El narcotráfico no discrimina

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Los narcotraficantes siempre están a la búsqueda de nuevas alternativas en materia de territorios, canales de distribución, proveedores, etc.

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Debate obligado

  2. Bajo el Penoco, El Día: Y dale con el pollo

  3. Los Tiempos: Movimientos en la región

  4. El Deber: ¿Cultura del diálogo?

  5. Cambio: Obstáculos de facto y de jure

  6. La Prensa: El narcotráfico no discrimina

  7. El Diario: La Policía y los derechos de la colectividad

  8. El Mundo: Consenso

  9. Opinión:

  10. Clarín, Argentina: La arbitrariedad como política presupuestaria




El Día: Debate obligado

La pelea del Gobierno con el obispo Tito Solari, no sólo prueba que el narcotráfico es un tema intocable para el MAS, sino también la ausencia de una agenda seria que demuestre que el Estado Plurinacional está trabajando por el país. Todo el aparato público abocado a los dimes y diretes con un curita, habla muy mal de la marcha del “proceso de cambio”, sin quitarle por supuesto gravedad a la denuncia y la preocupación expresada por el prelado.

El Gobierno debería estar mucho más preocupado por lo que está sucediendo en Río de Janeiro. El presidente Lula da Silva ha ordenado allí un gigantesco operativo policial y militar para limpiar las favelas de la presencia de narcos, donde las mafias amenazan con aumentar su presencia “soberana” y poner en peligro la seguridad de la segunda ciudad brasileña, sede de los Juegos Olímpicos del 2016 y de la final del Campeonato Mundial de Fútbol 2014. Los narcos han respondido al desafío y le han declarado la guerra al Estado, pensando tal vez repetir el drama del norte de México, donde los carteles tienen prácticamente controlado un extenso territorio y donde ya ni siquiera hay presencia policial. Ante la pérdida del dominio sobre varias jurisdicciones, el Gobierno mexicano no ha tenido más remedio que permitir que las tropas norteamericanas sean las que patrullen Ciudad Juárez y otras zonas urbanas que ya llevan contabilizados más de 100 mil muertos en lo que va del año.

Si bien no ha ganado José Serra las elecciones brasileñas, pero su agenda en lo relacionado a las drogas es la que se ha impuesto. Era un asunto ineludible. Él fue quien dijo que Brasil está inundado de droga boliviana y culpó a Evo Morales por no frenar esa avalancha y al Gobierno de Lula por mirar de palco el problema. Los datos del candidato opositor fueron corroborados por la Policía Federal, según la cual, el 80 por ciento de la cocaína que se vende en las calles de las urbes brasileras proviene de Bolivia. El reclamo de Serra también tuvo eco. Brasilia acaba de anunciar que meterá la cantidad de militares que haga falta en Río para ganarle la pelea a los narcos de las favelas, donde no sólo hay droga boliviana sino  también armas de combate con el sello del Ejército boliviano.

No tardará Lula (o Dilma Rousseff, da lo mismo) en sumar a su operativo interno, una mirada más panorámica al problema, y con toda seguridad que Bolivia aparecerá como el nudo gordiano de esa fotografía. Y si Evo Morales se empecina en que no debe retornar la DEA al territorio nacional, tendrá que aceptar la ayuda brasilera, porque tal como ha quedado plenamente demostrado, Bolivia no es ni suficiente ni confiable para combatir al narcotráfico.

La legalización de las drogas es un debate que estaba comenzando a florecer en la comunidad internacional, discusión que se frenó en seco luego del referéndum de California que le negó el paso a la autorización del uso de la marihuana. En ese contexto, ha quedado claro que la lucha contra el narcotráfico seguirá por la misma ruta de siempre con todos sus defectos y tropiezos. En el norte de México la arremetida se ha incrementado con el soporte de Estados Unidos y lo que sucede en Brasil causará un remezón regional. Bolivia debe prepararse no sólo para el debate que abrió la Iglesia boliviana sino para la acción en serio.

Si Evo Morales se empecina en que no debe retornar la DEA al territorio nacional, tendrá que aceptar la ayuda brasileña, porque tal como ha quedado plenamente demostrado, Bolivia no es ni suficiente ni confiable para combatir al narcotráfico.

