Abogados dicen que el caso ‘nació muerto’; el Fiscal paceño no puede sostener sus acusaciones. 3 Años es el plazo máximo para cerrar un caso penal. El caso Rózsa ya lleva 2 sin ninguna sentencia.
El Día
Llueven críticas a Soza por eliminar ‘sus pruebas’
Abogados y autoridades aplazaron las investigaciones del caso Rózsa y coinciden en afirmar que ni el Fiscal paceño puede sostener sus versiones.
Una ola de críticas. Eso cosechó ayer el fiscal Marcelo Soza, quien investiga el caso de supuesto terrorismo luego que el juez de la causa, Rolando Sarmiento, suspendiera la audiencia conclusiva en Cochabamba y le recomendara que en cinco días debe fundamentar la acusación contra cada uno de los 39 imputados.
"Era previsible que eso ocurriera", observó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, al señalar que desde el principio el caso se llevó adelante sin el control de un juez y el operativo en el hotel Las Américas y la intervención en la Feria Exposición, sin la asistencia de un fiscal.
Señaló que ésos son vicios de nulidad absoluta que encadenan después el levantamiento de pruebas en forma ilegal, pues uno de los principios del derecho procesal es precisamente la contradicción.
Eso quiere decir que una prueba debe ser obtenida en forma lícita y cuando se la procesa de igual manera, pues existen denuncias de los abogados de los imputados, que las computadoras donde existen los correos electrónicos del supuesto cabecilla, Eduardo Rózsa, fueron abiertas sin presencia de ellos.
Lo mismo ha ocurrido con la supuesta quema de los explosivos incautados, pues no se puede proceder de manera unilateral para luego presentar solamente actas. Existe una cadena de custodia que se debió respetar y cuando ésta se la rompe, entonces existe una falla procedimental insalvable.
Rojas dijo que el caso iba acabar mal tarde o temprano, porque el caso nació muerto. También se tiene que tomar en cuenta la incompetencia de los jueces, pues por jurisdicción, el caso debió ventilarse en Santa Cruz, según dispuso la Corte Suprema y un fallo de la Sala Penal Primera de Santa Cruz que no se cumplió.
Precisamente por eso se ha violentado el derecho a la defensa porque otro principio señala que el caso debe ventilarse en el lugar donde viven los imputados o donde se pueden encontrar las pruebas.
Y lo mismo pasa con el tema de las torturas pues las pruebas o una declaración testifical puede ser invalidada cuando hubo presión física, como han denunciado los imputados.
Rojas aconsejó también mirar las pruebas testificales por cuanto también hay varios testigos que han declarado una cosa y después se han arrepentido, como el caso de Ignacio Villa.
Abogados de la defensa. “En los hechos, en este momento no existe acusación y esto demuestra que aunque estas autoridades tuvieron dos años para efectuar una acusación límpida, no pudieron hacerlo, es como si se hubiera retrocedido en el proceso”, dijo Gerardo Prado, defensor de Mario Tadic, al periódico Opinión de Cochabamba.
Paulo Peredo, abogado del coronel Juan Adalberto Tórrez Céspedes y del médico Juan Carlos Santiesteban, imputado el primero por “coadyuvar en un supuesto alzamiento armado desde su empresa de seguridad y el segundo por entregar su consultorio médico como alojamiento de los presuntos terroristas”, dijo que las pruebas materiales han sido observadas, y consideró como algo “positivo” que el juez ponga un alto al caso.
Pero el más duro fue Otto Ritter, defensor del general en retiro Gary Prado Salmón, al llegar ayer a Santa Cruz.
"La determinación del juez Sarmiento es una declaratoria de bol(…) para el fiscal Marcelo Soza que ya era un bol(…) público", dijo.
Señaló que de cinco numerales que tiene el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal (referido a la imputación) el fiscal Soza se aplazó en cuatro y sólo acertó en el primero, en las generales de ley (nombre y apellido) de los imputados, aunque “también he visto que tiene errores ortográficos", precisó.
Autoridades. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que esta confabulación contra el pueblo cruceño, tarde o temprano terminaría así. "Fue un caso que el Gobierno usó para chantajear a algunas empresas y empresarios cuando todos saben que ajusticiaron a esos señores que hipotéticamente eran terroristas y deberían estar vivos para que digan la verdad", dijo.
Señaló que también han aparecido hechos como el del videosoborno en el que ha quedado demostrado el Gobierno fue el que montó todo.
Por eso pidió a los cruceños resistir porque todo se está descubriendo de a poco. "Mataron la verdad al principio", dijo por su lado Herland Vaca Díez, presidente del Comité pro Santa Cruz, quien opinó que una buena salida sería la amnistía para todos. Asimismo, el cívico provincial, Luis Alberto Áñez indicó que “por vergüenza” el juez Rolando Sarmiento suspendió la audiencia , porque vio que algo “asqueroso” había en el caso, porque no hay armas, no hay explosivos, no hay nada e indicó que en el mundo entero no habrá tribunal para condenar la infamia que se armó contra Santa Cruz.
Pidió también que como cotoqueño que es “ojalá la mamita de Cotoca perdone al testigo falso Ignacio Villa”, por haberse prestado a semejante tramoya.
También le pidió a los detenidos que digan la verdad y se acabe de una vez.
Fiscal Marcelo Soza. El fiscal Marcelo Soza, reconoció ayer que a pedido del Departamento de Bomberos, se tuvo que destruir los materiales explosivos que formaban parte de las pruebas materiales que fueron incautadas en Santa Cruz, a lo largo de la investigación preliminar de este caso.
