Relación. En la última semana hubo un cruce de acusaciones entre el poder político y la jerarquía de la Iglesia católica, que pasó de mediadora en los conflictos a ser considerada adversaria por el oficialismo
El clero incomoda al poder desde hace 40 años. Desde el gobierno de facto de Alfredo Ovando se ha cuestionado la imparcialidad política de la Iglesia. Velaron por los presos políticos durante la dictadura militar de Banzer.
Encuentros. Los arzobispos Pérez y Solari visitaron al presidente Morales durante su internación.
Pablo Ortiz, El Deber
Se incrementa la tensión entre Gobierno y el clero
En sólo cinco años, la Iglesia católica ha pasado de ser la religión oficial, de ser la eterna mediadora en los conflictos y de tener el poder de sentar en la mesa a todas las facciones de un conflicto a ser apuntada como una adversaria política del actual Gobierno. La relación entre ambas instituciones va de mal en peor desde 2006 y en la última semana se produjo un cruce de acusaciones.
Los otroras amplios, precisos y argumentados documentos de la Conferencia Episcopal Boliviana, en los que la Iglesia emitía su opinión sobre la coyuntura política, social y económica del país, se transformaron, el pasado martes, en un listado de cinco puntos enumerativos: extrema pobreza, narcotráfico, alza de precios de la canasta familiar, democracia a menudo formal, poco participativa y consensuada, la grave contaminación y deterioro ambiental.
Eso fue suficiente para desatar una respuesta dura del Gobierno. El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que la Iglesia no debe actuar como partido político pues lo que precisa el pueblo es guía espiritual. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró que se trata de una institución machista y poco democrática.
Pero esta situación no comenzó hoy. La relación empezó a deteriorarse hace más de dos años. Para el vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Marcial Chupinagua, el principal cambio en la relación entre la Iglesia y el Estado sucedió cuando el catolicismo dejó de ser la religión oficial, con la promulgación de la nueva Constitución. “Siempre existió mutua cooperación.
Los presidentes eran invitados a la reunión de la Conferencia Episcopal Boliviana y allí escuchaban las críticas de la Iglesia. Pero desde que la Constitución no establece religión oficial, cambia la relación y pareciera que para el Gobierno ya no es importante la relación con la Iglesia”, dice Chupinagua.
Para el senador Adolfo Mendoza, del Movimiento Al Socialismo, la Iglesia no es una institución de pensamiento homogéneo, por lo que no cree que haya un enfrentamiento entre Gobierno e Iglesia, sino sólo con la jerarquía eclesiástica. Para el político oficialista, lo que ha sucedido en los últimos años es que ha habido un cambio de la correlación de fuerzas entre las corrientes internas de la Iglesia y ahora está dirigida por grupos conservadores ajenos al cambio de la política. En su opinión, la jerarquía no es sólo que sea poco proclive a los cambios, sino que además está tratando de poner orden interno en aquellos sectores ligados con ‘los pobres’.
Chupinagua considera que es imposible que la Iglesia haga política partidaria, porque “su misión de servicio requiere amor, humildad y fe, mientras que la política se basa en la soberbia y la arrogancia”.
Sobre las diferentes ‘fuerzas’ al interior de la Iglesia, Chupinagua asegura que lo que hay son visiones ligadas a la teología y la antropología y no así temas de izquierdas, derechas o centros ideológicos.
El sociólogo Fernando Mayorga considera que la Iglesia ha pasado de la posición de mediadora que mantuvo hasta 2005 para transformarse en parte. De su lado, el Gobierno ha mostrado cierto recelo hacia las posturas de la Iglesia, las cuales juzga cercanas a la oposición. “Con la oposición mitigada, el discurso de la Iglesia aparece como ocupando el espacio que deja la oposición”.
Mayorga afirma que el mensaje de los obispos peca de simplicidad y adopta la retórica de la oposición. “Su crítica es inconsistente y esto facilita que los factores duros del Gobierno arremetan contra ellos, también, sin argumentos. La oposición no tiene un discurso crítico basado en análisis complejos; la iglesia tampoco. Esa debilidad analítica de la Iglesia da paso a que de lado del Gobierno vengan respuestas análogas, irreflexivas. Así, todos los que no aceptan ninguna crítica, tanto de lado del Gobierno como de la Iglesia, son los que salen a la palestra”, opinó.
