María Teresa Zegada*
A pesar de que en la Constitución se han incluido nuevas formas de ejercicio democrático, la democracia representativa continúa articulando el acceso al poder y la conformación de los gobiernos e instancias legislativas tanto a nivel nacional como departamental y local. Partiendo de esa constatación, no es posible concebir a la democracia representativa sin partidos o formas de representación política.
Los partidos (llámense frentes, movimientos, u otros) son importantes por las siguientes razones: otorgan un orden en el proceso de decisiones, son los articuladores más aptos del sistema político mediante el debate, viabilizan procesos de elección convirtiéndose en identidades colectivas más o menos estables con cohesión política y visión compartida, establecen certidumbre respecto a la continuidad e integralidad de las orientaciones políticas y los acuerdos parlamentarios, tienen la posibilidad de canalizar efectivamente los intereses de la diversidad social y concebir el interés general, se convierten en un vínculo institucionalizado entre las necesidades y expectativas de la sociedad y el Estado.
En términos de representación, a diferencia de cualquier otra organización de la sociedad civil, un partido se mueve en el ámbito de la representación política (fiduciaria) y no de la representación social o corporativa, por tanto, antes que someterse al mandato imperativo de sus propias organizaciones sindicales o corporativas que rinden cuenta de sus actos a sus bases, los partidos tienen autonomía y la posibilidad y obligación de velar por el interés colectivo. En un contexto como el boliviano, caracterizado por una multiplicidad y fracturas socioeconómicas y culturales se busca, por la vía de los partidos, una representación que además de expresar una visión particular –sociológica, identitaria o política- promueva determinado proyecto político y tenga la capacidad de expresar las múltiples dimensiones de la realidad en un horizonte político común.
Eventualmente se propone que las organizaciones sociales corporativas o territoriales y los movimientos sociales podrían sustituir a los partidos. Vayamos por partes, las organizaciones cumplen otro tipo de funciones, pues básicamente tienen la finalidad de defender y velar por intereses particulares de sus afiliados, aunque en muchos casos han trascendido al plano político, como históricamente aconteció con la COB, pero en este caso la acción política se verificó mediante movilizaciones y medidas de presión en las calles y no así en las urnas. Inclusive en la gestión pública, mientras el partido es el encargado de ejercer las funciones públicas, las organizaciones sociales realizan control social y vigilancia y, como señalan algunos dirigentes, no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. De ahí que la figura del MAS, que se ubica en la frontera entre lo sindical y lo político, resulta muy compleja en el ejercicio de las funciones políticas y en el vínculo con las organizaciones.
En tanto que los movimientos sociales por definición, no pueden ser instancias de representación política, fundamentalmente porque su naturaleza y ámbito de acción son cualitativamente distintos, y sus actuaciones políticas que suelen tener mucho impacto y son capaces de revertir el orden, son episódicas, para luego recluirse a sus formas corporativas o sectoriales. Ante ello, habrá que reinventar a los partidos.
*Socióloga
Página Siete – La Paz