Evo critica el apoyo de cívicos a periodistas. La Fejuve de El Alto se suma a la defensa de la libertad de expresión. El Presidente defendió el gubernamental proyecto de ley antirracista. La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa cree que se quiere politizar el tema. Morales expresó su disposición de reunirse con las organizaciones de periodistas, pero no anticipó una fecha.
Semana de decisiones. Los periodistas marchan y protestan en defensa de la libertad de expresión
La Prensa
Periodistas ganan respaldo y el Gobierno se mantiene firme
Proyecto. Mientras el Gobierno se mantiene firme sin modificar una coma a la Ley Contra el Racismo, la Comisión de Constitución del Senado elabora el informe.
Los trabajadores de la prensa ganaron la adhesión de la influyente Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto y con ello lograron fortalecer un movimiento por la defensa de la libertad de expresión en una semana decisiva para la aprobación de la ley contra el racismo y prácticas discriminatorias impulsada por el oficialismo.
Por su parte, el presidente del Estado, Evo Morales, defendió ayer el contenido del proyecto cuyos artículos 16 y 23 instituyen sanciones a periodistas y el cierre de medios.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución, Eduardo Maldonado, ratificó que el martes finalizará la redacción del informe dirigido al plenario y señaló el interés de encontrar una “redacción de consenso” que interprete las propuestas y opiniones sobre los dos artículos.
En medio del temor de los opositores a una aprobación sin modificaciones tal como anunció el senador oficialista Isaac Dávalos, el escenario tiene otros dos nuevos actores.
Tras las marchas de periodistas y empresarios, la semana pasada en siete ciudades y cuatro poblaciones intermedias, el vecindario alteño aprobó un apoyo a la defensa de la libertad de expresión y, del mismo modo, el opositor Comité Pro Santa Cruz exteriorizó su disposición de movilizarse por la misma causa.
La presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Fanny Nina, confirmó una reunión de directorio para emitir la resolución de solidaridad con los trabajadores de medios de información, mañana martes.
Esta cercanía de los periodistas con organizaciones cívicas, la Iglesia Católica y la Federación de Campesinos Túpaj Katari despertó la “extrañeza” del presidente Morales, confesó ayer durante una entrevista televisada.
Antes de oponerse al proyecto de ley “deben informarse”, porque el objetivo no es acabar con la libertad de expresión; al contrario, se desea evitar la discriminación a los ciudadanos por su condición humilde o de origen, dijo.
“Más bien la Confederación de Trabajadores de la Prensa debería ser la abanderada para acabar con el racismo”, argumentó Morales.
La senadora de oposición Centa Reck señaló que “está claro que el MAS obedecerá el pedido de su jefe Evo Morales y aprobará la ley sin modificar nada. No olvidemos las amenazas de los sectores sociales con cercar el Congreso”, afirmó la representante.
“La reacción del pasado viernes —cuando se cumplieron las marchas en varias ciudades, excepto La Paz— es la reacción de los compañeros periodistas a la que se sumaron los propietarios de medios de comunicación”, dijo a la Red Erbol el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Pablo Zenteno. La organización se encuentra en emergencia y sigue de cerca el trabajo de la Comisión de Constitución y las actividades del Senado que esta semana podría considerar el proyecto de ley en el plenario, en el que el oficialismo tiene una mayoría que le permite tramitar leyes sin mayores dificultades. El sector de la prensa “vive horas cruciales y decisivas”, expresó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp.
La organización que agrupa a dueños de medios de información envió el sábado una carta en la cual solicita una audiencia al presidente Morales.
El jueves de la semana pasada, hizo lo propio la CSTPB.
El presidente Morales señaló su disposición de dialogar con los periodistas, mas no señaló una fecha. “No hemos decidido en la agenda la fecha para esa reunión, pero hay predisposición de recibir a los periodistas”, dijo ayer en una rueda de prensa.