No coincide con Mayorga el politólogo Carlos Cordero, que plantea que si el comunicado de la Iglesia fue escueto es porque la curia desea pasar una Navidad en paz y que en enero, luego del cambio de ministros que se puede dar cuando se complete el primer año del segundo periodo de Morales, puede aparecer un comunicado más largo y argumentado.
“Me da la impresión de que para el Gobierno la relación con la Iglesia está rota definitivamente. Ése es el segundo error en la gestión: identificar a la Iglesia como adversario. El primero fue convertir a los medios en enemigos, cuando éstos acompañaban con cierto agrado la gestión gubernamental. Creo que la relación entre los medios y el Gobierno se recompondrá con el tiempo, pero no tengo la misma impresión sobre la Iglesia”, dijo Cordero.
También observa que el Gobierno trata de reemplazar el catolicismo por la ‘pachamama’ y no así profesar la libertad religiosa. “Se ha eliminado el tedeum, pero el Presidente no se hace problemas de participar en coadas y challas en Palacio Quemado”, acotó.
Para la senadora Centa Rek, de Convergencia Nacional, la Iglesia trató con su documento de evitar la confrontación, pero el Gobierno respondió con un debate encarnizado, tergiversando el carácter observador y fiscalizador de los procesos sociales que tiene la Iglesia.
Sin embargo, el senador Mendoza considera que la Iglesia ha cambiado desde que asumió Benedicto XVI, al que atribuye una corriente más conservadora. Pero el senador oficialista reconoce que aún hay sacerdotes que acompañan el proceso de cambio y que están muy cerca de la sociedad civil organizada.
Momentos clave
– Al inicio de la gestión de Morales, las relaciones con la Iglesia eran cordiales. En marzo de 2006, la Conferencia Episcopal visitó al mandatario para presentarle Construyamos una Bolivia para todos, un documento de la Iglesia sobre algunos puntos que deberían tratarse en la Asamblea Constituyente.
– En mayo de ese mismo año, la Conferencia Episcopal Boliviana aplaudió la nacionalización de los hidrocarburos (pidió, eso sí, erradicar la corrupción en quienes lo administren) y se abrió a la modificación de religión oficial a cambio de libertad religiosa, autonomía, independencia y colaboración entre Iglesia y Estado y reconocimiento jurídico.
– En junio de 2006, la Iglesia se ofreció como mediadora en los conflictos entre Gobierno y oposición, que comenzaban a aflorar.
– En julio, Gobierno e Iglesia se comprometen a mantener la libertad religiosa y de creencias, la materia de religión y de aportar al diálogo sobre los cambios en educación.
– En noviembre de 2006, la Iglesia aplaude el proceso de cambio y la incorporación de los sectores sociales empobrecidos y los pueblos originarios a la responsabilidad de Gobierno y también los primeros acuerdos en la Constituyente.
– Uno de los primeros roces entre Gobierno e Iglesia se dio en septiembre de 2007, cuando la curia exigió al Ejecutivo no sólo actuar como mediador en el conflicto por la capitalidad, sino hacerse responsable como Gobierno.
– A principios de noviembre de 2007, la Iglesia sigue elogiando el cambio, pero critica que no se puede imponer el cambio con manipulación de grupos. Pide destrabar la Asamblea Constituyente.
– En marzo de 2008, la Iglesia lanzó 69 observaciones al texto constitucional aprobado en Oruro y se alejó del Gobierno.
– El 4 de mayo de 2008, el cardenal Julio Terrazas votó en el referéndum por el estatuto autonómico de Santa Cruz. Ése fue el quiebre definitivo con el Gobierno.
