Decreto: El senador Eugenio Rojas (MAS) opina que la anulación de la norma neoliberal, vigente en el país desde 1985, significará la construcción de un nuevo Estado Nacional.
El presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), anticipó que después de abrogar definitivamente el Decreto Supremo 21060, la Asamblea debe concentrarse en analizar una nueva Ley de Tierras y estudiar a fondo cómo favorecer la migración interna.
Rojas, exalcalde de Achacachi, localidad ubicada a 80 kilómetros en el norte altiplánico de La Paz, señaló la necesidad de que después del 1 de mayo, la Asamblea debe centrar su atención en la rectificación de leyes relacionadas con la economía, como la Ley de Tierras, la Ley Forestal, los recursos hídricos y otras que beneficien y amparen a los pueblos y comunidades indígenas.
—¿Es necesario aprobar una norma legal que declare la definitiva extinción del Decreto Supremo 21060?
—Muchas partes del 21060 fueron abrogadas, por ejemplo, el artículo 55 sobre la libre contratación. Actualmente hay estabilidad laboral que beneficia a todos los trabajadores del país, y en la Asamblea Legislativa Plurinacional estamos dedicándonos a la aprobación de nuevas leyes para modificar el tema de la minería, los bancos, los créditos, la importación y exportación, etcétera, que son campos que tienen que ver con la economía, con los recursos hídricos y otros. Muchas empresas mineras privadas no pagan por el uso del agua o por la contaminación que producen.
También estamos viendo la Ley General del Trabajo. En realidad, el año pasado comenzamos el análisis junto con dirigentes de la COB, pero que, posteriormente, no quisieron continuar en este tema porque, seguramente, estaban pensando en los paros.
—¿Considera que la abrogación de esta norma constituirá un hito en la historia de la lucha de los trabajadores?
—No se trata simplemente de la anulación del Decreto Supremo 21060, lo que hay que ver es que con esta decisión del Gobierno habrá un cambio profundo y estructural del Estado boliviano.
Ahora la vemos como una medida pequeña, muchos dijeron que del 21060 ha quedado sólo su cáscara y creo que nos estamos perdiendo en esas cosas. Lo que hay que ver en el fondo es la construcción de un nuevo Estado que ha acabado totalmente con el sistema neoliberal. Se trata de un trabajo más profundo que va mucho más allá de la abrogación de este tipo de leyes.
—¿Cómo se beneficiarán los pueblos indígena originarios con la abolición total de esta norma?
—Estamos trabajando en la preparación de leyes económicas. Indudablemente, tenemos que analizar el tema de la biodiversidad, los recursos hídricos o la Ley de Tierras, que hay que redactarla todavía, porque esta ley indica que la extensión máxima de una propiedad es de 5.000 hectáreas; entonces, hay mucho más por esclarecer y profundizar con esta ley en beneficio de los indígenas.
Hay que pensar también en la emigración del campo a los llanos, del altiplano a los llanos. La ley tiene que apuntar a estas emigraciones, cómo el Estado puede ayudar a los indígenas y no abandonarlos cuando se trasladan con sus familias a otra región para trabajar la tierra.
Son temas muy delicados que hay que discutirlos con mucha calma y profundidad.
—¿Cómo afectó a su región el 21060 o dejó algún beneficio?
—Los problemas de la pobreza y la falta de tierras en las comunidades indígenas datan de mucho antes del 21060. Con ese decreto se profundizó la política neoliberal, que tuvo sus consecuencias en una mayor emigración del campo a la ciudad. Yo provengo de la comunidad de Achacachi, donde pude ver cómo afectó la emigración.
Otro de los temas es que con el 21060, el Estado concentró su apoyo no en el occidente del país, en los valles o el altiplano, sino en las grandes empresas agrícolas.
El altiplano fue casi abandonado, no se impulsó el tema de riego, el agua, el desarrollo, no hay tecnificación en este momento. Ante este abandono del Estado, el pequeño productor agrícola tuvo que sobrevivir por su propio esfuerzo.
—En otro tema, ¿qué información tiene acerca del proceso judicial contra pobladores de Huatajata que, en marzo de 2010, participaron en la toma de la casa del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas en Sank’ajawira?
—Hay una demanda en la justicia, entonces, tiene que seguir su proceso. Las comunidades se manejan por usos y costumbres, hay normas internas que se tienen que respetar, y Víctor Hugo no ha cumplido su función social en la comunidad, él tiene que estar ahí.
—¿Continúa la casa abandonada?
—Lamentablemente, se la abandonó por mucho tiempo, apenas había unos colchones de paja. Tengo conocimiento que esa tierra no había sido de él, sino de otra familia y seguramente la ocupó porque era autoridad mucho más antes; entonces, la gente quiere recuperar esa tierra.
Ahora hay una casa construida ahí y esa es la discusión. Pero estos son temas muy internos entre la comunidad, esa región y la familia Cárdenas. Yo formo parte de esa comunidad, pero sólo soy un miembro más, no tomo decisiones ni impongo mi pensamiento.
“Muchas empresas mineras privadas no pagan por el uso del agua o la contaminación del medio ambiente”.
“Ante el abandono del Estado, el pequeño productor agrícola tuvo que sobrevivir por su propio esfuerzo”.
PERFIL
Eugenio Rojas Copa: senador del oficialismo, exalcalde de Achacachi y dirigente campesino de la provincia Omasuyos, La Paz, bastión de los Ponchos Rojos. Opinó que se debe ejercer coerción sobre los sospechosos de cometer delitos con el objetivo de que confiesen sus actos, sugerencia que le valió críticas y el pedido de su renuncia.
Fuente: La Prensa