WOLA: Retrocesos importantes a la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en Venezuela

wola_logo La Ley Habilitante de diciembre -que durante 18 meses le otorga al Presidente Hugo Chávez poderes especiales de amplio espectro- constituye una violación ilegítima hacia la autoridad de la nueva Asamblea Nacional, socavando la voluntad del electorado.

La reciente propuesta del presidente Chávez de limitar el término de la Ley a cinco meses es un paso positivo. No obstante, los problemas de fondo en torno a la ley persisten, aunque esté en vigor por 18 meses, cinco meses o un día.

La "Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional", aprobada también en diciembre, prohíbe a las "organizaciones para la defensa de los derechos políticos" recibir financiamiento internacional, en violación de la propia Constitución venezolana y los compromisos internacionales de los derechos humanos.

El 17 de diciembre, pocos días antes de finalizar su última sesión, la Asamblea Nacional venezolana saliente le otorgó al Presidente Hugo Chávez la facultad de legislar por decreto hasta junio de 2012. La asamblea legislativa saliente estaba compuesta, casi en su totalidad, por diputados que apoyaban al gobierno, gracias en gran parte al boicot de los líderes de la oposición en las elecciones de 2005. Por el contrario, un 40 por ciento de los 165 miembros de la Asamblea entrante – que se inauguró el 5 de enero – provienen de partidos de la oposición. Los miembros de la nueva Asamblea Nacional fueron elegidos el pasado 26 de septiembre cuando los candidatos de la oposición obtuvieron más votos en todo el país que los aliados del presidente Chávez. Lo que la oposición logró obtener en las elecciones de septiembre pasado negó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Chávez obtuviera la mayoría necesaria para modificar la Constitución o para pasar las "leyes habilitantes" en la nueva Asamblea. La delegación de poderes especiales de largo alcance por decreto al presidente Chávez por parte de la Asamblea Nacional saliente redujo significativamente la autonomía y poder de la nueva legislatura, y socavó la voluntad de los electores que participaron en las elecciones del 26 de septiembre.

La propuesta reciente del presidente Chávez de restringir el término de la Ley a cinco meses limita el periodo de tiempo durante el cual él puede ejercer los poderes especiales, pero no limita sus poderes durante ese periodo. La oferta del presidente no hace referencia alguna a la ilegitimidad de la Ley como tal, en donde la Asamblea saliente delega los poderes de la Asamblea que entra. Tampoco aborda el hecho que el alcance de esta Ley excede lo necesario para que el presidente pueda manejar los daños causados por las inundaciones.

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La justificación de tales poderes especiales de amplio alcance y de largo plazo fue permitirle al presidente Chávez hacer frente a las inundaciones devastadoras del país. Pero, como se señaló anteriormente, los poderes especiales se extienden mucho más allá de los problemas creados por las inundaciones, incluyendo así las finanzas y los impuestos, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y defensa, y el sistema "socio-económico". Es cierto que la Constitución venezolana provee leyes habilitantes, y la Asamblea Nacional le ha otorgado poderes especiales por decreto al presidente Chávez en tres ocasiones anteriores desde que asumió el cargo en 1999. Pero en este caso, una Asamblea – a punto de expirar – ha comprometido significativamente a la Asamblea sucesora elegida democráticamente tras delegarle poderes legislativos cruciales al ejecutivo.

Esto no sólo significa una mayor concentración del poder en manos del presidente Chávez, también frustra la voluntad de los votantes, violando así un principio fundamental de la democracia consagrado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos (e.g., Artículo 23) como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (e.g., Artículo 21).

Una preocupación adicional es la "Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional" – también aprobada a finales de diciembre por la Asamblea Nacional saliente – la cual prohíbe expresamente a las "organizaciones para la defensa de los derechos políticos" recibir aportes económicos internacionales con severas multas como castigo. Los gobiernos pueden regular legítimamente a las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Sin embargo, esta ley claramente viola las garantías de libertad pacífica de asociación, la igualdad política y la participación especificada en la propia Constitución venezolana (e.g., Artículo 62), así como en la Convención Americana de Derechos Humanos (e.g., Artículo 16) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (e.g., Artículo 20).

En los últimos años, el gobierno venezolano ha desestimado cada vez más los reclamos de derechos humanos aunque sean bien fundamentados, al categorizarlos como amenazas hacia la soberanía nacional e instrumentos de una campaña internacional contra Venezuela. Por razones obvias – especialmente la historia del gobierno de Estados Unidos de intervenir para socavar gobiernos democráticos en el hemisferio – estos argumentos son bien recibidos por muchos en América Latina. Pero las alarmantes leyes de diciembre destacadas aquí violan las obligaciones propias de Venezuela de defender la democracia y los derechos humanos.

Durante la presidencia de Chávez, Venezuela ha notablemente alcanzado incrementar la integración y participación democrática de sectores históricamente marginados en la sociedad. Es por esto que no es sorprendente que estos cambios han generado tensiones y conflictos políticos agudos en Venezuela. WOLA considera que las sociedades democráticas pueden y deben manejar conflictos como este y avanzar hacia la justicia social sin sacrificar los elementos cruciales de la democracia y los derechos humanos. El pluralismo, la tolerancia, la libertad de expresión para todos, la separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como una sociedad civil dinámica son componentes necesarios de una democracia sana y una justicia económica sustentable.

WOLA hace un llamado a la sociedad civil y a los gobiernos para que respondan a las leyes preocupantes que fueron aprobadas recientemente en Venezuela, de manera que se protegen y se acompañen a los defensores de derechos humanos, libertad de expresión y prácticas democráticas pluralistas del país. La sociedad civil y los gobiernos deben seguir trabajando con el gobierno de Venezuela, pero, al mismo tiempo, deben dejar en claro que el alejamiento del de los preceptos democráticos fundamentales tiene consecuencias para la posición de Venezuela en la comunidad de democracias del hemisferio.

Al hacer esto, la comunidad internacional debe recordar las lecciones del fracaso de la política de EE.UU. hacia Cuba: políticas unilaterales de romper el diálogo no mejoran los derechos humanos o promover democratización. En cambio, empeoran la situación, intensificando un ambiente ya polarizado.

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)