Chapare sube la tensión
El punto más álgido en el enfrentamiento entre Iglesia y Gobierno se dio el jueves, cuando el arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, aseguró que el narcotráfico ha tomado de tal forma Chapare que los padres de poblaciones como Villa Tunari, Chipiriri, Isinuta y Eterazama están preocupados porque jóvenes de colegios secundarios salen durante la noche de sus casas para ofrecer cocaína a los pasajeros de flotas que se bajan a comprar comestibles.
“Vean ustedes qué manejan los chicos, ¿de dónde sacan plata para manejar celulares último modelo?, ¿cómo pueden comprar motos? Los papás dicen: ‘¿cómo puedo llamarle la atención a mi hijo o preguntar a dónde va en la noche?’, ellos responden: ‘Me voy de casa’; total, tienen plata y se salen”, relató.
Esto provocó que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, califique de abstracta la denuncia de Solari y anuncie que se le cursará una carta al arzobispo cochabambino para que informe exactamente en qué lugares se vende, quiénes son los responsables del tráfico de drogas. Consideró que Solari debió denunciar el hecho de inmediato y no aguardar tensiones para hacerlo público. Solari rechazó que el móvil de la denuncia sea político: “¡Por amor a Dios! No estamos en contra de nadie, estamos preocupados por lo que sucede en nuestras familias, lo que sucede a nuestros hijos y queremos unirnos todos en un esfuerzo común. El Presidente ha manifestado que el narcotráfico es más fuerte que nuestras fuerzas y podemos hacer daño al mismo territorio”, añadió el sacerdote.
Datos sobre las observaciones
Extrema pobreza
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tres de cada diez bolivianos pasan hambre y seis de cada 10 viven en la pobreza. Sin embargo, en los últimos 30 años el estrato medio creció de 2,4 millones de personas a 3,6 millones, lo que implica un aumento del 30%. De ese incremento, el 40% son indígenas. La ONU pondera que hay mayor acceso a servicios básicos, que nueve de cada diez bolivianos saben leer y escribir y que hay mayor cobertura de salud y educación. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo grande: el 60% de los ingresos se queda en manos del 20% de la población.
Alza de precios de la canasta
El costo de vida de los bolivianos se ha incrementado en los últimos dos años. En 2008, una familia promedio de cinco personas necesitaba un mínimo de Bs 1.380 por mes para cubrir sus necesidades mínimas (no incluye vestimenta ni salud), pero en 2010 esa cifra se ha incrementado a Bs 1.800, poniendo en situación de vulnerabilidad a un mayor número de personas. Esto se ha agravado en los últimos meses por la crisis de alimentos. La sequía ha estropeado cultivos y ha provocado un alza de costos de productos básicos, como las hortalizas, papa, carne bovina y de pollo, además de productos lácteos.
Democracia poco participativa
El Movimiento Al Socialismo ganó con el 64% las elecciones generales del presente año, lo que le permitió obtener los dos tercios de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso le permite avanzar en las leyes del nuevo Estado plurinacional sin necesidad de consensos con la oposición y acelerando los debates. La oposición y los gremios se quejan de que no se toman en cuenta sus sugerencias. Esto, además, le ha valido al Gobierno para designar autoridades en otros poderes, como el Judicial y el Electoral. También realizó modificaciones al reglamento de debates, limitando la participación de la oposición.
Contaminación
Sólo en Santa Cruz, en 2010 se registraron 37.154 focos de calor (incendios) hasta el 18 de noviembre. Eso implica que se triplicaron los incendios con respecto a 2009. Gran parte de ellos es atribuible a la ampliación de la frontera agrícola, lo que ha sumergido a la ciudad en la humareda por más de tres meses.
A esto se suman las alertas por contaminación minera que hay en diferentes ríos del occidente boliviano y a la contaminación de acuíferos por efectos de actividades ilegales, como el narcotráfico y la extracción clandestina de oro y de otros minerales.
