¿Igualdad ante la ley?

Todas las personas son iguales ante la ley dice un aforismo legal que a la vista de todos los antecedentes, en Bolivia acabará por convertirse en una frase hueca e intrascendente. La igualdad ante la ley es un precepto básico sin el cual todo el ordenamiento jurídico no tendría razón de ser. Es que unos son más iguales que otros, respondía un cínico que sin embargo se quedó corto en su apreciación. Lo que está ocurriendo es que para algunos, sencillamente la ley no existe.

image Procesado. El parlamentario López llega escoltado a su audiencia cautelar (Foto El Deber)

Todo este preámbulo viene a propósito de un accidente de tránsito protagonizado por el diputado opositor Rafael López y en el que resultó afectado un niño. Ni duda cabe que si el diputado tuvo una acción culposa debe ser sancionado de acuerdo a nuestro ordenamiento legal y en este marco debe determinarse si existen atenuantes o agravantes.



Esa debiera ser la actitud en este caso o en cualquier otro, de manera independiente si se trata de un ciudadano común, una autoridad, un diputado o asambleísta departamental, oficialista u opositor. Está demás decir que dentro de esta consideración está también incluida la parentela.

Sucede que la noche del pasado viernes, la esposa del asambleísta departamental Lucio Vedia (MAS) atropelló a un niño de 13 años conduciendo un vehículo propiedad de la Central Obrera Departamental y que Vedia retiene indebidamente ya que hace mucho tiempo dejó de ser dirigente de esa organización.

No es pertinente ni corresponde referirnos al grado de culpabilidad que pudieran tener los conductores o los afectados en cada uno de estos casos. Lo que si es más que evidente es que las autoridades judiciales fueron drásticas en un caso y muy benevolentes en el otro.

El diputado López ha recibido un trato que no se daría al peor de los delincuentes. Fue conducido enmanillado a pesar de que después del accidente brindó la debida ayuda a la víctima. Pero lo que sobrepasa los límites de lo grotesco es que el juez no le otorgue medidas cautelares y disponga su detención alegando que no pudo acreditar bienes. Se sabe que detrás de este “fallo” judicial esta la dirigencia masista de Santa Cruz, que se la tenia jurada al ex dirigente universitario por haberlos enfrentado en la pasada campaña electoral.

Muy distinto fue el trato que recibió la esposa del asambleísta Vedia, quién no estuvo detenida ni una hora y fue liberada en forma expedita sin mayores exigencias. Dos actitudes muy diferentes que hacen presumir que primaron consideraciones de tipo político.

No es la primera oportunidad en que se advierten este tipo de actitudes en un sistema judicial cuyo sometimiento y obsecuencia al gobierno del MAS ya no puede ser ocultado. Recordemos el caso de Gabriel Pinto, asambleísta paceño condenado a 30 años de cárcel por el asesinato y quema del alcalde de Ayo Ayo. Sigue ocupando el cargo sin que nadie se anime a molestarlo.

El pintoresco senador Fidel Surco fue sorprendido cuando protagonizó un accidente de tránsito cuando conducía ebrio y afirmó que pediría licencia para asumir su defensa. Lo resolvió todo comprando el vehículo que chocó y haciendo que un chofer del Senado se echara la culpa. De su licencia nada y cobró completita su dieta.

Son antecedentes más que suficientes para tener la certeza de que en la actualidad hay dos tipos de ciudadanos. Los de primera, los masistas para quienes las leyes no existen sino es para favorecerlos, y los de segunda, los ciudadanos comunes que deben enfrentar a la “justicia” en toda su majestad. De los opositores políticos, ni hablar. Esos sencillamente no gozan de garantías constitucionales y son condenados sin atenuantes.