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Bajo el Penoco, El Día: Y dale con el pollo

El presidente Morales volvió a hablar de los pollos, pero esta vez sin connotaciones sexuales, aunque la metida de pata no es menor. Ante la escasez del maíz ha recomendado a los granjeros del país criar pollos criollos, aunque no explicó por qué. No sabemos si es porque sigue convencido que los pollos de granja son “hormoneados” y bla, bla, o por qué diablos. Tal vez cree que los pollos “correteados”, como les dicen en el campo, comen menos maíz o engordan más rápido, cosa que cualquier avicultor podría explicarle bien facilito, con maicitos, como suelen decir los chicos. Pedirle a un granjero que sea más productivo con pollos criollos es como exigirle a un corredor de autos que gane el campeonato de Fórmula 1 con una “peta”, sin menospreciar el sabor que tienen las gallinas en un locro o un picante y por supuesto, sin desmerecer al famoso escarabajo. Ya lo dijo una vez el ministro de Economía, quien se supone que sabe: “coman cuñapé en vez de pan”. La verdad de fondo es que esto se está poniendo al color de Cuba, donde hace unos años la Revolución creyó que iba a paliar el hambre mandando a criar pollos en los balcones de los edificios.

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Los Tiempos: Movimientos en la región

NUESTRA PALABRA

No es impertinente insistir en que ya es tiempo de enterrar la confrontación política y, más bien, impulsar espacios de encuentro

Mientras en el país el Gobierno mantiene su decisión de dar prioridad a la confrontación interna e internacional con cualquiera que no se doblega a él, en la región se está produciendo una serie de movimientos que podrían significar, si no actuamos con oportunidad y seriedad, nuestro mayor aislacionismo por razones de orden ideológico o personales, y no del mayor interés de la nación.

Lo más cercano es el periplo que ha realizado el mandatario chileno, visitando Colombia y Perú. Además de los asuntos bilaterales que ha abordado, han aparecido por lo menos dos temas altamente sensibles para el país. Uno, la propuesta chilena de un acuerdo energético en la región; el otro, la conformación de una asociación de países del Pacífico de América Latina para poder negociar con Asia en mejores condiciones.

Más allá de la retórica que acompaña a las propuestas y de que se trata de temas muy complejos que no se resolverán a corto plazo, preocupa que se hable de ellos en ausencia nuestra. En ambas propuestas, Bolivia podría tener -si hubiera una política exterior clara y sin interferencias desde diversos ámbitos como ahora ocurre- un papel convergente de mucha importancia. Sin embargo, por lo que hasta ahora se sabe, es poco o nada lo que aportamos.

Además, la cumbre entre el mandatario peruano y el chileno reviste características especiales. El presidente chileno ha ido a Perú pese al contencioso que mantiene este país en La Haya que, en su momento, provocó un gran disgusto en La Moneda, al punto de que sus anteriores inquilinos han criticado la visita. Se trata, por tanto, de una decisión presidencial que quiere dar señales de que lo importante es el futuro en la relación de dos naciones cuya historia es de permanente recelo por duros episodios de confrontación bélica en los que Bolivia tuvo también activa participación.

Y mientras se desarrollan estos hechos, sea por mera coincidencia o no, Chile ha pedido la postergación de la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Chile-Bolivia que debía realizarse a partir de mañana. Las razones aparentemente no han sido claras, lo que da pie a muchas interpretaciones que, en verdad, no hacen bien al proceso negociador. No hay que olvidar que incluso se hizo referencia a que en este encuentro las autoridades bolivianas habrían estado interesadas en plantear lagunas fórmulas de abordaje de atención a nuestra demanda de salida soberana al mar.

Y si Bolivia aparece ausente de los eventos importantes, sí trata de hacer historia en los poco trascedentes o con actitudes que rompen mínimas normas de comportamiento diplomático generando desconfianza en diferentes interlocutores, desconfianza que se acrecienta cuando desde diversos niveles del oficialismo se interfiere la de por sí compleja labor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, no es impertinente insistir en que ya es tiempo de enterrar la confrontación política y, más bien, impulsar espacios de encuentro que nos permitan diseñar estrategias de largo plazo para abrir y consolidar un espacio serios en este mundo interconectado.

