Osvaldo Hurtado
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa usó esta expresión para calificar el sistema político mexicano, cuando estuvo bajo el control absoluto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la mayor parte del siglo XX.
Dicha denominación calza a los actuales Gobiernos de Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, países en los que han desaparecido elementos esenciales de un régimen democrático: división del poder, independencia de la justicia, imperio de la ley, libertad de prensa, alternancia política, rendición de cuentas y elecciones competitivas. En vista de las violaciones a los artículos 3, 4 y 5 de la Carta Democrática Interamericana, en que han incurrido, la OEA debió sancionarlos, o al menos observar su conducta, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de dicho instrumento jurídico. Pero tanto ella, como los estados miembros, han preferido mirar a otro lado, repitiendo lo que hizo la comunidad internacional ante los atropellos de las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia.
La colorida personalidad del coronel Chávez y la riqueza petrolera de Venezuela explica que en este país se haya concentrado la atención de la prensa internacional y nada, o poco, diga sobre el menoscabo que sufren la democracia y la libertad en el Ecuador, Nicaragua y Bolivia. En el caso de mi país quizá por suponer que Rafael Correa no puede ser un émulo de Chávez, en razón de ser un presidente con cultura universitaria y estudios de posgrado en Bélgica y los Estados Unidos. Pero el paulatino abatimiento de las instituciones democráticas ocurrido en los últimos cuatro años, demuestra que lo que acontece en el Ecuador no es diferente de lo que ha sucedido en Venezuela.
Correa se negó a pronunciar el juramento constitucional cuando asumió la presidencia ante el Congreso Nacional a principios del año 2007. Violando la Constitución convocó a una consulta popular, para que los electores le autorizaran reunir una Asamblea Constituyente que expidiera una nueva carta política. A fin de evitar que el Congreso impidiera la culminación de tan arbitrario proyecto, propició la destitución de los diputados de la oposición, a los que remplazó con seguidores del Gobierno. Cuando el Tribunal Constitucional dejó sin efecto tamaño abuso de poder, sus magistrados fueron desalojados violentamente y luego cesados en sus cargos.
La Constitución expedida bajo la inspiración de Correa, concentra el poder en el presidente de la República y reduce la facultad del Congreso, por ejemplo, para fiscalizar los actos del Gobierno e intervenir en la designación de autoridades de control, hoy convertidas en dependencias de la función Ejecutiva. La Asamblea Constituyente aprobó una norma ad-hoc que le permite optar por sucesivas reelecciones presidenciales, una de las cuales ya ha conseguido.
A pesar de contar con una Constitución hecha a su medida, Correa ha sobrepasado sus disposiciones repetidamente. A lo que ha sumado acciones autoritarias, con las que ha puesto al servicio del Gobierno radios, televisoras y periódicos, además de perseguir a la prensa independiente, dividir el movimiento indígena, atemorizar a organizaciones de la sociedad civil, manipular procesos electorales e intimidar a la oposición. A quienes critican sus arbitrariedades busca amedrentarlos con insultos, campañas publicitarias de descrédito, acciones judiciales persecutorias y millonarias demandas por daño moral, que en el caso de recibir sentencias favorables le enriquecerán indebidamente.
A pesar de ser el presidente más poderoso que haya tenido el Ecuador desde el temprano siglo XX, hoy se encuentra empeñado en poner bajo su mando a dos instituciones que todavía no controla enteramente: la Justicia y la prensa. Con tal propósito ha convocado una consulta popular -la tercera en su mandato-, con preguntas que de llegar a aprobarse le permitirán designar a jueces y magistrados de la función judicial y subordinar a los medios de comunicación independientes. Si consiguiera triunfar en las votaciones del próximo 7 de mayo se establecerá en el Ecuador una "dictadura perfecta", carácter que no perderá por disfrazarse con un ropaje constitucional y popular.
Tradicionalmente las dictaduras latinoamericanas fueron el resultado de un golpe militar, que derrocaba al presidente constitucional y lo reemplazaba por un caudillo castrense o una junta de generales. Para no sufrir las sanciones de las democracias occidentales en una época en que sus valores se han vuelto universales, los autócratas latinoamericanos han inventado una forma encubierta de dictadura, siguiendo los pasos de los fascismos europeos de antaño. Con la pretensión de legitimar sus proyectos dictatoriales realizan inequitativas consultas plebiscitarias, en las que manipulan las votaciones valiéndose de una incontrolada propaganda, de un abusivo uso del Estado y de sofisticados fraudes electorales.
Diario Hoy – Ecuador