Roberto Méndez
Sabemos cómo se aprobó la nueva Constitución Política del Estado: en un cuartel donde los asambleístas levantaron la mano sin leer el texto y finalmente en una mesa clandestina del Congreso, pero al fin y al cabo, es la norma máxima de Bolivia y todos debemos acatarla.
Desde el primer boliviano hasta el último, y peor quienes nos la impusieron con la hoja de coca como símbolo y el rótulo de salvadora de este pueblo que en sus 185 años sigue siendo un Estado fallido.
Por eso tal vez a alguien se le ocurrió el tema del Estado Plurinacional y entonces en vez de considerarnos todos iguales se crearon categorías de ciudadanos, y la torta en la cereza fue la llamada Ley Antirracismo que trajo de contrabando los dos artículos el 16 y el 23 que cierran los medios de comunicación y que criminalizan el trabajo de los periodistas.
Y aquí los periodistas debemos hacer un “mea culpa” porque no es mentira que por ahí han hablado de las mezclas con llama y por ahí han imitado a Hugo Chávez refiriéndose al presidente Morales.
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Pero no somos todos y no se puede generalizar. Si el Gobierno o quien se sienta ofendido por algún exceso, que los hay, cometido por periodistas o presentadores, están en su derecho de iniciar un proceso legal.
Sin embargo, esa acción no puede justificar para que de la noche a la mañana y de golpe y porrazo se disponga el cierre de los medios de comunicación que difundan ideas racistas cuando hay un comité manejado por los ministerios y organizaciones sociales afines que son las que califican esos “delitos”.
Y tampoco justifica que para acallar medios vulneren la propia Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de expresión, la autorregulación de los medios sin censura previa y el derecho al trabajo, entre otros.
Por eso los periodistas estamos en alerta y exigimos que el Gobierno cumpla la CPE y no busque más “trampas envolventes”.
El Día – Santa Cruz