Informe: Los uniformados están expuestos a sufrir heridas y la muerte, pero lamentan que en Bolivia no se hubiese promulgado una ley específica para aplicar sanciones contra los delincuentes que atentan contra su integridad física.
La Policía Nacional perdió a 31 de sus efectivos entre 2009 y 2010, pero ninguno de los acusados de alguno de los crímenes recibió acusación formal y, consecuentemente, nadie fue sentenciado por esos hechos de sangre, el último de los cuales se suscitó el 19 de enero, cuando un policía de seguridad física fue emboscado en La Rinconada, en La Paz.
El departamento de Bienestar Social de la Policía confirmó el número de caídos en cumplimiento del deber; sin embargo, los culpables no fueron identificados y la justicia no actúa con rigor para atraparlos y esclarecer los casos, confirma un efectivo de Policía que pidió guardar su identidad en reserva para evitar represalias.
Un efectivo del Organismo Operativo de Tránsito aseguró que “cuando prestaba servicios en la FELCC de La Paz, un delincuente sacó un revolver y disparó contra mí. La bala me perforó parte del pecho, pero no me mató. Los superiores me dieron la medalla al valor, pero la bala dañó uno de mis pulmones y ahora sufro las complicaciones”.
Pocos pueden contar historias de ese tipo. De acuerdo con los datos, los policías fallecidos en función de trabajo en 2010 se redujeron a 14 de los 17 asesinados un año antes.
En los departamentos de La Paz y Oruro, cuatro uniformados murieron a manos de criminales; mientras que en Santa Cruz fueron tres los muertos, dos en Potosí y uno en Beni.
El comandante de la Policía, Óscar Nina, afirmó que la suya es una profesión de “alto riesgo” y que los uniformados tienen “predisposición para morir” en el cumplimiento de su deber.
Nina confirmó que la mayor parte de esos 31 casos no se aclaró y que algunos delincuentes sólo fueron imputados, pero no se llegó a la acusación y menos aún al juicio oral.
“Un caso, por ejemplo, es el de Blas Valencia, en el que han muerto policías y civiles, pero el juez que determinó la sentencia le dio 30 años de cárcel por el hecho en sí, por el atraco, y no por la muerte de los policías”.
Lamentó la inexistencia de “una norma que nos proteja y castigue a los delincuentes”, porque en ese caso “habría menos efectivos muertos”.
El caso más dramático fue el de los cuatro efectivos asignados a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), que fueron linchados en Saca Saca, Potosí.
Las familias de los asesinados en aquella oportunidad no recibieron, hasta después de seis meses, el total de los beneficios que les corresponden, como el desembolso de la Mutual del Seguro Policial, ni se les devolvieron los aportes que efectuaron a la Mutual de Vivienda y otros rubros.
El seguro de vida cubre 5.000 bolivianos y cada fallecido es ascendido en forma póstuma al grado inmediato superior, lo que permite que los derechohabientes cobren una pensión acorde al nuevo escalafón.
La fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, indicó que desde que asumió su actual cargo, sólo se presentaron dos o tres casos de asesinato de un policía, cuando este cumplía sus deberes. “Uno de ellos, el atraco al retén de Vías Bolivia, está en etapa preliminar, continúa bajo investigación. Es muy complejo y estimamos que en el plazo de los 18 meses, dentro de los términos jurisdiccionales, se conocerá al autor de la muerte del suboficial Leonardo Condori, que falleció cuando cumplía su deber”.
El coronel Rosalío Álvarez, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, aseguró que ningún caso dejó de investigarse, aunque se tropezó con dificultades, como la imposibilidad de identificar a los asesinos, como ocurre con la persona que dio muerte al policía Víctor Aduviri Rojas en La Rinconada.
Se conoció, incluso, que el fallecido intentó usar su arma, pero ésta no funcionó al activar el gatillo.
Para destacar
La Policía Nacional cuenta con alrededor de 35.000 efectivos distribuidos en los nueve departamentos del país.
El año pasado, la Academia Nacional de Policía graduó a 270 oficiales y las escuelas básicas, a mil nuevos efectivos.
La Prensa