Walter Arrázola*
En estos días saldrán las listas oficiales del terror en Bolivia. Mucha gente será involucrada en hechos que jamás cometió o que jurídicamente no tendrían fundamento en un Estado de Derecho. Lo cierto es que en Bolivia hubo un asesinato a sangre fría de unos supuestos “terroristas” que fueron rodeados indefensos en un hotel. Muchos de los involucrados deben preguntarse por qué la policía no actuó con la misma manera en la detención de Álvaro y Raúl García Linera y otros del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).
De las 91 personas que han prestado declaración informativa por el caso Rosza van a imputar a 36 personas, según una fuente protegida por le ley de imprenta.
Entre los que figuran como imputados están: Mario Tadic Astorga, Elod Toazso, Juan C. Guedes, Alcides Mendoza, Ignacio Villa V., Gelafio Santiesteban, Mario Herrera, Eduardo Sosa, Roberto Justiniano A., Ronald Suárez S., Branko Marinkovic, Hugo Paz, Fernando Hevia, Ricardo Moreno, Hugo Vásquez O., Zvonko Matkovic, Marco Monasterio, Gary Prado Araoz, Juan Velarde, Lucio Añez, Erland Camacho, Soilo Salces, Juan Carlos Santisteban, Ronald Castedo, Gary Prado Salmón, Jorge E. Rivero, Eduardo Pereira, Mauricio Melgar Roca, Juan Alberto Kudelka, Alejandro Melgar, Hugo Antonio Achá, David Sejas, Alfredo Saucedo, Alejandro Brown, Lorgio Balcazar, Rony Hurtado, Luis Alberto Hurtado y Enrique Vaca Pedraza.
De los cuales a 23 se les hará las correspondientes anotaciones preventivas de bienes en Derechos Reales, entidades bancarias, Tránsito y otros.
Lo cierto es que tendrán en vilo a muchas familias, sobre todo a un pueblo amedrentado. El juicio será dilatado con muchas trabas procesales; el objetivo será tenerlos en “cana” hasta que les salgan canas, porque modificaron exclusivamente el procedimiento penal para este proceso. De un sistema garantista hemos vuelto a uno inquisitivo. Estarán presos unos cuatro años, poco más que los del EGTK. Esta es la venganza desde el poder.
*Ex diputado nacional