Debemos darnos cuenta de que lamentablemente no somos el centro del universo y debemos actuar con inteligencia y seriedad para que cuando en el plano regional se aborden temas en los que estamos involucrados, podamos tener nuestra voz presente.

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El Deber: ¿Cultura del diálogo?

Ni la ya cercana celebración de las fiestas navideñas que sugieren paz y  amor y mueve a limpiar de perversidades los corazones humanos, parece atemperar el clima de confrontación que se ha vuelto una constante desde la llegada, particularmente, de los actuales detentadores del poder. Los densos y oscuros nubarrones están lejos de disiparse en este nuestro país porque es el propio Gobierno el que actúa como  fogonero infatigable de la conflictividad, a contrapelo de la frecuente proclama del propio jefe de Estado sobre la ‘cultura del diálogo’ que es lo que menos se ejercita en estos azarosos tiempos.

Y como de la tal ‘cultura del diálogo’ no se observan ni trazos, pues no hay día sin que dejen de escucharse los mensajes de la discordia que tienen a los bolivianos con el semblante avinagrado y los dientes apretados porque la tensión es permanente y a la vez muy natural.

Cuando no con el ‘imperio’ del norte dizque perverso, abusivo todopoderoso y gratuito causante de todas nuestras desventuras habidas y por haber, ahora el agresivo y punzante contrapunteo gubernamental es con la Iglesia católica, por el hecho de que uno de sus principales voceros alertó sobre la incursión de menores de edad en el expendio de drogas en la zona de Chapare, enclave del narcotráfico que está en plena ebullición a lo largo y ancho de la geografía nacional. Las declaraciones del jerarca eclesial provocaron incluso un ultimátum de 48 horas lanzado por los cocaleros chapareños para que se retracte. Si no lo hace, podría correr el riesgo de ser expulsado del país, los recursos lícitos o ilícitos no han sido aún precisados. Sobre el escabroso tema, el propio comandante nacional de la Policía admitió la participación de menores de edad en el tráfico de drogas en la región chapareña.

Por otra parte, crece el descontento en las regiones donde la judicialización de la política se ha convertido en la más eficaz arma del oficialismo para eliminar a sus oponentes en su avance hacia la concentración total del poder, pisando y pasando por encima de la voluntad ciudadana expresada en el voto por autoridades departamentales, entre alcaldes y gobernadores cuando no defenestrados, víctimas de una sañuda persecución con decenas de procesos levantados en su contra por diligentes fiscales y dudosos administradores de justicia.

Percibiéndose bajo estas características la situación dominante en las relaciones gobierno-pueblo, ¿acaso queda espacio para un sostenido y efectivo diálogo? Diálogo que, de todas maneras, así se diera abundante y sonoro, nunca llegará a buen fin mientras una de las partes, -ya se sabe cual- se crea y se sienta dueña de las verdades absolutas.

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Cambio: Obstáculos de facto y de jure

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de la familia Ibsen.

La sentencia internacional menciona constantemente dos términos importantes que se dan en casi todos los casos en que los familiares de detenidos y desaparecidos sufren cual castigo de yapa por pensar diferente: "Obstáculos de facto y de jure".

En general, los delitos de lesa humanidad que nos ocupan en esta ocasión se han dado durante regímenes ‘de facto’; en palabras simples y ciudadanas, durante las dictaduras militares o cívico-militares, que no es lo mismo, pero es igual.

También sabemos que durante gobiernos no dictatoriales se han cometido este tipo de abusos; recordemos que la desaparición forzada en Bolivia comienza en el gobierno de René Barrientos, tanto en el sudeste boliviano como en el occidente, específicamente en los complejos mineros de Oruro y norte de Potosí. Si analizamos el asunto desde el enfoque jurídico, técnicamente Barrientos era presidente de un gobierno elegido en las urnas. Sin embargo, si analizamos su accionar legal, tendríamos nomás que hacerle un juicio de responsabilidades por asesinato y desaparición de personas.

Es en este momento histórico, de preponderante presencia (injerencia) norteamericana, en que comienza la desaparición forzada. La ejecución sumaria, la pérdida de legalidad constitucional de todo aquel que piense diferente de lo que dice el imperio.