Narcotráfico
En lo que va del año, las fuerzas policiales se han incautado de más de 25 toneladas de cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitió un informe en el que la superficie sembrada de coca creció un 1%. El presidente Evo Morales reconoció que parte de la coca de Chapare se desvía al narcotráfico y la ONU certificó que más del 90% de la producción de los valles no ingresa a los mercados legales. A esto se suma el incremento de la violencia ligada al tráfico de drogas, con asesinatos perpetrados por sicarios y enfrentamientos entre bandas. La ONU también informó de que el cártel mexicano de Los Zetas trata de controlar la cocaína boliviana.
El clero incomoda al poder desde hace 40 años
Relación. Desde el gobierno de facto de Alfredo Ovando se ha cuestionado la imparcialidad política de la Iglesia. Velaron por los presos políticos durante la dictadura militar de Banzer
El golpe de Hugo Banzer Suárez, en 1971, suspendió las garantías constitucionales
Evo Morales no es el primer Presidente de Bolivia que tiene problemas con la Iglesia católica y tampoco es el primero que acusa a la curia de hacer política en lugar de salvar almas. La Iglesia ha tenido que responder en varias oportunidades a la pregunta “¿de qué lado está?” y la actual situación no es la más difícil que le ha tocado atravesar en la historia contemporánea de Bolivia.
Basta con revisar 41 años de comunicados de la Iglesia católica boliviana para darse cuenta de que la institución ha sido incómoda para el poder en más de una ocasión. Hasta 2000, el clero manifestó una fuerte influencia de la llamada Iglesia de la liberación, con una fuerte crítica al capitalismo, posiciones arriesgadas en momentos de dictadura, denuncias contra el aumento del narcotráfico, oposición a la relocalización de mineros, crítica a la deuda externa, participación en organizaciones indígenas y campesinas e incluso marcha de sacerdotes en movilizaciones contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La primera vez que la Iglesia tuvo que dar explicaciones públicas sobre la militancia de sus sacerdotes fue durante el gobierno de Alfredo Ovando, en 1969. Lejos de arrugarse, la curia aclaró que los curas no podían formar parte de ningún partido político, pero sí actuar en la lata política del bien común y deben ser inspiradores de cambios económicos, políticos y sociales. Eran tiempos de la Guerrilla de Teoponte y la Iglesia era sindicada como fuente de tendencias de izquierda.
Un año después, cuando Juan José Torres, militar de izquierda asumió el poder, tampoco hubo paz. El Gobierno expropió el Instituto Boliviano de Estudios y Acción Social y la Iglesia elevó una queja fuerte.
Con el golpe de Hugo Banzer, las cosas empeoraron. Más de medio centenar de templos, casas parroquiales, conventos e instituciones eclesiásticas fueron allanados. Hubo sacerdotes asesinados, religiosos y monjas fueron encarcelados, torturados y obligados a ir al exilio, y la cúpula eclesiástica salió en su defensa.
Todos los años, para Navidad, pedía amnistía para los presos políticos, se pronunciaba a favor de la reapertura de las universidades y denunció masacres a campesinos. También reclamó que sus instituciones sirvan como lugares de asilo político y cuando el dictador estaba por caer, apoyó con fuerza la huelga de hambre y mandó a cerrar las iglesias para darle un empujón más a la renuncia de Banzer. En ese tiempo, los sacerdotes de las minas estuvieron a la vanguardia de la protección de los obreros y la Radio Pío XII se convirtió en la voz de las reivindicaciones.
1980 fue un año maldito para la institución. El asesinato de Luis Espinal y la persecución sistemática de todo cura con tendencia izquierdista hizo que en noviembre de dicho año la Iglesia lance un pronunciamiento duro contra el Gobierno y la llamada política de Seguridad Nacional (represión, tortura y asesinato de izquierdistas), a la que calificó de confiscadora de toda garantía individual.
La democracia y Hernán Siles Suazo no trajeron paz ni sosiego. Bajo el título Que la crisis no afecte sólo a los pobres, la Iglesia, en 1982, comenzó a criticar el agio, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la irritante pelea partidaria que había al interior del país.
Un año más tarde, trataba de consolar a la población en medio de la peor devaluación de la historia y advertía que la profunda crisis económica ahondaba la tentación de caer en el narcotráfico, provocando, además, una crisis moral en el pueblo boliviano y una generación de jóvenes en riesgo de perderse por la drogadicción.
