El ex presidente Rodríguez dice que debe recuperarse la noción de pluralismo jurídico. Juicio. La nueva legislación está incurriendo en un retorno más fuerte hacia el centralismo, según Rodríguez.
Página Siete / La Paz
De izquierda a derecha, Javier Viscarra, editor de opinión; Eduardo Rodríguez, ex presidente de Bolivia; Raúl Peñaranda, director de Página Siete; e Ilya Fortún, columnista de Página Siete.
En esta nueva edición de Desayuno de Trabajo hemos entrevistado el ex presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, para conocer su criterio sobre las últimas leyes aprobadas, la futura elección de magistrados y, también, para conocer el estado del proceso en su contra por el caso de los misiles.
Raúl Peñaranda.- Quiero empezar con la coyuntura, con lo que está sucediendo. Algunos analistas dicen que éste es el peor momento que ha vivido el Gobierno. Tenemos desde problemas con alimentos, crisis antidrogas, etc. ¿Cree usted que éste es un momento especialmente malo para el Gobierno?
Indudablemente es un momento crítico, porque toca a la gestión del Gobierno desde diferentes flancos. Pero no podría decir que es el peor, porque puede haber otros peores. Creo también que la crisis debe ser asumida desde una perspectiva más bien institucional, con una mirada de largo aliento, más que la recurrencia de mirar el pasado y encontrar responsables coyunturales.
Raúl Peñaranda.- De todas maneras, pese al mal momento de este tiempo, ¿cree usted que Evo Morales sigue siendo un líder importante y con un horizonte largo?
Así es, creo que la vigencia, la popularidad y diríamos la afinidad del Presidente con la población está fuera de duda. La dificultad está en que esa ventaja pueda traducirse, más que en un capital sólo político electoral o de preservación de poder, en mejores días y oportunidades para el resto de los bolivianos.
Javier Viscarra.- Hay algunos líderes de opinión, probablemente los más radicales, que señalan que la democracia se encuentra dañada. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
Yo no quiero ser fatalista ni apocalíptico. El proceso democrático tiene prácticamente 30 años cumplidos de ir sembrando valores en la ciudadanía que cree cada vez más en temas tan importantes como el que los gobernantes deben responder, más allá de cualquier eslogan. Esa democracia, que puede estar haciendo aguas en algunos aspectos, como la legitimidad de independencia de muchas instituciones, creo que todavía está en buen pie.
Hay que enderezar algunos temas para que las instituciones funcionen mejor. Entre ellos el de la justicia. Si midiéramos la democracia por el lente de la justicia indudablemente el resultado sería muy negativo, pero no creo que sea tan fácil poder juzgar a un determinado régimen sólo por un aspecto.
Ilya Fortún.- Existe, a mi parecer, una especie de contradicción en Bolivia por esa cierta pérdida de la calidad democrática en términos de Estado de Derecho, por un lado, pero por el otro, la irrupción de nuevos actores a la democracia y nuevos métodos de participación. ¿Qué opinión tiene usted?
Indudablemente hay una contradicción. Hemos dado un paso trascendental con la aprobación de un nuevo orden constitucional por una Asamblea Constituyente. Sin embargo, ese espacio de nuevas alternativas más democráticas, más participativas en los que supuestamente se iban a remediar graves injusticias del pasado, de pronto más que iluminar un nuevo rumbo se cruzan con un ejercicio de poder público que no se enfila a ello sino que se enfoca al pasado e inicia una planificada forma de hacer la vida imposible a mucha gente que no participa del Ejecutivo.
No sé si deliberadamente, pero se procede al desmontaje de un sistema judicial, a su cooptación y a demorar su reestructuración. Indudablemente eso genera ese contraste.
Yo recuerdo que al inicio del período democrático también se desmanteló a la Corte Suprema, se encarcelaron a políticos por desafectos electorales. Hoy, lamentablemente, revivimos esos episodios que, en el pasado y hoy, lo único que han hecho es desfigurar o desmerecer el propósito de un sistema de justicia que no es y no debe ser un instrumento de retaliación política.
Ilya Fortún.- En el pasado, antes del Gobierno actual, los partidos se cuoteaban la justicia de manera muy detallada y antiética. ¿Qué criterio tiene sobre ese tema? ¿Se registran cambios al respecto?
Es muy importante la secuencia histórica en esto. Me voy a situar en la transición de las dictaduras a la democracia hace 30 años, indudablemente en la época militar no había el menor vestigio de vocación democrática para elegir autoridades, menos para establecer una carrera judicial.
Cuando retornó la democracia, el sistema judicial fue el último en merecer la atención de los diferentes gobiernos. Posteriormente, por las crisis que se vivieron y el redescubrimiento de la importancia de un sistema judicial, empezaron tímidamente a darse algunos cambios; se decidió, por ejemplo, que en el lugar de que los magistrados de la Corte Suprema y los vocales de las cortes de distrito sean elegidos por mayoría simple de ambas cámaras, se elijan por dos tercios del total del Congreso. También se instituyó un Tribunal Constitucional y un Consejo de la Judicatura.
Yo creo que en ese tiempo se marca, por primera vez en la historia, un cambio cualitativo en la forma de elegir jueces. Pero quiero resaltar un tema que fue, es y será importante: la legitimidad de un juez no está tanto en quién y cómo se lo designa, sino fundamentalmente en su desempeño. Cuando se afirma que en el pasado ha habido un proceso digamos de cuoteo y se procura achacar todos los males a esa forma de elección, no estoy de acuerdo.
Hay un otro tema que es crítico, que tiene que ver con la configuración de la jurisdicción constitucional, el del Tribunal Constitucional.