Así, el general del aire pasó a la historia no por su gobierno ‘democrático’, sino por sus actos poco democráticos contra el movimiento popular y sus manifestaciones. Actos que incluyen la ejecución sumaria y la desaparición de las víctimas.

Luego entrará a gobernar otra ‘joyita’ del imperio, el general Hugo Banzer, menudo golpe a la Constitución el del susodicho. La muerte volvió a señorear sobre las ciudades y los campos. El cerro Laikakota y los valles cochabambinos lo atestiguan.

Es en este momento de la "historia de la infamia" en que los Ibsen entran en escena. Primero Reiner Ibsen Cárdenas, un convencido de la justicia social, que perdió la vida en alguna mazmorra del dictador, la fecha: octubre del triste año 1971.

El padre de Reiner, José Luis Ibsen Castro, comenzó a buscar a su hijo, o por lo menos sus restos para darles la sepultura que todos  los seres humanos merecen.

Deambuló de cárcel en cárcel, de escritorio en escritorio, de oficina en oficina; un padre que reclama por su hijo, o por sus restos, resultó ser un personaje molesto. No porque pregunte y repregunte, sino porque se convierte en un poderoso dedo acusador a la antipatria.

Como eran los tiempos de la infamia, la solución fue "hacerlo desaparecer", la fecha: febrero de 1973.

La historia no paró, la muerte en manos de la dictadura continuó. Cuando logramos recuperar la democracia y parecía que volvíamos a recuperar la dignidad de la mano de Marcelo Quiroga, la antipatria volvió al poder para darse otra orgía de sangre, el cordero de ésta fue Marcelo, junto con otros.

Retomamos la democracia, por lo menos en sus aspectos formales, y con ella comenzamos la búsqueda de la dignidad arrebatada, es decir, de la justicia.

Acá comienza el vía crucis de jure. El sistema de justicia se desvela como lo que es, un laberinto que ofrece infinidad de formas para burlar a la justicia. Laberinto que se hace más complejo si el poder está en manos de los herederos de las dictaduras, es decir, los civiles que gozaron de ellas.

Vergüenza tendría que darnos que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que haga la reparación a la familia Ibsen, y no nuestro sistema judicial.

La resolución del organismo internacional es clara, se ha violado el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y sobre todo se "ha incumplido la obligación contenida en los artículos III y IV de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (…) al no tipificar la desaparición forzada sino hasta el año 2004".

Y concluye responsabilizando al Estado por todas las violaciones de que fueron objeto Reiner y José Luis.

La publicación el día de ayer de la sentencia, emitida el 1 de septiembre de este año, es parte de las reparaciones que exige la Corte Interamericana, a la que el Estado Plurinacional da cumplimiento a través del Ministerio de Justicia.

Pero la situación no debe quedar en esto. Tenemos, necesariamente, que adelantarnos a los fallos de la Corte Interamericana, es decir que está en nuestra norma jurídica el evitar los obstáculos de jure y de facto para las víctimas de nuestro pasado, no tan lejano como creen algunos.

Para ello requerimos que el sistema jurídico ponga como norte el hacer justicia pronta, eficaz y digna.

Tenemos que dar fin con todos los obstáculos de facto, como el esconder archivos relacionados con la dictadura, para que bolivianos y bolivianas vivamos en paz y reconciliación.


"El Estado ha incumplido la obligación contenida en los artículos III y IV de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (…) al no tipificar la desaparición forzada sino hasta el año 2004".

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La Prensa: El narcotráfico no discrimina

Los narcotraficantes siempre están a la búsqueda de nuevas alternativas en materia de territorios, canales de distribución, proveedores, etc.

La semana pasada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico informó que la incautación de droga de enero a octubre de este año alcanzó a 25 toneladas, cifra que es mayor a la de gestiones anteriores. Pero aún falta conocer la cantidad de fábricas destruidas, de personas detenidas y el dinero incautado, pues, a diferencia de otros años, se descubrió redes de lavado de dinero a cargo de gente colombiana.

La cifra presentada por la fuerza antidroga permite destacar que hubo un buen trabajo de interdicción; sin embargo, no se puede desconocer que paralelamente incrementó la producción de droga en el país.

A propósito del narcotráfico en Bolivia, en los últimos días se desató una polémica por las declaraciones del arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, quien afirmó que en el Chapare existen niños que son usados por este ilícito negocio.

