Reacción: La defensa del ex alcalde paceño Juan Del Granado anuncia una demanda contra Gabriel Herbas y asegura que ya no puede emitir criterios sobre esta auditoría.
Aida Camacho, abogada del ex alcalde de La Paz y jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, informó ayer de que presentaron una denuncia contra el contralor general, Gabriel Herbas, por los delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y prolongación de funciones.
La denuncia fue presentada tras conocer la resolución del fiscal Edward Mollinedo, que los notificó, ordenando que los documentos sobre la construcción de los puentes Trillizos sean devueltos a la Contraloría para que acumule mayores pruebas. /ANF
Mollinedo pide al Contralor pruebas por el caso Trillizos
Reacción: La defensa del ex alcalde paceño Juan Del Granado anuncia una demanda contra Gabriel Herbas y asegura que ya no puede emitir criterios sobre esta auditoría.
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Denuncia: la abogada Aida Camacho, ayer en conferencia de prensa en La Paz
El fiscal Edward Mollinedo solicitó, mediante un memorial, a la Contraloría General del Estado que le facilite más pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el ex alcalde de La Paz Juan Del Granado en la construcción de los Puentes Trillizos.
En el memorial, Edward Mollinedo solicita que, en razón a que el denunciante no se ha pronunciado sobre un decreto y una ley promulgados con posterioridad a la comisión de las supuestas anomalías, “emita opinión sobre los efectos de la promulgación (de las citadas normas) con relación a las adendas de 13 de marzo de 2008 y de 18 de junio de 2009 suscritas por la Alcaldía Municipal de La Paz”.
Del Granado firmó dos acuerdos complementarios que elevaron el precio de las obras en 4,5 millones de dólares, aspecto que fue definido por la Contraloría, dirigida por el ex diputado masista Gabriel Herbas, como daño económico al Estado.
El ex Alcalde aseguró en diciembre que el Presidente y el Vicepresidente gestionaron ante la Corporación Andina de Fomento el desembolso de un crédito adicional por ese monto.
Ayer, en conferencia de prensa, la abogada de Del Granado, Aida Camacho, expresó que Mollinedo devolvió el legajo porque “la denuncia no tiene un asidero legal suficiente, (…) informes que no son suficientes para este acoso judicial que se le está realizando a Juan Del Granado y es por eso que, en cumplimiento de las normas constitucionales, del debido proceso y del derecho a la defensa, el fiscal Mollinedo ha actuado finalmente ajustándose a la norma”.
Sin embargo, anotó que la Contraloría ha quedado invalidada, porque “con una actuación apresurada, ilegal e impertinente ha demostrado que tiene un interés dirigido contra Juan Del Granado para perjudicarlo”.
La defensa se mantiene a la espera del informe complementario del Contralor, aunque la jurista Camacho dijo que futuras opiniones de los fiscalizadores quedaron invalidadas porque emitieron criterios previos, por lo que, en sujeción a la Ley Safco, se debería contratar auditores externos para llevar adelante la revisión del proceso que permitió construir los Trillizos.
“Ya la Contraloría no puede realizar ningún tipo de acciones porque ha demostrado animadversión y enemistad manifiesta contra Juan Del Granado con informes que no corresponden, pero además adelantando criterios que tampoco corresponden a la verdad y que no han tenido ninguna relación con los hechos sucedidos”.
Como consecuencia de las acciones del organismo de control estatal, Del Granado entablará una acción penal en contra de Herbas y las autoridades que presentaron una demanda en su contra, “porque en sujeción a la Ley 1178 simple y llanamente deben abocarse, en forma independiente e imparcial, a realizar la revisión de todos los documentos que hacen a una operación”, que en este caso es la de los puentes.
Para destacar
Juan Del Granado se querellará contra el Contralor y sus colaboradores por tres delitos incluidos en el Código Penal.
Los delitos atribuidos a Gabriel Herbas y sus asesores son incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
El Contralor interino afrontará otra demanda por el presunto delito de prolongación de funciones.
El Código Penal prevé para esos delitos una sanción máxima de cuatro años de reclusión en una cárcel pública.
La Prensa