Víctor Paz Estenssoro tampoco convenció al clero. La Iglesia, a través de sus comunicados, fue la primera en oponerse al 21060 y dudó de su efectividad para detener la crisis. Un año después, en 1986, la Iglesia lamentaba los costos sociales del decreto y se quedó hasta el final a acompañar a los más de 30.000 mineros relocalizados.
En los 90, indígenas, cocaleros, conflictos y corrupción son los principales temas que ocupan a la institución.
Criticó los sucesivos estados de sitio dictados por Jaime Paz Zamora para controlar los problemas sociales y alertó sobre la creciente conflictividad en Chapare. Hacia el final de ese Gobierno, fue artífice de uno de los mayores logros de la democracia pactada: los pactos entre el sistema político y los indígenas que desembocaron en la reforma constitucional de 1994 (Bolivia pluricultural y multilingüe, el reconocimiento del derecho a la tierra a través de las TCO y la instauración de instituciones estatales de defensa ciudadana).
Sin embargo, la corrupción, la repartija de pegas, la incapacidad de resolver los problemas de extrema pobreza y la continua violencia en la zona cocalera, comenzaron a endurecer cada vez más los mensajes de la curia y decantaron en un rol más activo de la Iglesia en estos temas hacia finales del milenio.
En 2000 la Iglesia lanzó una fuerte alerta sobre la situación de la tenencia de la tierra, en la que denunciaba la situación de empatronamiento de los guaraníes en el Chaco, alentaba a los pequeños agricultores a no abandonar sus parcelas y ser cada vez más creativos, y recordaba a los grandes empresarios que son sólo administradores de la tierra y deben cuidarla para las próximas generaciones.
En el Foro Jubileo 2000 se estrelló contra la deuda externa y consiguió una condonación de más de $us 1.300 millones, que calificó como insuficiente para disminuir la pobreza. En ese año también tuvo fuerte protagonismo como mediadora en conflictos como la guerra del agua o el cerco a La Paz, que propiciaron la Ley del Diálogo II.
Desde ese momento, la conflictividad del país se disparó y la capacidad de mediación de la Iglesia se vio limitada ante un sistema político que se caía. En 2003, durante las masacres de septiembre y octubre, la Iglesia tuvo pronunciamientos duros contra el Gobierno y activa participación en las huelgas. También comenzó de forma militante a apoyar la Asamblea Constituyente y solicitar un cambio real.
La asunción de Evo Morales al poder mantuvo a la Iglesia a la expectativa, aplaudió políticas, pero de a poco, a medida que las críticas fueron aflorando y que los intereses de la Iglesia fueron puestos en peligro, la relación se hizo más distante, hasta casi convertirse en antagónica. La Iglesia dejó de ser oficial y el control de sus colegios, hospitales de convenio, centro de formación de profesionales y la educación religiosa están en continuo debate, lo que incrementa la tensión entre el clero y el poder político.
Pronunciamientos de la Iglesia
– Sobre el papel del sacerdote en la política. Reconocemos en algunos sacerdotes una auténtica inquietud nacida de su sincera solidaridad con los más pobres y de su angustia ante la miseria que los cerca y agobia, inquietud que en ningún caso debe confundirse con la demagogia, ni con la subversión. A ellos y a todos los sacerdotes les recomendamos que prefieran la callada labor, muy sacrificada, de trabajar acompañando a los hombres de nuestro pueblo. Sientan los sacerdotes que así trabajan, que en esta actitud se hallan respaldados por sus obispos, que comparten con ellos sus angustias e inquietudes y buscan el modo eficaz de lograr la liberación integral de todos y cada uno de los bolivianos. (10 septiembre 1969).
