SIP expresa preocupación por la libertad de prensa en Bolivia; lleva el caso a la OEA y ONU

La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa invocó al Gobierno abrir espacios de diálogo para caminos alternativos. La SIP expresó su “honda preocupación” por la libertad de expresión en Bolivia, que es conculcada por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, y teme que se profundicen las violaciones a la libertad de prensa en territorio nacional. El oficialismo dice que no hay ‘mordaza’.image

Encuentro: la misión de la SIP, reunida con legisladores de la oposición, ayer

La Prensa



SIP expresa preocupación por la libertad de prensa en Bolivia

Pedido: Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa invocó al Gobierno abrir espacios de diálogo para caminos alternativos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su “honda preocupación” por la libertad de expresión en Bolivia, que es conculcada por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, y teme que se profundicen las violaciones a la libertad de prensa en territorio nacional.

La misión del organismo fue compuesta por el presidente del Instituto de Prensa y director del diario La República, de Lima, Gustavo Mohme; el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, y el director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti.

Desde el lunes por la tarde, el grupo se reunió con autoridades de la Iglesia Católica, representantes de organizaciones periodísticas, directores de medios, legisladores oficialistas y opositores, y con el Defensor del Pueblo.

Al concluir tales encuentros, Mohme dijo que los mencionados artículos “atentan contra la libertad de opinión y de información, y el derecho del público a la información”.

También hizo una “invocación al Gobierno para que abra los espacios necesarios para discutir sobre caminos alternativos a los ya planteados en la ley”.

La SIP analiza la posibilidad de presentar una protesta ante la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta causa. Los comisiones elevarán un informe a la asamblea anual del organismo, que se realizará el próximo mes en México, para que analice la situación de Bolivia.

Periodistas quieren 500.000 firmas

Las cuatro organizaciones periodísticas abocadas a presentar —bajo la forma de iniciativa legislativa ciudadana— el proyecto de Ley de Defensa de los Derechos y Libertades de Expresión, Prensa e Información se propusieron reunir medio millón de firmas de ciudadanos para respaldar su planteamiento.

La campaña, que comenzó en Santa Cruz hace dos semanas, logró hasta el momento recolectar el apoyo de alrededor de 457.000 ciudadanos para que se anule el artículo 16 y se modifique el 23 de la ley antirracismo.

Leslie Rojas, dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), aseguró que si bien el medio millón de firmas será suficiente, después de alcanzar esa meta la tarea no concluirá, pues se busca que el proyecto de ley tenga un importante respaldo.

Esta mañana, dirigentes de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la APLP ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la recolección de firmas y otros temas.

Masiva marcha en Montero

En defensa de la libertad de expresión, una gran cantidad de ciudadanos marchó por las calles de la ciudad de Montero (norte de Santa Cruz). La caminata fue convocada por diversas organizaciones sociales de ese municipio, y al concluir la protesta, se levantó la huelga de hambre que 11 personas mantenían desde hace ocho días.

La marcha, que recorrió más de 10 cuadras, concluyó en la plaza principal de la capital provincial, donde los 11 huelguistas aceptaron el pedido de levantar la extrema medida en medio de aplausos y gritos de rechazo en contra de los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo.

Durante la caminata, los comunicadores recibieron el apoyo de afiliados a los sindicatos de mototaxistas, ganaderos, maestros y ciudadanos.

Una similar medida fue levantada el domingo en Santa Cruz por 29 trabajadores de la prensa que demandan la anulación y modificación de esas disposiciones que conculcan la libertad de expresión.

Para destacar

La SIP observó que los oficialistas Marianela Paco y Jorge Medina no tienen voluntad de cambiar la ley antirracismo.

Ni el Presidente ni otras autoridades del Ejecutivo recibieron en audiencia a los comisionados de la SIP.

La SIP lleva el caso de Bolivia a la OEA y ONU

Protesta. La limitación a la libertad de expresión en el país será llevada por la Sociedad Interamericana de la Prensa a los organismos internacionales. El oficialismo dice que no hay ‘mordaza’.image

Encuentro. Gustavo Mohme, delegado de la SIP, se reunió con dirigentes de diferentes sectores por la ley antirracismo

Marco Chuquimia. La Paz, El Deber

El informe de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la libertad de expresión en Bolivia, que contemplan los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo, será presentado en la asamblea anual del ente, que se realizará el próximo mes en México y, de ser aprobado, como se espera, la protesta llegará a la OEA, a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El anuncio fue realizado ayer por el peruano Gustavo Mohme, director de La República de Lima, y presidente del Instituto de Prensa de la SIP, después de concluir la misión en Bolivia. Sin embargo, los diputados Marianela Paco y Jorge Medina, ambos del MAS, insistieron en que la ley antirracismo no viola la libertad de expresión, como aseguran los trabajadores de la prensa que mantienen la recolección de firmas en diferentes departamentos del país para intentar revertir los artículos cuestionados.

