Diputados: legalización de “chutos” es confesión de fracaso en combate al contrabando

LIPE VANESSA Para los parlamentarios opositores Luis Felipe Dorado y Vanessa Moreno, el proyecto oficialista para legalizar los vehículos irregulares o “chutos” es toda una confesión del fracaso gubernamental en el combate al contrabando.

“Cuando Fidel Surco dice que no se ha podido frenar el contrabando de estos motorizados que ingresaron ilegalmente al país, está reconociendo el fracaso de Juan Ramón Quintana y su Agencia de Fronteras (ADEMAF) en la lucha contra el contrabando. Parece que Quintana estuvo más ocupado en atacar a la Iglesia en la Chiquitania”, dijo Dorado.

El diputado agregó que “Era lógico que fracasara quien estuvo implicado en el caso de contrabando de los 33 camiones. Es como tener al ratón cuidando al queso”.



Luis Felipe Dorado también señaló que “según versiones de prensa, en varias fronteras del país se intercambia cocaína por vehículos. No queremos pensar que se quiera legalizar esa situación”.

Recuerdan caso del empresario brasileño

Por su parte, la diputada Vanessa Moreno recordó el sonado caso del empresario brasileño Osvaldo Fonseca Filho, quien contó a la red O Globo cómo recuperó su vagoneta, que le robaron el 2009 en su país. “Fonseca dijo que tras un viaje desde Río de Janeiro hasta Santa Cruz, recuperó el vehículo luego negociar con policías, un diputado y un senador, pagando 5.000 dólares”.

Añadió que, como consta en artículos de prensa, en ese momento hubo versiones que vincularon con el caso al senador Isaac Ávalos, uno de los actuales proyectistas de la legalización de autos “chutos”.

“El ministro de gobierno Sacha Llorenti anunció que pediría una investigación al Ministerio de Transparencia. Eso fue en agosto del 2010, pero hasta ahora Nardi Suxo no da respuestas en el tema. ¿Otro caso para el árbol de la corrupción”?”, dijo Moreno.

La parlamentaria también indicó que “Si hay una ley para regularizar estos vehículos, será esencial que se incluya un mecanismo para cruzar los datos de las movilidades con los registros de vehículos robados que tienen los países vecinos, para evitar que se convierta a Bolivia en un santuario para los auteros de toda Sudamérica”.