Correa contra los medios. Editores de periódicos consideran «reprochable» demanda del Presidente

Correa enjuicia al diario El Universo y reclama 80 millones de dólares de indemnización y 3 años de cárcel para sus ejecutivos. Human Rights observa ‘grave revés’ a libertad de expresión en Ecuador.

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Rafael Correa, presidente de Ecuador.| Foto archivo – Ap Agencia



Editores de periódicos de Ecuador consideran "reprochable" demanda de Correa

JUICIO CONTRA EL DIARIO EL UNIVERSO

QUITO | EFE.- La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) calificó hoy como una "una acción reprochable" el juicio planteado por el jefe de Estado, Rafael Correa, contra el diario El Universo debido a un artículo de opinión publicado en febrero pasado.

"En una acción reprochable, tal vez impulsada por un malévolo asesoramiento, el presidente de la República, economista Rafael Correa, ha enjuiciado penalmente a Diario El Universo", dice un comunicado de la AEDEP publicado en la prensa local.

Añade que "el jefe de Estado se considera víctima de una supuesta injuria calumniosa por afirmaciones publicadas en una columna de opinión, suscrita por Emilio Palacio".

Opina que esta "peligrosa interpretación de la institución jurídica de la responsabilidad ulterior, que pretende extenderla del columnista a los directivos de un medio, llevará, en la práctica, a la censura previa, pues los artículos de opinión tendrían que pasar por un sistema de filtros que harían imposible su publicación, o la desalentarían".

En el periodismo independiente, añade, las columnas de opinión son responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del medio que se publican.

Para la AEDEP, con acciones judiciales contra periodistas "se amenaza a la libertad de expresión y se intenta complicar más el ya difícil panorama para el periodismo independiente".

Ello, apunta, "mientras, nada se dice sobre el uso abusivo de los medios llamados ‘públicos’".

Para la AEDEP, Correa "se equivoca" cuando recurre al Derecho Penal para querellarse contra medios y periodistas.

"Eso lo rechazamos porque él, con su investidura, dispone de todos los recursos para defender su posición públicamente y ante la opinión pública, sin necesidad de acudir a sanciones penales, encarcelamientos y millonarias indemnizaciones", apunta.

Según la AEDEP, Ecuador necesita un jefe de Estado "tolerante con la crítica".

Por todo ello, sostiene, el juez "debe descartar la demanda planteada en contra de El Universo".

Ese diario anunció ayer que responderá en el ámbito judicial la demanda que interpuso Correa este mes en su contra.

Correa reclama 80 millones de dólares de indemnización y tres años de cárcel en la demanda, según ha informado el propio rotativo.

La acción se dirige contra la compañía editora del periódico, el director del diario, Carlos Pérez Barriga, y el editor de Opinión, Emilio Palacio.

El motivo es un artículo de opinión del 6 de febrero en el que Palacio atribuía a Correa "haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", en el que estaba retenido el pasado 30 de septiembre durante un alzamiento policial.

El presidente fue rescatado del centro médico por fuerzas leales en medio de un tiroteo.

El pasado martes, Correa señaló que dicho artículo era "una acusación gravísima" y negó que eso fuera sólo opinión.

Human Rights observa ‘grave revés’ a libertad de expresión

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QUITO. Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, minimizó los montos que pide el jefe de Estado por demandas a medios de comunicación, directivos y periodistas.

EL UNIVERSO, Guayaquil, Ecuador

REDACCIÓN | WASHINGTON. Las acciones penales por difamación iniciadas por el presidente Rafael Correa contra sus críticos constituyen un grave revés para la libertad de expresión en Ecuador, señaló ayer la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Ecuador debería derogar las disposiciones sobre calumnias, injurias y desacato de su Código Penal, recomendó el organismo a través de un comunicado, en el que se hace referencia al último proceso instaurado por el primer mandatario.

El pasado 21 de marzo, Correa presentó una demanda penal contra el editor de Opinión, Emilio Palacio, y tres directivos de este Diario: Carlos, César y Nicolás Pérez, a quienes acusa de injurias.

Correa, en su denuncia de 151 páginas, solicitó que se condene a cada uno de los querellados a tres años de prisión y que se aplique una multa no menor a los $ 50 millones. Además reclamó $ 30 millones a la compañía anónima EL UNIVERSO “por coadyuvar y permitir” la publicación del editorial ‘No a las mentiras’, escrito por Palacio el 6 de febrero de este año, que es objeto de la demanda.

La causa recayó por sorteo en el Juzgado 15º de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a cargo de Oswaldo Sierra, quien debe fijar una nueva fecha para que Correa haga el reconocimiento de su firma (no lo hizo el martes pasado), requisito primordial para notificar a las partes involucradas en el proceso y estudiar la demanda para determinar si es procedente o no.

Correa presentó su acusación a título personal, sin embargo, pide al juez que “tenga en cuenta” su autoridad como jefe de Estado, razón por la cual pide que aplique la pena máxima.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “las acciones del presidente Correa destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”.

Matizó que “en un sistema democrático los presidentes no deberían usar el derecho penal para bloquear el debate público sobre sus actos y políticas”.

Correa afirmó en su querella que la nota de opinión de Palacio “de forma dolosa, inmoral y maliciosa” lo injuria e imputa falsos delitos, con el único afán de desprestigiarlo, mancillar su honra y buen nombre.

La nota de opinión se refiere a la posibilidad de perdonar a quienes participaron en el levantamiento policial del 30 de septiembre del 2010, que según el Gobierno fue un intento de golpe de Estado. Correa se queja de que Palacio le imputa una “concurrencia de delitos” al haber escrito que “ordenó fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.

En su querella, Correa cita tratados internacionales sobre responsabilidad ulterior, así como la Constitución y legislación ecuatoriana para sostener que su acto de recurrir a la justicia es legítimo.

Human Rights Watch recordó que organismos internacionales de derechos humanos critican el uso de leyes penales sobre difamación.

En ese sentido, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, instó ayer a Correa a retirar la demanda de inmediato y a adecuar la ley ecuatoriana a las normas internacionales en materia de libertad de expresión.

Las ONG señalaron que desde el 2007, países como México, Uruguay, Argentina y Costa Rica han despenalizado la difamación en casos relativos a información de interés público.

“Mientras otros países de la región avanzan hacia la despenalización de la difamación en cumplimiento de los estándares internacionales, el presidente Correa lleva a Ecuador exactamente en la dirección opuesta”, afirmó Vivanco.

Figuras: Legales en otras demandas

Contra Francisco Vivanco

La figura de desacato fue usada por el presidente Rafael Correa en una demanda presentada en el año 2007 contra el presidente del diario La Hora. Ese medio publicó un editorial titulado ‘Vandalismo oficial’, en el que se lo acusó de gobernar con “tumultos, piedras y palos”. La causa fue archivada.

‘El Gran Hermano’

A los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro que recoge los contratos de Fabricio Correa con el Estado, el mandatario los demandó por daño moral y pide 10 millones de dólares como reparación. En su demanda dice que la publicación le causó problemas de tipo psicológico.

Contrademanda

El año pasado Correa reconvino por un total de $ 400 millones a Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, quien lo acusó de injuria. Desvirtuó esa demanda diciendo que no indicaba “la hora, la ciudad ni el país” donde se produjo la injuria y “cuando se refiere a un Presidente, no señala de qué país se trata”.