Mohme explicó que como organización no pueden exigir a un Estado el cambio de políticas ni de leyes, ya que la labor institucional de la SIP consiste en “exhortar y acompañar gestiones, pero no interviene en ninguna negociación tratando de establecer alguna reglamentación”.

Lo que sí puede la SIP, según el experto internacionalista y concejal por el MAS-ASIP en Santa Cruz de la Sierra, Hugo Siles, es recurrir a la OEA y a la ONU cuando considere que alguno de sus afiliados se encuentre afectado por la limitación de los derechos fundamentales. Aunque, en caso de que haya una aceptación de la denuncia, la recomendación del organismo internacional no tiene carácter vinculante  para los estados, sino un efecto de orden moral, dijo Siles.

Sobre los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Uruguay, Claudio Paolillo, dijo que la organización está ‘preocupada’ por lo que sucede en Bolivia, ya que, desde la perspectiva de la SIP, la Ley contra el Racismo es una buena norma, pero fue contaminada con la inclusión de los periodistas en la norma y porque no se introdujeron los cambios sugeridos por las organizaciones de la prensa que, incluso, se reunieron con el presidente Evo Morales.

Mohme reiteró la posición de la SIP en sentido de que el Gobierno debe revisar la propuesta o al menos estudiar caminos alternativos; uno de esos caminos es la anulación de los dos artículos.

Por su lado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que la ley antirracismo es un instrumento que constituye un mecanismo que permitirá regular el comportamiento de los bolivianos, no se está legislando el derecho a la libre expresión; ninguno de los dos artículos en cuestión ponen en duda la libre expresión.

Supremos ausentes en reglamentación

El Gobierno no invitó al Poder Judicial ni a la Corte Suprema de Justicia para que participen en la elaboración de la reglamentación de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que comenzó la semana pasada.  El presidente de la Corte Suprema, Julio Ortiz, lamentó esta situación y consideró importante la presencia de este órgano del Estado para contribuir con aportes legales a la reglamentación de la norma.

"No nos han invitado, pero si somos convocados participaremos en la reglamentación", dijo el magistrado.

Por su lado, la Iglesia católica expresó su respaldo a la causa de los comunicadores que salieron a las calles para pedir firmas de la ciudadanía, con el propósito de revertir los artículos 16 y 23, que atentan contra la libertad de expresión.

La semana pasada, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, criticó la posición de la Iglesia y recomendó que se dediquen a "salvar almas" y no a la política interna del país.

Por su lado, los representantes de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) se reunieron el lunes con una delegación de periodistas cruceños y miembros de la Comisión Episcopal de la Iglesia católica para recabar información sobre la situación del periodismo y la libertad de expresión en Bolivia. /ANF

    Para saber   

Reuniones

Fueron dos días intensos

En los dos días que estuvo en Bolivia, la misión de la SIP se entrevistó con al menos siete entidades vinculadas al gremio de los periodistas, incluyendo a los trabajadores que estuvieron en huelga en Santa Cruz. También hubo encuentros con Ricardo Aparicio, de la Conferencia Episcopal, y la directiva de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)

Parlamentarios

Estuvieron en la Asamblea

Los ejecutivos de la SIP sostuvieron entrevistas con los diputados Jorge Medina y Maria- nela Paco, ambos del MAS, y con miembros de la bancada opositora de Convergencia Nacional en el Senado, además del Defensor del Pueblo. Medina no quiso referirse a la reunión con los personeros internacionales y dijo que no daría más declaraciones a la prensa porque lo tergiversan.

Proceso

Saludan la nueva estrategia

La misión internacional no sostuvo encuentros con los dirigentes de los trabajadores de la prensa que mantienen la campaña de recolección de firmas ni lo hizo con aquellas organizaciones que asisten a la reglamentación de la Ley contra el Racismo. Saludaron la decisión de los periodistas de dejar la huelga de hambre y recurrir a la iniciativa ciudadana.

   En la jornada  

– Caso. El fiscal del distrito de Chuquisaca, Dante Romay, dijo ayer que el Ministerio Público investiga las denuncias de un jefe policial sobre los supuestos insultos racistas del que fue víctima un agente de tránsito de Sucre por parte de una fiscal de materia.   

– Posición. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, insistió ayer en acusar a la Iglesia de alinearse con sectores conservadores, por respaldar la oposición de partes de la prensa a los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo.

– Opinión. En criterio del periodista Humberto Vacaflor, el presidente Evo Morales atraviesa un momento de soberbia muy grande por negarse a recibir a los miembros de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que concluyó ayer su visita al país.