La Asociación de Periodistas de La Paz (ALPL) replicó el jueves las críticas del vicepresidente, Álvaro García Linera, sobre la forma y la cantidad de firmas recolectadas para eliminar y modificar dos artículos de la Ley Antirracismo, y aseguró que esa iniciativa fue transparente y legal en todo el país. "Vamos a considerar la posibilidad de llevar todos los libros al Vicepresidente o dejarlos en custodia", dijo el fiscal General de la ALPL, Antonio Vargas.
La Paz.- Conferencia de prensa de representantes de distintas organizaciones que aglutinan a la prensa, donde se muestran los libros que no se entregaron al vicepresidente. Foto Afka
"Los insultos del Vicepresidente los recibimos como una opinión valida pero completamente alejada de la verdad porque en ningún momento ni se engañó a las personas y menos se tuvo una conducta que pudiera ser reprochable o que pudiera ingresar en el terreno de la informalidad para lograr la iniciativa ciudadana", afirmó el fiscal General de la ALPL, Antonio Vargas.
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A su juicio, esa iniciativa legislativa ciudadana fue "transparente y pública", por lo tanto, "absolutamente valida, legal y legitima", para que sea considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Vargas aseguró que la devolución de ocho libros con más de 32.000 firmas, y no con 800 mil como informaron medios locales, es un "intento" del Gobierno para "enmascarar" la falta de capacidad para dar solución a las demandas de la población.
"Los gobernantes han amenazado con destruir los libros, archivarlos y ahora con devolverlos como si no sirvieran. Eso llama la atención y consideramos que no debía ser de esa manera", manifestó.
Reconoció que la ALPL no entregó todas las firmas recolectadas y aseguró que en sus instalaciones hay entre 40 a 50 libros.
"Vamos a considerar la posibilidad de llevar todos los libros al Vicepresidente o dejarlos en custodia", dijo, sin precisar la cantidad de firmas.
Respecto a la falta de una Ley de Iniciativa Ciudadana calificó de "negligentes" a los asambleístas por no elaborar un proyecto.
"No podemos pensar que el ejercicio de un derecho se tenga que suspender por la falta de responsabilidad de los asambleístas que a la fecha deberían tener absoluto conocimiento y además debería estar reglamentada la iniciativa", denunció. ABI