Ley: Sucedió en Tarija. El trabajador de la prensa pensó que era una broma. Tuvo que declarar sin la presencia de un abogado por exigencia del fiscal Gilbert Muñoz, a cargo del caso piscina olímpica, que también involucra a Pablo Cossío, hermano del Gobernador de Tarija.
Proceso: Pablo Cossío, hermano del Gobernador de Tarija, el sábado, en la audiencia de medidas cautelares
La Prensa
Un fiscal presiona a periodista a declarar en caso piscina olímpica
“¿Qué va a hacer el Ministerio Público, doctor? En este momento están comentando, se está diciendo en la plaza que se va a fugar Marcelo Saavedra”, dijo la tarde del viernes pasado el periodista Josué Ever Acebey, del diario El Nacional y de Plus Tv, de Tarija.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La fuente a la que consultaba era el fiscal Gilbert Muñoz, al cargo del caso piscina olímpica, que también involucra a Pablo Cossío, hermano del Gobernador de Tarija.
“Resulta que le consultaba sobre la situación de que si había rumores en torno a una posible fuga del señor Marcelo Saavedra, que es uno de los involucrados en este caso. Esto era previo a lo que iba a ser la grabación de la entrevista. Y sin embargo, este Fiscal ha actuado de una forma muy brusca, diciéndome que yo sabía más del tema y por lo tanto debía declarar (…) pensé que era una broma”, dijo anoche el periodista.
“Yo le expliqué que era solamente una consulta y una entrevista, incluso en su momento, esto se habló bastante fuerte por la Dirección de Migración, donde se decía que se iba a cerrar las fronteras, no solamente para Marcelo Saavedra, sino para Pablo Cossío, que ahora está detenido en el penal de Morros Blancos”, aseveró el periodista.
Acebey dijo que el Fiscal “accedió a esta entrevista y al terminar la misma llamó al policía (y me dijo): ‘Él tiene que tomarle sus declaraciones’ (…) ‘pero, doctor, solamente le estoy haciendo una consulta (…) ¿qué previsiones se están tomando?’, pero el Fiscal no quiso entender e inmediatamente hizo redactar una notificación, (…) me presionó para declarar (…) estuve ahí hasta las 19.30 para que se me tome la declaración (…) fue una acción muy prepotente del Fiscal, que creemos es una intimidación a los periodistas”, explicó Acebey.
Para el fiscal Muñoz, “si una persona, cualquiera que sea, un periodista o un particular, se acerca a un representante del Ministerio Público y le dice (que) el procesado está por fugarse o está realizando actos de obstaculización, y el fiscal o el policía investigador no hace nada al respecto, si efectivamente la persona se fugara (…) habría una responsabilidad del Ministerio Público (…) es por eso que no se lo obligó, sino que se lo solicitó (a que testificara)”.
Según Muñoz, el periodista dijo que no conocía nada. “Ésa es su respuesta, está en su declaración”, aseguró el Fiscal.
“Me hizo declarar, a lo cual me abstuve, en sí se tomó mis datos”. Acebey aseguró que a través del sindicato hará conocer lo ocurrido al Defensor del Pueblo y al Fiscal de Distrito, “porque se corre el riesgo que uno pregunte algo e inmediatamente lo pongan a declarar, cosa que no puede ser, cuando lo único que queremos es conseguir información y que se aclaren algunos temas que están muy fuertes”, dijo ayer desde El Nacional.
El Fiscal, por su lado, explicó que la persona que necesita abogado es “una que está siendo sometida a información criminal, que en ningún momento ocurrió y entonces por eso yo repito que es un estado de susceptibilidad incomprensible del periodista (…) Yo tenía que actuar de manera responsable y el periodista también debe manejar la información de manera responsable. Tiene que ser más profesional”, dijo Muñoz, quien confesó que en calidad de privado se sumó para la modificación de los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo.
El diario Nuevo Sur accedió al Acta de Declaración Informativa en la que se implica al periodista en incumplimiento de deberes y otros delitos dentro del hecho y se lo presenta en calidad de testigo. En el acta de notificación se indica las 18.20 como hora de emisión y la testificación se la realiza cinco minutos después.
Un detenido estaría vinculado al medio del periodista
En el caso piscina olímpica de Tarija, la empresa Ecotar debía ejecutar el proyecto encargado por la Gobernación de Tarija. Sucede que presuntamente se dio un anticipo de 510.000 dólares “al señor Pablo Cossío y al señor Marcelo Saavedra”. El Fiscal afirmó que ha pasado más de un año desde que se dio la orden de empezar la obra.
“Por eso, el Ministerio Público amplió la imputación en contra del hermano del Gobernador, por el delito de favorecimiento de enriquecimiento ilícito en personas particulares y el delito de complicidad en incumplimiento de contrato, porque el monto del anticipo debía ser utilizado para ejecutar el contrato, no ser desviados para enriquecimiento de personas particulares”, dijo Muñoz.
La Gobernación, pese a tener todos los elementos de prueba y todo el estado del avance del proceso, aseguró el Fiscal, “no ha presentado querella contra los ex funcionarios de la Prefectura que han tenido participación en estos hechos y que se encuentran en detención domiciliaria. Uno de ellos es el señor Arturo Atilio Lema, que es, creo, copropietario, o se dice, de un medio de comunicación en Tarija donde trabaja el periodista (Josué Ever Acebey)”. La juez cautelar María Candelaria Peñarrieta encontró la existencia de suficientes elementos de que Cossío intervino en esos delitos. “Hemos podido demostrar que existe peligro de obstaculización al proceso (…) Es por eso que la Juez determinó la detención preventiva (en el penal Morros Blancos)”, dijo Muñoz.
Según el diario Nuevo Sur, el sábado, el equipo de fiscales formado por Marcos Arce y Gilbert Muñoz, quienes pidieron la detención preventiva de Cossío, refirió que es latente el peligro de obstaculización, debido a que tiene nexos cercanos con altos cargos de la Gobernación. Sobre el peligro de fuga se indicó que Pablo Cossío es multimillonario y puede huir al exterior con su familia, además se presentaron algunos documentos facilitados por Derechos Reales en los que se da a conocer que una de las casas de Cossío fue vendida, por lo que se presume que esta persona puede estar planeando una fuga “extraordinaria”.
La Gobernación rechazó los argumentos vertidos por el Ministerio Público y manifestó que esta institución presentó dos querellas en contra de la empresa a la que se adjudicó dicho proyecto por incumplimiento de contrato. El abogado de Cossío, Jaime Tapia Cortez, informó que los cheques presentados como prueba no están a nombre de su defendido, sino al de la empresa Ecotar. “En esta audiencia sólo hay especulaciones”, agregó el jurista.
Paula Jordán