Tales declaraciones generaron la reacción de productores de coca del Chapare, que demandaron pruebas y amenazaron con expulsarlo del país. Mientras los cocaleros y las autoridades de Gobierno se desgarran las vestiduras por la afirmación del prelado, el Comandante de la Policía, general Óscar Nina, y el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Cochabamba admitieron que en el narcotráfico los niños también son usados.

Es que el Gobierno se enfrascó en un debate innecesario intentando tapar la realidad con el dedo, olvidando que el narcotráfico es como el pulpo, cuyos tentáculos se extienden cada día y penetran en todos los sectores.

Si en México uno de los más temidos sicarios buscados por la Policía es un niño de 12 años, por qué Bolivia tendría que ser la excepción para que el narcotráfico no penetre a este sector de la población.

El tráfico de drogas, al ser una actividad ilícita bien remunerada, no tiene barreras ni límites, por el contrario, busca mejorar sus sistemas de producción para evitar que las fábricas sean detectadas por los organismos antidroga, moderniza sus sistemas de transporte para llegar a sus mercados y es el principal corruptor de instituciones como la propia Policía, entre otras.

Lo que se tiene que hacer en vez de estar polemizando, es buscar soluciones a problemas como el narcotráfico, pues nos guste o no debemos admitir que es el país más dependiente de la narcoeconomía, pues se calcula que 75% del Producto Interno Bruto Nacional deriva del narcotráfico, que además genera unos 650.000 puestos de trabajo.

Debe estar claro para las autoridades de Gobierno que la actividad del narcotráfico debe ser comparada con cualquier otra ?actividad económica, con sus particularidades? y, como tal, los narcotraficantes siempre están a la búsqueda de nuevas alternativas en materia de territorios, canales de distribución, proveedores, etc.

En ese contexto, el territorio boliviano es atractivo para ?los empresarios de la droga? y por ello buscarán instalar bases que produzcan clorhidrato de cocaína; una prueba de ello es que lograron tomar el control de poblaciones como Pantipata, Huayllani y Lava Lava, en Cochabamba, donde se produjeron enfrentamientos entre productores agrícolas y narcotraficantes.

El desafío para el Gobierno de Evo Morales en materia de lucha antidrogas no es cosa fácil, por ello no debería distraerse en polémicas insulsas, sino concentrar su atención en combatir este mal de manera eficiente y atender a los sectores vulnerables, como los niños.

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El Diario: La Policía y los derechos de la colectividad

Las condiciones de intranquilidad reinantes en el país -especialmente en las ciudades capitales de departamento- preocupan seriamente a la colectividad, porque los principios de seguridad no existen. Las circunstancias por las cuales Bolivia era considerada como un “remanso de paz y tranquilidad” -tomando en cuenta las acciones delictivas habidas en otros países-, prácticamente han desaparecido.

Las ciudades troncales del país -La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba- están pendientes de la acción de pandillas y grupos que se dedican a asaltar y hasta asesinar a viandantes y a quienes se hallan en vehículos, personas que viven con el temor a ver violentados sus derechos. Los asaltos a domicilios se han hecho comunes y hasta los barrios que cuentan con “servicios privados de seguridad” se ven abandonados por quienes encuentran modos para sus cometidos.

Frecuentemente, los mandos policiales dan cuenta de los hechos delictivos; muestran casos de asaltos y robos; no están ausentes los asesinatos y la violación de derechos; el delito campea en todas sus formas y hasta bancos, casas de cambio y negocios simples están expuestos a ser objetivos de la delincuencia. La Policía, en lo que se refiere a informes, cumple, pero…

¿Cuál es la realidad de la entidad policial? ¿Dónde están los planes para su reestructuración? ¿Qué conocimientos se tiene sobre “cuadros que han recibido entrenamientos especiales contra el crimen”? ¿Qué hay en relación con la “excelente preparación” que reciben oficiales carabineros en la escuela de policías y centros de entrenamiento? Parece, por los resultados, que todo está en el campo de la publicidad y propaganda; por las intenciones de “tranquilizar” al pueblo para evitar más reclamos.