– El compromiso de la Iglesia. El orden, el derecho, la institucionalidad, la disciplina, el trabajo, son necesarios, pero no deben constituirse en fines por sí mismos. El respeto a los derechos humanos, por otra parte, ha de mantenerse siempre en vigencia, para todo hombre, sea amigo o enemigo. En este sentido, no podemos aceptar y lamentamos la violación de que ha sido objeto la tradición de asilo en las instituciones de la Iglesia, tradición que ha permanecido vigente en todos los tiempos, para todos los que lo han buscado, sin distinción de colores políticos. (17 de septiembre de 1971)
– Sobre la situación de los presos políticos. Manifestamos que la Iglesia no puede aceptar la situación de injusticia de aquellos presos que son mantenidos en reclusión por tiempo tan prolongado, sin los trámites a los que obliga la ley. Pedimos de modo especial se ponga fin a la continua e indiscriminada detención de ciudadanos, muchos de ellos víctimas de la calumnia y la intriga. De igual manera solicitamos que todos aquellos recluidos en prisión sean procesados conforme a derecho, con todas las garantías de seriedad que sean necesarias. La huelga de hambre que cumplen los familiares de los presos politices muestra claramente las lamentables condiciones de legalidad a las que se ven sometidos los detenidos y que obligan a usar de recursos desesperados para que se cumplan elementales derechos de toda persona humana. (9 de febrero de 1972)
– Dignidad y libertad. Para muchos de nuestros conciudadanos, los sucesos que se inician a partir del pasado 17 de Julio significan la frustración de un proceso de participación en la vida pública y de un orden constitucional. Durante estas últimas semanas hemos tenido conocimiento con dolor, de la muerte violenta de ciudadanos, apresamientos y torturas físicas y sicológicas, allanamientos y robos, destrucción de instalaciones radiales y de otros bienes, persecución y amenazas aun a personas sin culpa, despidos masivos de empleados obreros, negación de salvoconductos a asilados en representaciones diplomáticas, confinamientos, destierros y otros abusos. Numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, fueron detenidos, algunos torturados, aunque luego liberados, casi todos sometidos a tratos humillantes.Una treintena de casas religiosas fueron allanadas, muchas sometidas al saqueo y un buen número de sacerdotes y religiosas tuvieron que ocultarse debido a las amenazas recibidas.
– Algunos medios de comunicación de la Iglesia han sido sometidos al silencio o intimidados por amenazas de parte de autoridades. Las admoniciones que reciben de algunos funcionarios suponen una censura. Varios periodistas fueron detenidos y alguno torturado.
– El mantenimiento de la “zona militar" en todo el país, está sometiendo a la población a un estado de continua tensión e intimidación por carencia de garantías. La falta de listas completas de detenidos, desterrados o asilados, pone en una injusta e innecesaria angustia a los familiares de éstos.
- La utilización de grupos irregulares armados e incontrolables por la vía legal, imprime a esta fase de nuestra historia desconfianza hacia quienes han dado impunidad a estos elementos que aterrorizan a la ciudadanía. Si éstos y otros hechos que no alcanzamos a detallar aquí por sí mismos censurables, todavía es más grave la carencia de recursos legales contra tales atropellos. (8 de septiembre de 1980)
– Escuchar el clamor del pueblo. La crisis económica golpea con dureza a todos, en particular a las clases populares. Escasean los alimentos, se ocultan y se especula con los pocos que hay y no aparecen alternativas viables, a corto plazo, para responder al hambre del pueblo. Los salarios pierden su valor; se retarda la actividad productiva, suben sin control los precios y nos sumergimos en una crisis económica inflacionaria que hace perder la fe y la confianza en nuestro signo monetario. En el plano político, las contradicciones irritantes de los partidos políticos y la falta de coherencia, entendimiento y armonía en los poderes del Estado, nos sumergen en una crisis política profunda y de no fácil solución. (26 de noviembre de 1983).
