La maquinaria hegemonista del Movimiento Al Socialismo avanza imperturbable hacia una nueva fase en el copamiento de la estructura institucional del país. Las elecciones judiciales anunciadas para el 16 de octubre se realizarán, como es sabido, entre ternas designadas por la bancada oficialista en el Parlamento, lo que equivale a decir que tendremos unos comicios de partido único.
Adicionalmente, la prensa tendrá serias restricciones para informar sobre los candidatos, no sea cosa que se ventilen demasiado sus afinidades con el partido de gobierno. Para colmo, en el caso de los departamentos de Santa Cruz y Beni las elecciones serán teledirigidas desde La Paz, ya que nunca pudieron elevarse las ternas correspondientes. A juzgar por estos contundentes indicios, probablemente esté en marcha el cuarto fraude electoral del régimen evo-linerista, siendo los tres anteriores el referéndum revocatorio de agosto de 2008, la consulta constitucional de enero de 2009 y las elecciones generales de diciembre del mismo año.
Los métodos, en esos casos, fueron desde una carnetización que proveía identidades múltiples hasta el sufragio obligatorio del “voto comunitario”, pasando por el impedimento del control electoral opositor en amplias zonas del país, la participación de una cuestionada empresa venezolana en el proceso de construcción del padrón biométrico, la judicialización de candidatos opositores en plena campaña y el uso discrecional de los recursos del Estado, incluyendo bienes y medios de comunicación públicos, como consta en informes de las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA.
En este complicado contexto, ciudadanos bolivianos residentes en el exterior -muchos de ellos exiliados- impulsan la creación de una Comisión Internacional contra el Fraude Electoral, con el objetivo de difundir en diversos países las verdaderas características del proceso de octubre.
Al mismo tiempo, a nivel interno se anuncian medidas de distintos sectores, que van desde el desacato de varios medios de prensa a las restricciones inconstitucionales a la libre información, hasta una posible campaña por el voto nulo, blanco o “ninguno”.
Es la resistencia ciudadana a la politización de la justicia, o a la judicialización de la política…