El expresidente insiste en la continuidad de las movilizaciones y plantea una salida política anticipada para el Gobierno de Rodrigo Paz. Desde el Ejecutivo, en cambio, se multiplican los llamados a una solución dialogada y al restablecimiento de la normalidad en el país.
En medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz y el expresidente Evo Morales mantienen posiciones cada vez más distantes sobre cómo enfrentar el conflicto que mantiene bloqueadas varias carreteras del país y afecta el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos básicos.
Mientras el Ejecutivo insiste en abrir espacios de diálogo con los sectores movilizados, Morales ha reiterado en las últimas semanas su respaldo a las medidas de presión impulsadas por sus seguidores y ha condicionado cualquier salida a cambios políticos de fondo, incluida la convocatoria a nuevas elecciones.
Las diferencias quedaron nuevamente expuestas tras los recientes llamados del presidente Paz y de distintas autoridades gubernamentales a encontrar una solución negociada que permita levantar los bloqueos y reducir el impacto que las protestas tienen en la actualidad sobre la economía y la vida cotidiana de miles de familias bolivianas.
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“Nosotros no nos cansaremos de pedir diálogo, diálogo, diálogo”, afirmó este viernes el primer mandatario en la localidad de Carreras, en el municipio de Mecapaca, al sur de La Paz, tras un operativo exitoso a la cabeza del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que lograron abrir esa ruta hacia las zonas productoras de ese departamento.
Desde el Gobierno sostienen que la prioridad es recuperar la circulación en las carreteras y garantizar el abastecimiento de productos esenciales. Esa línea fue reforzada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, desde el momento de su posesión el pasado martes, y la promesa quedó plasmada la mañana de este viernes cuando un contingente de policías y militares recuperó el libre tránsito y liberó esa región que estuvo tomada por aproximadamente 20 días por grupos afines a Evo Morales.

Y es precisamente Morales quien ha mantenido un discurso de confrontación con el Ejecutivo. En distintas intervenciones públicas respaldó la continuidad de las movilizaciones y sostuvo que el país atraviesa un proceso de rebelión social frente a la actual administración. También planteó que la salida a la crisis pasa por una renovación política que incluya nuevas elecciones.
La postura del exmandatario contrasta con los mensajes emitidos por el Gobierno, que ha insistido en convocar a dirigentes y sectores movilizados a sentarse en una mesa de diálogo para encontrar soluciones a las demandas planteadas y evitar una mayor escalada del conflicto. Esta jornada, Paz pidió nuevamente a Mario Argollo de la Central Obrera Boliviana (COB) y Vicente Salazar de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, no rehuir el diálogo.
El impacto de los bloqueos ya se siente en varias regiones. Productores han reportado dificultades para transportar sus cosechas, mientras que comerciantes y transportistas advierten sobre el encarecimiento de productos y los problemas para abastecer mercados y centros urbanos. En ciudades como La Paz y El Alto, las autoridades han expresado preocupación por el riesgo de que se profundicen los problemas de suministro si las rutas continúan cerradas.
En este contexto, el operativo ejecutado este viernes en la ruta hacia Lipari y Río Abajo se convirtió en una muestra de la estrategia asumida por el Gobierno para recuperar la circulación en puntos considerados críticos. La región de Río Abajo es una de las principales proveedoras de verduras y hortalizas para el mercado paceño, por lo que su aislamiento generó preocupación entre productores y consumidores.
La crisis también tiene un fuerte componente político. Morales continúa siendo la principal referencia del ala más radical que se escindió del Movimiento Al Socialismo (MAS) y mantiene una influencia decisiva sobre los sectores movilizados. El Gobierno, en cambio, busca consolidar una salida institucional al conflicto apoyándose en el diálogo y en la recuperación gradual de las carreteras bloqueadas.
Por ahora, ambas posiciones avanzan por caminos distintos. Mientras el Ejecutivo apuesta por la negociación y el restablecimiento de la normalidad, el líder cocalero mantiene su respaldo a las movilizaciones como mecanismo de presión política.