El vocero del Palacio, Iván Canelas, informó que tomó conocimiento de una copia de la carta enviada por la CSTPB pero agregó que el tema podría ser considerado hoy en el Palacio.
“Yo soy un defensor de la Ley de Imprenta, y mientras no me convenzan de que esta Ley no sirve, la apoyaré”, expresó Canelas, en un debate radial realizado ayer por Erbol.
Las organizaciones de periodistas, contrarias a los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo, demandan que se respete aquel cuerpo legal en lugar de este proyecto que la sepultaría al suprimir un tratamiento especial por los delitos de imprenta.
En el debate, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinovic, defendió el rol cumplido por los periodistas en la reconquista de la democracia, en la década de 1970 y a principios de la de 1980.
“Hemos dado voz a los sin voz y esa contribución debe tomarse en cuenta” durante la consideración de la ley, expresó en un alegato que reclama un reconocimiento social a los senadores del oficialismo que surgieron a la luz pública al encumbrarse su líder, Evo Morales, luego de ganar popularidad en los medios de información, cuando lideraba a los productores de hoja de coca.
Glasinovic observa la propuesta para crear una comisión evaluadora de las faltas infringidas y consideradas racistas. El proyecto sólo consigna a representantes de los ministerios, movimientos sociales y derechos humanos, pero no estamos incluidos los periodistas, afirmó el dirigente.
Defendió la vigencia de los mecanismos de autorregulación, como el Consejo Nacional de Ética, que sanciona faltas “que supuestamente hubieran cometido los periodistas en el ejercicio de su trabajo”. Funciona y se adecuan a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), expresó.
Los periodistas y propietarios de medios de información expresaron reiteradamente su conformidad con la aprobación de una ley contra el racismo.
La semana pasada, la Iglesia Católica se pronunció en contra de las leyes que prepara el Gobierno por el riesgo para la libertad de expresión.
Hay consenso para ley antirracismo
El proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación alcanzó consenso, excepto en los artículos 16 y 23, informó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eduardo Maldonado.
“Hay que enumerar que el gran consenso de dotarnos de una ley de esta naturaleza es cuestión de vida para la sociedad boliviana”, expresó el representante nacional. El documento es analizado por la Comisión de Constitución después de su aprobación en la Cámara de Diputados, y el grupo de asambleístas enviará su informe al plenario mañana.
La comisión realizó su trabajo mediante mesas de trabajo y audiencias públicas. En las mesas de trabajo congregó a profesionales, académicos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos que intercambiaron opiniones técnicas.
Las audiencias públicas recibieron propuestas acerca del contenido del proyecto, contó Maldonado.
De todas las jornadas, el representante nacional recuerda con emoción el día en que una autoridad indígena de un ayllu del departamento de La Paz llegó a la comisión y denunció que el personal de seguridad le había decomisado su bastón de mando. La presidencia de la comisión ordenó que el símbolo de mando fuera devuelto en el acto y en la sala de las audiencias públicas. “Le hicimos entrega del bastón de mando en presencia de todos los presentes que se pusieron de pie para aplaudir la reposición del símbolo”, contó Maldonado.
Entre los testimonios y peticiones para la aprobación de la ley destacó la presencia de trabajadoras del hogar que denunciaron discriminación y malos tratos en sus puestos de trabajo.
Pero el senador del oficialismo considera que muchos rasgos de discriminación comienzan en la escuela y la diferencia de educación pública y privada.
Una propuesta desata el debate
La propuesta de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) para aplicar sanciones a medios inmersos en faltas de racismo con la transferencia del medio y licencias a sus empleados abrió otro frente de debate.
La medida sugerida la semana pasada a la Comisión del Senado Nacional recibió apoyo del vocero de Palacio, Iván Canelas, quien se mostró a favor de que los trabajadores asuman el control de un medio sancionado tras probarse faltas consideradas racistas.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Pablo Zenteno, expresó desacuerdo con la propuesta de la organización paceña, la única que se excluyó de las protestas emprendidas la semana pasada en siete ciudades capitales.
