Informe. Están en 53 recintos y el 76% de ellos no tiene sentencia ejecutoriada. En Santa Cruz en una celda de 5×6 metros viven hasta 56 internos. Sube en 600 la cifra de presos en Cochabamba.
En San Pedro tuvieron que utilizar las ollas para sacar desperdicios.
Hay casos en los que el número de reclusos triplica la capacidad de los penales
A los problemas de infraestructura y hacinamiento que soportan los privados de libertad se suma la retardación de justicia. Sólo la cuarta parte de la población penitenciaria tiene sentencia y el 70% no puede pagar un abogado. Las mujeres y niños cargan con una pena aparte.
Los recientes conflictos registrados en el penal de San Pedro de La Paz lograron orientar la mirada de la opinión pública y, en particular, de varias autoridades hacia la situación en la que vive la población carcelaria del país y concluir que los datos permiten constatar que la problemática de las personas privadas de libertad es estructural, toda vez que está relacionada con las condiciones socioeconómicas del país y condicionada directamente por las fallas en el sistema de administración de justicia.
Ese es el panorama advertido por la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que tras una evaluación de la situación de los 53 recintos penitenciarios que existen en Bolivia concluye que “las cárceles son recintos de mínima seguridad y con servicios penitenciarios (asistencia médica, legal, psicológica y social) deficientes”, aunque la situación en San Pedro es de las más lamentables.
No obstante, si se trata de conocer dónde se encuentra la mayor cantidad de gente afectada, la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) está en primer orden, pues de las 8.073 personas privadas de libertad en todo el país, el 33% se alberga en el mencionado recinto penitenciario, es decir, allí se encuentran 2.034 internos.
Situación. “Hacinamiento y falta de servicios penitenciarios. Hay lugares privilegiados”, con esas palabras resume la Defensoría del Pueblo el panorama en Palmasola, en sus “Estadísticas de Régimen Penitenciario”.
El documento elaborado a solicitud de Rolando Villena, Defensor del Pueblo, presenta datos actualizados hasta el viernes 18 del presente por cada una de sus representaciones en el país y da cuenta de que el 88% de la población carcelaria en Bolivia está constituida por varones (7.140 internos) y e1 22% por mujeres (933).
Estas personas están concentradas principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en ese orden, en 17 cárceles ubicadas en ciudades capitales y 36 carceletas habilitadas en las áreas rurales. “En muchos recintos penitenciarios la vulneración de los derechos humanos de las mujeres es aún más crítica que en el caso de los privados de libertad varones”, de acuerdo a la evaluación.
Y es que en el penal de San Pedro de La Paz, por ejemplo, se llegó a evidenciar que “un alto porcentaje (de los internos) vive con sus familias: esposas e hijos (niños y adolescentes)”, manifestó Villena. Y si bien esto se da en cárceles “grandes”, en otras menores como la de San Roque, en Sucre, hay siete niños que viven con sus madres, mientras que en el penal de Santo Domingo de Cantumarca (Potosí) viven seis niños y en el Centro de Rehabilitación Mocovi (Trinidad) 12 niños acompañan a sus madres.
Drama. En 14 de las 17 cárceles ubicadas en ciudades capitales el común denominador es el hacinamiento, la falta de servicios penitenciarios y los problemas de infraestructura.
Y a ello se suma el problema de la situación jurídica de la población carcelaria, pues sólo 1.999 internos son sentenciados (24,1%) y 6.074 (75,9%) no tiene sentencia condenatoria y, en muchos casos, el tiempo de la detención preventiva sobrepasa los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal (18 meses sin que se haya dictado sentencia o 24 meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. Art. 239°).
La evaluación también revela que el 70% de la población carcelaria no está en condiciones de pagar los costos de un abogado y que, del total de la población joven y adolescente (12 a 21 años) que está en los recintos, el 96% no cuenta con una sentencia.
Sobre este punto específico, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones a las autoridades de los órganos del Estado e hizo notar que “está pendiente el traslado de Régimen Penitenciario al ámbito del Ministerio de Justicia”.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo a La Razón que “(para evitar el hacinamiento) se considera una tarea imprescindible la de mejorar el sistema judicial, que corresponde al órgano judicial en el marco de independencia y respeto a los otros órganos, es una tarea que debe resolver el órgano judicial”.
Debe haber espacios separados
De Acuerdo con el artículo 237º del Código de Procedimiento Penal de Bolivia, los detenidos preventivamente deben ser “internados en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en secciones separadas de las dispuestas para éstos.
También indica que deben ser tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal, sin embargo, esta disposición legal no se cumple.
Planean una megacárcel
Tras los problemas generados en el Penal de San Pedro de La Paz, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, reveló que se proyecta construir un complejo penitenciario en el departamento de La Paz.
“Vamos a invertir entre tres y cuatro millones de dólares para que (dicho complejo) albergue a unos 2.500 internos, con todas las condiciones de dignidad para las personas, con el objetivo de rehabilitación y reinserción social, pero también con todas las medidas de seguridad, con centros productivos y de educación. Ahora estamos elaborando los términos de referencia y lo haremos público los próximos días”, explicó Llorenti a La Razón.
Adelantó que, en el marco de las normas más modernas de respeto a los derechos humanos, hará énfasis en la reinserción y la dotación de capacidades productivas a las personas que se encuentren en este recinto, “respetando las diversas modalidades de clasificación, en términos de estado de proceso (sentenciados y detenidos preventivamente), por gravedad de delitos y con relación a la edad”.
De momento, el proyecto está en la fase de elaboración de los términos de referencia, en pocos días se convocará a un concurso con el objetivo de garantizar que se presenten los proyectos a diseño final y permitan acelerar la construcción de esta obra. “En esta gestión se tiene que iniciar la obra”, dijo Llorenti.
