipal. No obstante, levantaron sospechas porque la audiencia se llevó a cabo el mismo día en que estaba programada la sesión de honor del organismo deliberante en homenaje a los 200 años de la gesta libertaria de Santa Cruz.
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La misma posición fue asumida por Desirée Bravo, que se declaró víctima de una persecución política. “Es muy raro que me convoquen a declarar justo cuando tengo que presidir la sesión de honor del Concejo. Soy inocente de todo lo que me acusan y eso lo demostraré durante el proceso”, señaló la concejala que es parte del bloque oficialista.
La jueza María Eugenia Algarañaz Marco, presidenta de la Sala Penal Segunda, descartó la posibilidad de un acto extrajurídico en contra de la presidenta del Concejo. Aseguró que la resolución fue dictada porque existe el peligro de que la acusada obstaculice la investigación.
Los otros dos magistrados que conformaban la sala, Jimmy Fernando López y Édgar Carrasco, ratificaron el fallo.
Por su parte, el abogado del Ministerio de Educación, Juan Alberto Guevara, anunció que apelará la decisión porque considera que existen suficientes indicios para suponer que Desirée Bravo, además de ser autora de los delitos por las que es acusada, puede interferir para evitar que se investigue a fondo el caso.
La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra también tiene prohibido mantener contacto con los otros involucrados.
Detalles de la audiencia
Presentes. Los padres de la concejala estuvieron en la audiencia. También asistió el diputado opositor Tomás Monasterio.
Respaldo. Un grupo de vecinos del distrito 6 acudió al Palacio de Justicia en apoyo a la líder de ese sector. Lanzaron petardos y gritaron de júbilo cuando se conoció el fallo.
Contra. En la Sala Penal Segunda también estuvieron presentes algunos funcionarios del Ministerio de Educación que hacían seguimiento al proceso.
Fallo. El juez Jimmy Fernando López emitió su voto y se retiró de la sala, aduciendo que tenía una consulta médica.
Revilla lanza una cruzada nacional por la continuidad
Apoyo. El Alcalde logró 108 mil firmas y 265 votos resolutivos a favor
Concentración. Miles de personas escuchan anoche las palabras del Alcalde.
La Razón. Luis Escóbar – La Paz
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, lanzó anoche una campaña nacional que pretende recolectar un millón de firmas para modificar la Ley Marco de Autonomías y evitar que las autoridades electas sean suspendidas. El anuncio fue hecho ante miles de personas.
La autoridad, acusada por la Contraloría ante el Ministerio Público por los delitos de peculado, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, recibió libros notariados con 108.296 firmas y 265 votos resolutivos de varias organizaciones paceñas que manifestaron su apoyo ante el riesgo de ser suspendido.
“A partir de mañana convocamos a todo el pueblo boliviano, a todas las autoridades —sean del partido que sean— a recolectar un millón de firmas para que cambiemos la ley (de Autonomías) y garanticemos que las autoridades elegidas permanezcan en sus funciones por los cinco años”, dijo.
La campaña —que arranca este jueves— se lanzó frente a una multitud concentrada en las puertas de la Alcaldía paceña. El secretario Ejecutivo del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, calculó la asistencia de 15 mil a 20 mil personas.
La Razón comprobó que el atrio de la Alcaldía estaba colmado de gente y que las personas se aglomeraban en las vías aledañas, como las calles Colón y Ayacucho.
La campaña de recolección de firmas permitirá, según Revilla, promover una iniciativa legislativa ciudadana que modifique la Ley de Autonomías y les permita a los alcaldes y gobernadores continuar su trabajo sin que corran el riesgo de ser suspendidos a simple requerimiento de un fiscal.
“No podemos dejar solamente la aprobación legislativa en manos de 140 personas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos que hacer, como manda la Constitución Política del Estado, que el pueblo también legisle”, dijo.
La recolección de rúbricas en La Paz comenzó el 13 de septiembre. “Con estas firmas La Paz dijo una vez más que la ilegalidad no va a pasar, que los atropellos, que las amenazas no pasarán”, añadió en referencia al proceso que inició la Contraloría en su contra.
Hasta la fecha al menos cuatro alcaldes electos en mayo pasado fueron suspendidos en Cochabamba, Sucre, Potosí a requerimiento de la Fiscalía.
El MAS descalifica el acto
Posición.
El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, opinó ayer que el MSM “está en su legítimo derecho, pero es una marcha insulsa”. Explicó que el alcalde Luis Revilla debe presentar sus descargos ante la Fiscalía y no recurrir a la población. Precisó que en caso de que llegue la solicitud de suspensión, “el Concejo tiene la obligación de proceder por ley”.