“Esto es un harakiri (suicidio)”, opinó el representante sindical desde la ciudad de Tarija a la Red Erbol, y advirtió que los trabajadores tendrían que asumir las responsabilidades financieras y administrativas de una empresa de comunicación.
Opinión
“Los periodistas de La Razón nos declaramos en contra de cualquier forma de discriminación. Ratificamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y de prensa, como principios profesionales y derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales y las convenciones internacionales. Nos sumamos al pedido de eliminación de los artículos 16 y 23 del proyecto de ley”.
Periodistas y fotógrafos / Matutino La Razón
“El intento de aprobar una ‘ley antirracismo’ que implicaría control a la libertad de expresión ha despertado en la colectividad nacional reacciones de diversa índole, pero todas dirigidas a protestar y rechazar la intención que no es otra que la de controlar la libertad de pensamiento, que es un derecho inalienable de todo ser humano. Peligrosa la intención que, de ser efectiva, implicará, de hecho, prohibir pensar y dejar todo a disposición de las autoridades”.
Editorial / Matutino El Diario
“El Sindicato de Trabajadores de La Prensa exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional que retire los artículos 16 y 23 del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación porque los considera atentatorios contra la libertad de expresión y aplicará una mordaza contra los trabajadores de los medios. Los empleados de este medio manifestaron su adhesión incondicional al proyecto original elaborado por el asambleísta Jorge Medina”.
Periodistas y trabajadores / Matutino La Prensa
Evo cuestiona el apoyo de cívicos a periodistas
Debate. El Presidente defendió en el canal estatal el proyecto de ley antirracista. La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa cree que se quiere politizar el tema
Medidas. Los periodistas reciben el apoyo de la población. En los libros ya se han registrado más de 28.000 firmas
Pablo Pedraza Barbery, El Deber
El presidente Evo Morales cuestionó el apoyo que los dirigentes cívicos han brindado a los periodistas, en las protestas que llevan a cabo contra los artículos 16 y 23 del proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación.
Morales habló ayer durante casi dos horas en el programa El Pueblo es Noticia, que se emite por el canal estatal. “Los cívicos se suman a la lucha contra la llamada ley mordaza; la historia se repite, algunos dirigentes sindicales del periodismo están con los cívicos, por supuesto algunos de ellos a la cabeza de la derecha” expresó el mandatario.
Al respecto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, dijo que la libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de los periodistas y que todos los bolivianos tienen derecho a pensar libremente y a expresar sus ideas por cualquier medio de comunicación. “Si el Gobierno piensa que apoyar a la prensa es estar en su contra, lo único que hace es poner las bases para establecer una dictadura”, agregó Núñez.
El mandatario también dijo que los periodistas que se movilizaron el viernes fueron obligados a salir a las calles, y “donde no los obligaron no hubo respuesta”.
Pablo Zenteno, presidente de la Confederación Sindical de los Trabajadores de la Prensa, manifestó estar apenado por las declaraciones de Morales y de que se quiera politizar el tema. “Nosotros apoyamos la ley, lo que observamos son los artículos 16 y 23, que violan la libertad de expresión y el derecho al trabajo”, Acotó.
Zenteno negó que la confederación tenga vínculos con los cívicos, asegurando que el comité ejecutivo nacional está conformado por 11 personas oriundas de distintos departamenos, con diverso tipo de tendencia ideológica y política.
Por su lado Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entidad que representa a los dueños de medios de comunicación impresos, dijo que no han participado de ninguna medida de hecho, y que las marchas del viernes son una acción espontánea de los periodistas. “La ANP ha buscado el camino del diálogo, tal es así que le enviamos una carta al Presidente para que nos reciba”, reiteró Zeballos.
Evo Morales aseguró tener el apoyo de varias organizaciones sociales para aprobar la ley antirracismo y que una reunión con los periodistas dependerá de su agenda.