Hay realidades que ni el Ejecutivo -Ministerio de Gobierno- ni los cuadros de jefes y oficiales (que son muchos) explican ni aclaran: “policías fantasmas” (denunciados hace muchos años por el propio comandante, caso que “estaría en investigación”); de complicidad con bandas organizadas para el robo de vehículos, asaltos y hasta crímenes contra personas.

Todo lo que se ha informado sobre el comportamiento de oficiales y tropas de policías-carabineros, da suficiente motivo para que la entidad en su conjunto sea reorganizada totalmente. Como están los hechos, no corresponden los paliativos, “remiendos” momentáneos, despidos de los que resulten “culpables” (sin que nunca sean conocidos procesos) y medidas correctivas que nada corrigen y que sólo revelan nuevos casos de corrupción.

El Gobierno, por su propia seguridad y responsabilidad, debe proceder con la mayor prontitud y energía a reorganizar totalmente los cuadros policiales; de otro modo, todo seguirá funcionando al calor de lo poco, muy poco que se hace. Será preciso, tal vez, acudir a alguna entidad internacional especializada para que coadyuve a la reorganización de la policía porque no es posible confiar ni creer en los actuales mandos o a jefes que ahora están en retiro, una labor de reestructuración que ellos debieron encarar hace muchos años. En muchos países, la Policía es entidad que funciona al calor y control de las Fuerzas Armadas; como no es posible que la entidad camine como es debido, posiblemente sea necesaria la cooperación militar para cumplir una labor que merece atención pronta y responsable.

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El Mundo: Consenso

Son contadas las oportunidades en que el Gobierno se ha acercado a negociar con la Central Obrera Boliviana en lo que va de su gestión; sin embargo, en la última oportunidad que lo ha hecho, ha sido para asegurarnos que la voz del Secretario Ejecutivo de esa Organización es la voz de todos los bolivianos asalariados. Ese diálogo le ha servido para asegurar que la Ley de Pensiones, aprobada por la Cámara de Diputados, cuenta con el consenso de los ciudadanos que confiaron sus aportes a los fondos de pensiones y esperan contar con ellos en el momento de su jubilación.

Ahora resulta que con el consenso del Gobierno y la COB, el Estado se tomará el derecho de intervenir los ahorros que poseen los ciudadanos en una organización privada, similar a un banco, para que éstos sean administrados por una oficina del partido de gobierno.

Queda todavía como antecedente que el Estado, a quien ese partido representa en este momento, fue deudor de la Caja Nacional de Seguridad Social por concepto de aporte de jubilaciones para sus trabajadores y desaparecieron con el neoliberal 21060, en un borrón y cuenta nueva.

A partir de ese momento, el concepto de solidaridad desapareció para que los ciudadanos sean dueños de sus propios recursos para jubilarse; dentro de ese nuevo sistema, el Estado tampoco pudo cumplir con sus obligaciones y lo que ahora pretende es comenzar otra vez de nuevo, con la diferencia de que ahora será él quien administre los ahorros, a pesar de sus antecedentes.

Pero la cosa todavía va más allá, los trabajadores tendrán que aportar también para crear una pensión solidaria, para las personas mayores que no pudieron aportar, tal vez porque nunca trabajaron. En naciones con economía mas sólida que la nuestra, es el Estado el que paga pensiones no solo a los ancianos, sino también a los desocupados.

Se ha establecido por estadísticas del INE que los ciudadanos que aportan a las AFP representan el 30 por ciento de la fuerza laboral; los demás que forman parte del comercio informal, recibirán una pensión de parte de los que trabajan formalmente, pagan impuestos y aportan para su futuro y de quienes todavía corren el riesgo de contratarlos.

Aún hay más, tal vez lo más grave, la edad de jubilación se ha calculado pensando posiblemente en los trabajadores de las minas, a quienes una candidata oficialista mencionó una vez como los más sacrificados y ellos se sintieron discriminados; sin embargo, resulta que a la edad de 58 años, los profesionales están todavía ganando mayor experiencia e incrementando sus conocimientos; con la jubilación se abrirán fuentes laborales para los compañeros y se mandará un caudal humano, con gran potencial económico, a las filas de la informalidad.