"Era imposible mantener este material explosivo", dijo, pero hay otras pruebas físicas que han sido presentadas.
El fiscal, además, señaló que cumplirá con el pedido del juez Sarmiento de individualizar las pruebas contra cada uno de los 39 imputados.
3 Años
Es el plazo máximo para cerrar un caso penal. El caso Rózsa ya lleva 2 sin ninguna sentencia.
1 Mes
Demandará en instalarse de nuevo la audiencia en Cochabamba, los detenidos volvieron a La Paz.
La trama empieza a desmontarse
Eso dijo la diputada opositora Jéssica Echeverría, quien sin embargo manifestó que no se debe cantar victoria porque todo puede pasar.
Hay muchos vicios de nulidad, desde la jurisdicción, el ingreso al hotel sin fiscal y sin orden judicial, la destrucción de pruebas y la declaración de testigos cuestionados".
Edwin Rojas
Presidente Colegio Nacional De Abogados
Lo que le queda al Gobierno es declarar la amnistía para todos los imputados en este caso tras haberse observado que las pruebas son insuficientes para seguir con el proceso".
Herland Vaca Díez
Presidente Del Comité Pro Santa Cruz
El Departamento de Bomberos nos ha cursado una nota, era imposible mantener este material explosivo, razón por la cual solicitaron ellos la destrucción y eso se hizo".
Marcelo Soza
Fiscal Del Caso
Ministerio Público
Alzamiento y terrorismo, las acusaciones
LOS IMPUTADOS. Son Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Ignacio Villa, Alcides Mendoza, Alejandro Gelafio Santiesteban, Mario Antonio Herrera, Roberto E. Justiniano Áñez, Hugo Paz, Hugo Vásquez, Zvonko Matkovic R., Marco Antonio Monasterio, Juan Carlos Velarde, Lucio Áñez, Zoilio Salces, Gary Prado Salmón, Carlos Eduardo Pereira, Ronald Castedo, Juan Alberto Kudelka, Alberto Melgar, Branko Marinkovic, Guido Eduardo Náyar, Mario Antonio Paniagua, Gelafio y Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Melgar, Hugo Achá, Alejandro Brown, Luis A. Vaca, Ronny Hurtado, Enrique Vaca, Lorgio Balcázar, David Cejas, Héctor Renato Laguna, Pablo Costas, Mario Bruno, Luis Justiniano, Juan Carlos Velarde, y Juan Alberto Tórrez.
LOS DETENIDOS. En la cárcel de San Pedro de La Paz y que para la audiencia conclusiva fueron trasladados a Cochabamba son Mario Francisco Tadic Astorga, Elöd Tóásó, Juan Kudelka Zalles, Gelafio Santiesteban, Adalberto Tórrez, Mauricio Melgar Roca, Zoilo Salces, Gelafio Santiesteban Hurtado, Zvonko Matkovic, Osvaldo Pereira Rivera y Hugo Paz Lavadenz y desde el Beni llevaron a Alberto Melgar.
LA ACUSACIÓN. El artículo 121 del Código Penal prevé presidio de 15 a 30 años para quienes organicen o integren “grupos irregulares urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de las personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado”.
EL TERRORISMO. Es penado con 15 a 20 años de cárcel. La Fiscalía imputó por este delito al húngaro Elöd Tóásó, al boliviano-croata Mario Tadic y a los bolivianos Juan Carlos Gueder, Alcides Mendoza, Alejandro Gelafio Santiesteban e Ignacio Villa Vargas y al resto por alzamiento armado.
Soza niega que su voz sea la de audio denunciado
El fiscal que investiga el caso Rózsa negó ayer que su voz sea la que aparezca en un polémico audio, mientras que el senador opositor, Róger Pinto, pidió al Gobierno realizar una investigación.
Según Pinto, en el audio se escucha a la abogada Mary Carrasco; al asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas; al fiscal Marcelo Soza y al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán,
junto a otra persona que no fue identificada, donde conversan sobre una supuesta componenda para desprestigiar a opositores en los casos de Porvenir, terrorismo y el denominado videosoborno.
"El Gobierno debería investigar quiénes lo grabaron, quiénes son los que tienen el verdadero interés de que esto se conozca, nosotros somos simplemente personas que estamos cumpliendo con su función y enviando al fiscal para que lleve adelante una investigación", expresó el legislador quien le preguntó al ministro Sacha Llorentty qué hacía en Buenos Aires el 10 de marzo del 2010.
Soza atribuyó a un intento de desprestigiar el caso Rózsa la aparición de la cinta./RMH. El Día
Detención domiciliaria para Tórrez y Prado libre
El coronel retirado de la Policía, Adalberto Tórrez, quedó desde ayer con arresto domiciliario en su domicilio tras haber sido liberado por orden del juez Rolando Sarmiento, debido a su delicado estado de salud.
Tórrez, cuyo nombre, según el Ministerio Público está incluido en el celular de Eduardo Rózsa con el pseudónimo de “Coco Tórrez” y en los manuscritos de Cotas incautados por la Fiscalía, es acusado de formar parte del estado mayor de seguridad de la supuesta célula terrorista.
Asimismo, la orden de aprehensión librada en contra del general retirado Gary Prado Salmón, quien se desplaza en silla de ruedas y es el militar que capturó al “Che”, también quedó sin efecto luego de una acción de libertad planteada por sus abogados en La Paz, informó su abogado Otto Ritter durante la jornada de ayer. /RMH. El Día