La noticia del día tiene que ver con la captura y traslado de Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, a la ciudad de La Paz, donde declarará ante la comisión de fiscales que investiga el caso del video-soborno. Por lo que se sabe, Villa Vargas figuraría como acusado de obstrucción a la justicia y extorsión, lo que prácticamente equivale a decir que los sobornadores que aparecen en la grabación serían sus víctimas. Unas blancas palomitas. La sospecha de casi todo el país es que, detrás de la detención (¿previamente negociada con “El Viejo”?) hay un intento de reflotar el cada vez más impresentable caso Rozsa, que ya genera serias dudas en la comunidad internacional. En días previos, el gobierno ha lanzado un operativo comunicacional preparando el terreno para lo que se viene, con varios voceros oficiales anunciando la próxima apertura de la segunda fase de investigación del caso, referida a los presuntos “financiadores del terrorismo”. Al parecer, se busca superar la descalificación de los testigos y los indicios de nexos entre altas figuras de gobierno con el grupo Rozsa, mediante una suerte de contraofensiva que tendrá como objetivos previsibles a ciertas cámaras empresariales del oriente, cooperativas, medios de comunicación y figuras críticas de la gestión gubernamental. El guión para “El Viejo II” ya está listo. Sólo falta que el actor llegue a La Paz para interpretar su papel, convenientemente motivado con dólares o picana eléctrica…
¿Nuevo organismo de persecución?
Hugo Montero Lara es el flamante Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, pomposo nombre con el que se convertirá, muy probablemente, en un nuevo engranaje de la maquinaria persecutoria del régimen de Evo Morales. Bajo su mando y el padrinazgo de Héctor Arce, la Procuraduría tendrá la función primordial de enjuiciar a todo aquel de quien se considere que esté provocando daños al Estado, lo que en un gobierno como el actual puede significar muchas, demasiadas cosas.