Silva, ex jefe de campaña del presidente Evo Morales y concejal de La Paz, prometió renunciar a su cargo en caso de que una investigación compruebe su vinculación con el producto hallado en su domicilio.
Triunfantes: dos hombres transportan a medianoche un quintal de azúcar Guabirá en la puerta de la casa del concejal masista Jorge Silva
La Prensa:
También hallan azúcar en casa del concejal masista Jorge Silva
Compromiso: El munícipe prometió renunciar a su cargo en caso de que una investigación compruebe su vinculación con el producto hallado en su domicilio. La amenaza de un saqueo obligó a la venta del endulzante a la gente a Bs 375.
Una muchedumbre estuvo a punto de tomar por asalto la casa del primer concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, Jorge Silva, tras comprobar que en su interior existía más de 100 quintales de azúcar, harina, arroz y carne de soya que distribuye la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
La antigua vivienda de varios departamentos ubicada en el 1574 de la calle Luis F. Jemio del residencial barrio de Miraflores se convirtió al atardecer de ayer en el centro de atención de los vecinos que observaron la descarga sigilosa de alimentos en la madrugada y el mediodía de ayer, lo que motivó su denuncia a las autoridades municipales.
En días en que el azúcar es casi un producto extinguido y prohibido para su transporte o tenencia en grandes cantidades en manos de la ciudadanía, la noticia exaltó al vecindario que de inmediato se concentró en la puerta de la vivienda para exigir el decomiso y la venta inmediata.
La indignación corrió como reguero de pólvora cuando la televisión transmitió en vivo la salida del fiscal Roberto Vargas, a quien demandaron el decomiso y la venta del azúcar. El funcionario, atrapado entre exaltados vecinos, fue forzado a refugiarse en un jeep patrulla de la Policía y luego, apoyado por agentes antimotines, salió de la estrecha calle, dejando atrás una multitud de personas resuelta a tomar la casa del ex jefe de campaña del presidente Evo Morales en las elecciones pasadas, y primer concejal en La Paz.
El hallazgo en La Paz se registró dos días después de que un canal de televisión grabara imágenes de la salida de vehículos cargados de azúcar de la casa de la ex ministra de Desarrollo Productivo Antonia Rodríguez en la ciudad de El Alto.
Un día después, la ex autoridad negó que haya comprado azúcar mientras se desempeñaba como responsable del despacho que controla a Emapa.
Enterado del descubrimiento, el concejal Silva enfrentó a las cámaras de un programa nocturno de televisión y prometió renunciar a su cargo en caso de probarse su vinculación con el acopio y tenencia de los alimentos.
Una avalancha de opiniones de los televidentes que repudiaban el hecho y las ventas privilegiadas de Emapa a personas y grupos cercanos al Gobierno terminó por sepultar los argumentos de defensa de Silva. Emapa comunicó, a través de la Red Unitel, que hace tres semanas se prohibió la venta privilegiada de grandes cantidades a grupos de funcionarios públicos.
Entretanto, en la vivienda del munícipe, un grupo de personas que declaró pertenecer a la planta de empleados del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) asumió la propiedad de los alimentos y justificó la compra, mientras mujeres de pueblo reclamaron a gritos por ese particular trato para comprar grandes cantidades de azúcar, cuando el resto de la población se desespera por un poco del dulce producto.
“¡Quiero azúcar para mi leche!”, se escuchó en la voz de una niña trepada en los hombros de su padre que trataba de comprar un poco del precioso alimento descubierto cerca de su casa.
“¡Basta de ciudadanos de primera y de segunda!”, gritó otra ama de casa para reprender a una mujer que intentaba convencerlos para vender el azúcar descubierta a 380 bolivianos.
De pronto el coro de voces echó a los aires de la noche un sonoro “¡queremos a precio de diciembre!”, “¡queremos a precio de diciembre!”.
Un hombre que se identificó como funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se atribuyó toda la responsabilidad de la tenencia y almacenaje de alimentos. Justificó con el argumento de haber prestado su domicilio para ayudar a sus compañeros de oficina. Una vecina atribuyó al fiscal Vargas la versión de que el lote de alimentos fue comprado en diciembre, cuando el azúcar se cotizaba en 220 bolivianos.