Y luego viene el premio a la lealtad partidaria, los militares que se autodefinieron como revolucionarios, socialistas, anticapitalistas y no sé que más, junto a los policías, recibirán una pensión del ciento por ciento de su salario, mientras los que no se autodefinieron políticamente tendrán que conformarse con un setenta por ciento de su salario, en una clara forma de discriminación, penada por una ley que acaba de ser promulgada y ya está siendo violada por los mismos legisladores que la aprobaron.

Esperemos a ver que otras cosas se animan a consensuar los dirigentes de la COB que de acuerdo con la nueva ley, tendrán que ponerse a trabajar una vez que se jubilen.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: La arbitrariedad como política presupuestaria

El cierre del presente año y todo el próximo serán nuevamente, escenarios de la utilización arbitraria de los fondos públicos por parte del Gobierno, es decir que este último empleará el dinero aportado por los contribuyentes eludiendo la decisión y el control parlamentario y en función de sus intereses políticos en un año electoral y que serán, además, de muy corto plazo. Se conjuga, así, una forma de abuso de poder, una confusión entre la esfera estatal y la partidaria, que, desde el arribo del kirchnerismo al Gobierno Nacional ha llegado a límites extremos, y la incertidumbre sobre los efectos que la aplicación cortoplacista de los recursos tendrá en ejercicios futuros.

El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de Presupuesto para el año próximo que repetía los vicios de documentos similares anteriores, como subestimación de crecimiento, de inflación y de ingresos, así como subestimación de gastos. Este procedimiento tuvo el propósito de obtener fondos superiores a los estimados por el presupuesto vigente, para ser destinados por el Gobierno de acuerdo a sus objetivos de momento.

Debido a esta política, los presupuestos dejaron de ser puntos de referencia para la evaluación de las perspectivas económicas o de las estrategias futuras del sector público: nadie está en condiciones de saber cuanto dinero destinará el Estado a los diferentes rubros ni de donde provendrán los fondos, todo lo cual contribuye, como sucede con la falta de credibilidad de las estadísticas del INDEC, a incrementar el ya elevado nivel de incertidumbre que reina en el escenario económico.

En años anteriores el oficialismo, por su mayoría parlamentaria, logró la aprobación de los proyectos. Este año no pudo cumplir ese objetivo, pero se negó a someterlo a discusión y a eventuales modificaciones, mientras que la oposición tampoco estuvo en condiciones de imponer un debate. Una vez terminado el período de sesiones, el Ejecutivo se negó a convocar a sesiones extraordinarias, y se dispuso a gobernar sin Presupuesto y en base a Decretos de Necesidad y Urgencia.

A poco de sucedido esto, y con uno de esos instrumentos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, modificó el Presupuesto vigente, agregando gastos que serán sufragados con los fondos ?excedentes? en relación a la subestimación de ingresos contenida en el mismo, y que se realizarán por encima de cualquier intervención del Congreso.

En esta deriva marcada por la arbitrariedad se dio a conocer el acuerdo con el FMI para someter a su consideración el funcionamiento del INDEC. El Gobierno presentó esta intervención como un pedido de ayuda técnica, pero dado el alto nivel de los técnicos locales y la tradición de calidad que tuvo el Instituto hasta su intervención hace casi cuatro años, el argumento es insostenible. El arribo del FMI sería, en rigor, parte de un acuerdo para eludir una rendición formal de cuentas bajo el Artículo IV del Fondo y poder, de todos modos, avanzar en el pago de la deuda al Club de París.

Esto implica un reconocimiento implícito de las distorsiones acumuladas por el Indice de Precios al Consumidor y, como consecuencia, de todos los indicadores que lo utilizan como insumo, y crea expectativas sobre la posibilidad de contar, en un futuro, con un índice oficial confiable y con una relación más normal con el FMI. Aunque, considerando las oscilaciones y la impericia con que se ha manejado las relaciones con el Fondo y con el Club de París, deberá pasar un tiempo hasta que esas expectativas se consoliden.

El Gobierno mantiene una política presupuestaria basada en el objetivo de manejar fondos arbitrariamente, por encima del control parlamentario y con criterios políticos de corto plazo. De este modo los presupuestos dejan de ser referencias para las expectativas económicas o las decisiones de ingreso y gasto del Gobierno. El arribo del FMI al INDEC es parte de un acuerdo que puede crear expectativas positivas.

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