– Narcotráfico y drogadicción. El narcotráfico está destruyendo las bases de la sociedad boliviana. Esto se constata en la drogadicción extensiva, disolución de la familia y, finalmente, pérdida del sentimiento de los valores morales, hasta el punto de que no son pocos los que declaran que el narcotráfico no es inofensivo, sino benéfico. Qué decir de tantas familias pobres del altiplano, del valle y de los llanos bolivianos que, afectados por las sequías o por las inundaciones, salen de sus casas y van con el sueño de la plata a las regiones donde se produce la cocaína, para convertirse en objeto de la peor de las explotaciones: la drogadicción, la prostitución, hasta llegar a ‘pisotear’ la propia vida y la ajena. (24 de mayo de 1984)
– Pascua de diálogo. Estamos conscientes de que el actual Gobierno nacional ha asumido sus responsabilidades en medio de una dramática situación, una de cuyas características fue la de la hiperinflación, con sus serias consecuencias. Se realizan esfuerzos para detener este mal, pero no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación sobre el enorme costo social que los mismos están representando para el país y, en especial, a los sectores más pobres y marginados. Instamos al esfuerzo de gobernantes y gobernados para intentar superar de distintas formas la crisis general que estamos sufriendo. Vemos que, pese a los importantes avances en la estabilidad y en la definición de políticas orientadoras para el conjunto del país, la situación en ciertas importantes áreas sociales sigue siendo motivo de preocupación. En particular compartimos las angustias de quienes ven constantemente disminuido el poder adquisitivo de sus salarios. La asignación de los escasos ingresos disponibles debe sujetarse a una jerarquía de valores que tenga al hombre y a sus derechos fundamentales como su primera prioridad. (abril de 1985).
– Mensaje de dignidad y esperanza. La corrupción se ha institucionalizado a diferentes niveles de la administración estatal y ha puesto en duda la credibilidad de amplios sectores de la clase política. Pareciera que no se ha encontrado el equilibrio deseado entre las denuncias justas, la lucha lícita contra la corrupción y las acusaciones infundadas que mellan la dignidad de personas inocentes. Vemos con tristeza y rechazamos los métodos de investigación que atentan contra la privacidad y derechos inviolables de las personas. Esta situación se va agravando día a día por los sucesivos conflictos entre el Gobierno y la COB, estudiantes, campesinos, mineros y maestros, creando tensiones e inestabilidad en el país. Por otra parte una vez más se están dando situaciones que menoscaban la dignidad y soberanía de nuestra patria, sometida a intereses foráneos. Nuestra libertad y soberanía no son dádiva de otros, son un derecho ganado con el sacrificio y la sangre de tantos bolivianos, por eso queremos exigir el respeto a la autodeterminación nacional. (abril de 1994).
– Tierra madre fecunda para todos. La Iglesia exhorta a los pequeños productores a permanecer siempre en el amor a la madre tierra y conservación de la unidad de su organización, para mantenerse fuertes y unidos y ser cada vez más creativos en la búsqueda de posibilidades de producción que sean más dignificantes. A los grandes propietarios para que recuerden que sólo son administradores de la tierra, que deben hacer uso racional, humano, consciente y cristiano de la tierra y deben, además pagar salarios justos a sus trabajadores para revertir ciertas situaciones claramente injustas. A los gobernantes para que cumplan su obligación de velar por el bien común y universal de todos los bolivianos y bolivianas, que la legislación guarde conformidad con este objetivo irrenunciable y que se busquen mecanismos adecuados para su cumplimiento efectivo. (14 de marzo de 2000).
– Dios resucitó. El 1 de mayo el Gobierno ha dictado una medida de tipo económico y social que incide fuertemente en la vida y el futuro del país: la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Esta disposición quiere ser el cumplimiento de la voluntad de la población, expresada mayoritariamente en el Referéndum vinculante del mes de julio de 2004. Confiamos en que esta medida pueda implementarse en el marco de la equidad y justicia, evitando la corrupción y la mala administración que conocimos en las empresas estatales del pasado. Tal como manifestábamos en nuestro mensaje del mes de marzo: Construyamos una Bolivia para todos, en la coyuntura actual, y en la Constituyente “reconocemos una gran oportunidad de apertura a la esperanza, sin duda un signo de los tiempos, que nos mueve a tender puentes de encuentro y reconciliación, de diálogo, transparencia y búsqueda de consensos indispensables para una democracia verdadera, en la que todos podamos ejercer en libertad nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. (3 de mayo de 2006).