Ocupación ilegal afecta a la reserva Bajo Paraguá de la Chiquitania

Bosque. Se estima que unas 15 comunidades campesinas desmontaron cerca de 150 hectáreas. Se alerta que el Parque Noel Kempff Mercado está en el límite del área en conflicto

Carla Paz V. | El Deber

La reserva forestal del Bajo Paraguá, el ‘laboratorio natural’ de la Chiquitania, corre el riesgo de sufrir la misma suerte que las reservas Choré y Guarayos, debido al asentamiento de campesinos que desarrollan actividad agrícola en tierra de vocación forestal, según denunció el alcalde de San Ignacio de Velasco, Erwin Méndez. Manifestó que en la zona se han asentado unas 15 comunidades.



“Pese a que la Constitución Política del Estado asigna competencias a los municipios, ningún asentamiento es consultado al municipio”, cuestionó Méndez.

Algunas de las cinco empresas forestales que desarrollan su actividad en la zona indicaron que más que un interés sectorial, preocupa la ocupación ilegal por el daño que provocará a la biodiversidad.

Una de las afectadas es la empresa Cinma, que tiene una concesión de 119.000 hectáreas, de las que cerca de 150 ha fueron afectadas, según la Cámara Forestal de Bolivia.

Juan Abuawad, ejecutivo de Cinma, dijo que los campesinos están haciendo estragos en la reserva forestal porque construyeron campamentos tumbando árboles, que quemarán de junio a julio, y esa humareda afectará a la fauna del Parque Noel Kempff.

La empresa maderera La Chonta también tiene concesiones en la zona, pero no fue afectada por el asentamiento. El director Fernando Antelo dijo que el hecho de que haya invasiones cerca es un peligro.

Nelly de Rivera, ejecutiva de la Industria Maderera San Luis, sostuvo que hicieron los reclamos correspondientes a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sin lograr resultados.

Al respecto, Cliver Rocha, director de la ABT, señaló que los asentamientos ilegales son competencia del INRA, y que en todo caso corresponde a otras instancias, pese a que la reserva es forestal. “En general, los asentamientos ilegales los tiene que resolver el INRA, pero no evadimos la responsabilidad. No tenemos una información exacta y en la medida de lo posible tomaremos las acciones”, agregó.

Ever Justiniano, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en Santa Cruz, señaló que efectivamente unas 300 familias están asentadas en Bajo Paraguá e ingresaron con el apoyo del exejecutivo Concepción Cáceres.

Mientras que Roberto Quispe, secretario de pliego petitorio de la Federación de Campesinos, afirmó que desconocen el asentamiento, pero que si se trata de campesinos les pedirán que desocupen.

Se llamó varias veces al dirigente de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales (exFederación de Colonizadores), Ignacio Campero y al director del INRA, Julio Urapotina, pero no contestaron sus teléfonos.

Santa Cruz cuenta con tres reservas forestales, Choré, Bajo Paraguá y Guarayos. La reserva forestal del Bajo Paraguá, ubicada a 700 km de Santa Cruz de la Sierra, fue creada en 1988 con 3,3 millones de hectáreas y colinda con el Parque Noel Kempff Mercado. Luego de estudios se creó dentro de ella la reserva de Vida Silvestre Río Blanco y Negro, considerada una de las más ricas en fauna sudamericana.

Si hay muchas personas, se ejerce presión al bosque

José Martínez | Ex Superintendente Forestal

No solo los asentamientos ilegales, sino también los legales afectan al bosque, pero si son pequeños la presión no será perjudicial, sino favorable.

Se debe tener cuidado con el número de personas que se asientan en determinada zona. La parte baja del Parque Noel Kempff Mercado está titulada, en la zona de Pauserna y Guarasugüe, los chiquitanos forman la Central Indígena de Bajo Paraguá.

El asentamiento es de personas que viven en San Ignacio de Velasco y su zona de influencia. En las áreas que están próximas a la carretera tienen vocación  agrícola, pero en la reserva es forestal.

Si hacen conversión de bosques para agricultura y ganadería afectan no solo a la reserva, sino a quienes viven del aprovechamiento en la zona.

El área protegida es una propiedad fiscal, por lo que el Estado debería precautelar el Parque Noel Kempff Mercado, que está en las cercanías de la reserva forestal Bajo Paraguá.

    Otros casos  

Choré. La reserva Choré puede quedar reducida a solo 114.000 hectáreas de las 1.080.000 con las que fue creada hace 44 años. Esa fue la advertencia que hizo el secretario de Desarrollo Sostenible de la Gobernación, Manlio Roca. Son 44 los sindicatos asentados ilegalmente en la zona, que ocupan una superficie de 440.000 hectáreas y ahora gestionan la legalización de la toma ilegal. Los campesinos están pidiendo que se legalice el asentamiento.

Guarayos. Creada en 1969, con una superficie aproximada de 1,2 millones de hectáreas, que abarcaba el noroeste de la provincia Ñuflo de Chávez y parte oeste de la provincia Guarayos. Está en los municipios de Guarayos y Urubichá. Su superficie actual es menor a las 700.000 ha, debido a los asentamiento ilegales y la creación de San Julián. El desmonte alcanza las 4.000 ha, pero también fueron ocupadas comunidades indígenas.

Madidi. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz denunció que campesinos y colonos de Apolo, Caranavi y Alto Beni invaden de manera ilegal el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, donde además realizan chaqueos sin control. Madidi cuenta con una superficie de 1.895.740 ha, de las que 1.291.819 son Parque Nacional y 603.921 a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado.

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