Sobre los cuestionamientos de la Iglesia católica al proyecto, indicó que son “algunos jerarcas de la Iglesia, que vienen nomás de las monarquías”, concluyó.
Por su lado, el vocero gubernamental, Iván Canelas, planteó ayer que la licencia de funcionamiento de los medios de comunicación que la pierdan por difundir posiciones racistas sancionadas por la ley que es discutida en el Senado, pase a manos de los trabajadores de ese canal de televisión, radio o periódico infractor, de tal manera que no queden desempleados.
“Hay que consensuar que las licencias pasen a las manos del trabajador para no dejarlos sin trabajo”, recalcó Canelas en una entrevista con la Red Erbol. Indicó también que debe habilitarse el Tribunal de Ética para tratar los casos de racismo que se den. “No se van a cerrar medios de comunicación porque asumieron lenguajes racistas. El que evalúa estos casos es el Tribunal de Ética y esta instancia debe denunciar ante el Ministerio Publico para ser juzgados”, precisó el vocero gubernamental.
El viernes, el ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el venezolano Asdrúbal Aguiar dijo en el Foro Internacional sobre Acceso a la Información Pública y Libertad de Prensa y Expresión que el debate no está centrado en la propiedad de los medios de comunicación, sino en la existencia de la libertad de expresión y de la consolidación de la democracia.
“América Latina está en un momento delicado no sólo en lo que respecta a libertad de prensa y de expresión, sino también para la democracia porque, a contrapelo de la historia, algunos gobernantes intentan implantar leyes modarza y regímenes de control que corresponden a los siglos XIX y XX, que lo único que tienen del siglo XXI es la utilización de Blackberrys”, señaló el especialista venezolano.
El Presidente defiende el servicio militar
El primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se declaró un ferviente defensor del servicio militar obligatorio, mientras que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer que su despacho promoverá un anteproyecto de ley para que la instrucción castrense sea voluntaria.
El Presidente dijo, en el programa El Pueblo es Noticia, que se emite en el canal estatal, que el servicio no debería cambiar su carácter obligatorio, porque son el sustento de las Fuerzas Armadas, pero se mostró partidario de endurecer las sanciones contra los militares que cometan abusos contra los soldados.
Agregó que hoy se reunirá con el alto mando militar y que aconsejará que se castigue a los culpables de los abusos, tal como lo manda la ley en la justicia ordinaria, sin importar que sea un coronel o un subteniente.
“Tengo información de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas cometieron un error, pero no es producto de una instrucción del alto mando. Por supuesto que se tomarán medidas radicales y ése será el primer tema que plantearé para analizar en mi reunión con las Fuerzas Armadas", dijo Morales.
Por su lado, Villena anunció que trabajará en un anteproyecto de ley, porque no se puede imponer el servicio militar a todo el mundo y se debe respetar en algunos casos el credo religioso. “Será muy importante hacer un estudio para recoger las propuestas”, sotuvo.
Otros temas
Intento de golpe a Correa
El Presidente acusó a Estados Unidos de haber originado los problemas en Ecuador. Aseguró que entre el 2000 y 2010 se produjeron cuatro intentos de golpe de Estado: en Venezuela, posteriormente en Bolivia, Honduras y Ecuador, este año. El presidente dijo que en tres oportunidades el imperialismo fue vencido.
Caso Caranavi
El primer mandatario de Bolivia dijo que la Agencia de Estados Unidos para el Desa-rrollo Internacional (Usaid), estaba infiltrada en las protestas de Caranavi, que se saldaron con la muerte de dos personas en mayo pasado y que, a su juicio, podía haber sido la punta de lanza de una conspiración contra su Gobierno.
Álvaro García Linera
Evo Morales indicó que en 2006 y 2007 la derecha, con panfletos y correos electrónicos, fracasó en su intento de enfrentarlo con el Vicepresidente. Morales reprochó el pedido de un sector de campesinos de La Paz de hacer un referendo para la revocatoria del mandato de García Linera.