La idea de crear un Tribunal Constitucional nos llega de Europa, básicamente de los países que tuvieron en su tiempo dictaduras que llevaron a grandes conflagraciones. En Bolivia asumimos el modelo español. Al respecto, una de las grandes dificultades, que sigue latente, es la controversia de quién es el único y supremo intérprete de la Constitución. En los países a los que hago referencia es el Tribunal Constitucional, porque su tejido constituyente está consolidado y su modelo político también.
Yo sostengo que en Bolivia un Tribunal Constitucional es importante, pero no puede –por lo menos en Bolivia– ser el único intérprete de la Constitución porque la capacidad de un órgano judicial para resolver los temas políticos es limitada. Hay ciertos temas en los que el Tribunal Constitucional tiene que entregar esa capacidad de interpretación, actuación y activismo a órganos de representación política, como la Asamblea Legislativa.
Creo que debe haber una especie de distribución de responsabilidades entre las capacidades de interpretación judicial por parte de un tribunal y otro de orden más político, por parte de una Asamblea.
Hoy estamos, en materia de interpretación constitucional, únicamente en manos de un Tribunal y a mi criterio éste es uno de los problemas centrales del nuevo orden constitucional. No estoy descalificando la importancia de tener tribunales de jurisdicción constitucional especializada. Sí debieran existir, pero no deben ser los únicos intérpretes.
Javier Viscarra.- ¿Cuál es su opinión sobre los últimos cambios operados en la legislación nacional respecto de los temas judiciales?
Yo creo que la legislación que se ha aprobado en los últimos meses es más un producto del apuro del cronograma que puso la Constitución; no ha habido la necesaria dosis de reflexión y valoración.
Debe recuperarse, por ejemplo, la noción cabal del pluralismo jurídico; yo creo que hemos retrocedido en una legislación que sigue siendo muy centralista pese a que se han creado otros órganos como el Tribunal Agroambiental, etc.
Raúl Peñaranda.- ¿Qué criterio le merece la anunciada próxima elección de magistrados por voto popular?
En Bolivia vamos a incorporar una modalidad que yo, francamente, creo que no va a contribuir mucho a transformar el sistema. Creo que será más importante que la elección la calidad de los fallos de los jueces. En Bolivia no tenemos una tradición de evaluar a los jueces por sus pronunciamientos y la predictibilidad de sus fallos sino más bien por quién los nombró. Insisto en que la elección no será tan relevante como los fallos que vayan a emitir; al respecto creo que hay que reinstalar la carrera judicial.
HOJA DE VIDA
Fecha Nació en Cochabamba, el 2 de marzo de 1956.
Profesión Abogado y máster en Administración Pública por la escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.
Carrera Fue coordinador regional del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Corte Suprema En marzo de 2004 asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Presidente Entre el 9 de junio 2005 y el 22 de enero 2006 fue Presidente de Bolivia.
Sobre el proceso en su contra, Rodríguez reclama que hasta hoy no se lo ha oído
En el curso de la entrevista con Página Siete, el ex presidente Eduardo Rodríguez señaló su extrañeza porque nunca se lo ha oído en los cinco años de instalado el proceso en su contra por el caso de los misiles bolivianos desarmados por los militares norteamericanos durante su Gobierno.
“Luego de cinco años, el fiscal –ningún fiscal– me ha tomado una declaración, lo que bajo la antigua y actual Constitución es un derecho consagrado: el ser oído antes del envío al Congreso de la solicitud de autorización del juicio”, señala Rodríguez.
Según el ex mandatario se han cometido insalvables irregularidades en el proceso. “En esta etapa de ‘antejuicio’, como se denomina en la justicia, se cometieron flagrantes irregularidades. Seguramente el apuro del fiscal de entonces y del Ministerio Público les hizo enviar el proceso al Congreso incurriendo en violaciones a mis derechos”, dijo.
Rodríguez recuerda que el expediente está en el Parlamento, donde él acudió en más de una oportunidad pidiendo que su caso sea atendido.
“He advertido, además, que este tema tiene dos dimensiones, una judicial, la que me atinge personalmente porque yo debo tener la oportunidad de esclarecer lo que me tocó cumplir en ese operativo; y otra, más importante, que tiene que ver con el Estado, porque en su momento la desactivación de los misiles mereció una protesta oficial de mi Gobierno ante Estados Unidos por la forma en la que operó la Embajada. Creo que con el mismo nivel de escándalo que en otros temas, el Gobierno debería esclarecer cuál ha sido la secuencia de ese reclamo”, sostuvo.
En su caso, admite Rodríguez, no se opera la prescripción del proceso (aunque esté en etapa preliminar de una forma casi indefinida), pero recuerda que según el sistema interamericano e internacional existe lo que se llaman “plazos razonables” en los cuales una persona debe ser enjuiciada.
“Según esos parámetros, en cuatro o cinco años los estados tienen que hacer efectivos sus procesos”, concluyó. Por lo tanto, su caso habría prescrito si se toman en cuenta esas referencias internacionales.
Sobre un eventual retorno a la política, Rodríguez rechazó nuevamente esa posibilidad. Dijo que sí está comprometido en contribuir a la maduración democrática del país, pero que “ni por casualidad” volvería a ser un protagonista de la política activa.
“Si tuviéramos que medir la democracia con el lente de la justicia el resultado sería muy negativo”.
“La legitimidad de un juez no está tanto en quién o cómo se lo designa, sino en su desempeño”.
“Si tuviéramos que medir la democracia con el lente de la justicia el resultado sería muy negativo”.
“Evidente, el Tribunal Constitucional es importante, pero no puede ser el único intérprete de la Constitución”.
“No está en mis planes volver a la política, ni por casualidad, pero sí apoyar la maduración democrática”.
“En el sistema interamericano e internacional hay ‘plazos razonables’ para los juicios”. (sobre su proceso)