En Santa Cruz el problema está en Palmasola y en otras 9 carceletas
Las protestas son permanentes. Esta escena se registró el 2004 en Palmasola, cuando pedían modificar la Ley 2298.
La Defensoría constató que en una celda de 5×6 metros viven hasta 56 internos.
Palmasola, otrora considerada cárcel “modelo”, hace tiempo que colapsó. En este recinto penitenciario hay 2.034 internos (300 mujeres y 1.734 varones) que se dan modos para “sobrevivir”. Organizan brigadas para evitar la violencia entre ellos, pueden encontrar almuerzo y otras comidas en pensiones privadas; además que son constantes las denuncias de que desde el penal se controla el robo de vehículos y otros delitos, según el informe de la representación departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz.
Allí impera el “código del silencio” ante algún problema grave, fugas o la muerte de algún interno. Del total de privados de libertad sólo 18 tienen sentencia, de acuerdo al informe de la Dirección de Establecimiento Penitenciario de Palmasola, que también detalla que 1.863 cumplen detención preventiva y 153 son detenidos con apremio, que vienen a ser los casos de asistencia familiar y laboral.
Si se habla de delitos, la mayoría (442 personas) está presa por la Ley 1.008. Un dato que preocupa es la presencia de alrededor de 46 adolescentes y jóvenes de entre 16 a 21 años y el informe contundente de la Defensoría del Pueblo: “Hacinamiento y falta de servicios penitenciarios”. Pero Palmasola no es el mayor de los problemas de Santa Cruz, sino las carceletas que están en el área rural.
Deplorable. La defensoría visitó las carceletas de Camiri, Charagua, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Buenavista, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto Suárez y La Guardia, donde llegó a constatar una situación alarmante y riesgosa para el sistema carcelario, la seguridad y la humanidad de quienes guardan detención por la comisión de algún delito.
Estas carceletas sufren de un peligroso hacinamiento, hombres y mujeres se entremezclan y deben sobrevivir durante meses y meses en pequeños cuartos, los que son a su vez dormitorios, cocinas y baños.
La situación es de las peores en la carceleta de Montero, que está en las mismas instalaciones donde funciona el Comando Provincial de la Policía, y cuenta con cuatro celdas, en la que están 160 privados de libertad.
En la celda N° 1 (6×4 m) hay 34 internos varones, en la N° 2 (5×6 m) hay 48 internos y en la N° 3 (5×6 m) viven “amontonados” 56 internos.
La celda más vacía es la N° 4, de 4×4 m, que alberga a siete mujeres. Pero también hay una celda de castigo, de 2×4 m, donde cumplen sanción disciplinaria siete internos.
Donde sí hay campo es en la carceleta de Buenavista (4 celdas de 2×3 m para 18 detenidos, un baño y un “patio” de 1×7 m), según constató la Defensoría del Pueblo en octubre del 2010. Duermen en el suelo o lo que puedan y salen al “patio” tres veces al día, para ir al baño o para caminar.
Los custodios de la carceleta de Portachuelo también sacan a los nueve internos tres veces al día, para ir al baño y refrescarse, luego son encerrados en tres celdas. Por su parte, los internos del centro de detención de Warnes comen de una olla común y de las sobras de los policías. Las dos celdas son para varones y en caso de llegar mujeres, deben improvisarles un espacio en el garaje.
En Ascensión de Guarayoslas enfermedades infectocontagiosas son de alta incidencia y en Camiri los presos carecen de prediarios
En Vallegrande los 19 custodios habitan en dos cuartos de 3×3 m, y en Bahía 62 internos son vigilados por cuatro policías, en cuatro celdas.
Hacen falta arreglos y Prediarios
En la mayoría de las carceletas el retraso en los prediarios se agudiza y va en desmedro de la alimentación de los privados de libertad y de la tranquilidad de los policías.
En la carceleta de Montero, se recomendó solicitar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario el aumento del pre- diario a Bs 10. La Defensoría sugirió la provisión de medios de transporte, medicamentos y la refacción de todas las carceletas.
Sube en 600 la cifra de presos en Cochabamba
Hay casos en los que el número de reclusos triplica la capacidad de los penales
La cárcel de El Abra
La población penitenciaria en Cochabamba se incrementó y el hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios provocó que los internos se declaren en emergencia. Según el representante del Defensor del Pueblo en el Valle, Edwin Claros, “el año pasado no pasaban de 1.500 reclusos y en lo que va del año se han incrementado en más de 600”.
Aunque aún son datos parciales, dijo que esta situación es preocupante. “Se está más allá del tope, estamos sobrepasando la capacidad, en algunos casos ésta hasta se ha triplicado”.
Claros explicó que “en el penal San Sebastián-mujeres no debería haber más de 120 personas, pero ahora llegan a 200, en San Sebastián-varones la capacidad es para 150 y la población está por encima de las 500, en El Abra hay más de 400 reclusos cuando la capacidad es de 350, en San Antonio se deberían tener sólo 150 pero hay cerca de 400”.
En provincias están en las mismas condiciones, casas improvisadas como penitenciarías encierran a más de 200 internos. En Sacaba están recluidos hombres y mujeres en el mismo penal y en Quillacollo son separados en centros sin condiciones.
La retardación de justicia es una de las causas para el hacinamiento, el 70 % de los reclusos no tiene sentencia ejecutoriada, “La mayoría está con detención preventiva. Es una cantidad preocupante de personas”, aseveró Juan de la Cruz Vásquez, presidente de la Corte Superior de Distrito Judicial. Explicó sin embargo que el problema central son las acefalías en el sistema judicial.
Fuente: La Razón