En los últimos años los incrementos salariales llegaron a sumar un 40% mientras Bolivia ha crecido en apenas el 4% como promedio.
Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
En los últimos años los incrementos salariales que se dieron, llegaron a sumar un 40% y eso es bastante complicado para un país que ha estado creciendo en apenas el 4% como promedio.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) salió al paso ayer respecto al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de un salario mínimo nacional de Bs 8.309 y planteó un incremento sólo del 8%, porque más elevado podría significar el cierre de empresas.
Respecto al pedido de que el salario mínimo nacional sea equivalente al precio de la canasta familiar, de Bs 8.309, el sector empresarial manifestó que no es sostenible y además es irreal.
“Es un pedido absolutamente irracional, la pérdida de credibilidad del dirigente de la COB se está haciendo presente en esas negociaciones. Escuchábamos a dirigentes que están absolutamente descontentos con esa negociación que efectuó Pedro Montes y más bien lo que se pide es que se haga la reactivación del aparato productivo y lo que se necesita es generar más industrias; por lo cual, se debe generar un clima de negocios adecuado y no este tipo de aspectos cuando se presenta una solicitud de incremento salarial, donde se exceden en los pedidos y no entran en la racionalidad y realidad del país, que no está para aumentar en más de un 8%”, manifestó el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez.
Según el ejecutivo, existirían algunas empresas que podrían aumentar lo planteado, pero esto estaría condicionado a cada sector, porque todas las industrias son diferentes.
“Los incrementos salariales que se dieron en los últimos cuatro años llegaron a sumar en 40% y eso es bastante complicado para un país que creció en 4%”, manifestó el empresario.
Respecto a un incremento del 10%, dijo que es casi imposible de sostener, debido a que el aumento generaría el cierre de empresas, en rubros que no tienen el crecimiento correspondiente para sostener ésto.
COB
La COB aceptó reiniciar el diálogo con el Gobierno, ratificando su demanda de la canasta familiar de Bs 8.309 y bajo dos condiciones: que la negociación sólo dure tres días y que se derogue efectivamente el Decreto Supremo 21060 de libre mercado, informó el dirigente Octavio Urquizo.
“La COB decidió aceptar el diálogo propuesto por el Ejecutivo conformando una sola comisión de alto nivel y no las tres que planteó el Gobierno”, sostuvo.
La COB demandó que la comisión discuta los temas de la canasta familiar y la reactivación productiva porque están íntimamente ligados. Incluso pusieron un tiempo límite de discusión. “El trabajo de la comisión debe trabajar por tiempo y materia en un plazo máximo de tres días”, dijo Urquizo.
“No podemos discutir porcentajes (…) propusimos una canasta familiar en base al costo real de los precios de los productos. Además, no creemos en los datos del INE porque son falsos. Todos los productos han subido en más del 100%, por eso ratificamos la demanda de un salario mínimo nacional de Bs 8.309”, manifestó el dirigente sindical Urquizo.
GOBIERNO
La ministra Viviana Caro pidió que la negociación salarial se sustente en los datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la inflación del 7,18% y enero con 1,29%.
“Queríamos que la COB nos explique la conformación del salario mínimo que había realizado. El INE trabaja con una canasta conformada de manera internacional, con un impuesto a nivel nacional y esa es una referencia que nosotros tomamos”, manifestó la Ministra.
Sostuvo que más importante que el tema de los montos, es una canasta familiar sostenible en términos de financiamiento.
Caro mencionó que este tema no sólo se debe discutir solamente entre Gobierno y la COB, sino también con la toda la población y que se tiene que garantizar una canasta familiar sostenible que no arriesgue la inversión pública ni los bonos sociales para niños, madres y adultos mayores.
A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, reiteró que el monto planteado por la COB pone en riesgo el ambicioso plan de inversión pública, superior a los 2.000 millones de dólares para este año, el pago de bonos sociales y que el mismo puede provocar el cierre de empresas privadas.
El Diario