La tensión no bajaba. A la hora nocturna de las noticias en televisión, la audiencia se concentraba en la información y en el suspenso creado por las amenazas de asalto a la vivienda endulzada por su reserva granulada.
El estudio de la hora de mayor rating se trasladó a la escondida Luis F. Jemio. Gente en estado de euforia, camarógrafos con la mira puesta en el azúcar, minutos antes precintada por el fiscal, y reporteros abandonando por momentos la independencia y defendiendo al público amargado por el estado de escasez, vecinos y otros actores formaban el cuerpo ideal para observar un posible “asalto” a la casa, como pedían los más efervescentes.
El cuadro estuvo completo con los curiosos, un coronel, un capitán y policías con casco y protectores, agentes de inteligencia fotografiando a los periodistas y al fondo de la calle, sigilosos extraños sin disposición para comprar, sino para emprender un potencial saqueo.
Forjado por los años, el coronel de Policía habló con los dueños de los alimentos y relató que en otro caso parecido, sólo hubo una salida al problema: vender o exponerse a una reacción violenta, un estado de ánimo habitual cuando de endulzante se habla.
Hasta ese momento el instinto gobernaba, en unos por ser primeros en la fila y en otros por atacar a voces o convocar a portar piedras y palos para atacar al impensado palacio de la dulzura.
El epílogo de este capítulo que cobra otra factura al partido de Gobierno terminó con un desprestigiado concejal Silva, y una feliz y apresurada venta de gran parte de los 100 quintales entre las familias de la calle Jemio. Grupos de cinco personas pudieron comprar un quintal al precio “oficial” de 375 bolivianos.
Hallan azúcar de Emapa en la casa donde vive el concejal Jorge Silva
Impuestos. El producto era para sus funcionarios
Calle Luis Gemio. Más de un centenar de personas hicieron fila para comprar el azúcar incautada.
La Razón
Ante denuncia de un vecino, la Intendencia Municipal de La Paz y la Fiscalía de Distrito realizaron anoche un operativo en un domicilio privado de la zona de Santa Bárbara donde se encontró alrededor de 110 quintales de azúcar y arroz de la estatal Emapa.
El intendente municipal Mauricio Ruiz dijo a este medio que, según la versión de uno de los copropietarios del inmueble, los alimentos iban a ser distribuidos entre los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). El intendente afirmó que “los vecinos aseveran que la casa es del concejal del MAS Jorge Silva, lo cual se va a determinar en el proceso de investigación”.
Al respecto, el concejal masista dijo que renunciará a su cargo si se comprueba que el azúcar y el arroz encontrado en el inmueble donde vive es de su propiedad. “Me someto a cualquier investigación”, declaró Silva en entrevista con la red privada de televisión PAT.
El gerente de Emapa, Álvaro Rodríguez, anunció una investigación, el inicio de un proceso y la destitución del funcionario que ordenó “esta irregularidad”. Ismael Huayta, uno de los copropietarios del inmueble, explicó a los medios de comunicación que el azúcar fue adquirida de Emapa en diciembre del 2010.
“La Fiscalía ha precintado el lugar. Ni Jorge Silva ni mi persona ni cualquiera de los copropietarios (del inmueble) tenemos ni una sola libra (de azúcar). Yo he hecho un servicio a mis compañeros de trabajo para que puedan guardar” el producto, afirmó Huayta, quien es funcionario de Impuestos.
Producto fue comercializado
Cerca de la medianoche, la Junta de Vecinos de la zona de Santa Bárbara y el fiscal Roberto Vargas determinaron vender el azúcar a los vecinos del lugar. La presidenta de la zona, Yolanda Gutiérrez, dijo que en el inmueble sólo se encontraron 48 quintales de azúcar de 50 kilos y 11 de 46. “En total se venderán 59 quintales de azúcar”, dijo Gutiérrez.
Un oficial de Policía, que pidió el anonimato, contó que el presidente del SIN lo llamó para pedirle que el producto sea vendido a los vecinos de la zona. “Me dijo que no quería que su nombre sea manchado ni de la institución”. El quintal de 50 kilos fue comercializado a Bs 375 y no alcanzó para todas las personas que hacían fila en el lugar.